México, 17 de julio, 2009 (CEPET). Otho Valles Baca, concesionario de XEJS Cadena Radiodifusora de Chihuahua que opera en la ciudad de Parral de ese estado, al norte de México, denunció que el pasado 15 de julio policías federales allanaron, decomisaron su equipo y sacaron del aire la transmisión de ese medio, pese a que cuenta con los permisos correspondientes para su operación.
El pasado 1 de julio, Jorge Carlos Santos Bouche, inspector verificador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se presentó en las instalaciones de XEJS para realizar una inspección, de acuerdo con la versión que Valles Baca ofreció a CEPET.
Tras la inspección, el representante de la dependencia federal hizo notar al concesionario que había incurrido en faltas administrativas y le notificó que tenía hasta el día 15 de julio para resarcir dichas fallas y poner su situación en orden.
El día 15, sin embargo, acompañado de unos 70 agentes federales que portaban armas largas, el funcionario irrumpió en la radiodifusora sin identificarse ni mostrar orden de cateo, argumentado que la empresa concesionaria del Canal 3 de televisión (medio en el que la radiodifusora arrenda tiempo para transmitir algunos espacios) violaba la ley, dijo.
“Nosotros no tenemos que ver con esa televisora, sólo compramos un espacio”, explicó Valles Baca, “el operativo fue un exceso, cerraron varias calles a la redonda, intimidaron al personal con sus armas. Sólo había cuatro personas allí, estábamos en vivo, nos sacaron del aire, arrancaron todos los cables”.
A la fecha, XEJS sigue fuera del aire, pues no se les ha devuelto su equipo ni se les han dado una explicación sobre qué motivó el decomiso, según testimonio de Valles Baca, quien consideró que esta acción constituye una represalia, pues la radiodifusora tiene varios programas de análisis político con una línea crítica hacia todos los niveles de gobierno.
Valles, quien insistió en que la acción no tiene justificación legal, destacó que la visita de inspección se dio días antes de las elecciones, mientras el operativo ocurrió después del proceso electoral. Su sospecha de una represalia la sustenta en el hecho de una amenaza que recibió días antes de la intervención policiaca.
“Tenemos una línea de llamadas al público. Alguien llamó y dijo ‘pásame a Antonio (Villalobos, uno de los locutores de la estación)'. Cuando contestó, (el desconocido) le dijo que me advirtiera que le bajara”.
De acuerdo con el gerente de la empresa, Roberto Holguín, el inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluso habría lanzado las mismas amenazas tras la irrupción del pasado día 15: “Ya sabes por dónde viene esto, así es que bájenle…”, advirtió.
Por estos hechos, los abogados del medio de comunicación presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia estatal.
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