Sucesión poblana empantanada

El tema de la candidatura del PRI a Casa Puebla ocupa la nota principal de diarios y medios electrónicos. Los partidarios del gobernador Mario Marín Torres y sus antagonistas al interior del PRI defendieron a sus candidatos. La encuestadora María de las Heras no proporcionó las encuestas. Negó tajantemente que haya revelando el posicionamiento a los políticos priistas. Luego de la reunión el PRI filtró las encuestas a las redacciones al mismo tiempo que difundía un comunicado afirmando que no se midió a los aspirantes a la gubernatura (en un ejercicio esquizoide). Los medios juegan para uno o para otro candidato. Sólo basta asomarse a sus primeras planas. Unos proclaman el triunfo indudable de López Zavala y otros el empate técnico.

Empate entre Enrique Doger y López Zavala, arroja la primera encuesta del PRI (La Jornada de Oriente)

PRI: habrá otra encuesta; Zavala gana entre priístas (Pueblaonline)

Confirma De las Heras empate técnico en el PRI (Diario Cambio)

El Primer Round se lo lleva López Zavala (Intolerancia)

Favorece encuesta a López Zavala (El Sol de Puebla)

Ventaja para Zavala (Contraparteinformativa)

Doger y Zavala empatados para gobernador de Puebla (Poblanerías)

Zavala y Doger, los punteros en la contienda interna del PRI, según Demotecnia (E-consulta)

Otras notas:

Hermetismo en cónclave priista

Danza de cifras en la encerrona priista

Reporte Índigo le dedica a López Zavala un artículo:

Zavala, el candidato precioso: Reporte Índigo

Niega la JLCA toma de nota al Sindicato del Sol de Puebla

Niega la JLCA toma de nota al Sindicato del Sol de Puebla

TANIA DAMIAN JIMÉNEZ

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de El Sol de Puebla (SUTESP), Joel Árcega Escalante, denunció que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no ha otorgado la toma de nota a la nueva dirigencia, pese a que ya casi se cumplen dos meses de que fue electa.

“De manera arbitraria e irresponsable, se ha negado la toma de nota al actual comité sindical, cuando de acuerdo a la ley debe existir dicho reconocimiento por parte de la autoridad laboral unos días después de las elecciones”, señaló.

En rueda de prensa, explicó que en los 64 años que tiene de existencia este sindicato es la primera vez que de forma irregular aún no se otorga esta toma de nota por parte de la JLCA a la nueva dirigencia.

El dirigente sindical agregó que el organismo estatal ha puesto de pretexto para la negativa de la toma de nota una demanda que impugna el proceso electoral y que fue interpuesta por las dos planillas que perdieron las votaciones.

Explicó que el comité directivo del SUTESP va a presentar las pruebas en la primera audiencia conciliatoria –que se llevará a cabo el 27 de noviembre– para demostrar que el proceso electoral se realizó apegado a los lineamientos legales y así ganar la demanda

Radio comunitaria de Tlaxcalancingo ratifica la necesidad del lugar de un medio propio

Radio comunitaria de Tlaxcalancingo ratifica la necesidad del lugar de un medio propio



ALONSO FRAGUA

Tras su primer periodo de pruebas en Frecuencia Modulada, la radio comunitaria de Tlaxcalancingo comprobó, una vez más, la necesidad en ese lugar de un medio que preserve la identidad de la población y el intercambio de experiencias con otras comunidades de la región como Chipilo y Santa Isabel Cholula, según expresaron los representantes de este proyecto mediático, que agregaron que la experiencia los acercó no sólo a las comunidades, sino a otros grupos que se incorporarán de manera definitiva a su barra programática.

“La respuesta de la gente fue muy positiva; nos felicitaron, nos hicieron sugerencias y nos dieron sus quejas. Sobre todo en algunas colonias y comunidades ajenas a Tlaxcalancingo, las personas estaban contentas porque decían que los medios sólo acudían cuando había algún conflicto social u otro acontecimiento similar”, contaron los locutores Xochitl Flores, José Luis Peña y Carlos Octavio Mixcóatl.

“Nosotros como colaboradores nos dimos cuenta de los diferentes problemas en los lugares que visitamos. En la colonia Emiliano Zapata, por ejemplo, los niños aprovecharon para expresarse y contar los problemas provocados por la migración”.

En cuanto a los grupos invitados a participar en las pruebas, los entrevistados refirieron que los contenidos de Pro Cholula, Erósfera, Promotoras de Salud, Arrabal Radio, el INAOE y un grupo de danza azteca, que se acercó al proyecto en el último momento, siempre estuvieron enfocados a reforzar los objetivos del proyecto; es decir, la promoción de la identidad de la comunidad. De estos, Erósfera y el grupo de danza azteca confirmaron su permanencia en la barra, mientras que el INAOE expresó el deseo de realizar cápsulas en náhuatl sobre ciencia.

Por ahora, lo que le queda al proyecto, señalaron, es afianzar su presencia en Tlaxcalancingo; que todos los sectores sientan a la estación como propia. Una de las estrategias para lo anterior será que los programas salgan a los barrios y escuelas y en general a dar cuenta de la cultura del lugar. De igual forma, en los próximos meses deberán definir su plan de acción, con miras a salir definitivamente en FM el siguiente año.

Identificados oficialmente, cuatro agentes ministeriales en los ataques al CDMP

Identificados oficialmente, cuatro agentes ministeriales en los ataques al CDMP

MARTIN HERNANDEZ Y ARTURO ALFARO

Cuatro agentes de la Policía Ministerial fueron reconocidos oficialmente por integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y del Nodo de Derechos Humanos como algunos de sus agresores durante la represión que sufrieron el pasado 10 de junio en las calles del Centro Histórico.

En entrevista para La Jornada de Oriente, los quejosos revelaron que las personas identificadas plenamente mediante fotografías ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) son: Alejandro García González, Cecilia Gracia Ortiz, Serafín Beltrán Cortés y Eliut Quecholac Chávez, quienes participaron activamente en la detención ilegal que sufrieron después de realizar una manifestación en la capital.

Ayer, después de una reunión para analizar las fotografías y videos de la agresión en contra del movimiento magisterial, los profesores –quienes se presentaron en las instalaciones centrales del PGJ– afirmaron que Alejandro García González es la persona que, ataviada con una chamarra deportiva de la selección mexicana, detuvo y golpeó a los docentes.

Asimismo, reconocieron a Gracia Ortiz como la mujer que aparece en las fotografías del 10 de junio con una playera azul, y quien logró su infiltración a la manifestación de los profesores desde su inicio.

Por su parte, Beltrán Cortés y Quecholac Chávez, fueron parte de los elementos de la Policía Ministerial que persiguieron a los maestros hasta la esquina formada por las calles 9 Poniente y 3 Sur, donde un grupo de 80 policías, sitió el lugar y se abalanzó a golpes con toletes, escudos, palos y lanzaron granadas de gas lacrimógeno, gas pimienta y mostaza, a fin de replegar a los docentes.

Al respecto, Eduardo Almeida, representante del Nodo de Derechos Humanos –quien también fue golpeado junto a 20 profesores más– señaló que el proceso penal para reconocer mediante fotografías a los agentes que participaron en las agresiones está “viciado”, pues durante la comparecencia en la PGJ se mostraron imágenes no actualizadas de los policías.

“Es lamentable que las autoridades ministeriales nos hayan mostrado esas imágenes tan viejas. Había unas de hasta 1995 y 1996”, señaló en entrevista, al referir que durante su comparecencia de ayer en la PGJ, un agente ministerial –cuya fotografía no apareció en el catálogo– se presentó en las oficinas centrales de la dependencia y fue reconocido como la persona que trasladó a las personas detenidas a fin de presentarlos, horas más tarde, ante el Ministerio Público.

Por último, los integrantes del CDMP indicaron que los cuatro golpeadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes pertenecen a la sección 23, responden a los nombres de: Salvador Escamilla Vargas, integrante del Comité Ejecutivo seccional desde hace 10 años y aspirante en 2008 a la dirigencia seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Adán Hernández Prior, quien en 2007 fue candidato a diputado por el Distrito I con cabecera en Huauchinango por el Partido Nueva Alianza; y Avelino Aguilar Molina, profesor de la región de Acatlán, quien buscó la dirigencia seccional del magisterio en 2008.

Por último, señalaron a Francisco Rodríguez Canul, trabajador del comité seccional del SNTE 23, como la persona que en las fotografías viste una camisa roja y una máscara negra. Sobre Rodríguez Canul, indicaron, pesan acusaciones –no aclaradas– por supuestos actos de corrupción en el programa de Vivienda impulsado hace varios años en el sindicato

Agentes de la Policía Ministerial agredieron a integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano

Confirma una ONG que agentes de la Ministerial reprimieron al CDMP


MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

Integrantes del Nodo de Derechos Humanos confirmaron que elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) participaron en la agresión perpetrada contra miembros del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) el 10 de junio, cuando una manifestación de la organización fue atacada violentamente por maestros de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y agentes de la Policía Ministerial.

La tarde del pasado martes fueron citados ante la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la PGJ, varios integrantes del CDMP y algunos activistas que los acompañaban el 10 de junio, para que ratificaran sus declaraciones por los hechos de dicha fecha y que constan en la queja 386/2009 de dicha dependencia.

Una de las convocadas fue Tamara San Miguel Suárez, integrante del Nodo y de la Red Nacional de Derechos Humanos, quien llegó a las instalaciones de la Dirección al filo de las 15 horas.

A dicho inmueble, ubicado en la 18 Norte y 2 Oriente, San Miguel acudió acompañada de Eduardo Almeida Sánchez, otro integrante del Nodo quien también tramitó una queja. Dentro, ambos se percataron de la presencia de un agente de la Policía Ministerial, a quien identificaron como uno de sus agresores.

El 10 de junio, dicho agente portaba una chamarra deportiva de color verde predominante con vivos blancos y el escudo de la selección mexicana de futbol, pantalones de mezclilla y zapatos tenis blancos. Su participación en la represión quedó registrada en las fotografías de varios fotoperiodistas, maestros disidentes y activistas que lo captaron sometiendo, junto con otro sujeto, a Tamara San Miguel, quien aparece postrada en el suelo, mientras el efectivo de la Ministerial le aplica con las piernas una llave en el brazo derecho.

En más imágenes, el agente aparece forcejeando con otras personas en un intento por privar de su libertad a un disidente, cerca de un Volkswagen de color blanco.

Este martes, Almeida y San Miguel llevaban una cámara consigo y fotografiaron al agente de la Policía Ministerial, quien se molestó y en una actitud amenazante les dijo que dejaran de tomarle placas. Incluso el efectivo pidió a la titular de la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, Lidia Antonio Sánchez, que interviniera a su favor.

La funcionaria les exigió entonces a los activistas que borraran las imágenes de su cámara y hasta les advirtió que de no hacerlo podrían tener “problemas jurídicos” (sic).

Los defensores de los derechos humanos consideran que la aparición del agente de la Policía Ministerial en el inmueble, justo cuando San Miguel tenía que declarar, no fue una coincidencia si no un intento de intimidación.

Por lo pronto, hoy a las 10 de la mañana Almeida, San Miguel y algunos integrantes del CDMP fueron citados para que en la Coordinación General Administrativa hagan un reconocimiento de los agentes que los golpearon el pasado 10 de junio.

Del boletín de prensa:


Presentarán 15 narradores de Puebla textos sobre la muerte el próximo 30 de octubre a las 18 hrs. en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP), 3 norte 3, Centro.



La muerte es un sueño y para estos narradores la muerte es también la forma más concreta de la vida, una apearse de este navío llamado conciencia y de este mar urbano que agitadamente nos mece en la marea de su tránsito.


Los aquí reunidos son narradores que viven en Puebla y han decidido —sin restricciones ni coerciones— dormir una siesta adelantada en una tumba anónima.
¿Cómo representamos los poblanos la muerte? ¿Existe una muerte poblana? Conocemos la muerte pandemia, la muerte traicionera, la muerte policía, la muerte súbita, la muerte chiquita, la muerte niña, la santísima, la amorosa muerte. Esta muerte poblana se deslinda del amarillismo y los papeles protagónicos. La muerte en Puebla —nos dicen sus adeptos— es monumental y catastrófica o silenciosa y tímida.
Entre terremotos y epidemias, Puebla las ha reinventado en múltiples ocasiones símbolos e imágenes, sobre todo literarias. Sigmund Freud encontraría en este tanathos poblanum la pulsión de una permanente necesidad de recrear rescoldos de casa habitación y desvencijadas megalópolis. ¿Existe una manera poblana de morir? ¿Cómo prefieren morir los poblanos? En esta reunión de textos se podrán encontrar diversas opciones, sangrientas unas, silenciosas otras, cada uno puede elegir la suya o inventarse una nueva manera.
Nuestra voluntad de escuchar la voz de la ciudad se traduce en esta ocasión en cuentos y narraciones sobre un suceso que, inevitablemente, aguardamos todos. En haciendas y casonas, en vecindades y patios, en parques y bulevares, en escuelas, teatros, en alcobas y cantinas, se trama esa mítica e invisible urdimbre que llamamos muerte.




Autores Judith Castañeda Suarí, Gregorio Cervantes, Rodrigo Durana, Iris García, Isabel González, Kid Mandrágora, Mario Martell, Cheres Menéndez, Eduardo Montagner, Efigenio Morales, Gerardo Oviedo, Adriana Pacheco, Gabriela Puente, Arcenia Soriano, José Luis Zárate

ARTICLE19 y Cencos presentan Tercer Informe Trimestral sobre Agresiones contra la Libertad de Expresión en México

ARTICLE19 y Cencos presentan Tercer Informe Trimestral sobre Agresiones contra la Libertad de Expresión en México

México D.F., 28 de octubre de 2009.- ARTICLE19 y el Centro Nacional de Comunicación Social presentan Agresiones contra la libertad de expresión en México 2009. Tercer Boletín Trimestral. El informe abarca el periodo de julio a septiembre de 2009 y muestra algunas tendencias inquietantes que sugieren que la situación de vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión sigue empeorando. Prevalece un ambiente de impunidad y las autoridades siguen siendo las principales presuntas responsables de las agresiones registradas.

El creciente número de agresiones contra este derecho humano en México sigue siendo un serio problema. Este trimestre se han registrado 59 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, lo que da un total de 201 en lo que va de año . Destacan 3 nuevos casos de asesinatos de periodistas, que arrojan una cifra provisional de 8 asesinatos en 2009. Desde el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa suman ya 19 asesinatos, de los cuales 5 se produjeron en 2007 y 6 en 2008. Además, 8 periodistas continúan desaparecidos desde el año 2000.

Asesinatos de periodistas registrados en 2009
(1 de enero a 30 de septiembre)

Nombre Estado Fecha
Jean Paul Ibarra Ramírez Guerrero 13-Feb-09
Luis Daniel Méndez Hernández Veracruz 22-Feb-09
Juán Carlos Hernández Mundo Guerrero 27-Feb-09
Carlos Ortega Melo Sámper Durango 03-May-09
Eliseo Barrón Hernández Durango 26-May-09
Martín Javier Miranda Avilés Michoacán 12-Jul-09
Juan Daniel Martínez Gil Guerrero 28-Jul-09
Norberto Miranda Madrid Chihuahua 23-Sep-09

Fuente: Elaboración propia ARTICLE19 y Cencos.

El asesinato constituye la agresión más contundente y uno de los indicadores de violencia que permite entender el contexto en que periodistas, comunicadores y comunicadoras ejercen su trabajo. Más importante aún, por la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, sirve también para medir la calidad democrática y el respeto al Estado de derecho. Sigue sin haber investigación y sanción a los responsables de estos crímenes, lo que continúa alimentando la impunidad que rodea a las agresiones a la libertad de expresión.

Las violaciones más graves como asesinatos y desapariciones se atribuyen en su gran mayoría al crimen organizado. Sin embargo, el registro de las agresiones de este tercer trimestre sigue apuntando a las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno (federales, estatales y municipales) como las responsables en la mayoría de los casos (71.19%).

Es importante considerar el contexto actual en el que trabajan las y los periodistas en México. La influencia del narcotráfico y el crimen organizado y su colusión con las autoridades condiciona también la labor periodística, situando a medios y periodistas en una posición de riesgo y vulnerabilidad. Así mismo, los operativos militares y policiales desplegados por el gobierno federal en buena parte del país, no solamente han producido pobres resultados en términos de seguridad pública sino que en muchos casos han provocado nuevas violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas muy graves y que afectan a la libertad de expresión. El informe describe algunos de estos casos, como los atentados contra medios de comunicación con explosivos, el hostigamiento a la revista Proceso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal o las agresiones a periodistas que se producen durante los operativos mencionados y en los que presuntamente los responsables son elementos del Ejército.

Destaca también el incremento de agresiones cometidas por simpatizantes de grupos o partidos políticos, esto debido a los recientes procesos electorales en algunos estados y para la renovación del Congreso federal.

Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua y Guerrero son, junto con el Distrito Federal, los estados donde se registran un mayor número de agresiones este tercer trimestre. Estas tienen que ver mayoritariamente con las problemáticas mencionadas anteriormente y con abusos de poder a nivel municipal, donde los supuestos responsables son las policías y los funcionarios públicos municipales.

Ante este panorama, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó nuevamente a finales de septiembre sobre la necesidad de que el Estado Mexicano “impulse con firmeza las investigaciones existentes sobre los crímenes y amenazas contra periodistas y para que adopte, lo antes posible, medidas urgentes como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, la federalización de delitos contra comunicadores y la implementación de mecanismos permanentes de protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo” .

ARTICLE19 y Cencos detectan un claro patrón de violaciones del derecho a la libertad de expresión por autoridades del Estado en México. Debe llevarse a cabo de inmediato un esfuerzo serio para atender estas violaciones de derechos humanos aplicando estándares internacionales. Estos incluyen el desarrollo de políticas de prevención, entre las que se consideran la formación en derechos humanos para fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno y autoridades locales.
ARTICLE19 y Cencos recuerdan al Estado mexicano que el derecho a la libertad de expresión, el cual ha reconocido como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica una doble obligación. El Estado no sólo está obligado a no violentarlo sino también a proteger y promover un ambiente propicio para el ejercicio de este derecho
ARTICLE19 y Cencos reiteran su llamado al Estado mexicano para hacer frente a la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos descritos. Esto sólo puede lograrse a través de la investigación efectiva y sanción a los responsables de estos delitos y del fortalecimiento de los órganos responsables de hacer frente a los delitos contra la libertad de expresión.

NOTAS A LOS EDITORES:
• Para más información, por favor contactar a: Ricardo González, Oficial del Programa de Libertad de Expresión y la protección del periodista, ricardo@article19.org, +52 55 10 54 65 00; Iñigo Prieto Beguiristáin, Área de Educación e Investigación de Cencos, educacion@cencos.org, +52 (55) 55 33 64 75 / 76 Ext. 108.
• ARTICLE19 es una organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión.
• Cencos fue la primera organización de denuncia a las agresiones contra periodistas en México, iniciando está actividad a mediados de los años setenta. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

>Las y los trabajadores de LyFC sufren “agresividad inaudita”

Las y los trabajadores de LyFC sufren “agresividad inaudita”







Por Guadalupe Cruz Jaimes



México DF, 28 oct 09 (CIMAC).- El decreto presidencial mediante el cual Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, liquidó Luz y Fuerza del Centro (LyFC) es violatorio de los derechos humanos, laborales y sindicales de más de 44 mil electricistas, de los que 10 por ciento son mujeres.



Así lo denunciaron hoy, en conferencia de prensa, integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, quienes sostuvieron que éste es uno de los 16 casos que analizan en el país por transgresiones al derecho de asociación de las y los trabajadores, entre los que destacan como prioritario el de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a partir del cierre de la paraestatal.



Lidia Guevara, secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, indicó que en México –donde los derechos laborales no se reconocen como derechos humanos– de 2004 a la fecha se ha suscitado una “agresividad inaudita” en contra de las y los trabajadores, a quienes se les niega la posibilidad de organizarse y de defenderse frente al despido.



Con este hecho se quebranta el artículo 123 constitucional, que establece el derecho de las y los trabajadores y del sector empresarial “a coaligarse para defender sus respectivos intereses formando sindicatos”, así como los convenios 98 y 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por México.



Guevara, también integrante del tribunal, señaló que los pasados 26 y 27 de octubre escucharon los testimonios de trabajadoras y trabajadores de 16 empresas de distintas partes del país, quienes presentaron diversos casos de violaciones a la libertad sindical; entre ellos están, además del SME, trabajadoras de la maquila textil en Tehuacán, Puebla; trabajadoras y trabajadores de la Universidad del Valle de México (UVM), y del Call Center Atento.



Cabe mencionar que para el proceso de revisión la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) fue citada de manera oficial “como parte acusadora o como observadora, y no compareció ante el Tribunal”, refirió Lidia Guevara, también secretaria de las Sociedad Cubana de Derecho Laboral Seguridad Social.



Los casos documentados de los grupos de trabajadoras y trabajadores que denunciaron la violación a la libertad sindical y “demás derechos laborales” por parte de las autoridades laborales mexicanas locales y federales podrán ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).



Además, pese a que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical carece de carácter vinculatorio formal, posee la “calidad política y moral” para dar a conocer al extranjero las transgresiones a los derechos laborales cometidas en México y para emitir recomendaciones al gobierno del país.



Hoy, dicho organismo internacional hizo un llamado al gobierno mexicano para abrogar el decreto “calderonista” y reabrir LyFC; asimismo, demandó la salida “inmediata” de la Policía Federal Preventiva que el pasado 10 de octubre tomó las 30 sucursales de la compañía paraestatal en el Distrito Federal y las 64 agencias foráneas ubicadas en Hidalgo, Morelos, Estado de México y Puebla.



Llamó también a que se reinstale a las y los trabajadores afiliados al SME con respeto a al contrato colectivo de trabajo vigente y a que se establezca una mesa de diálogo con las autoridades competentes para que ofrezcan alternativas apegadas a las leyes mexicanas y el derecho internacional.



09/GCJ/YT

Puebla al día siguiente

Alfonso Ponce de León

Don Mario Ayón apenas había contemplado los cuerpos sin vida de dos patrullaros que fueron sorprendidos por personajes del crimen organizado, a escasos centímetros de su unidad, y se le ocurrió considerar que el múltiple crimen debería ser investigado por autoridades del estado de Guerrero, luego de que se dijo que las placas del Bora donde iban los tiradores son de ese estado; lógicamente nuestro secretario de Seguridad Pública pasaba por una leve crisis nerviosa, sólo así se antoja pensar que el funcionario deseaba que el violento atentado no hubiera ocurrido en Puebla.
Para “fortuna” de los poblanos, este tipo de casos donde el crimen organizado cobra vidas de policías no es muy común; apenas hace un mes un municipal de Atlixco murió en un enfrentamiento para rescatar a un joven que un grupo armado ya se llevaba secuestrado, además de que un autobús de la PGJ fue tiroteado y de otros casos donde policías intercambiaron disparos con delincuentes de alta peligrosidad, el caso de Tlacotepec de Juárez, un claro ejemplo.
Nadie olvida al sujeto que granada en mano, frente a un restaurante de mariscos ubicado en la avenida Forjadores, mantuvo a raya a elementos de diversas corporaciones policíacas, hasta que se decidió a entregar el explosivo y una serie de documentos que comprometían a servidores públicos, porque llevaban informes detallados de claves policíacas y de ubicación de cámaras de video, que por cierto, la que esta colocada donde ocurrió el asesinato de los cuatro policías no sirve, es más, ya la quitaron.
Este personaje, el de la granada, que se dijo pertenecía a “La Familia Michoacana” es en verdad miembro del grupo armado y desmantelado tras el enfrentamiento en Tecamachalco y Tlacotepec, al menos dos de los detenidos lo han identificado como quien se “comunicaba” con ellos para exigirles que lo rescataran, aunque no lo hicieron por la fuerte presencia policíaca, así lo indicaron pese a que ellos mismos lo identifican como comandante y decidieron dejarlo a su suerte.
Hace un año ocurrieron tres atentados, uno al subprocurador de Justicia, otro a una comandancia de la Policía judicial, además de tres ejecuciones a elementos de los cuerpos policíacos de Puebla, sin dejar de mencionar los ajustes de cuentas que se dieron: dos en la zona de las “dos” Cholula y otros más en la Sierra Norte del estado.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) tiene documentadas, a través de la DIEDO (Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), diversas denuncias por chantaje hechas a comerciantes de las zonas de Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango, donde les detallan desde los nombres de sus familiares, sus domicilios, sus propiedades, horas de salida y de entrada y se autonombran de muchas formas, los últimos dijeron ser “Jefes de Jefes”.
En el Penal de San Miguel se encuentran internos más de una veintena de personajes del crimen organizado, desde quienes se dedicaban al chantaje, al homicidio y al secuestro, además del robo de vehículos de transporte, tal es la peligrosidad de estos personajes que en días pasados el Ejercito mexicano cateó varias casas de la colonia Lomas de San Miguel, que se ubica frente al penal, para llevarse a algunos integrantes de la banda de “Los Pelones”, de quienes se dice preparaban un plan para una fuga masiva en el Cereso.
Aunado a todo esto, un elemento de la Policía Ministerial del Estado (PME), detenido por formar parte de una banda de homicidas, secuestradores, “narcomenudistas” y demás ha proporcionado información que relacionan a elementos de la misma corporación con el cobro de 3 mil pesos semanarios para avisar de cualquier operativo policíaco.
Pese a todo esto que le acabó de comentar Puebla no está considerada como “foco rojo” con presencia de crimen organizado.
Es, aunque usted no lo crea, uno de los estados más tranquilos, comparado con lo que ocurren en los estados vecinos, principalmente en la frontera del país.
La presencia de las fuerzas militares es, según funcionarios consultados, para que Puebla sea un lugar tranquilo, pese a todo lo que les acabo de comentar.

Nos vemos cuando nos veamos
porquelosmuertos@gmail.com

Celebra la 28 de Octubre su 36 aniversario como un movimiento de lucha social

Celebra la 28 de Octubre su 36 aniversario como un movimiento de lucha social

JAVIER PUGA MARTÍNEZ

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) festejó su 36 aniversario de existencia y de lucha por la equidad entre las diferentes clases, los movimientos sociales así como mejores condiciones económicas y de trabajo tanto para sus integrantes como para el resto de los habitantes de la capital.

Como cada año, la UPVA recorrió las calles de la ciudad de Puebla desde su principal sede, ubicada en el mercado Hidalgo, hasta el zócalo de la capital, en esta ocasión con cerca de 3 mil integrantes, quienes lanzaron toda clase de consignas y mentadas de madre hacia los gobiernos federal, estatal y municipal; contra el PRI, el PAN y el PRD y contra el aumento del Impuesto al Valor Agregado del 16 por ciento. También expresaron su solidaridad con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

La dirigente Rita Amador López sostuvo que la organización llega fortalecida a su 36 aniversario pues ha logrado su consolidación, y como muestra de ello subrayó la recuperación de cinco espacios dentro del mercado Hidalgo que se encontraban en disputa desde hace cuatro años.

Además, está por concluir una parte importante dentro de la remodelación de este centro de abasto: el cambio total del cableado eléctrico, lo que además de evitar incendios permitirá continuar con otros trabajos.

En entrevista, lamentó que los gobiernos de Marín y de Alcalá se hayan negado a establecer acuerdos para resolver las demandas de la UPVA en cuanto a mejoramiento de espacios de venta, a pesar de las promesas de campaña de ambos mandatarios.

Agregó que resultará difícil lograr uno solo pues estas administraciones ya se encuentran hacia el final de su periodo de gestión.

Ni siquiera hay visos de que se pudiera aceptar su principal exigencia: permitir el regreso de Rubén Sarabia “Simitrio”, debido a que está por iniciar la campaña electoral para renovar la gubernatura poblana “y en estas épocas de elecciones los políticos se ponen muy nerviosos”, señaló.

Amador López subrayó que aun con esto la UPVA mantendrá el diálogo con el gobierno de Marín Torres, pero consideró que será muy difícil que Sarabia pueda transitar libremente por Puebla antes de que finalice este año.

Afirmó que tanto el gobierno estatal como el ayuntamiento de Puebla deben hacer su parte en cuanto a la generación de empleo, pues diariamente son decenas de personas las que llegan solicitando un espacio de venta en la organización.

Quienes buscan integrarse son profesionistas desempleados y amas de casa que, a causa de la crisis económica, buscan en el ambulantaje una fuente de subsistencia.

“No es nuestra culpa, pero los gobiernos deben ponerse a trabajar para resolver eso. Tenemos más de 2 mil 500 personas que están buscando espacios; nosotros los ayudamos, pero también estamos llegando a nuestro límite”, sostuvo.

Reprueba el PT propuestas económicas del Senado

Reprueba el PT propuestas económicas del Senado

MÓNICA CAMACHO

El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Zeferino Martínez Rodríguez, reprobó los cambios al paquete fiscal 2010 que impulsa el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, ya que, consideró que se siguen cargando los costos de la crisis a los ciudadanos.

El incremento de 20 centavos al litro de gasolina que proponen los legisladores sería adicional a los 11 centavos mensuales que tenía previsto incrementar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que al finalizar 2010 el valor de ese combustible se elevaría de 7.72 pesos a 9.24 pesos.

“El aumento propuesto para gasolina tendría un impacto inflacionario mayor al incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, enfatizó el líder partidista durante una rueda de prensa.

También reprobó la propuesta de elevar la proyección del precio que tendrá el barril de petróleo, ya que no sólo violaría lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino que “petrolizaría” una vez más las finanzas públicas.

Zeferino Martínez insistió que la propuesta de los senadores del PRI busca mantener las canonjías a las grandes empresas debido a que se impulsa estrategias que centralizan la recaudación en los ciudadanos de menores ingresos.

La única vía que tiene el país para incrementar los recursos económicos sin afectar la economía de los que menos tienen –a

Empleados de SEGLO no aceptan liquidación

27 empleados de Seglo no aceptan recontratación, señaló el sindicato

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Luego de que fueron liquidados los 850 trabajadores que laboraban en la empresa Seglo –una de las encargadas de la logística en la planta de VW– para ser contratados nuevamente bajo otra razón social, 27 empleados rechazaron esta oferta del corporativo porque no estuvieron de acuerdo con obtener un 30 por ciento menos de salario en comparación al que tenían, según informó el dirigente sindical de esta compañía, Aarón Espinoza López, quien agregó que los trabajadores de Seglo fueron indemnizados de acuerdo con la ley debido al cierre de la empresa y recibieron de 15 mil a 35 mil pesos, dependiendo de su puesto y antigüedad.

En entrevista con este medio, indicó que de las 27 personas que no aceptaron la recontratación, una presentó una demanda laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al considerar que liquidar a los trabajadores de una empresa cuando la misma sigue operando es ilegal.

En tanto, los otros 26 ex trabajadores aceptaron sus liquidaciones, pero ya no renovaron el contrato debido a que ya no estuvieron de acuerdo con las condiciones laborales del mismo.

El representante sindical responsabilizó del cierre de Seglo y de la liquidación de los empleados a la empresa Servimsa –propiedad del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Antonio Torres Mota Velasco–, pues aseguró que la misma otorga “salarios de hambre” con los cuales no se puede competir.

Aseguró que aceptaron dicho movimiento del corporativo porque de lo contrario se hubieran quedado sin trabajo, ya que los directivos les indicaron que era la única forma de que siguiera operando el mismo.

Detalló que los nuevos tabuladores salariales de los 823 obreros que comenzaron a laborar en la nueva empresa se establecieron en 700, 800 y 900 pesos semanales, cuando antes en promedio eran de mil 200 pesos a la semana; asimismo, se suprimieron algunas cláusulas en su nuevo contrato colectivo, como el bono de productividad.

Seglo tenía 12 años de trabajar para VW. La nueva razón social se llama Seglo Mexicana y seguirá laborando para la armadora.

Empleados de SEGLO no aceptan liquidación

27 empleados de Seglo no aceptan recontratación, señaló el sindicato

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Luego de que fueron liquidados los 850 trabajadores que laboraban en la empresa Seglo –una de las encargadas de la logística en la planta de VW– para ser contratados nuevamente bajo otra razón social, 27 empleados rechazaron esta oferta del corporativo porque no estuvieron de acuerdo con obtener un 30 por ciento menos de salario en comparación al que tenían, según informó el dirigente sindical de esta compañía, Aarón Espinoza López, quien agregó que los trabajadores de Seglo fueron indemnizados de acuerdo con la ley debido al cierre de la empresa y recibieron de 15 mil a 35 mil pesos, dependiendo de su puesto y antigüedad.

En entrevista con este medio, indicó que de las 27 personas que no aceptaron la recontratación, una presentó una demanda laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al considerar que liquidar a los trabajadores de una empresa cuando la misma sigue operando es ilegal.

En tanto, los otros 26 ex trabajadores aceptaron sus liquidaciones, pero ya no renovaron el contrato debido a que ya no estuvieron de acuerdo con las condiciones laborales del mismo.

El representante sindical responsabilizó del cierre de Seglo y de la liquidación de los empleados a la empresa Servimsa –propiedad del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Antonio Torres Mota Velasco–, pues aseguró que la misma otorga “salarios de hambre” con los cuales no se puede competir.

Aseguró que aceptaron dicho movimiento del corporativo porque de lo contrario se hubieran quedado sin trabajo, ya que los directivos les indicaron que era la única forma de que siguiera operando el mismo.

Detalló que los nuevos tabuladores salariales de los 823 obreros que comenzaron a laborar en la nueva empresa se establecieron en 700, 800 y 900 pesos semanales, cuando antes en promedio eran de mil 200 pesos a la semana; asimismo, se suprimieron algunas cláusulas en su nuevo contrato colectivo, como el bono de productividad.

Seglo tenía 12 años de trabajar para VW. La nueva razón social se llama Seglo Mexicana y seguirá laborando para la armadora.