El matrimonio, la familia, la protección desde su concepción de la vida humana y las labores del hogar, pueden ser garantías individuales de acuerdo a la iniciativa de reforma constitucional impulsada por diputados del PRI y el PAN.
La fracción del PRI en el Congreso sigue las recomendaciones de la Santa Sede para reformar la Constitución Local e incluir un capítulo completo para la protección de la familia desde la óptica del Vaticano, esto a unos cuantos días de que el nuevo arzobispo Victor Sánchez Espinoza tome posesión el 2 de abril como arzobispo de la diócesis de Puebla.
La semana pasada todavía los legisladores analizaban la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación pero ahora la legislatura busca aprobar la negativa rotunda cualquier forma de interrupción del embarazo, enmendado la Constitución local para añadir la “protección de la vida humana”.
Diversas versiones periodísticas enfatizaron que la discusión legislativa se frenó ante el cabildeo de personajes de la diócesis.
Legisladores priistas impulsan una reforma a la Constitución de Puebla para garantizar los “derechos de la familia” a partir de la Carta de los Derechos de la Familia, documento promulgado por la Santa Sede, máximo órgano de gobierno de la Iglesia Católica.
En su “protección de la vida humana” la iniciativa de Reforma Constitucional coincide en su artículo 18 inciso IV de manera integra el artículo 4 de la Carta de los derechos de la Familia.
El artículo 18 inciso IV de la reforma señala: “La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.”
La Carta de los Derechos de la Familia enuncia: “La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción.”
La iniciativa de reforma constitucional sigue los lineamientos de la Carta de los Derechos de la Familia, documento discutido por el Sínodo de obispos reunidos en Roma en 1980 para estudiar el tema de la Familia cristiana en el mundo contemporáneo.
Ya que en su artículo 1, inciso c, la carta señala que “El valor institucional del matrimonio debe ser reconocido por las autoridades públicas; la situación de las parejas no casadas no debe ponerse al mismo nivel que el matrimonio debidamente contraído.”
Como se advierte en el articulado de la iniciativa de reforma constitucional se sigue la recomendación: “Los Poderes Públicos garantizarán el desarrollo integral de la familia, cumpliendo con los derechos y obligaciones legales; incluyendo los contenidos en los Tratados, Convenciones y demás Instrumentos Internacionales ratificados por el estado Mexicano; al tenor de las siguientes premisas: I.- Su organización sobre la base del matrimonio;”
La propuesta de reforma constitucional en la que se señala que el matrimonio es la base de la familia también coincide con la Carta de los derechos de la Familia de la Santa Sede: “la familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión intima de vida, complemento entre un hombre y una mujer, que está constituida por el vínculo indisoluble del matrimonio libremente contraído, públicamente afirmado, y que está abierta a la transmisión de la vida; “
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El matrimonio, la familia, la protección desde su concepción de la vida humana y las labores del hogar, pueden ser garantías individuales de acuerdo a la iniciativa de reforma constitucional impulsada por diputados del PRI y el PAN.
La iniciativa, además de ser avalada, por los diputados del PRI fue avalada por todos los diputados la fracción del Partido Acción Nacional. La iniciativa se turnó a comisiones durante la sesión ordinaria de este jueves. No obstante la iniciativa carece del apoyo integral de los legisladores del PRI.
La carta de los derechos de la Familia señala que la familia, sociedad natural, existe antes que el Estado o cualquier otra comunidad, y posee unos derechos propios que son inalienables.
El artículo 18 de la iniciativa constitucional coincide con la idea de que la familia es una “sociedad natural”: “El Estado reconoce a la familia como agrupación primaria, natural y fundamental que constituye una unidad política y social que promueve la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos y sociales necesarios para el desarrollo de las diferentes generaciones que la conforman”.
En sus considerados la iniciativa señala que: “Que el Estado reconoce a la familia como agrupación primaria, natural y fundamental que constituye una unidad política y social que promueve la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos y sociales necesarios para el desarrollo de las diferentes generaciones que la conforman.”
La iniciativa parece inspirada en el documento del Vaticano, cuando dice: busca : “la protección de la vida humana.”
En su artículo 10, la Carta de los Derechos de la Familia, inciso b, señala: “El trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad.”
La iniciativa constitucional refiere: “IX.- El trabajo de la madre, en casa, debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad;”
Otro de los rubros que aborda la iniciativa de reforma constitucional es la de la protección a los integrantes de la familia de la violencia intrafamiliar.
La iglesia católica defiende la Carta como un documento que incorpora derechos “impresos en la conciencia humana” y rechaza que sea un exposición de teología dogmática. “La Carta difiere también de una simple declaración de principios teóricos sobre la familia. Tiene más bien la finalidad de presentar a todos nuestros contemporáneos, cristianos o no, una formulación —lo más completa y ordenada posible— de los derechos fundamentales inherentes a esta sociedad natural y universal que es la familia.”
“La Carta de los Derechos de la Familia es presentada ahora por la Santa Sede, organismo central y supremo de gobierno de la Iglesia católica. El documento ha sido enriquecido por un conjunto de observaciones y análisis reunidos tras una amplia consulta a las Conferencias episcopales de toda la Iglesia, así como a expertos en la materia y que representan culturas diversas.
“La Carta está destinada en primer lugar a los Gobiernos. Al reafirmar, para bien de la sociedad la conciencia común de los derechos esenciales de la familia, la Carta ofrece a todos aquellos que comparten la responsabilidad del bien común un modelo y una referencia para elaborar la legislación y la política familiar, y una guía para los programas de acción.”
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