Martín Hernández Alcántara/ la jornada de oriente
Asesoradas por la Red Democracia y Sexualidad, 112 mujeres interpusieron sendos amparos indirectos ante la justicia federal, en contra de las reformas aprobadas por la mayoría del Congreso local con las que se impide la despenalización del aborto en Puebla.
Brahim Zamora, representante de la organización, explicó que las féminas argumentan que las enmiendas suponen que en la reglamentación de la norma se supriman las cuatro causales de aborto estipuladas en la ley y hasta se vede la comercialización de píldoras anticonceptivas y la colocación de dispositivos intrauterinos.
El activista también manifestó que la estrategia de tramitar juicios de garantía individuales obedece a una campaña para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y que medidas similares se están tomando en entidades como Guanajuato, Colima y Quintana Roo, donde también están vigentes medidas regresivas contra la libertad sexual y la salud reproductiva.
Los juicios de garantías en Puebla fueron tramitados la tarde del pasado miércoles en la Oficialía de Partes del Poder Judicial de la Federación, ubicada en Ciudad Judicial. Zamora explicó que el lunes se espera la respuesta que determine cuál tribunal resolverá sobre los 112 recursos.
El pasado 12 de marzo, legisladores del PRI y el PAN aprobaron una reforma constitucional que impide la legalización del aborto y la eutanasia, con el voto en contra de 10 diputados, quienes denunciaron que la modificación vulnera la Carta Magna federal y las garantías individuales de los ciudadanos.
Como pocas veces en el Poder Legislativo local, la iniciativa dividió a la mayoría priista. Entre los diputados que se opusieron a la propuesta se encontraron los militantes del tricolor Luis Alberto Arriaga, Rocío García Olmedo, Jorge Alfonso Ruiz Romero, Malinalli García Ruiz y Bárbara Ganime Bornne.
Se especuló entonces que la decisión de la mayoría de los diputados priistas obedeció a la línea que marcó el gobernador Mario Marín Torres, quien hizo un pacto con los sectores más recalcitrantes de la derecha poblana, es decir: con el Partido Acción Nacional, la iglesia católica y las cúpulas de los organismos empresariales.
De hecho, originalmente Luis Alberto Arriaga y Rocío García Olmedo presentaron, con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación, una iniciativa tendiente a la despenalización del aborto, la cual fue echada abajo después de un presunto cabildeo que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Ruiz, hizo con el responsable de la política interior en la entidad.
En la sesión del 12 de marzo, incluso intervino, de manera indirecta, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, quien envió una comisión de legisladoras federales a Puebla para detener la iniciativa conocida popularmente como la ley Bailleres, debido a que el líder del grupo legislativo del PRI en Puebla, Othón Bailleres, fue su más entusiasta promotor.
Las modificaciones constitucionales obligan al Estado a proteger la vida humana “desde la concepción hasta la muerte natural”, con lo cual bloquean la despenalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación, así como la eutanasia.
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