-Crónica-
Y cuando despertó, el cuerpo ya no le pertenecía. Santo Tomás de Aquino y el cardenal Ratzinger le ganaron la batalla a Simone de Beauvoir y a Benito Juárez en la Puebla Preciosa.
Como en la parte oscura del medioveo cuando a las doncellas les colocaban su cinturón de castidad, Fernández y Rivera, impusieron un cinturón antiabortista a la Constitución poblana que puede aprobarse hoy.
Pablo Fernández del Campo encontró en Lalo Rivera Pérez su cobijo espiritual. Rivera Pérez encontró en la línea de Casa Aguayo su cobijo espiritual. Casa Aguayo encontró en la Arquidiócesis de Puebla a sus confesores.
Ni Lalo Rivera, ni Pablo Fernández del Campo, ni Leonor Popocatl, ni Humberto Aguilar Viveros –siempre presumiendo su juarismo le salió del closet del conservadurismo para darle su voto al dictamen de la contrareforma-se inmutaron.
Ellos solos y su alma –porque el alma se impregna en el cuerpo desde la “concepción”, sólo faltó añadir a la iniciativa-votaron a favor el dictamen de reforma Constitucional que vuelve el cuerpo de las mujeres una cárcel. O por lo menos impide que deje de serlo.
El cuerpo de las mujeres dejó de pertenecerles a ellas “salvo en las excepciones que marca la ley”, y se reencontró con sus orígenes divinos, maquillados con tecnicismos jurídicos.
Ora sí, Rocío García Olmedo quiso ser la “heroa” de la película, pero la línea patriarcal antiabortista se impuso y canceló cualquier futura discusión sobre la despenalización del aborto con una Reforma Constitucional.
En una sesión fast track –sin el consenso de la oposición- los diputados del Frente Amplio Prianista maquillaron la iniciativa de Reforma Constitucional de la Familia –inspirada en la Carta de los Derechos de la Familia de la Santa Sede- para clausurar el debate sobre la despenalización del aborto y la eutanasia.
La historia se repitió. Sólo que ahora los legisladores panistas quienes han criticado la ausencia de discusión en el Congreso, la premura de las reformas constitucionales, la falta de consulta a la sociedad civil, ahora callaron, le justificaron todo al PRI. O más bien el PRI se partió en dos. El PRI de la línea y de Casa Aguayo frente al PRI de sus estatutos, de su historia y su tradición ideológica, que ha impulsado reformas a favor de los derechos de las mujeres, y ha proclamado el laicismo del Estado mexicano, frente al PRI pragmático que se alía con la derecha y los conservadores –el Arzobispo-cuando así le conviene al “Jefe Máximo” en turno.
Las organizaciones de la sociedad civil de siempre, por ejemplo, la Coparmex, y los líderes de opinión de las universidades guardaron un pío silencio.
Los legisladores Rivera, Fernández, Popocatl y Aguilar se aplaudieron, se apapacharon y aprobaron la iniciativa de contra-reforma constitucional presentada en lo “oscurito” la sesión del jueves pasado. El Frente Amplio Marinista se desmembró y se mimetizó en el Frente Amplio prianista bendecido desde el papamóvil.
Ante las críticas a la iniciativa de Reforma Constitucional de la familia, Pablo Fernández del Campo y Eduardo Rivera Pérez, impulsores de la contra-reforma simplemente maquillaron la iniciativa para presentar un dictamen que fue impugnado y votado en contra por los diputados Rocío García Olmedo y Luis Alberto Arriaga Lila.
El maquillaje de la contrareforma
La cosmetología de la alianza PRI-PAN en el Congreso no desvió el debate de lo fundamental: el candado para avanzar en el reconocimiento de derechos sociales democráticos de las mujeres como la despenalización del aborto, además de la discusión de otros derechos como la eutanasia.
Las clausulas que Olmedo y Arriaga clavaron en la iniciativa salvaron que se derogaran las leyes relativas al aborto eugenésico y terapeútico. Es decir, mantiene las causales de ley aplicadas al aborto que datan del siglo pasado.
La insistencia de García Olmedo permitió que se incluyera en el dictamen final un tibio reconocimiento tibio a las familias por su “organización”.
Además, que los derechos de la familia se tutelan de acuerdo a la Constitución Mexicana, y a diversos tratados y convenios internacionales firmados por México. Otra modificación fue que se incluyeran las palabras “salvo en los casos que considera la ley”.
De este modo la fracción cuarta del artículo 26 de la Constitución, establecería que la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. De esta manera se salvaguarda la interrupción legal del embarazo en los casos que el Código de Defensa Social marca como son cuando la vida de la madre esté en peligro, malformaciones en el producto o en el caso de violación.
Eduardo Rivera Pérez se sentó a la conferencia de prensa y secundó en todo, al presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo. Ante los cuestionamientos de la prensa, Fernández encontró en Rivera Pérez un aliado, un consejero y un salvavidas.
Eduardo Rivera, coordinador de los diputados del PAN, defendió el candado antibortista: “Si la asamblea del df tuvo el derecho de despenalizar el aborto en esta iniciativa se contempla que se protege la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, la despenalización del aborto a las 12 semanas no cabe en este sentido”
“Ni hay conceptos religiosos ni morales. Sólo hay conceptos jurídicos”
-“¿Por qué la iniciativa de Reforma Constitucional se basa en la carta de los Derechos Familias?- se le preguntó-
-Puede haber coincidencias, hay argumentos jurídicos sobre el tema. No morales o religiosos.
Pablo Fernández del Campo fue más allá. Justificó que los legisladores del PRI y el PAN piensen como los teólogos y obispos del sínodo de 1980 realizado en el Vaticano.
Una álgida sesión
De manera apresurada, sin que mediara consulta alguna, se reformará hoy la Constitución local con un candado antiabortista en una iniciativa apresurada de reforma constitucional que sólo sufrió cambios cosméticos.
Los diputados Humberto Aguilar Viveros y Pablo Fernández del Campo –de la fracción priista- así como los legisladores panistas Leonor Popocatl y Eduardo Rivera cancelaron cualquier posibilidad de despenalización del aborto al aprobar, en la Comisión de Gobernación, una iniciativa de reforma constitucional sobre la familia que protege desde “la concepción” hasta la muerte, “la vida humana”.
En contra del dictamen de la Comisión de Gobernación votaron los diputados Luis Alberto Arriaga Lila y Rocío García Olmedo, quienes estimaron que el dictamen aprobado sobre las rodillas y de último momento, vulnera tratados internacionales, la Constitución mexicana y dictámenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otro de los opositores al dictamen, fue el diputado Gustavo Espinoza, integrante de la Comisión de Gobernación, quien calificó de “regresivo” el dictamen.
Por lo que este jueves, en la sesión del Pleno se votará el dictamen.
La legisladora Rocío García Olmedo invitó en una reunión previa con los legisladores de su partido a votar de manera congruente con la ideología de su partido y explicó de manera detallada las inconsistencias de la legislación dictaminada.
El camino que sigue para los opositores al dictamen es impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia por su carácter inconstitucional.
La comisión de Gobernación se volvió, por primera ocasión, un campo de batalla ante los cuestionamientos de la legisladora del PRI Rocío García Olmedo. La legisladora cuestionó punto por punto la iniciativa de Reforma Constitucional.
Por la mañana, la oposición ante la “línea” del bloque PRI-PAN abandonó en protesta la sesión de comisión de Gobernación.
Los diputados de oposición –Melitón Lozano, Manuel Fernández, Irma Ramos Galindo, Carolina O´Farril, José Benigno Pérez Vega y Gustavo Espinoza- abandonaron la sala de sesiones ante la negativa del presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo, por discutir a fondo la iniciativa. Los diputados Luis Alberto Arriaga Lila y Rocío García Olmedo cuestionaron el carácter conservador de la iniciativa pero no lograron frenarla ante el mayoriteo de la alianza PRI-PAN.
La fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza retiró su apoyo a la iniciativa.
Rivera justificó la postura panista: “Asumimos la responsabilidad de lo que se apruebe en el pleno. No tenemos el inconveniente de presentarle a la sociedad las razones de nuestro voto.”
La diputada Rocío García Olmedo lamentó la decisión de la Comisión de Gobernación: “Han sido muchos años de lucha a favor de mujeres, de muchos hombres que se han sumado a nuestra lucha, a nuestro esfuerzo. Las cuestiones de mujeres son de avances y de retrocesos hay que seguir luchando.”
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