México D.F., 13 de julio de 2009 (Darío Ramírez / El Universal).- El último acto del gobierno federal en contra de la libertad de expresión ha confirmado su débil compromiso con la misma. La Secretaría de Gobernación, a través de la Procuraduría General de la República, ha decidido adoptar procesos penales en contra de varias radiodifusoras comunitarias. La persecución penal de Héctor Camero y Rosa Cruz, ambos radiodifusores comunitarios de Radio Tierra y Libertad y Radio Huékakua, respectivamente, pone al descubierto la intención del gobierno de castigar con cárcel a personas que ejercen la libertad de expresión.
El 30 de junio, Héctor Camero, integrante de Tierra y Libertad, una radio comunitaria en Monterrey, fue indiciado por usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin licencia. La Ley de Bienes Nacionales en su artículo 150 contempla una pena de hasta 12 años de prisión por ese delito. Camero no ha sido arrestado gracias a que sus abogados interpusieron un amparo. Radio Tierra y Libertad ha proveído de información esencial de interés público a las comunidades de bajos recursos en Monterrey desde hace siete años.
(para leer más)
No hay comentarios:
Publicar un comentario