Foro de medios en Puebla

FORO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LIBERTAD DE PRENSA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN EN PUEBLA

CONVOCATORIA

12 y 13 DE DICIEMBRE DE 2008
SALÓN DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS

12 DICIEMBRE
9-10:30 hrs. Registro

10:30-13 hrs.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Libertad secuestrada. Lydia Cacho desde los medios poblanos”
Lucía Lagunes (CIMAC), Lilia Vélez Iglesias (UPAEP), Martín Hernández Alcántara. (La Jornada de Oriente), Martín Barrios Hernández (CDHLVT).
Modera: Celina Peña Guzmán (UAP)

13-14 Hrs. Reporte del SICLA

13-15 hrs. Comida

15-16:30 hrs. Mesa redonda.
Derecho a la información y libertad de expresión en Puebla
Eduardo Rivera Pérez (PAN), José Benigno Pérez de la Vega (PT), José Juan Espinosa (PC), Luis Alberto Arriaga Lila (PRI), Samuel Malpica (DIHMO), Santiago Góngora (UAP), Jesús Serra Sánchez (Asociación de Colonos del Sur), Guillermo Mellado (STRM),

16:30-18:00
Libertad de prensa en medios poblanos.
Rocío García Olmedo (PRI), Melitón Lozano (PRD), Guillermo López Mayo (SUNTUAP), Gerardo Pérez Muñoz, Manuel Guzmán Pérez, Rafael García Salas (Comité del Pueblo Unido), Sinar Suárez (Observatorio ciudadano).
Modera: Sergio Mastreta
(Si desea participar, enviar ponencia, para su consideración)



13 diciembre
10-11:30 hrs. Mesa redonda
Medios, comunicación social y comunicación política en Puebla.
Karina Castillo (Puntual), Arturo Manzano (Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de El Sol de Puebla, S. A.), Ignacio Juárez Galindo (Ángeles y Demonios), Leticia Ánimas Vargas (Guardián de la Sierra), Víctor Romero (Agencia Mexpress).
(Si desea participar, enviar ponencia, para su consideración)
Modera: Modera:

11:30-13 hrs.
Medios, ejercicio periodístico y empresa privada.
Mario Martell (Intolerancia), Tania Damián (Contrastes Puebla), Alejandra Cruz (Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa), Raúl García Corona (Unidad Estatal de Organizaciones Periodísticas de Puebla), Pedro Alonso Benitez (La Opinión). Jorge Meléndez Preciado (Periodista).
Modera:

13-14 hrs.
1. Presentación del Proyecto: Sistema de Información de la Mujer (SICLA, Dignas)

2. Presentación del proyecto: Premio Estatal Ciudadano de periodismo

Instituciones, organizaciones sociales, académicos y periodistas promotores:
SICLA, SNRP, SUTESPSA, STRM, SUNTUAP, UEOPP, Coordinadora de Redes Ciudadanas, Dignas, Observatorio Ciudadano, Movimiento Estudiantil Espartaco, Fundación Prensa y Democracia, Alma Leticia León (periodista), Sonia León (actriz), Karina Castillo (Puntual), Mario Martell (Intolerancia), Selene Ríos (Cambio), Patricia Olivares (Puntual), Tania Damián (contrastes), Celina Peña, Jorge Machuca Luna (Milenio Puebla), Martín Hernández Alcántara (La Jornada de Oriente), Ma. Luisa Ramos (La Opinión), Alejandro Fernández (Nuevo Día), Flavio Fernández (Alternativa), Manuel Guzmán Pérez, Santiago Góngora (UAP), Jesús Serra Sánchez (Asociación de Colonos del Sur), Rafael García Salas (Comité del Pueblo Unido), Departamento de Investigaciones Históricas del Movimento Obrero (DIHMO), Samuel Malpica Uribe, María Eugenia Ochoa García, Francisco Vélez Pliego (IISH), Martín Barrios Hernández (CDHLVT), Leticia Ánimas Vargas (Guardián de la Sierra), Víctor Romero (Agencia Mexpress), Pedro Alonso Benitez (La Opinión).
(Todas las adhesiones deben confirmarse por escrito)

Inoperante Fiscalía Especial de delitos contra periodistas

México DF, 10 dic 08 (CIMAC).- Ante la incesante violencia que viven las y los periodistas en nuestro país, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas encargada de la defensa y protección del gremio periodístico, minimiza los hechos, con lo que falla en el objetivo para lo que fue creada, afirma un comunicado del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos).

Para Octavio Orellana Wiarco, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), México no es de los países más riesgosos para ejercer el periodismo.

En la presentación del informe anual de la FEADP, Orellana Wiarco sostuvo que "hay una percepción errónea de que México es el país en donde más homicidios contra periodistas se cometen, pero eso no es cierto".

basta de crimenes contra periodistas

En México han sido asesinados 45 periodistas de 2000 a 2008

En México han sido asesinados 45 periodistas de 2000 a 2008

Porque la libertad de expresión es un derecho humano y la información un derecho socialAsiste a la concentración den el Monumento Francisco Zarco, Ciudad de México, el 10 de diciembre a las 10.Convocan: Periodistas independientes y trabajadores de los medios de comunicación por la libertad de expresión (Sindicato Independiente de trabajadores de La Jornada, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, revista Contralínea, Sindicato de Trabajadores de El Sol de Puebla, Sindicato de Radiuo Educacción sección DNIII-57, Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, CIMAC y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias)

Presentan iniciativa de federalización de delitos contra la libertad de expresión

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México D.F., 26 de noviembre de 2008 (Cencos).- El día de hoy la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de ley que tipifica como delito federal los ataques a la libertad de expresión.

La iniciativa recibida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados “tutela el derecho, no el sujeto, de libertad de expresión en su nivel más amplio e incluyente”, subraya Darío Ramírez director en México de la organización internacional Artículo 19.

Al respecto, la propuesta resalta que “la necesidad de otorgar una protección directa al bien jurídico que nos interesa, la libertad de expresión, y no restringir la protección de ese derecho para un grupo de sujetos; se debe proteger el objeto y no el sujeto, conforme al artículo 13 constitucional que prohíbe ser juzgado por ‘leyes privativas’”.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados manifestó apoyo irrestricto a la iniciativa presentada por el consejo consultivo de organizaciones civiles, en la que participó Darío Ramírez y Perla Gómez Gallardo, doctora en derecho e investigadora de la Universidad Autónoma de Metropolitana-Cuajimalpa, así como el diputado Gerardo Priego Tapia, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

En la propuesta, entregada a los coordinadores parlamentarios Javier González Garza (PRD), César Duarte (PAN), Emilio Gamboa (PRI), Héctor Larios (PAN), Alejandro Chanona (Convergencia) y Silvia Luna (Panal) se retoman estándares internacionales de protección a la libertad de expresión establecidos en los tratados ratificados por México, con base al artículo 133 constitucional que establece:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”.

En este sentido es que se integran a la iniciativa el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que señala que:

“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) sostiene que: “Toda personas tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones es ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento-

Asimismo, destaca Darío Ramírez, se retomó el artículo 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que establece:

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Con lo anterior se prevé que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia retomen, para los procesos penales y sentencias, los tratados internacionales ratificados por México en materia de libertad de expresión.

En cuanto a las sanciones penales, la iniciativa propone la adición al Título Vigésimo Séptimo, De los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión:

“Artículo 430.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa al que, con el propósito de coartar el derecho de una persona a expresarse y difundir libremente sus pensamientos, ideas, opiniones e informaciones perpetre en su contra algún acto tipificado como delito en este Código.

Igual sanción se impondrá a quien, con idéntico propósito, atente por medios tipificados como delito, en contra de las instalaciones de cualquier persona moral dedicada a la comunicación.

Si el sujeto del delito fuese servidor público, la pena señalada en este artículo se aumentará hasta en una mitad. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro hasta por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de la que corresponda por el delito o delitos cometidos sin menoscabo y perjuicio que la ley federal de servidores públicos establece”.

En este sentido Darío Ramírez enfatiza que las sanciones a servidores públicos se contemplan más severas para evitar la colusión entre estos y el crimen organizado contra la libertad de expresión”.

Por otra parte, destacan las adiciones al artículo 116: “Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía.

Tratándose de delitos referidos en el artículo 430 del Código Penal Federal que probablemente involucren ataques a la libertad de expresión, la autoridad que conozca del asunto lo pondrá del inmediato conocimiento del Ministerio Público de la Federación.

El Ministerio Público de la Federación deberá abrir y agotar una línea de investigación en los términos del artículo 430 del Código Penal Federal.

Las autoridades locales coadyuvarán en la investigación sin menoscabo de la competencia Federal”.

Con lo anterior, explica el director de Artículo 19, “los Ministerios Públicos estatales estarán obligados a coadyuvar con el Ministerio Público federal, quien deberá realizar una investigación.

El compromiso de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fue presentar la iniciativa al pleno mañana jueves 27 de noviembre para que sea aprobada antes del 11 de diciembre”, destacó Darío Ramírez.

Centro Nacional de Comunicación Social

Pronunciamiento: Exigimos esclarecimiento del asesinato del periodista Armando Rodríguez

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Difusión Cencos México D.F., 14 de noviembre de 2008

Pronunciamiento
Organizaciones Civiles y Sociales

La mañana del 13 de Noviembre de 2008 fue asesinado el reportero de la fuente policiaca de El Diario Armando Rodriguez en Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua (norte).

A principios de este año el reportero de El Diario, con otros siete periodistas que cubrían la misma fuente, fueron amenazados de muerte. Por este motivo Armando Rodríguez tuvo que abandonar su empleo temporalmente para trasladarse a vivir a El Paso, Texas, Estados Unidos, para posteriormente regresar y cubrir de nueva cuenta la fuente policíaca.

El asesinato de un periodista, motivado por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura, lo que no sólo coarta el derecho a libre expresión de la víctima sino también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse. Por ello, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los autores, así como "asegurar una adecuada reparación a las víctimas". [1] La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentenciado que: "dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares"[2]. Esto hace referencia a que no importa quiénes sean los perpetradores –crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera o dentro de la ley- el responsable por guardar la integridad y seguridad de los y las periodistas es el Estado.

El actual contexto de inseguridad que afecta al país no justifica las agresiones de las que son víctimas las y los periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional. El libre flujo de ideas así como el derecho de la colectividad a contar con información clara, veraz y oportuna constituye una condición indispensable para garantizar la seguridad de todas las personas.

Es necesario resolver los casos anteriores de asesinatos y desapariciones de comunicadores, de los que las autoridades no han dictado sentencia o consignado a los responsables. Es indispensable para garantizar el estado de derecho democrático que el Estado mexicano, a través de sus distintas instancias de procuración de justicia actúe para poner fin a esta situación donde impera la impunidad e inicie acciones inmediatas para prevenir las agresiones a periodistas.

Pedimos a la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) que ejerció la facultad de atracción del asesinato de Armando Rodríguez, realice todas las investigaciones necesarias para que se consigne a los responsables y se dicte sentencia.

Exhortamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos que actualmente se involucró en el proceso, dé cabalidad al cumplimiento de la protección y promoción de los derechos humanos en especial de la libertad de expresión.

Expresamos nuestra solidaridad con las y los familiares de Armando Rodríguez, así como con sus colegas y nos sumamos a la enérgica exigencia que se ha manifestado tanto a nivel nacional como internacional, para que el Estado mexicano investigue de manera efectiva los hechos para castigar a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con el gremio periodístico y con la sociedad en general por el clima de inseguridad en el ejercicio de la libertad de expresión que se vive actualmente en México.

Organizaciones que suscriben:

ARTICLE19, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Fundación Manuel Buendía (FMB), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Premio Nacional de Periodismo (PNP), Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Revista Contralínea, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor), Sindicato de Trabajadores del Sol de Puebla.
________________________________________

[1] [1] Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. De igual modo, el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec refuerza este mismo punto.

[2] Cfr. Caso de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo; Caso Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo; Caso Bácama Velásquez. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo; y Caso Eloisa Barrios y otros. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Preocupante estado de inseguridad de periodistas en México

Preocupante estado de inseguridad de periodistas en México

México D.F., 20 de noviembre de 2008 (Cencos).- El derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país presenta focos rojos en 2008. El periodismo en México, de norte a sur del territorio, se ha convertido en una labor de alto riesgo.
Las y los comunicadores enfrentan cada día con mayor frecuencia amenazas, agresiones, asesinatos y desapariciones ante la falta de garantías de seguridad por parte del Estado para ejercer la labor de informar a la sociedad, requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Lo anterior pone de manifiesto la vulnerabilidad con la que laboran las y los periodistas y la ausencia de una política de previsión y seguridad por parte de las empresas de comunicación ante los riesgos que asumen comunicadores y comunicadores al cubrir temas de interés nacional.
Autoridades municipales, estatales y federales, elementos del Ejército mexicano, agentes policiales así como el crimen organizado son los principales agresores de periodistas, que responden de forma violenta al ver afectados sus intereses.
El Estado así como las empresas de comunicación fallan al dejar desprotegidos a los periodistas. Uno de los casos que ejemplifican claramente lo anterior es el asesinato del reportero Armando Rodríguez de El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua.
A principios de este año Armando Rodríguez y otros siete periodistas que cubrían la fuente policiaca fueron amenazados de muerte, lo que obligó al reportero de El Diario a abandonar su empleo temporalmente en un autoexilio en El Paso, Texas, Estados Unidos. Al regresar a su lugar de residencia y trabajo fue acribillado.
México, al ratificar tratados internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José, entre otros, en los que se estipula que la libertad de prensa es un derecho humano inalienable e inherente a todas las personas, está obligado a vigilar y defender este derecho.
El asesinato de un periodista motivado por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura, lo que no sólo coarta el derecho a libre expresión de la víctima sino también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse, como lo establece el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. De igual modo, el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec refuerza este mismo punto.
Por ello, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los autores, así como "asegurar una adecuada reparación a las víctimas”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentenciado que: "dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares". Esto hace referencia a que no importa quiénes sean los perpetradores –crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera o dentro de la ley- el responsable por guardar la integridad y seguridad de los y las periodistas es el Estado.
El actual contexto de inseguridad que azota a nuestro país y en el que uno de los sectores más afectados es el periodístico, no justifica las agresiones de las que están siendo víctimas las y los comunicadores a lo largo y ancho del territorio.
El grado de intimidación de los poderes fácticos contra la libertad de expresión queda de manifiesto cuando se encontró en la Plaza del Periodista en Ciudad Juárez, Chihuahua, una cabeza humana cercenada cubierta en una bolsa plástica negra, como lo reportaron medios locales.
Ante tal situación, es urgente que las autoridades investiguen y resuelvan los casos anteriores de asesinatos y desapariciones de comunicadores y comunicadoras que siguen sin sentencia o consignación del o los responsables, para cumplir con el derecho a un efectivo acceso a la justicia al que tienen derecho las víctimas y sus familiares.
Es indispensable para garantizar el estado de derecho democrático que el Estado mexicano actúe para poner fin a esta situación donde impera la impunidad que genera más agresiones contra las y los periodistas.
Asimismo, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil que vigilan y promueven la libertad de expresión en nuestro país continúen con la labor de registrar y denunciar las agresiones y demandar al Estado cumpla con su mandato constitucional de velar por la seguridad de las y los periodistas, así como hacer eficientes las instancias gubernamentales encargadas de vigilar el cumplimiento de este derecho fundamental.
De igual forma se hace urgente un esfuerzo de empresarios dueños de medios de comunicación, directivos y editores mediante el cual se brinden mecanismos de protección y seguridad a la integridad física de las y los periodistas, ya que las agresiones no solo afectan a las personas y a las empresas, sino a la sociedad en su conjunto.
Centro Nacional de Comunicación Social

Inauguran Complejo Cultural en la BUAP

Arráncame la vida desde locación

Federalizar delitos contra periodistas proponen comunicadores

Comunicado de prensa Primer Encuentro por la Defensa de los Periodistas

* Federalización de delitos contra periodistas, principio para una legislación a favor del gremio: comunicadores

* Acciones preventivas para eludir agresiones
Con un balance negativo sobre agresiones a periodistas ocurridas en el primer semestre de 2008, dio inicio este sábado en el Club de Periodistas el Primer Encuentro por la Defensa de los Periodistas, con una concurrida presencia de reporteros y reporteras del Distrito Federal principalmente, pero también de algunos estados de la República.
El balance presentado al inicio del encuentro señala un registro preliminar de 95 agresiones a periodistas durante el primer semestre del 2008, casi el doble de los agravios registrados en el mismo periodo en 2007, entre los que destacan las agresiones físicas amenazas, asesinatos, atentados, detenciones, cateos y levantones.
El encuentro se centró en el análisis de la Federalización de los Delitos contra Periodistas y la definición de la actividad de los mismos. ¿Qué es ser periodista? fue la pregunta a resolver.
Los informadores denunciaron que hay una creciente inseguridad para el gremio debido a que las autoridades de procuración de justicia no han podido frenar las agresiones ni mucho menos los crímenes y desapariciones, por lo que emplazaron al Congreso a legislar en la materia.
Explicaron que el clima de agresión a los comunicadores son elementos para generar inseguridad en el ejercicio periodístico, la autocensura y la impunidad.
Rogelio Hernández aseguró que la autocensura de medios y sus trabajadores, especialmente de los profesionales de la información, ha sido uno de los impactos inmediatos de la violencia.
"En ese ambiente sigue creciendo la impunidad para lastimar más el libre flujo de la información, al periodismo y a sus públicos", destacó el reportero.
La abogada Perla Gómez, refiriéndose a las agresiones contra los comunicadores advirtió: "La autoridad es quien debe demostrar quien es o no periodista, no la parte agredida".
No puede ser, dijo, que los periodistas además de ser agredidos en el ejercicio de su trabajo también deban demostrar su profesión. "Pensando en los antecedentes, México no es un país de justicia, sino de legalidad", y señaló que la definición de periodista debe ser abierta, descriptiva y no limitativa. La carga de la prueba es responsabilidad de la autoridad, no del o la periodista".
Agregó que la Federalización por si sola no basta, porque no sólo se debe adicionar el Código Penal sino reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) donde se establezca que todos los Ministerios Públicos están obligados a investigar y agotar la línea periodística cuando el agraviado es un periodista, situación que hasta la fecha no ocurre. Al contrario en muchos casos se establece desde un principio líneas que tienden a la vida personal del comunicador.
Por su parte, el abogado David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló que está a favor de una definición amplia del concepto de periodistas, sin embargo, "para federalizar los delitos contra periodistas se necesitan fórmulas especiales que les permita estar protegidos por la Federación".
Además de que "el hecho de que la Federación conozca de los delitos contra periodistas no resuelve el asunto porque tiene que ver con la capacidad del funcionario, instituciones a las que se le faculta, cómo se desarrollan las investigaciones. Lo que tiene que fortalecerse es la investigación".
Peña manifestó su preocupación de que al federalizar los delitos las autoridades locales se laven las manos y dejen todo a la Federación. Aquí debe haber, dijo, una corresponsabilidad y también refirió que hasta la fecha "no hay iniciativas que contemplen mecanismos de protección, antes de que suceda el agravio", donde se salvaguarde la integridad del periodista.
Los periodistas que acudieron al encuentro demandan que las iniciativas y proyectos a discutirse próximamente en la Cámara de Diputados para federalizar los delitos cometidos en contra de periodistas, sean la base mínima para que sin precipitaciones pero a la brevedad posible, los legisladores aprueben una Ley que castigue a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y desapariciones de comunicadores y frene una de sus consecuencias más funestas: la impunidad.
En el encuentro se establecieron que las discusiones a las que ha convocado la Comisión Especial de Atención a Periodistas de la Cámara de Diputados, a realizarse 9, 10 y 11 de septiembre, necesariamente tendrán que considerar a los diversos actores del proceso comunicativo, principalmente a los periodistas, además de hacer a un lado la intención de ceñir al trabajo periodístico y a quien lo desempeña, a una definición que lejos de dar seguridad a esta actividad, la restrinja.
Destacaron que si bien es fundamental contar con una legislación que aplique sanciones ejemplares a quienes agravian a los periodistas, es necesario, al mismo tiempo, establecer ordenamientos y mecanismos claros que ayuden a prevenir los crímenes y desapariciones de informadores, así como concretar avances significativos en materia de impartición de justicia.
Los asistentes acordaron convocar una reunión el próximo sábado 13 de septiembre para que se continúe con algunos otros temas pendientes como son: Mecanismos unitarios de observación de agravios a periodistas y formas de protección, formas de acción para superar las circunstancias de fragilidad profesional de las mujeres periodistas, formas unitarias para la profesionalización de los periodistas, mecanismos unitarios de protección y solidaridad, entre otros.
México D. F., 6 de septiembre de 2008
Para mayor información de este encuentro se creó un blog: www.encuentroperiodistas.blogspot.com y un correo electrónico para mantener la comunicación sobre próximas actividades: encuentroperiodistas@gmail.com

Cierre radiodifusora comunitaria en Huajuapan

Continúa el asedio gubernamental en contra de las radios comunitarias. Ahora sufrió la clausura para la radio comunitaria La Rabiosa ubicada en Huajuapan de León.
La administración actual de la SCT se ha dedicado a clausurar las radios comunitarias en todo el país.
En Puebla, el 1 de octubre del 2007, inspectores de la COFETEL clausuraron Radio AMLO cuando realizaba pruebas.
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Invitación creación frente común para frenar delitos contra periodistas

El ejercicio de la profesión de periodista enfrenta riesgos diversos, incluidos los excesos de improfesionales de la prensa, que también agravian a otros. Pero, en México los ultrajes contra periodistas ya sobrepasan la mayoría de índices internacionales. Lo más preocupante es que del año 2000 a la fecha se hayan registrado 42 asesinatos de periodistas y 8 desapariciones la mayor parte de ellas ligadas al desempeño periodístico, según los reportes de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

Tres son los problemas principales que se derivan de ello; al afectar de manera directa a los profesionales de la comunicación se hacen más graves los riesgos para uno de los principales pilares de la democracia, como es la libertad de expresión y el derecho a la información: la inseguridad para el ejercicio periodístico, la autocensura y la impunidad.

Inseguridad creciente debido a que ninguna autoridad de procuración de justicia ha podido frenar las agresiones, ni mucho menos los crímenes y desapariciones. La respuesta hasta ahora ha sido la indiferencia traducida en una fiscalía especial achicada al máximo por carecer de un marco jurídico, de recursos para investigación y sin interlocución real con los periodistas.

La autocensura de medios y sus trabajadores, especialmente de los profesionales de la información, ha sido uno de los impactos inmediatos de la violencia.

En ese ambiente sigue creciendo la impunidad para lastimar más el libre flujo de la información, al periodismo y a sus públicos.

Por esas y otras preocupaciones creemos urgente que las y los periodistas de todo el país y a todos aquellos interesados en el tema realicemos una primera una reunión extraordinaria con el fin de buscar formas de coordinación para la solidaridad, que igualmente nos permitan construir un instrumento de interlocución efectiva ante las diversas instancias, del Estado mexicano, responsables de procurar justicia y seguridad para todos. Igualmente creemos trascendente realizar una autocrítica sobre la responsabilidad profesional que el ejercicio ético del periodismo necesita.

Proponemos:

Realizar el primer Encuentro por la defensa de los periodistas

Sábado 6 de septiembre. 10:30 horas. Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, colonia Centro, Distrito Federal)

Temática:

1.- DIAGNÓSTICO:

A) Balance de agravios al periodismo y medios de comunicación.

B) Iniciativas legislativas para federalizar los delitos contra periodistas (ventajas y desventajas).

C) Los recursos y apoyos existentes (ONGs, CNDH, Comisión Especial Cámara de Diputados, Fiscalía Especial de la PGR y otros).

D) Pronunciamiento común ante las iniciativas para Federalizacion de los delitos contra periodistas.

2.- ACCIONES COMUNES:

A) Mecanismo unitario de observación de agravios contra periodistas y formas de protección urgentes.

B) formas de acción para superar circunstancias de fragilidad profesional de las mujeres periodistas.

C) Posición común ante casos de ejercicio del periodismo que atenten contra normas éticas profesionales.

D) Formas unitarias para la profesionalización continua de los periodistas.

E) Resolución sobre el mecanismo unitario de protección, solidaridad y apoyo mutuo para la profesionalización

Balbina Flores Martínez

Rogelio Hernández López

Rogaciano Méndez González

Marco Lara Klahr

Carlos Padilla Ríos

José Reveles

Alberto Witvrun Rosales

A ocupar el zócalo

Aprovecho este espacio para difundir la invitación que envía el grupo teatral "la bicicleta-ada" para ocupar el zócalo el día 31 de agosto. Esto, debido
a la intimadación que ha sufrido últimamente por parte del ayuntamiento.




Okupa zócalo de Puebla 31 de agosto desde las 12:00 pm.
Estimados amigos:

Les escribe el grupo independiente de artes escénicas “la bicicleta-ada”, nuestro trabajo gira en torno a la intervención de los espacios públicos y el teatro de calle.

Durante este tiempo de salir a las calles -y principalmente al zócalo de la ciudad de Puebla- a menudo hemos recibido por parte del Ayuntamiento hostigamiento y amenazas ya que el arte que hacemos nuestros gobernantes lo consideran comercio informal. En estas últimas fechas el hostigamiento y la agresión han ido en aumento, los servidores públicos comandados por la presidenta municipal Blanca Alcalá, han llevado está situación al grado de amenazas e intimidaciones hacia nosotros y el público. El domingo pasado al estar en el zócalo haciendo una estatua viviente integrantes de vía pública y comercio informal se acercaron tomando fotos, diciendo que nos retiráramos, que ya tenían pruebas de que pedíamos dinero, y de no hacerlo nos iban a detener; el público al darse cuenta de esta situación nos apoyo, decían que el dinero que nos daban era un donativo, estos funcionarios fueron por un policía para detener a un integrante del público, después llegaron tres camionetas de diferentes grupos policiacos que con amenazas, intimidaciones y burlas nos decían que nos retiráramos.

Queremos poner énfasis en que la problemática que el grupo esta denunciando no es un hecho aislado es una problemática que han sufrido y sufren muchos artistas, colectivos, organizaciones culturales y sociales de nuestra entidad, porque esto el reflejo de políticas culturales poco estudiadas, y de políticas públicas que no están atendiendo a necesidades y exigencias reales.

Es importante recordar el papel de los espacios públicos en una sociedad , ya que son espacios de convivencia, organización social, creación, denuncia, libertad, un lugar en donde entran todas las perspectivas, en donde tenemos la oportunidad de escuchar y ser escuchado, de conocer al otro y reconocernos en el, donde diferentes puntos de vista confluyen y se relacionan.

Actualmente las políticas empleadas son de restricción a los espacios públicos para la población en general y de apertura y preferencia para las empresas privadas.

No queremos un permiso para trabajar, sin embargo creemos que los espacios públicos tiene que ser regulados, pero está regulación tiene que venir de la población y sus necesidades, en este sentido pensamos que el uso del espacio público se tendría que regir por normas de convivencia, es necesario que los gobernantes abandonen sus escritorios, empiecen a escuchar y a mandar obedeciendo.

Por ello convocamos a todos los artistas, colectivos, grupos culturales y sociales, académicos, espectadores activos y población en general que estén interesados en la reivindicación de los espacios públicos se sumen a esta exigencia, haciendo escuchar su punto de vista, abriendo el debate y el dialogo, proponemos que lo hagan por desplegados, cartas a editoriales de periódicos locales o nacionales, correos masivos, o cualquier forma que imaginen, pero sobre todo los queremos invitar a okupar el zócalo este domingo 31 de agosto a partir de las doce del día (con obra artística, modulos de información, lectura de poesía, etc). Los espacios públicos sólo serán reivindicados si los ciudadanos, los artistas, y las diversas organizaciones sociales habitan los espacios, los alimentan, los viven. ¡Llenemos el zócalo de arte, cultura, vida y movimiento!

La calle es de todos.

Por la reivindicación del uso de los espacios públicos.

OkupArte.

http://es.youtube.com/watch?v=S2U3CxjZeqQ

ojo con este link

Inicia Contraloría Investigación para deslindar responsabilidades ante presunta agresión a periodista

Inicia Contraloría Investigación para deslindar responsabilidades ante presunta agresión a periodista 
 
La Contraloría Municipal inició una investigación –de oficio- en esta ocasión por la presunta agresión que el periodista Julio Martínez, asegura haber sufrido por parte de elementos de Vía Pública durante un operativo en el que se exhortaba a vendedores informales a no comercializar sus productos en las calles del Centro Histórico.

El Subcontralor de Responsabilidades del Ayuntamiento, Moisés Romero Carreto, explicó que a invitación de la Contraloría, el reportero acudió a la oficina municipal, para declarar sobre los hechos, ya que esta información será tomada en cuenta para la investigación.

Durante su comparecencia realizada esta tarde, Julio Martínez reconoció el apoyo y agradeció la asesoría que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal le brindó en el lugar de los hechos, como habitualmente lo hace.

El Ayuntamiento de Puebla reitera el apego estricto a la legalidad en todos los actos de gobierno y el respeto absoluto a las garantías individuales de los periodistas.

Durante la investigación, de ser necesario, se procedería a separar temporalmente del cargo, a los servidores públicos presuntamente involucrados para facilitar el curso de dicho procedimiento, puntualizó Romero Carreto.

 

Impunidad en agresiones a periodistas genera autocensura, señala informe internacional

Impunidad en agresiones a periodistas genera autocensura, señala informe internacional


Autoridades no investigan agresiones a periodistas, destaca el informe de organizaciones internacionales de protección a periodistas



México D.F., 18 de agosto de 2008 (Cencos).- La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentran en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura. La responsabilidad directa de esta situación recae en el gobierno mexicano, apunta la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación en el informe Libertad de prensa en México: la sombra de la impunidad y la violencia.

Tras entrevistarse con víctimas, familiares, autoridades a nivel federal y estatal, y organizaciones de derechos humanos en cinco ciudades de la República, la Misión Internacional relata que como principales obstáculos a la libertad de prensa se encuentran “el crimen organizado que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra periodistas y garantizar su seguridad”.

Los tres ejes en que articulan los resultados de la misión incluyen análisis sobre la seguridad y protección, autocensura y la impunidad, de tal forma que primero se expone el contexto y la situación en que las agresiones a los y las periodistas, así como a los propios medios de comunicación, suceden; y más adelante, se detallan el grado de autocensura por parte de los propios comunicadores y comunicadoras como “medida de autoprotección” así como una evaluación sobre la impunidad en que se perpetran los crímenes contra la libertad de prensa, ya sea por los distintos gobiernos o por el crimen organizado y otros actores sociales.

Dentro del eje “seguridad y protección” se evalúa que buena parte de las agresiones a medios de comunicación comunitarios o de poco alcance se dan en primer lugar por que el gobierno ni siquiera los considera medios de comunicación y por lo tanto los deja desprotegidos, “una de las formas de poner en riesgo a los medios de comunicación es marginarlos y restarles legitimidad” dice el informe frente a casos como el de Radio Bemba, medio que ha sido acosado y atacado por el crimen organizado.

Los mecanismos de acción para proteger a los periodistas por parte del gobierno parten de un sistemático despojo de la protección, ya que “las indagaciones se centran en confirmar que el periodista no cumple con los requisitos legales que lo acreditan como tal, en vez de emprender acciones positivas para prevenir los ataques o investigar las causas de estos”. Entre otros problemas que identifican es la falta de organización dentro del sector de los medios de comunicación para proteger a sus trabajadores así como el insuficiente número de denuncias realizadas por los comunicadores agredidos frente al creciente número de agresiones.

Tras la relatoría sistematizada de las experiencias que la Misión pudo recoger entre el 19 y el 26 de abril de 2008, en el Informe se dan observaciones y recomendaciones que, dirigidas al Estado Mexicano, buscan presionar para que se tomen medidas urgentes que frenen al acelerado deterioro de las condiciones de los hombres y mujeres que ejercen el periodismo en nuestro país y se den condiciones para evitar la violación a la libertad de prensa que afecta no sólo a los y las trabajadoras de los medios de comunicación sino a la sociedad que deja de recibir la información o que la recibe distorsionada también por el fenómeno de la autocensura.

En éstas, la Misión Internacional, pide al Estado, la comunidad de periodistas y medios de comunicación, así como a la sociedad civil organizada, que se promueva “un ambiente abierto, diverso y pluralista para el ejercicio de la libertad de prensa”, se impulse “el ejercicio de un periodismo independiente, profesional y objetivo” que empodere a la sociedad mexicana, que se adopten medidas para “poner un alto a las amenazas, hostigamientos, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales”, así como también se investigue efectiva y transparentemente las agresiones (asesinatos, desapariciones, amenazas, etcétera) a los y las periodistas; y finalmente afirma que sin importar el origen de las violaciones ala libertad de prensa, el responsable de “prevenir, investigar y castigar a los autores materiales a intelectuales” es el Estado mexicano.

Se solicita también al jefe del Ejecutivo mexicano, Felipe Calderón, por parte de las organizaciones que integran la misión, Article 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Comité para la Protección de Perioditas (CPJ), Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), la Fundación Rory Peck Trust, Instituto Internacional de la Prensa (IPI), International Media Support (IMS), Open Society Foundation (OSF), Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la UNESCO, “una explicación oficial y una disculpa” porque durante su visita, integrantes de la misión fueron confrontados por el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano, cuando se reunieron con él 21 de abril pasado.

Otra de las aristas del informe recoge tangencialmente una reflexión de la Misión provocada a propósito de la regulación de los medios de comunicación en México donde se puntualiza la importancia de que prospere una nueva legislación en materia de medios, tema que aún se mantiene vigente tras la caída de la ley Televisa

Escolta del procurador agrede a periodista en Casa Aguayo

Escolta del procurador agrede a periodista en Casa Aguayo

Martín Hernández- La corresponsal de la emisora Radio Trece, Marisol Córdova, que transmite desde la capital del país, fue agredida esta mañana por una escolta del Procurador General de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, cuando la periodista intentó entrevistarlo en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local. La informadora pretendía preguntarle al funcionario sobre el fuerte dispositivo de seguridad que se montó la noche de ayer para custodiar a los detenidos que estuvieron a punto de ser linchados en Tlapanalá el pasado fin de semana, y de los cuales se presume que son integrantes de la banda de sicarios conocida como los Zetas.El guarura del procurador sujetó por el cuello a la reportera y aunque Archundia se dio cuenta de los hechos, no hizo nada para evitar la vejación.Minutos después el Procurador se comunicó telefónicamente con la agraviada para disculparse por el comportamiento de su subalterno.

Presentación del Informe Libertad de Prensa en México: La Sombra de la Impunidad y la Violencia

Presentación del Informe Libertad de Prensa en México: La Sombra de la Impunidad y la Violencia
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Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de ONG, Derechos Humanos y corresponsales

Invitación a conferencia de prensa

Después de la visita a México, en abril pasado, de representantes de organizaciones internacionales en materia de promoción y defensa de las libertades de expresión y prensa, la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación convocada por Article 19 e International Media Support, presentará el informe

Libertad de Prensa en México: La Sombra de la Impunidad y la Violencia

Lunes 18 de agosto de 2008 a las 15:30 horas en el Hotel Meliá México Reforma, ubicado en avenida Paseo de la Reforma No. 1 colonia Tabacalera, Ciudad de México

Favor de confirmar su asistencia al correo electrónico: cynthiac@article19.org

ARTICLE 19 – México
Medellín 33 Col. Roma
México D.F. 06700
Tel: 1054-6500
Fax: 1054-6400
www.article19.org

Mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo al Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) a los teléfonos 55 33 64 75 (76) extensión 104.

Incumplen congresos estatales reformas a leyes de transparencia

El Poder Legislativo incumple previsión constitucional en materia de transparencia y acceso a la información

Comunicado de prensa

Alrededor de 17 congresos locales y el Congreso de la Unión incumplieron el día de hoy, la obligación constitucional de modificar las leyes de transparencia y acceso a la información.

El 20 de julio de 2007 se publicó una reforma constitucional por medio de la cual se regula de forma específica el derecho fundamental de acceso a la información en México. El Artículo Segundo Transitorio del Decreto de promulgación señala la obligación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal de expedir leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia o realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este decreto. El día de ayer se venció este plazo.

El vigente Artículo Sexto Constitucional, y al que deben ajustarse las leyes, establece que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal se regirán por los principios de máxima publicidad, protección de datos personales y la garantía de acceso gratuito a la información pública.

Este artículo pone especial énfasis en el establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se lleven a cabo ante órganos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión.

La disposición constitucional establece la obligación de las autoridades de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y el deber de modificar las leyes para sancionar la violación de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información.

Sin embargo, a partir del 20 de julio de 2007 solamente los Estados de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla, el Distrito Federal y Zacatecas han modificado la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. Se observa que las iniciativas aprobadas han incumplido con la previsión constitucional en relación con la expedición de leyes en materia de protección de datos personales y archivos.

Además, existe evidencia de una creciente tendencia para despojar de sus facultades a los institutos de transparencia y acceso a la información. Los casos ilustrativos son Querétaro y Jalisco. En el primer caso se reformó la Constitución local para fusionar al Instituto de Transparencia con la Comisión de Derechos Humanos atentando contra el principio de especialización de los órganos garantes establecido en el Artículo Sexto Constitucional; y en el segundo caso se intentó debilitar la autonomía de decisión del órgano garante a través de hacer posible que sus resoluciones fueran impugnadas por el Tribunal Administrativo a petición de los sujetos obligados.

En relación con la obligación del Estado Mexicano de adoptar disposiciones legislativas que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, compromiso sustraído por el gobierno mexicano en tanto signatario del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, solamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha mostrado la voluntad política para superar los pisos mínimos establecidos en la Constitución.

La legislación del derecho de acceso a la información debe considerar que este derecho, además de ser un derecho fundamental, es un derecho facultativo para la exigencia de otros derechos. Las declaraciones del Relator Especial para la Libertad de Expresión señalan que el libre flujo de información resulta integral para la protección y ejecución de un amplio rango de derechos diferentes. En este sentido, las iniciativas aprobadas han fracasado en establecer la obligación del Estado de difundir de forma proactiva información de interés público, es decir toda aquella información de cuyo conocimiento depende que una persona pueda o no ejercer y gozar de sus derechos humanos.

De igual forma, las leyes reformadas fallan también en establecer la obligación de los sujetos obligados de publicar indicadores de impacto sobre las funciones sustantivas que desempeñan los entes públicos y que justifican su existencia y la asignación presupuestaria.

Por otro lado, es importante que las futuras legislaciones prevean procedimientos para nombrar a los funcionarios de los grupos colegiados de los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información, de forma acorde con los estándares internacionales. Esto es el proceso de designación debe regirse bajo los principios de transparencia, entre los que destacan la publicación de posibles candidatos, participación pública en el proceso de nominación, promover una discusión pública abierta en torno a los méritos de los candidatos, permitir el veto público para asegurar que los candidatos sean independientes y resolver posibles conflictos de interés.

ARTICLE 19, ALIANZA CÍVICA, COLECTIVO CIMTRA, FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN Y EL COLECTIVO POR LA TRANSPARENCIA ven con preocupación la falta de voluntad política para garantizar avances progresivos en la legislación del derecho de acceso a la información y exhorta al Poder Legislativo a cumplir con el mandato constitucional

Periodista de Aguascalientes es hostigado por autoridades locales para revelar identidad de fuente

México D.F., 14 de julio de 2008.- Alejandro González Muñoz, director general del periódico Noticiario político policiaco El Circo de la ciudad de Aguascalientes (occidente) fue presionado por autoridades ministeriales para revelar el nombre de una persona que brindó información.

El 2 de julio de este año alrededor de las 19:00 (hora local), de acuerdo al testimonio del periodista, llegó a las oficinas del periódico que dirige y al descender de su vehículo distinguió a varias personas que identificó como policías ministeriales, quienes le informaron que tenían una orden para que se presentara a comparecer ante el Agente del Ministerio Público Número 7.

González Muñoz detalla que no presentaron ningún documento que sustentara este hecho y fueron los propios policías quienes lo llevaron a dicha agencia.

Al llegar al Ministerio Público fue llevado a una oficina donde le solicitaron su identificación, misma que fotocopiaron, y fue informado que se encontraba en la agencia en calidad de testigo.

La presentación de Martínez Muñoz ante el Ministerio Público obedeció a la transmisión de una entrevista sobre el asesinato de un empresario local en el Noticiero Buenos días Aguascalientes de la Radio Bi en la frecuencia 790 de A.M., informativo que conduce el periodista. Los agentes cuestionaron al comunicador sobre la identidad de la fuente de información, a lo que afirmó desconocerla.

Ante la respuesta del comunicador las autoridades, como forma de presión, recurrieron al argumento de que si incurría en falsedad de declaración o no brindaba información que conocía, sería sujeto a un proceso penal castigado con tres a cinco años de cárcel.

Las preguntas de los agentes ministeriales se centraron sobre la identidad de la fuente, a lo que el periodista reiteró que desconocía la identidad y que sólo había mantenido contacto telefónico con la persona que le hizo llegar la información de forma anónima.

Posteriormente, para corroborar su declaración se le pidió que mostrara la pantalla de su celular en donde se había registrado el número telefónico de la persona que le había enviado la información, mismo que no se registro debido a que la llamada fue realizada desde un teléfono público. En todo momento del interrogatorio, se encontraron a espaldas del periodista los agentes que lo llevaron ante el Ministerio Público.

Asimismo, le pidieron su número de teléfono celular y una demostración de cómo había hecho la conferencia telefónica para la entrevista transmitida en el Noticiero Buenos días Aguascalientes.

De forma insistente se le interrogó acerca de la fuente de su entrevista y se le pidió que lo narrara nuevamente. Después de cerca de una hora y media de interrogatorio bajo presión de los agentes, llegó el abogado del periodista y en ese instante terminó el interrogatorio.

Para ARTICLE 19 y CENCOS este tipo de prácticas resultan inaceptables ya que contravienen de manera directa el derecho internacional de los derechos humanos y vulneran severamente el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión a través del ejercicio periodístico. Más aún cuando el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión reconoce que "todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales".

En este sentido, el Poder Legislativo aprobó el 27 de abril 2005 una reforma para proteger el secreto profesional de las y los periodistas en el país. Las presiones por parte de cualquier autoridad en contra de periodistas para que revelen la identidad de sus fuentes constituye una violación a al derecho a la libertad de expresión y un delito tipificado en el Código Penal Federal.

Por ello, ARTICLE 19 y CENCOS hacen un respetuoso llamado a Sr. Luís Armando Reynoso Femat, gobernador del estado de Aguascalientes, para que adopte todas las medidas -legales y políticas- para que el derecho a la libertad de expresión sea respetado de manera cabal en el estado que gobierna.

Dia Mundial del Refugiado

8º DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO: REPORTEROS SIN FRONTERAS
PIDE A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA
QUE SE MOVILICEN PARA PROTEGER A LOS PERIODISTAS REFUGIADOS


La organización propone un encuentro con periodistas refugiados, el 20 de junio de 2008 en sus locales.


Cuando faltan poco días para el 20 de junio de 2008, Día Mundial del Refugiado, Reporteros sin Fronteras pide a la comunidad internacional que adopte disposiciones específicas para proteger a los periodistas que se ven obligados a huir de sus países, después de haber sido atacados o amenazados en el ejercicio de su trabajo. Desde el comienzo del año 2007 la organización ha ayudado a 140 profesionales de la información, esencialmente en Africa y Oriente Medio, obligados a abandonar trabajo y familia para emprender el camino del exilio.

Algunos han encontrado un refugio provisional en los países vecinos, donde esperan protección internacional; otros han presentado demandas de asilo en Europa, o en América del Norte."Nos sentimos extremadamente preocupados al constatar que las represalias de gobiernos y grupos criminales, religiosos o políticos, se ensañan con tantos profesionales de los medios de comunicación. Algunos países como Eritrea, Somalia, Irak, Irán o Sri Lanka se vacían de periodistas, desembarazándose al mismo tiempo de testigos molestos para el poder.

La mayoría abandonan precipitadamente su país en condiciones muy peligrosas, viajando de noche, a veces incluso cruzando la frontera a pie o escondiéndose en vehículos improvisados. Con frecuencia buscan refugio en países limítrofes con la esperanza, tantas veces ilusoria, de ponerse a buen recaudo de las persecuciones", ha subrayado Reporteros sin Fronteras.El Día Mundial del Refugiado tiene que permitir devolver la palabra a esos hombres y mujeres desarraigados en busca de un lugar seguro. El exilio no puede ser la victoria de los opresores, reduciendo a los periodistas al silencio. Por eso, Reporteros sin Fronteras ofrece un encuentro con periodistas refugiados en Europa, el próximo 20 de junio en sus locales, a fin de que puedan dar testimonio de sus experiencias.Los periodistas que asistirán son los siguientes:-Than Win Htut (Birmanie)-Massoud Hamid (Syrie)-Jesus Zuñiga (Cuba)-Lucie Umukundwa (Rwanda)-Ahmed Al Allef (Irak)
-Merid Estifanos (Ethiopie)"La larga espera en las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la casi sistemática negativa de las embajadas occidentales a entregarles visados, obligan a una gran mayoría de estos periodistas a engrosar, con peligro de sus vidas, las redes de la emigración ilegal. Es imperativo que los gobiernos occidentales y el ACNUR pongan en marcha procedimientos de entrada protegida y programas de reinstalación de urgencia. Los que llegan a Europa son acogidos de forma muy desigual. Destinos como Suecia o Francia son más favorables a los periodistas, entre otras cosas gracias a la Casa de los Periodistas de París o a dispositivos de acogida satisfactorios. Pero otros países no ofrecen esas mismas condiciones de acogida y apoyo jurídico", ha añadido la organización que ha pedido al gobierno francés que, durante su presidencia de la Unión Europea, aliente la adopción de una política de asilo comunitaria, estableciendo disposiciones específicas para los defensores de la libertad de expresión.Un periodista eritreo, refugiado en la capital sudanesa, ofrece el testimonio de su desesperación:
"Desde hace varios meses me escondo en Jartum, donde he alquilado una habitación porque existe menos riesgo de que me secuestren las fuerzas de seguridad eritreas, presentes aquí. Pero no tengo recursos y comer tres veces al día se ha convertido en un lujo. Me escapé de la cárcel, de las iras del poder, pero nunca había tenido dificultades económicas. Ahora me siento atrapado, lejos de mi casa, frente a problemas sin precedente".

Su sufrimiento es como un eco del de un colega iraní, aislado en Turquía: "Con dos hijos, he esperado durante 23 meses una decisión que me permitiera salir de Turquía. Durante ese tiempo no podía hacer nada, ni mi trabajo ni cumplir con los deberes para con mi familia. Hubo momentos en que deseaba entregarme a mis torturadores. Al menos, en la cárcel no tenía tan mala conciencia".
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Amenazan a Fatima Monterrosa por su investigación en Tlaxcala

Fátima Monterrosa, periodista de investigación para la Revista MX, ha sido objeto de amenazas tras publicar en un artículo titulado "Un Virreynato llamado Tlaxcala".
Dicho texto pone al descubierto una serie de anomalías en la administración del gobierno estatal de Tlaxcala.
El trabajo de Fátima Monterrosa es ampliamente conocido por la comunidad periodística en México, habiéndose desempeñado como corresponsal de diversos medios escritos y electrónicos a nivel nacional.
Durante varios años dio cobertura al alzamiento y la situación de los pueblos indígenas en Chiapas y otros temas relacionados con la pobreza pero su especialidad es el reportaje de investigación sobre temas de corrupción y acceso a la información.
El pasado 21 de mayo obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo "Corrupción en el Estado Mayor Presidencial", en la categoría de Transparencia y Acceso a la Información.
En el reportaje "Un Virreynato llamado Tlaxcala", Monterrosa pone al descubierto una supuesta serie de inversiones financiadas con recursos públicos de Tlaxcala.
Durante entrevista con ARTICULO 19, Monterrosa refiere desde el mes de marzo hasta la fecha ha sido víctima de actos intimidatorios como la presencia de automóviles sin placas o identificación visible en las inmediaciones de las oficinas de la revista para la que trabaja.
El 10 de julio el portal de noticias e-Consulta publicó una nota titulada "Revista Eme Equis está por publicar un nuevo reportaje, con temas inéditos", días después apareció el siguiente mensaje en el apartado de comentarios: "te vamos a matar fatima ni vas a saber donde por andar jugando con personas equivocadas". (sic)
Para ARTICULO 19 y el Colectivo por la Transparencia las amenazas en contra de las y los periodista reproducen y promueven el clima de autocensura y falta de información de interés público presente en el México.
Cabe mencionar que la gran mayoría de las agresiones físicas en contra de periodistas tienen como precedente una acción intimidatoria de este tipo. Las y los periodistas que ejercen el derecho de acceso a la información pública cumplen una función esencial en los sistemas democráticos al proveer de información de interés público para que las personas puedan tomar decisiones libres, autónomas e informadas.
"La censura de una mujer periodista, resulta en un doble agravio para la sociedad ya que afecta su derecho a informarse y a la posibilidad de enriquecer el debate público con la perspectiva y conocimiento producto de la participación equitativa de las mujeres en el libre flujo de informaciones y opiniones."
Dijo Dr. Agnès Callamarde Directora Ejecutiva de ARTICLE 19 ARTICULO 19 y el Colectivo por la Transparencia condena los hechos y expresa su solidaridad con Fátima Monterrosa. Al mismo tiempo hacen un llamado al Estado mexicano para que investigue de manera efectiva para que los autores materiales e intelectuales sean castigados.

Reporteros, por indagar al narco, pese a criminales, bajos salarios y corrupción

Javier Valdez Cárdenas (Enviado) La Jornada

Lima, 10 de junio. Pese a amenazas, bajos salarios y el poder de corrupción del narcotráfico, así como la complicidad de gobiernos hacia el crimen organizado, los reporteros deben seguir investigando sobre el narco y traspasar los velos de hipocresía y mentira oficial, con integridad, coraje e imaginación, afirmaron periodistas de Perú, Colombia, México y Brasil, presentes en Lima en un seminario sobre periodismo y narcotráfico.
Señalaron que la violencia, corrupción e impunidad se han incrementado en México, Brasil y Colombia, además de que la gran capacidad financiera del narcotráfico le permite cooptar a policías, periodistas y directivos de medios de información, pero aun así es posible informar sobre este fenómeno e investigar al respecto.
“Sí es posible el periodismo de investigación en estas circunstancias, a pesar de ellas, pero se necesita el respaldo de los medios, de sus directivos, de los reporteros del sitio para el que uno trabaja, pero también de la sociedad, que no debe dejar solos a los comunicadores”, señaló Miguel Ramírez, del diario peruano El Comercio.
Ramírez recibió el premio a la mejor investigación periodística, entregado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPS), que además organizó este seminario sobre Investigación Periodística del Narcotráfico en América Latina.
El gobierno, los militares y el poder político, agregó, insisten en mentir, ocultar y manipular información, como ocurre en Perú, donde las autoridades persisten en relacionar a los productores de coca con lo que queda de la extinta guerrilla de Sendero Luminoso.
Lucas Jiménez, del diario El Tiempo, afirmó que es difícil investigar cuando se recibe un salario de 250 dólares mensuales, y si los directivos de los medios están más interesados en la nota diaria.
“Pero vale la pena ser tercos e indagar, descubrir detalles que, reunidos, son grandes historias, como la década de la narcoguerra que se vive en parte de Perú y que no se trata debidamente por los medios de comunicación.
Gustavo Gorriti, presidente del IPS, aseguró que “hay que romper, traspasar los velos de hipocresía gubernamental, de fingimiento y mentira oficial, en torno a la lucha contra el narcotráfico… Hay que seguir con la cobertura periodística, seguir hasta donde se llegue, a diferencia de la policía, pues el periodista es, ante todo, un ciudadano que se debe no a los medios, sino a la sociedad”, comentó.
Sergio Machado, reportero del diario brasileño la Folha de Sao Paulo, recordó el caso reciente en el que paramilitares y ex militares torturaron en su país a dos periodistas, y dijo que de las 513 favelas que hay en Río de Janeiro, 75 por ciento están controladas por estos grupos delictivos, relacionados con el narco.
“Por un lado está el narco y por otro la milicia, con paramilitares, y la policía, que no tiene capacidad técnica, reprime, no está preparada y es corrupta”, manifestó.
Las corporaciones brasileñas, sostuvo, están coludidas con narcotraficantes de Paraguay, y a pesar de las denuncias periodísticas, no hay indagatorias de la policía ni detenciones.
Amaury Ribeiro, del Correio Braziliense, aseguró que de 5 mil operaciones financieras en su país, apenas 10 por ciento es rastreada por Hacienda.
Los mexicanos Ignacio Rodríguez, director de la revista Emeequis, y Sergio Haro, periodista del semanario tijuanense Zeta, coincidieron en que el narcotráfico ha permeado todas las esferas del país, y el gobierno, que emprende nuevas acciones contra los cárteles de la droga, involucrando a más efectivos militares, ha perdido la lucha contra el crimen organizado.
Ginna Morelo, reportera de El Meridiano, de Córdoba, Colombia, señaló que con los niveles de complicidad entre paramilitares y narcotraficantes, los niveles de temor y criminalidad no son menores, pero “con un poco de irresponsabilidad y de audacia hay que seguir contando lo que pasa, informándole a la gente”, dijo.
Hollman Morris, del programa Contravía, convocó a los reporteros a terminar con el prejuicio de que son delincuentes todos los campesinos que siembran hoja de coca en Colombia, difundido por el gobierno y algunos medios de comunicación; por el contrario, los productores no cuentan con la opción de otros cultivos ni con el apoyo gubernamental para modificar sus formas de vida y sustento.
Martha Soto, del matutino bogotano El Tiempo, llamó a no sembrar la desesperanza entre los reporteros, pese a las adversidades, y se pronunció por “colombianizar” otros países, a través de esquemas operados por periodistas de diferentes medios en este país, que realizan conjuntamente indagatorias sobre ejecuciones y emprenden acciones de defensa de comunicadores amenazados “para que no nos gane la democracia narcotizada”.

Se restringe la distribución de la revista Proceso en Sonora.

México D.F., 13 de mayo 2008.- La edición del semanario impreso Proceso del 27 de abril de 2008, donde en portada se mostraba el gobernador de Sonora (noroeste), Eduardo Bours bajo el título de Narcopoder en Sonora e incluía un reportaje, fue comprada masivamente antes de su distribución en dicho estado.

Entre el 27 de abril y el primero de mayo de 2008, en diversos municipios del estado de Sonora se realizaron compras masivas del ejemplar no. 1643 de la revista Proceso, según información proporcionada por Margarita Carreón, gerente de ventas y mercadotecnia de este semanario a Cencos.

Dicho ejemplar, además de contar en portada al gobernador Bours, incluía un reportaje sobre su fortuna, la utilización de su poder político para el beneficio de distintas empresas familiares y la posible relación de éstas con el narcotráfico y lavado de dinero.

A raíz de este artículo, según información publicada por el semanario, personas que dijeron ser empleados del gobierno compraron alrededor de 3 mil 530 ejemplares; esto de manera directa con la empresa encargada de la distribución de la revista en el estado.

Algunos ejemplares que lograron circular en locales cerrados, fueron de igual forma adquiridos sin llegar a la venta al público. La censura previa se vio reforzada por llamadas telefónicas recibidas en la redacción de la revista, las cuales informaban sobre la situación y solicitaban saber sobre próximas fechas en las que enviarían más ejemplares del número. Se presume que estas llamadas fueron elaboradas por empleados del gobierno.

Posterior a este evento, en conferencia de prensa, el gobernador del estado se deslindó de la información publicada en el semanario y aseguró estar en contacto con la Procuraduría General de la República (PGR), a quien le solicitó de manera directa una investigación sobre los señalamientos hechos por la revista.

Este caso tiene como antecedente el decomiso efectuado a la revista Contralínea en el mismo estado en el mes de enero del año pasado por un reportaje en el cual se establecían las intenciones del gobernador por expropiar la Isla Tiburón para beneficio de sus empresas.

Al igual que la compra masiva efectuada en octubre del año pasado en el estado de Guanajuato (centro) hacia Proceso. En esa ocasión, la revista publicó un reportaje en el cual se informaba sobre los negocios de la familia Bribiesca (familia de la esposa del expresidente Vicente Fox) y sus nexos con la política.

Para la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) la libertad y difusión de las ideas son indivisibles, en los términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha instancia sostiene que la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo.

Los artículos 13.2 y 13.3 de la Convención Americana prohíben explícitamente las restricciones a la libertad de expresión mediante "vías o medios indirectos, encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". Específicamente, el artículo 13.3 prohíbe expresamente los "controles particulares" con la misma intención. El respeto a la libertad de expresión se extiende a la producción y la difusión del pensamiento, según el concepto de la Corte IDH existe censura previa cuando se afecta una u otra.

ARTICLE 19 y CENCOS reiteran su llamado al Estado, para que de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se respete el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el estado de Sonora. ARTICLE 19 y CENCOS demandan que se tomen medidas de no repetición de estos hechos, ya que el derecho de la sociedad a estar informada sobre temas de interés público es fundamental en un estado de derecho democrático.

Periodistas Agredidos por Agentes de la Policía Federal Preventiva cuando cubrían operativo

El 6 de mayo, cuatro reporteros del periódico El Debate del estado de
Sinaloa, fueron agredidos y amenazados por agentes de la Policía Federal
Preventiva al momento de cubrir la instalación de un retén en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, esto en el marco de la política de lucha contra el
narcotráfico instrumentada por el gobierno federal en México.

México D.F., 8 de mayo de 2008.- Los reporteros Giovanni Elizalde, Leo Espinoza, Torivio Bueno y otro periodista fueron agredidos y amenazados por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuando cubrían la instalación de un punto de control (retén) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa (norte). De acuerdo con los testimonios recabados, cerca de 10 elementos de la PFP rodearon a los periodistas apuntándoles con sus armas

Los hechos sucedieron cuando uno de los reporteros captó algunas imágenes con su cámara fotográfica, lo que ocasionó que los elementos de la PFP lo persiguieran hasta las oficinas del periódico. Debido a esto, cerca de 20 elementos rodearon las instalaciones del rotativo y entraron en busca del reportero.

Al mismo tiempo, otro grupo de policías federales detuvieron de manera arbitraria e ilegal a Torivio Bueno, quien fue retenido por varios minutos en una patrulla sometiéndolo a golpes, malos tratos y violencia psicológica. Posteriormente fue liberado en una de las calles principales de la ciudad.

En entrevista telefónica una fuente consultada señaló que "existe un miedo latente en los periodistas. No sabemos como van reaccionar (los agentes de la PFP), cualquiera puede ser la siguiente víctima."

Esto es muestra del creciente clima adverso para ejercer el periodismo y la inseguridad que se vive en la región, que va en detrimento del derecho de la sociedad a ser informada.

Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente estos hechos, debido al efecto nocivo que producen para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y prensa, ya que cualquier restricción a estos derechos fundamentales debe ser prescrita por ley para prevenir el uso discrecional y/o discriminatorio de las mismas.

La salvaguarda de la seguridad pública y nacional es potestad exclusiva de los Estados, y no debe ser utilizada como pretexto para conculcar la libertad de expresión y prensa.

Cabe mencionar que en 1996, la Relatoría Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, así como la Comisión de Derechos Humanos del mismo organismo reconocieron los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, como lineamientos a seguir en protección a estos derechos en situaciones que incluyen estos elementos.

Article 19, Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Fundación Prensa y Democracia (Prende) reiteran su llamado al Estado Mexicano para que, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales sobre el tema, adopte las medidas necesarias para que las fuerzas de seguridad nacional garanticen y respeten el pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa.

5 de mayo

A real suck

Vea a unos gringos ' fuera de sinck' y cagándose de la risa, cantando el himno nacional mexicano!!


EE.UU canta Mexico

México: Misión Internacional sobre Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación

Por iniciativa de ARTICLE 19 y con el apoyo de International Media Support (Dinamarca) se ha convocado a las organizaciones internacionales especializadas en la promoción y defensa de la libertad de expresión a realizar una visita de trabajo al país.

Del 21 al 25 abril, la Misión sostendrá reuniones de trabajo con autoridades federales y locales, asociaciones gremiales, periodistas, locutores, dueños de medios de comunicación, así como con víctimas, sobrevivientes y sus familiares.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado el clima adverso para el ejercicio de la libertad de expresión que impera en México. En particular, existen señalamientos sobre la espiral de violencia, impunidad y autocensura que ha echado raíces en país en detrimento del derecho de la sociedad a estar informada.

Los actos contra los periodistas han ido en aumento, desde 2003 en que se registraron 76 casos; la cifra creció a 92 en 2004 y se mantuvo con 93 en 2005; y a lo largo de 2006 los golpes se multiplicaron para sumar 131 incidentes. Aunque en 2007 la tendencia registró un ligero descenso, el panorama continua siendo desolador.

El objetivo central de la Misión se centra en realizar una evaluación sobre la situación de las libertades de expresión y prensa en regiones claves tanto en el norte como en el sur del país, tales como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Sonora, con el fin de brindar apoyo al gremio periodístico local y sensibilizar en ese mismo nivel sobre los riesgos que enfrentan las y los comunicadores.

En particular, explorar la viabilidad de las instancias creadas para atender la situación mediante el establecimiento de un diálogo con autoridades federales y estatales, así como con actores clave para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.Entre las organizaciones participantes se encuentran: ARTICLE 19, International Media Support (IMS), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Rory Peck Trust Fund, Reporteros sin Fronteras, Federación Internacional de Periodistas, International News Safety Institute (INSI), Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia), Instituto Internacional de la Prensa (IPI), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Open Society Institute (OSI) y UNESCO.

Como resultado de la Misión, las organizaciones participantes elaborarán y presentarán públicamente un informe sobre los hallazgos en materia de libertad de expresión y prensa que contendrá recomendaciones específicas al Estado mexicano.

89 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata

Por qué Chávez censuró a Homero

CARACAS.— En la ficción, Homero Simpson ofreció vender uranio al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero la mercancía se extravió.
En la realidad, el gobierno de Chávez ordenó que Los Simpson, el popular programa sobre una típica (y extraña) familia de Estados Unidos, deje de ser transmitido por Televen, uno de los principales canales privados.
La serie, alegó, no es apta para niños.
¿Pero cuál será la verdadera razón? ¿Será porque Homero es técnico en una planta nuclear y alguna vez frustró un negocio de uranio con Chávez? ¿O porque Homero y el resto de personajes de la serie animada ridiculizan con frecuencia al mandatario, ataviado de militar, y al convaleciente ex presidente de Cuba, Fidel Castro, el ídolo y más fuerte aliado del venezolano y su revolución bolivariana?
Más allá de anécdotas, la orden vuelve a lanzar dudas sobre los límites a la libertad de expresión en Venezuela.
La salida del aire de las andanzas de Homero y su familia reitera los temores sobre el progresivo y creciente control de Chávez sobre los medios de comunicación.
Aparte de controlar Venezolana de Televisión, más de 150 canales, más de 450 estaciones radiofónicas y una gran cantidad de periódicos regionales, el gobierno está en una “guerra mediática” frente a los tradicionales periódicos y medios televisivos nacionales.
“Intereses imperialistas y la oligarquía han contrapuesto a las fuerzas motoras de la revolución bolivariana un poderoso aparato comunicacional”, aseguró un editorial del diario Vea, ligado al gobierno.
El ex candidato presidencial Manuel Rosales, un disidente del chavismo, dijo a EL UNIVERSAL que la libertad de expresión en Venezuela “en cierto modo es una fachada democrática”

Alerta-LE: Asesinan a dos locutoras de radio comunitaria en Oaxaca

Alerta-LE: Asesinan a dos locutoras de radio comunitaria en Oaxaca



México D.F., 8 de abril de 2008.- Las locutoras de la radio comunitaria "La Voz que Rompe el Silencio" en la población de San Juan Copala, Oaxaca (sureste de México), Felicitas Martínez Sánchez de 21 años y Teresa Bautista Merino de 24 años de edad, murieron al recibir impactos de bala por parte de un grupo de desconocidos que las emboscaron cuando viajaban por la carretera que conduce del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero en el estado de Oaxaca, mientras que cuatro personas más resultaron heridas.
De acuerdo con información difundida por el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A. C., CACTUS, -organización civil que desarrolla trabajo comunitario en la zona- la emboscada fue entre las 13:00 y las 14:00 horas del 7 de abril. La policía encontró al menos una veintena de casquillos percutidos de calibre AK-47, según han reportado algunos medios de comunicación.
La Radio “La Voz que Rompe el Silencio” es una radio comunitaria que transmite desde enero del año pasado; este proyecto comunicativo está integrado en su mayoría por jóvenes y adolescentes del pueblo triqui. Es importante mencionar que esta radio inició transmisiones con motivo del primer aniversario del municipio autónomo de San Juan Copala.
Omar Esparza, coordinador del área de derechos humanos de CACTUS, dijo que “el grupo había salido a reportear, a grabar a la gente. Eran comunicadoras indígenas que cumplían un cargo encomendado por las autoridades comunitarias”. Esparza concluyó expresando que “es una lástima que nadie haya atendido las denuncias que venimos haciendo sobre la situación crítica que vive la región desde hace unos cinco meses”.
Los hechos se suman al contexto de inseguridad y confrontación política que ha caracterizado a esa región, luego de que en enero del año pasado autoridades comunitarias y organizaciones del pueblo triqui (grupo indígena de la región), declararan la creación del municipio autónomo de San Juan Copala a 350 kilómetros de la capital del estado.
Este lamentable episodio se suma a la larga lista de ataques perpetrados en contra de las y los comunicadores en Oaxaca, como resultado de las condiciones de inseguridad en la que estas personas se ven obligadas a ejercer la libertad de expresión y de prensa.
Esto situación se agrava aún más respecto a las radios comunitarias, como ejemplo de ello, los casos de agresiones encontra de las y los integrantes de Radio Nandia y Radio Calenda también con sede en el estado de Oaxaca, aun permanecen impunes.
ARTICLE 19 y Cencos reiteran el llamado respetuoso al Estado mexicano para que adopte todas las medidas, tanto de orden legislativo como político, para otorgar las garantías de seguridad física y jurídica a las personas que ejercen las libertades de expresión y prensa, de acuerdo con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Expresamos nuestra solidaridad y condolencias con las y los familiares y colegas de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino.
NOTAS PARA EDITORES
Esta información es autoría de Cencos y Article 19. Favor de reconocerla al difundirla o utilizarla.
*Para mayor información favor de contactar a Ricardo González, Oficial de Programa de Article 19, +52 (55) 1054-6500 ricardo@article19.org y Omar Rábago, Área de Educación e Investigación de Cencos +52 (55) 5533-6475/76 ext. 108 omar.rabago@cencos.org.
*ARTICLE 19 es una organización internacional de derechos humanos con un mandato específico en la promoción y defensa de la libertad de expresión.
*CENCOS fue la primera organización en denunciar las agresiones contra periodistas en México iniciando está actividad a mediados de los años setentas. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

Memorias de una infamia- Videos de la presentación.

Estos son videos que tomó Rotmi Enciso el día de la presentación.

Memorias de una infamia en Puebla

México se está convirtiendo en una nueva Tailandia: Aristégui
Caduco el diseño institucional de protección de garantías individuales: Lorenzo Córdova

Mario Martell/ Tres periodistas que han denunciado la pederastia en este país —San Juana Martínez, Lydia Cacho y Carmen Aristégui—colmaron el zócalo de la ciudad de Puebla y criticaron al sistema judicial por su falta de protección a las garantías individuales.
La periodista Carmen Aristégui —quien salió el año pasado de W Radio por las posiciones críticas en su espacio radiofónico—advirtió sobre el comercio sexual de infantes y las redes de prostitución infantil, punto central del libro “Los Demonios del Edén”, al señalar que “México se ha convertido en una nueva Tailandia”.
Los riesgos del trabajo periodístico en México, la impunidad, la deficiencia del sistema judicial, el comercio sexual de niños y niñas, las redes de tráfico de niños y pederastia, la protección gubernamental a los pederastas, la libertad de expresión y la censura, los gobers preciosos, y la memoria histórica como forma de resistencia, fueron los temas abordados durante la presentación del libro “Memorias de una Infamia”.
—¡No estás sola, no estás sola!— se escuchó en el zócalo de Puebla.
Profesores universitarios, estudiantes, escritores, activistas, ciudadanos, familias completas que aprovecharon el sábado, y mujeres, muchas mujeres de todas las edades, soportaron tres horas de discursos, y hubo quienes aguantaron otra hora para que saludar a Lydia Cacho con el pretexto del autógrafo, robarle una fotografía a Carmen Aristégui quien no se cansó de sonreírle a los radioescuchas que la extrañan y escuchar sus palabras de aliento.
La presentación de Memorias de una Infamia recuperó las consignas en contra de Marín y Felipe Calderón —Calderón y Marín, la misma porquería, lo que ruborizó a algunos panistas asistentes al zócalo— y prendió las porras a favor de Carmen Aristegui quien se robó la simpatía y el corazón de los poblanos y poblanas.
“Soñamos con un país en el que 16 mil niñas al año no sean compradas y vendidas por los tratantes de personas, donde las y los periodistas no tengan que jugarse la vida y el sustento por hacer un trabajo digno”, dijo la periodista Lydia Cacho Ribeiro, que regresó a la ciudad de Puebla para presentar su libro en un ambiente donde confluyeron rumores fatalistas con expectativas .
Durante dos horas, la autora de Memorias de la Infamia, acompañada de las periodistas Carmen Aristégui y Sanjuana Martínez firmaron autógrafos a sus groupies.
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Las mujeres fueron las protagonistas de la presentación del libro “Memorias de una Infamia” pero quien profundizó en la decisión de la Corte sobre el caso Lydia Cacho fue el doctor en ciencia política, Lorenzo Córdova Vianello.
Córdova Vianello criticó el diseño institucional del país: “En México existe deficiente diseño constitucional para la defensa de las garantías individuales”.
Córdova Vianello explicó que en México prevalece un “diseño institucional caduco pensado para responder a los problemas de una época del autoritarismo”.
El investigador criticó el marco constitucional que deja vulnerables a los ciudadanos frente a los abusos del poder. Sin embargo, cuando confundió algunos nombres fue abucheado por los asistentes a la presentación que simpatizaron más con los discursos emotivos que con el frío análisis del politólogo.
“Es un diseño disfucional y deficiente para la protección de los derechos humanos”.
Vianello criticó también el funcionamiento de las comisiones de derechos humanos.
“Las comisiones de derechos humanos quedan subordinadas al poder”
El catedrático expuso que aún cuando la Suprema Corte de Justicia hubiera fallado a favor de la periodista Lydia Cacho Ribeiro “no hubiera pasado nada” porque las decisiones de la Suprema Corte de Justicia sólo tienen un “carácter de recomendación no vinculatoria”.
Vianello recordó el caso de Aguas Blancas cuando la Corte falló a favor de las víctimas de Aguas Blancas y simplemente se turnó una recomendación a las instancias estatales.
El investigador criticó el fallo de la Corte en el caso de los derechos de Lydia Cacho, no obstante, su crítica se dirigió a la indefensión de los ciudadano ante las instituciones.
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“El tema del libro no es un enfrentamiento entre Mario Marín y Lydia Cacho sino cómo el estado y sus instituciones atacan ese sufrimiento siniestro”, dijo María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, investigadora de la Ibero Puebla.
“Lydia Cacho ha recibido esos golpes en nuestro nombre y no se ha dado por vencida”, dijo Sánchez.
María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera explicó que Cacho no se dio por vencida porque pensó en los 40 mil poblanos que salieron a las calles a apoyarla.
Sánchez Díaz de Rivera abrió la ronda de presentadores que probó la capacidad de resistencia de la gente.
Sanjuana Martínez fue recibida con una gran ovación pues a la víspera recibió el premio José Ortega y Gasett que entrega el periódico español El País por una serie de reportajes sobre la pederastia eclesiástica.
“Con su persistencia, Lidia Cacho demostró que ni la ética ni el periodismo son negociables”
“El poder judicial está orquestado para silenciar a las víctimas”, dijo la periodista a la que se le censuró su columna en el periódico Milenio de la ciudad de Monterrey.
La autora de el “Manto Púrpura” pidió que no se olvide el Caso Cacho ya que explicó: “Nuestra memoria histórica es tan importante como el presente(..) su caso demuestra el fracaso del sistema judicial.
El antrópologo de la UAP, Julio Glockner Rossáinz, calificó a las periodistas Aristégui, Martínez y Cacho son “irreverentes”, ya que “no le guardan ninguna reverencia al poder político”.
Glockner Rossáinz anunció una campaña de firmas para que a la periodista Cacho Ribeiro la UAP le entregue el Doctorado Honoris Causa.
“Póngase cómodos en este muladar que aquí mandamos nosotros, nos dice el poder”, afirmó Glockner.
Glockner criticó al juez Aguirre Anguiano, quien votó en contra de la investigación del ministro Juan Silva Meza: “Señor Aguirre Anguiano, mejor dedíquese a otra cosa”.
“Todo consiste en apechugar hasta logró dar conferencias el señor gobernador, antes se enseñaba civismo ahora se enseña cinismo”.
Lo que fue celebrado por los asistentes.
Glockner criticó a los empresarios “Primero vociferaron. Luego nos dejaron una lección clara. No hay que preguntarles lo que piensan sino cuánto cuesta lo que opinan”.
La periodista Carmen Aristégui fue recibida con gritos de apoyo.
Aristégui, autora del prólogo de Memorias de la Infamia, leyó el prólogo, escrito en octubre del año pasado, actualizándolo con algunos comentarios.
La conductora de CNN fue constantemente interrumpida por los aplausos del público.
Por su parte, la periodista Lidia Cacho Ribeiro—de pie— agradeció a los poblanos su solidaridad.
Y señaló que la suya es una “conspiración por la paz”.
“Dicen ahí que venimos a conspirar, y a eso venimos, porque conspirar significa respirar el mismo aliento, todas y todos unidos”
“Vengo a decirles que la conspiración por la paz y por la justicia, apenas comienza”.
La autora de los Demonios del Edén agradeció el apoyo que recibió de los medios de comunicación, de periodistas y de los ciudadanos que la apoyaron en todo el país .