Bertha Pérez, única legisladora en oponerse a las modificaciones constitucionales.
México DF, julio 16 de 2009./noti-ese/Leonardo Bastida Aguilar
Con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Yucatán aprobó ayer reformas al artículo 94 de la Constitución Política del estado y a los artículos 54 y 316-A fracción V del Código Civil estatal en aras de preservar la institución de la familia tradicional.
“Todo fue una cortina de humo porque por la importancia de los temas a discutir los reflectores se iban con ellos y ahí mismo se aprobaron reformas a la ley de deuda pública, se autorizaron cuentas del gobierno del estado del primer semestre y otras de corte económico”, señaló la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Yucatán, Bertha Eugenia Pérez Medina, única legisladora que votó en contra de las reformas.
De acuerdo con la diputada, las modificaciones constitucionales y penales en materia de uniones del mismo sexo, constituyeron una “cortina de humo” por parte del Congreso estatal para retirar la atención de las reformas económicas aprobadas en la misma sesión.
“Dejaron pasar las elecciones. La Comisión de Equidad y Género guardó silencio y votó a favor de la ley, se organizaron foros de última hora a los que yo no fui invitada y se esperó hasta el último día para votar los temas”, indicó la diputada.
La justificación era que se atendía a las demandas de la población pero no se dijo que se discriminaban a otros sectores de la población, en clara violación a la Constitución Federal, argumentó Pérez Medina.
Por las familias
¡Váyanse al infierno! era el clamor de decenas de mujeres con rosarios en mano alrededor del Congreso de Yucatán hacia las personas de la comunidad de la diversidad sexual que protestaban por la aprobación a las reformas a la constitución y al código civil locales para especificar que en esa entidad el matrimonio está conformado por un hombre y una mujer.
Con la aprobación a nivel constitucional de que el derecho a la vida comienza desde la concepciónlas penas de 6 meses a un año de prisiónpara las mujeres que aborten sin causa justificada se modificaron por un "tratamiento médico integral" que atienda las secuelas médicas y psicológicas del aborto.
La finalidad de este cambio es que la mujer que aborte pueda “reinsertarse en la sociedad” al tomar conciencia del valor de la vida y su “conducta delictiva”. Las únicas causas que permite la legislación local son pobreza en caso de tener más de tres hijos, enfermedad grave, riesgo para la vida de la madre o violación. Todas ellas evaluadas por dos médicos que deben emitir un juicio a favor o en contra de que se interrumpa el embarazo.
Con la modificación constitucional que establece el derecho a la vida desde el momento de la concepción se establecieron penas de dos meses a un año de prisión para las mujeres que aborten sin causa justificada. Las únicas causas que permite la legislación local son pobreza, tener más de cuatro hijos, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre.
En claro rechazo a la propuesta de establecer uniones civiles entre personas del mismo sexo promovido por distintos grupos locales de activistas lésbico-gay, se especificó que en Yucatán el matrimonio está formado por la unión entre un hombre y una mujer.
Las reformas fueron propuestas por la figura de Iniciativa Popular, promovida por la Red Pro de Yucatán, representada por Ivette Laviada Arce, por medio del documento Iniciativa popular para reformar la Constitución Política del estado de Yucatán y el Código Civil del estado de Yucatán, a favor del matrimonio y la familia, y del cual NotieSe posee una copia.
De esta manera, Yucatán se suma a Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora como el estado 14 de la República Mexicana en incorporar la defensa de la vida desde la concepción en sus legislaciones.
Por otra parte, organizaciones locales como Kokay, Oasis San Juan de Dios, Comisión de Pueblos Indígenas en VIH, Buenas Intenciones, Yucatrans y Grupo Multisectorial en VIH/sida, por medio de un comunicado, consideraron que esto representa un retroceso para la entidad.
“Estatuir y reconocer como superior una sóla forma de familia y una sóla forma de relación como lo es el matrimonio heterosexual”, es el mensaje de estas leyes, advirtieron los activistas.
“La propuesta es contraria a la Constitución Federal y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues discrimina y excluye. Las y los legisladores tienen la obligación de emitir normas que sean compatibles con los estándares más altos de protección a los derechos humanos, con la realidad social que se vive en nuestro estado y con estricto apego al estado laico”, argumentan los miembros de la comunidad de la diversidad sexual”.
“Las reformas fueron aprobadas por los diputados sin una consulta pública, en fast track, sin tomar en cuenta a nadie”, denunció una activista quien prefirió omitir su nombre ante las posibles represalias de grupos conservadores de Yucatán.
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