El gobierno abandona a defraudados de Financieras
El delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de Puebla, íñigo Ocejo Rojo, deslindó a dicho organismo del conflicto que se ha presentado con las financieras Coofia, Sitma e Invergrup, las cuales han cometido una serie de fraudes contra miles de usuarios. El funcionario admitió que ninguna instancia federal está actuando contra este tipo de empresas antes de que cometan timos contra sus clientes.
Lo dicho por íñigo Ocejo muestra el rostro de la frivolidad e insensibilidad social del gobierno federal, que no ha hecho nada ante la proliferación de empresas financieras que han sido diseñadas para cometer fraudes de manera impune contra ahorradores. Y lo más grave de este asunto es que la administración de Felipe Calderón está más preocupada por mandar a la calle a 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que en buscar establecer legislaciones o regulaciones que frenen esos robos.
La situación que priva en el país es muy delicada, ya que muchos sectores de la economía nacional se están colapsando, y cuando más se necesita generar estabilidad en la nación se permite que empresas financieras se pongan a robarle a la gente sus ahorros o los pocos bienes materiales que tienen. Y lo más lamentable es que la mayoría de los afectados es de clase media o de sectores populares; es decir, los grupos sociales más golpeados por las crisis.
El Estado tiene la obligación de garantizar que en México prive la legalidad y se cumplan las garantías individuales, pero lo que acontece con las financieras muestra que el poder público –sobre todo el ámbito federal– cada vez se aleja más de las funciones que debe cumplir, como es proteger a los pequeños y medianos ahorradores.
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