Preocupante estado de inseguridad de periodistas en México

Preocupante estado de inseguridad de periodistas en México

México D.F., 20 de noviembre de 2008 (Cencos).- El derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país presenta focos rojos en 2008. El periodismo en México, de norte a sur del territorio, se ha convertido en una labor de alto riesgo.
Las y los comunicadores enfrentan cada día con mayor frecuencia amenazas, agresiones, asesinatos y desapariciones ante la falta de garantías de seguridad por parte del Estado para ejercer la labor de informar a la sociedad, requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Lo anterior pone de manifiesto la vulnerabilidad con la que laboran las y los periodistas y la ausencia de una política de previsión y seguridad por parte de las empresas de comunicación ante los riesgos que asumen comunicadores y comunicadores al cubrir temas de interés nacional.
Autoridades municipales, estatales y federales, elementos del Ejército mexicano, agentes policiales así como el crimen organizado son los principales agresores de periodistas, que responden de forma violenta al ver afectados sus intereses.
El Estado así como las empresas de comunicación fallan al dejar desprotegidos a los periodistas. Uno de los casos que ejemplifican claramente lo anterior es el asesinato del reportero Armando Rodríguez de El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua.
A principios de este año Armando Rodríguez y otros siete periodistas que cubrían la fuente policiaca fueron amenazados de muerte, lo que obligó al reportero de El Diario a abandonar su empleo temporalmente en un autoexilio en El Paso, Texas, Estados Unidos. Al regresar a su lugar de residencia y trabajo fue acribillado.
México, al ratificar tratados internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José, entre otros, en los que se estipula que la libertad de prensa es un derecho humano inalienable e inherente a todas las personas, está obligado a vigilar y defender este derecho.
El asesinato de un periodista motivado por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura, lo que no sólo coarta el derecho a libre expresión de la víctima sino también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse, como lo establece el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. De igual modo, el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec refuerza este mismo punto.
Por ello, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los autores, así como "asegurar una adecuada reparación a las víctimas”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentenciado que: "dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares". Esto hace referencia a que no importa quiénes sean los perpetradores –crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera o dentro de la ley- el responsable por guardar la integridad y seguridad de los y las periodistas es el Estado.
El actual contexto de inseguridad que azota a nuestro país y en el que uno de los sectores más afectados es el periodístico, no justifica las agresiones de las que están siendo víctimas las y los comunicadores a lo largo y ancho del territorio.
El grado de intimidación de los poderes fácticos contra la libertad de expresión queda de manifiesto cuando se encontró en la Plaza del Periodista en Ciudad Juárez, Chihuahua, una cabeza humana cercenada cubierta en una bolsa plástica negra, como lo reportaron medios locales.
Ante tal situación, es urgente que las autoridades investiguen y resuelvan los casos anteriores de asesinatos y desapariciones de comunicadores y comunicadoras que siguen sin sentencia o consignación del o los responsables, para cumplir con el derecho a un efectivo acceso a la justicia al que tienen derecho las víctimas y sus familiares.
Es indispensable para garantizar el estado de derecho democrático que el Estado mexicano actúe para poner fin a esta situación donde impera la impunidad que genera más agresiones contra las y los periodistas.
Asimismo, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil que vigilan y promueven la libertad de expresión en nuestro país continúen con la labor de registrar y denunciar las agresiones y demandar al Estado cumpla con su mandato constitucional de velar por la seguridad de las y los periodistas, así como hacer eficientes las instancias gubernamentales encargadas de vigilar el cumplimiento de este derecho fundamental.
De igual forma se hace urgente un esfuerzo de empresarios dueños de medios de comunicación, directivos y editores mediante el cual se brinden mecanismos de protección y seguridad a la integridad física de las y los periodistas, ya que las agresiones no solo afectan a las personas y a las empresas, sino a la sociedad en su conjunto.
Centro Nacional de Comunicación Social