El 6 de mayo, cuatro reporteros del periódico El Debate del estado de
Sinaloa, fueron agredidos y amenazados por agentes de la Policía Federal
Preventiva al momento de cubrir la instalación de un retén en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, esto en el marco de la política de lucha contra el
narcotráfico instrumentada por el gobierno federal en México.
México D.F., 8 de mayo de 2008.- Los reporteros Giovanni Elizalde, Leo Espinoza, Torivio Bueno y otro periodista fueron agredidos y amenazados por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuando cubrían la instalación de un punto de control (retén) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa (norte). De acuerdo con los testimonios recabados, cerca de 10 elementos de la PFP rodearon a los periodistas apuntándoles con sus armas
Los hechos sucedieron cuando uno de los reporteros captó algunas imágenes con su cámara fotográfica, lo que ocasionó que los elementos de la PFP lo persiguieran hasta las oficinas del periódico. Debido a esto, cerca de 20 elementos rodearon las instalaciones del rotativo y entraron en busca del reportero.
Al mismo tiempo, otro grupo de policías federales detuvieron de manera arbitraria e ilegal a Torivio Bueno, quien fue retenido por varios minutos en una patrulla sometiéndolo a golpes, malos tratos y violencia psicológica. Posteriormente fue liberado en una de las calles principales de la ciudad.
En entrevista telefónica una fuente consultada señaló que "existe un miedo latente en los periodistas. No sabemos como van reaccionar (los agentes de la PFP), cualquiera puede ser la siguiente víctima."
Esto es muestra del creciente clima adverso para ejercer el periodismo y la inseguridad que se vive en la región, que va en detrimento del derecho de la sociedad a ser informada.
Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente estos hechos, debido al efecto nocivo que producen para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y prensa, ya que cualquier restricción a estos derechos fundamentales debe ser prescrita por ley para prevenir el uso discrecional y/o discriminatorio de las mismas.
La salvaguarda de la seguridad pública y nacional es potestad exclusiva de los Estados, y no debe ser utilizada como pretexto para conculcar la libertad de expresión y prensa.
Cabe mencionar que en 1996, la Relatoría Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, así como la Comisión de Derechos Humanos del mismo organismo reconocieron los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, como lineamientos a seguir en protección a estos derechos en situaciones que incluyen estos elementos.
Article 19, Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Fundación Prensa y Democracia (Prende) reiteran su llamado al Estado Mexicano para que, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales sobre el tema, adopte las medidas necesarias para que las fuerzas de seguridad nacional garanticen y respeten el pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
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