jueves, 17 de enero de 2008

Procuraduría de Veracruz inició investigación a Rodrigo Vera y Regina Martínez de Proceso

Procuraduría de Veracruz inició investigación a Rodrigo Vera y Regina Martínez de Proceso

Los reporteros calificaron de "absurda" la investigación judicial
Veracruz, Ver., 16 de enero de 2008.- La Procuraduría General de Justicia en Veracruz inició una investigación sobre los periodistas Rodrigo Vera y Regina Martínez de la revista Proceso, a quienes estaría señalando como presuntos responsables de tomar y difundir la fotografía del cadáver de la anciana Ernestina Ascensión Rosario, fallecida el 26 de febrero del 2007 tras una presunta agresión sexual cometida por supuestos efectivos militares. Vera y Martínez firmaron conjuntamente la nota informativa sobre los pormenores del caso, la cual fue ilustrada con la imagen de la mujer indígena sobre la plancha donde le practicaron la necropsia, en el interior del Hospital General de Río Blanco. Los reporteros calificaron de "absurda" la investigación judicial emprendida por las autoridades veracruzanas en su contra en la que, aseguran, los ubica como "presuntos responsables" de un "delito" que fue la captura y difusión del cadáver de la indígena nahua. La fotografía a la que se refiere el proceso penal fue publicada por la revista Proceso en su número 1584 del 11 de marzo del 2007 y en ella aparece el rostro de Ascensión Rosario descansando sobre la plancha donde le fue colocada para practicarle la autopsia luego del deceso ocurrido la madrugada del 26 de febrero, horas después de que fue ingresada al nosocomio. A un lado de la cabeza se aprecia un machón de sangre que escurre hasta una atarjea.En el texto informativo, además de los testimonios de familiares y habitantes de la comunidad Tetlatzinga, perteneciente al municipio de Soledad Atozompa, enclavado en la Sierra de Zongolica, se incluye una entrevista con el subprocurador regional de Justicia, Miguel Mina Rodríguez, en la que el funcionario asegura la existencia de evidencia sobre el supuesto ataque sexual contra la anciana de 73 años. A casi un año de la muerte de Ascensión Rosario y de la difusión de la fotografía, la PGJE inició la averiguación previa 227/2007/SS en la que incluyó a los dos informadores, uno de los cuales ya fue citado a declarar. Rodrigo Vera fue citado a comparecer el pasado 8 de enero por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a petición de la procuraduría veracruzana y rindió declaración en la agencia del ministerio público adscrita a la delegación Benito Juárez. "Se me citó a través de un oficio de colaboración por una denuncia de hechos donde me ubican como presunto responsable de la publicación de la imagen de la señora Ernestina Ascensión Rosario". Aunque el reportero solicitó una copia del expediente, éste le fue negado pero le informaron que la denuncia fue radicada en la ciudad de Orizaba, Veracruz y el procurador Emeterio López Márquez quien formuló el señalamiento hacia los comunicadores. "En lo que pude anotar textualmente del expediente es que se pedía investigar el nombre de las personas que estuvieron presentes en la necropsia (de Ascensión Rosario) que tomaron las fotografías y después las difundieron en los medios de comunicación". También hasta la dirección de la revista Proceso, la procuraduría veracruzana envió la solicitud para entregar la dirección y datos personales de la corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, la cual no ha sido notificada de los señalamientos judiciales Martínez señaló que la querella pareciera un acto intimidatorio del gobierno de Fidel Herrera hacia el ejercicio periodístico y reiteró que no ha sido citada por el ministerio público aunque conoce de la existencia del proceso penal por los abogados de la revista. La corresponsal teme ser objeto de una detención policíaca para presentarla ante el ministerio público, bajo el alegato de no haber atendido los citatorios que por ley debe de recibir y cuya existencia desconoce hasta el momento. "Es algo absurdo de lo que se nos acusa pues nosotros presentamos los testimonios de familiares y allegados a la señora Ernestina, no somos responsables de las imágenes", señala a su vez, Rodrigo Vera.

lunes, 14 de enero de 2008

Alerta-LE: Agreden a dos reporteros del periódico Cambio de Puebla; en aumento, hostigamiento a comunicadores en el estado

México D.F., 10 de enero de 2008 (Cencos).- El reportero Efraín Núñez Calderón y el reportero gráfico Ulises Ruiz Basurto del periódico Cambio del estado de Puebla fueron golpeados el 9 de enero cuando realizaban un reportaje acerca de las irregularidades en la construcción y atraso en la entrega del Hospital General Zona Norte, en la capital del estado.
Los agresores, al menos seis, fueron identificados por los periodistas como personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) del estado, y guardaespaldas del empresario de la construcción Óscar García, dueño de Construcciones Mova y Diseños Arquitectónicos e Ingeniería de Puebla, señalado como el más favorecido en lo que va de la administración del gobernador Mario Marín Torres. Cabe recordar que Marín Torres es el gobernador vinculado con Camel Nacif en una red de pederastia, según lo denuncia la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén.
En entrevista telefónica, Núñez Calderón confirmó que ambos reporteros presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del estado por los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones y amenazas contra el constructor Óscar García, el policía auxiliar José Fernando Ahesa González, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas (Seduop) así como el titular de la dependencia Javier García Ramírez, que consta en la averiguación previa número 5/2008/DMS-VI.
Efraín Núñez Calderón y Ulises Ruiz Basurto acudieron el pasado 9 de enero a la zona donde se construye el mencionado hospital para recabar información para un reportaje de seguimiento sobre las irregularidades que presenta su construcción, cuando descendió de su auto el empresario constructor Óscar García, que al ser cuestionado al respecto se negó a hablar con los reporteros de Cambio.
El empresario de la construcción ordenó a sus escoltas “abrirle paso” para evitar que los reporteros se le acercaran; posteriormente los escoltas y otras personas salieron a someter a los dos comunicadores.
El grupo de agresores privó de la libertad a los informadores durante 15 minutos, tiempo en que los amenazó verbalmente y los golpeó. A Ruiz Basurto le quitaron por la fuerza su cámara fotográfica digital y sustrajeron la memoria que contenía imágenes y dañaron el equipo para que no tomara más imágenes. En tanto que a Efraín Núñez le arrebataron su teléfono portátil y su grabadora.
En su declaración ministerial, los agredidos indican que el policía auxiliar José Fernando Ahesa, participó en la agresión cuando ayudó a los escoltas del empresario García Ramírez a quitarle su cámara fotográfica al reportero gráfico Ruiz Basurto.
Núñez Calderón afirma que en la entidad existe un clima difícil para ejercer el periodismo libre a partir del escándalo en el que se vio involucrado gobernador del estado, Mario Marín Torres, y precisa que es a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorable a Marín Torres, que se ha incrementado el hostigamiento contra la prensa crítica de Puebla. Demanda a las autoridades que se den garantías para ejercer su trabajo sin represión.
Ante la agresión y amenazas que ha recibido por su desempeño profesional, Núñez Calderón manifestó que siente temor por su integridad física y la de su familia así como incertidumbre ante lo que pueda suceder. “Tengo temor de publicar”, sostiene.
El Centro Nacional de Comunicación Social condena la violación al derecho fundamental a la libertad de expresión a la que fueron víctimas los periodistas de Puebla y que se de seguimiento a la averiguación previa presentada, para que las autoridades ejerzan la acción penal correspondiente contra los responsables.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

viernes, 11 de enero de 2008

De reportero a reportero

Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Mario Fernando Álvarez Cancino es un joven reportero que en abril del 2007, empezó a trabajar para el Diario de Chiapas, propiedad de el exdiputado local priísta Gerardo Toledo Coutiño y de su hermano Rogelio Toledo Coutiño.
Antes ya había trabajado ya por un lapso de dos años en ese mismo rotativo, del cual salió sólo durante seis meses.
Cubriendo la nota roja, era muy activo dentro de la empresa. Pero todo eso cambió el 24 de diciembre del 2007, a las 2:47 de la madrugada, cuando cubría un operativo policiaco para revisar un camión que transportaba hongos.
A la altura del Libramiento Norte de esta ciudad, Mario empezó a tomar fotos al camión, para ello se subió al camellón central, en eso estaba cuando fue embestido por un coche compacto, un Corsa, que lo lanzó por los aires y le destrozó ambas piernas.
Otro uniformado de la policía sectorial que estaba junto a Mario también fue arrollado. Después de perder la conciencia Mario volvió en sí y alcanzó a escuchar el murmullo de quienes querían auxiliarlo. Llegó la ambulancia, en tanto que Mario fue dejado en el Hospital Regional en tanto que el gendarme fue llevado al Hospital de Alta Especialidad Vida Mejor.
Es madrugada del 24, Mario fue llevado al Sanatorio Muñoa, a donde llegó la aseguradora del conductor que lo arrolló, Grupo Aba, quienes ordenaron fuera trasladado al Sanatorio Larrosa. A unos 200 metros de donde labora el reportero.
La empresa le cotizó cubrir sus gastos médicos por un monto de hasta 180 mil pesos. Mario fue intervenido quirúrgicamente. Operar una pierna llevó a los médicos siete horas y la otra cuatro. Cuatro varillas le dejaron cada una de las piernas a Mario.Los doctores calcularon que su rehabilitación de Mario podría demorar desde ocho meses y hasta un año. Lo que a Mario le preocupó es, quién le garantizaría el pago de sus sueldos durante los meses que pasará postrado en una cama: ¿la empresa o la aseguradora?
En el marco de la emergencia, solo mediante la intervención de sus editores Mario pudo obtener de la contadora de la empresa la cantidad de cuatro mil pesos en efectivo, pero hasta eso en calidad de “préstamo”. Nunca los hermanos Toledo Coutiño le llamaron para ver cómo estaba o si se le ofrecía algo. Pero ese préstamo le fue descontado el pasado 31 cuando vio que su sueldo de cuatro mil pesos mensuales no apareció en su cuenta bancaria, tampoco vio aguinaldo alguno.
Los agentes de la Aseguradora Aba le advirtieron a Mario, que para que le fueran sufragado sus sueldos mientras permanecía con esa discapacidad física, tenía que ser reconocido como un empleado de la empresa editorial Diario de Chiapas con el alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) u otro documento legal ante las instituciones públicas. Mario, con un sueldo de cuatro mil pesos mensuales que cada mes quincena le era transferido a la cuenta de nómina bancaria, nunca tuvo más prestaciones laborales que mil pesos adicionales para sus gastos de gasolina. Nunca dio recibo de honorarios, solo firmaba un recibo de pago hecho en una hoja blanca sin membrete ni sellos.
A través de su esposa, Yesenia Guadalupe Santos Cundapí, Mario hizo llegar la petición al Diario de Chiapas, pero estos le negaron otorgarle un documento que avalara ser empleado de esa empresa.De nueva cuenta, al ir Yesenia Guadalupe el viernes 4 de enero a reclamar el apoyo de la empresa, ahora el señor Rogelio Toledo le dejó entrever que podría liquidar a Mario. Es decir, que podrían despedirlo pues necesitan pagarle a un reportero que esté en la calle haciendo su chamba y no pagarle a un “minusválido”, dijo su esposa que le argumentó.
A su esposa Yesenia Guadalupe la citaron para el lunes 7 a las 12 del medio, ninguno de los propietarios del diario la atendieron, le prorrogaron la cita a las 18 horas, pero tampoco fue atendida y le dijeron fuera este martes a las 11 de la mañana pero tampoco la atendieron.
Al ver al director y exdiputado del PRI entrar a su oficina, se dirigió a él quien lo remitió con su hermano. Logró contactarse con el señor Rogelio Toledo, quien le dijo que estaba muy ocupado como para atender su problema. Con este desdén la esposa y Mario dieron por hecho que la empresa se estaba evadiendo su responsabilidad y por ende despedido.
Mario se dijo preocupado, paga más de mil pesos de renta en la pequeña casa donde vive, paga 100 pesos por el servicio de agua potable, en promedio 400 pesos por el teléfono, unos 500 pesos por energía eléctrica y tiene que cubrir los gastos alimenticios para su esposa y su pequeño hijo Mario Eduardo, de un año y cuatro meses de edad.
Mario tiene desconfianza irá a los organismos locales de defensa de los derechos humanos y laborales como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas. Y si lo hace, advierte su temor porque nada pase a su favor, pues los dueños del Diario de Chiapas, son unas personas muy influyentes en el ámbito político. El director del diario Gerardo Toledo Coutiño, exdiputado local por el PRI, y su hermano Rogelio Toledo Coutiño son personajes muy allegados al gobernador Juan Sabines Guerrero. Incluso la línea editorial del medio es progubernamental.
Según Mario Álvarez, el gobierno como garante de que los patrones respeten las leyes laborales y protejan a sus trabajadores, es también responsable de este agravio contra su persona. Por ello, demanda que interceda y se soluciona su problema lo más pronto posible y obligue a la empresa o la aseguradora que le garanticen sus salarios por el periodo que estará postrado en una cama, además que se le cubran los gastos médicos y los daños colaterales que eso conlleva.
Mario Álvarez pasó la noche del 24 y 25 de navidad, en la cama hospital privado Larrosa reponiéndose de las operaciones, de igual forma el 31 de diciembre la paso postrado en una cama de la casa donde habita. Un amigo de Mario le prestó una silla de rueda, pero no es apta para su condición física, pues no puede flexionar sus piernas, por lo que clama que alguien le apoye y pueda conseguir una. Este martes que necesitaba que una ambulancia lo trasladara al hospital privado donde le limpiarían la pierna, Mario solo contaba con 150 pesos en su billetera, sin embargo el costo del transporte, para llevarlo al hospital, esperarlo mientras lo atienden y regresarlo a su domicilio tiene un costo de 300 pesos.
Mario no pertenece a ninguna de las tres organizaciones de periodistas que hay en Chiapas, por ende nadie ha salido a en su defensa. No tiene abogado y mucho menos dinero para contratarlo o para pagar su rehabilitación y todo los gastos médicos que requiere para su tratamiento médico. Mario dice que si nadie escucha su demanda hará un plantón ya sea en las puertas del diario que lo echó a la calle o bien frente a las puertas de Palacio de Gobierno para pedir al gobernador que interceda y resuelvan su demanda.“Estamos jodidos, nosotros denunciamos las injusticias que comenten contra otros y las que se comenten contra nosotros ¿quién las denuncia?”, concluye.

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Mario Álvarez necesita el apoyo de todos los colegas
Si desean hacer un donativo, favor de despositarle a la cuenta de su esposa
Banco HSBC Cuenta No. 6274461716
Nombre: Yesenia Guadalupe de los Santos Cundapí
Si lo hace favor de notificarle:Cel: 044 9616575898
Tel de Casa: 01 961 6156603

jueves, 10 de enero de 2008

México, D. F. 10 de enero de 2008

Boletín de Prensa

•Inicia el 2008 con serios retrocesos en materia de libertad de expresión.

•Ataques a periodistas y medios de comunicación, ausencia de una legislación que garantice derechos y falta de pluralidad, los pendientes del Estado mexicano para garantizar la libertad de expresión.

•Urge visita del Relator Especial de Libertad de Expresión a nuestro país en cumplimiento a los compromisos tomados en el marco del 128 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En medio de una agenda pendiente en materia de libertad de expresión en nuestro país, que abarca el asesinato de 34 periodistas y la desaparición de otros 7 en los últimos 7 años, así como con 84 expedientes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por denuncias de agravios, ataques y agresiones a informadores y medios de comunicación.

En ese contexto la periodista y conductora radial Carmen Aristegui, crítica de los poderes fácticos y constituidos, la “dirección de Televisa Radio”, se negó a renovarle el contrato al comenzar 2008, “porque el modelo editorial practicado a lo largo de cinco años era incompatible con el modelo que la propia empresa ha determinado”.

Por varios años el noticiario de Carmen Aristegui fungió como una opción informativa social al cubrir temas de toral interés público que otros espacios de comunicación similares no dieron a conocer. Las organizaciones firmantes lamentamos la salida del aire de la periodista y de su noticiario, el cual visibilizó problemáticas sociales que quedarán fuera de espacios noticiosos de tan amplia cobertura, pues con ello se cierran áreas para la pluralidad informativa, una tendencia que venimos observando en los medios electrónicos desde el caso del Canal 40.

Los medios de comunicación son las vías mediante las cuales se materializa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por ello deben cumplir fundamentalmente con el fin social de mantener informada a la población de manera plural a fin de que ésta pueda obtener información y tomar decisiones para mejorar la participación y el desarrollo social.

De ahí que los medios de comunicación deben funcionar de cara a la sociedad, transparentando y fundamentando sus decisiones. El comunicado que dieron a conocer las empresas Prisa y Televisa no sustenta suficientemente la salida de la periodista Carmen Aristegui. La sociedad mexicana requiere de una explicación más detallada de frente a una incipiente democracia que demanda pluralidad en la información y visibilidad a temas sociales de interés público.

Este caso refleja las consecuencias de aquello que hemos denunciado durante años, en el sentido que entraña los efectos de la concentración mediática sobre el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión.

En ausencia de una legislación en materia de medios electrónicos que garantice tales derechos, es responsabilidad del Estado mexicano actuar a través de sus instituciones y proveer de una legislación que dé mayor protección a la libertad de expresión como es la cláusula de conciencia.

Lo acontecido en estos días constituye una acción que vulnera el ejercicio democrático y del derecho a la libertad de expresión en el país, aunado a los graves hechos de homicidios, desapariciones, hostigamientos y diferentes formas de agresiones contra periodistas y medios de comunicación y la consecuente falta de investigación.

A esto se suman otros hechos que limitan la libertad de expresión en México, tales como las demandas penales y civiles injustificadas contra periodistas y medios, el uso abusivo de controles del Estado como el control hacendario y la falta de criterios equitativos en la asignación de la publicidad oficial. Todo ello es consecuencia de marcos normativos tanto en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, como de libertad de prensa, los cuales admiten este tipo de abusos y permiten que los poderes económicos y políticos estén por encima de las libertades.

Ante esta preocupante situación, las organizaciones firmantes exigimos que el Estado mexicano cumpla con el compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio pasado en el marco de su 128 Periodo Ordinario de Sesiones para que a la brevedad posible, el Relator Especial para la Libertad de Expresión haga una visita oficial a México, petición que en reiteradas ocasiones hemos hecho las organizaciones a la cancillería sin que hasta el momento tengamos una respuesta concreta.

Organizaciones firmantes:

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Fundación Manuel Buendía (FMB)
Libertad de Información-México A.C. (LIMAC)
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP)
Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación
Reporteros Sin Fronteras

miércoles, 9 de enero de 2008

Caravana en Defensa de Nuestro Maíz

Julio Glockner nos hace llegar esta información.
CARAVANA EN DEFENSA DE NUESTRO MAÍZ


Si estás de acuerdo en que no tenemos por qué poner en riesgo la riqueza genética y con ella las variedades de maíz que se cultivan en México desde hace ocho mil años; si estás de acuerdo en que no debemos depender del maíz importado de los Estados Unidos, sino recuperar la soberanía alimentaria que alguna vez tuvimos; si estás de acuerdo en que debemos exigir al Estado todo el apoyo a los campesinos y agricultores mexicanos para que compitan en mejores condiciones con los agricultores de otros países… Entonces acompáñanos o recibe en tu localidad a la Caravana en Defensa de Nuestro Maíz.


Itinerario


Coxcatlán -------- 22 de enero -------- Tehuacán ------- 23 de enero ------ Puebla ------

24 de enero ------ Paso de Cortés ------ 25 de enero ------ Milpa Alta ------ 26 de enero

------- Zócalo de México.





1) Martes 22 de enero: Coxcatlán – Calipan – Zinacatepec – Ajalpan – Altepxi -Tehuacan.

2) Miércoles 23 de enero: Tehuacan – Miahuatlán – Cuayucatepec – Tepanco – Tlacotepec – Tecamachalco – Cuapiaxtla – Tepeaca – Tecali – Totimehuacán – Puebla.

3) Jueves 24 de enero: Puebla – Cholula – Sta. Ma. Acuexcomac – Nealtican – S. Nicolás de los Ranchos – Xalitzintla – Paso de Cortés.

4) Viernes 25 de enero: Paso de Cortés – S. Pedro Nexapa – Amecameca – Tenango del Aire – Milpa Alta.

5) Sábado 26 de enero: Milpa Alta – Ciudad de México - Zócalo.


Con maíz sí hay país

domingo, 6 de enero de 2008

Atendió CNDH 84 quejas por agravios a periodistas durante 2007

Atendió CNDH 84 quejas por agravios a periodistas durante 2007
Notimex / La Jornada On Line
Los casos atendidos revelan que las agresiones a comunicadores se multiplicaron y ahora son más violentas.
México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió durante 2007 un total de 84 expedientes de queja por agravios a periodistas en el ejercicio de su profesión, vinculados con presuntas violaciones a sus garantías fundamentales.
Asimismo documentó 88 casos que se hicieron públicos en diversos medios informativos y que podrán constituir violaciones a los derechos humanos de comunicadores, explicó el organismo en un comunicado.
Según un boletín de la CNDH, los casos atendidos revelan que las agresiones a periodistas se multiplicaron y son ahora más violentas, además de la existencia de nuevos actores que los atacan, como la delincuencia organizada.
Dicha situación provoca un clima de temor entre los integrantes del medio, autocensura y acentúa la caracterización del periodismo como una profesión de alto riesgo, pues el año pasado desaparecieron tres periodistas y cuatro más fueron asesinados, además de tres trabajadores de distribución de un periódico, refirió.
Ese saldo da un total de 35 personas muertas y seis desaparecidas relacionadas con medios de comunicación desde 2000, por lo que es importante que quienes se desempeñan en esa labor en cualquiera de sus modalidades tengan asegurados sus derechos, enfatizó.
Durante 2007 la CNDH suscribió acuerdos con las asociaciones de Editores de los Estados y Mexicana de Editores de Periódicos; participó en 31 seminarios y congresos con periodistas y comunicadores sociales, autoridades de los tres niveles de gobierno y comisiones estatales de derechos humanos.
Además, se atendieron 49 entrevistas con diferentes medios de comunicación y se llevaron a cabo 38 reuniones con organismos y asociaciones de periodistas.
Entre los avances logrados en México sobresale la despenalización a nivel federal de los delitos de difamación ycalumnia, como consta en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril pasado, agregó la CNDH.

Censuran a Aristegui grupo Prisa

La cancelación de su noticiario en la W es una verdadera censura, dice el ex senador
Pesaron más grupos fácticos y poder del dinero en el caso Aristegui: Corral
Los españoles resultaron “tan miserables” como el peor de los empresarios mexicanos
Emir Olivares Alonso
La cancelación del noticiario de Carmen Aristegui en W Radio es una verdadera censura que restringe de manera ilegítima la libertad de expresión, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado.
En entrevista, el ex senador –quien impulsó la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa– señaló que el informativo de la periodista era un referente en el que se analizaban hechos y temas ignorados por otros espacios, por lo que los grupos fácticos y el poder del dinero pesaron más que el respeto al auditorio y a la libertad de expresión.
“Los españoles (de Grupo Prisa) resultaron tan miserables y cobardes como el peor de los empresarios mexicanos, y sacrificaron a Aristegui porque con su contenido editorial incomodaba al poder fáctico. Eso confirma el carácter autoritario de la estructura mediática en el país y el mundo, a la que no le interesan ni los comunicadores ni sus auditorios”.
La negativa de Prisa y Televisa a renovar el contrato a la conductora para que continuara su informativo por las frecuencias de Radiópolis es muestra clara de que se trata de silenciar una voz con gran incidencia en la opinión pública; porque toda cancelación o limitación de un espacio de información plural es una restricción ilegítima a la libertad de expresión, advirtió el ex senador.
Consideró que ambas empresas pusieron su alianza e intereses comerciales y de negocios por encima de su audiencia y de valores como la libertad de expresión. “Prisa decepciona con esa decisión”.
Subrayó que la “incompatibilidad” que argumentaron los directivos de la radiodifusora entre sus criterios editoriales y los de la periodista “es el modelo mediático que ha impuesto el poder del dinero en los medios electrónicos”. Por ello–dijo–, la pérdida de ese espacio informativo es lamentable. Asimismo, exhortó a la conductora a hacer públicos los cambios que la empresa la pedía, “porque ahí está el meollo”.
“No se trata de cualquier medio informativo, sino de uno que se caracterizó por la pluralidad, por garantizar el derecho de réplica, que siempre buscó el equilibrio y dar voz a los que no la tienen en otros espacios. A Aristegui le están cobrando haber dado espacio a quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa; haber difundido la reforma electoral, que quitó el negocio multimillonario a la televisión sobre los partidos; la presencia de los coordinadores parlamentarios en su programa para explicar los contenidos de estas modificaciones para combatir la embustera operación antirreforma operada por el duopolio televisivo; le están cobrando un espíritu crítico y su actitud libertaria”.
El presidente de la Amedi aseveró que la concentración de muchos medios en pocas manos es lo que genera el preocupante avance de los intereses de los poderes fácticos en el sector, lo cual “es una barrera” para el avance de la democracia en el país.
Agregó que esta problemática puede contrarrestarse mediante una reforma que amplíe la oferta de medios y dé oportunidad a los periodistas de ser dueños de empresas de comunicación. “La cancelación del programa de Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna en la materia, en la que exista un nuevo sistema de asignación de frecuencias, criterios y límites a la propiedad cruzada, donde se fortalezca el sistema de medios para que haya posibilidad de contar con ellos”, insistió.