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jueves, 5 de marzo de 2009

Reitera Antonio Juárez Acevedo intención de ampararse ante su destitución

Incumple gobierno de Puebla reformas a la ley de transparencia, señala comisionado de la CAIP

Mario Martell/ El comisionado Antonio Juárez Acevedo, -quien fue destituido por el Congreso del Estado y mantiene un proceso legal en contra de su destitución- señaló que el gobierno estatal incumple la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la reforma aumentó los conceptos obligatorios para presentar información pasando de 14 a 12.

Las dependencias estatales sólo presentan 12 de los 14 conceptos, señaló el comisionado Antonio Juárez Acevedo.

Además, el comisionado reiteró que presentará un amparo en contra de la decisión del Congreso Local por destituirlo.

La fecha límite para presentar el amparo es el próximo 11 de marzo.

Las páginas de los sitios estatales no presentan ni la información sobre los recursos públicos que entregan a personas físicas y morales; tampoco, la información actualizada de indicadores de gestión, exigencias de la reforma del año pasado.

“Ahora son 14 las fracciones, antes eran 12, las nuevas son repito indicadores de gestión y los recursos entregados a personas físicas y morales” señaló Antonio Juárez Acevedo, a pregunta expresa, entrevistado una vez finalizada la sesión de la Comisión de Acceso a la Información (CAIP).

Oficina del gobernador debe entregar información

Por otro lado, los comisionados Antonio Juárez Acevedo, Blanca Lilia Ibarra y Samuel Rodríguez Rangel aprobaron un dictamen para que la Oficina del Gobernador, Mario Marín Torres, entregue los gastos de la compra de papel higiénico y botellas de agua en Casa Aguayo.

La información se solicitó el año pasado y ante la negativa de la oficina del gobernador por entregarla se presentó un recurso de revisión, la ponente del caso 29/OTE-04/2008 fue la comisionada, Blanca Lilia Ibarra.

La comisionada ponente señaló que la Oficina del gobernador, Mario Marín Torres, debe entregar la información solicitada en 15 días hábiles.

La oficina del gobernador rechazó entregar la información al solicitante aduciendo que el solicitante debería especificar cuál era la partida solicitada y señalando que dichos enseres no se encontraban registrados en ninguna de las partidas presupuestales.

El solicitante, Ernesto Aroche, presentó un recurso de revisión que ayer fue resuelto a su favor.

De este modo se le deberá entregar al peticionario los nombres de los proveedores y la explicación de porqué fueron contratados, así como los gastos de la compra de papel higiénico y botellas de agua desde el 2005 hasta febrero del 2008.

Aprueban comisionados plan de trabajo 2009

En sesión ordinaria el pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, aprobó el Plan de Trabajo 2009, que servirá como documento rector para encaminar las acciones de la Comisión, con el propósito de intensificar las actividades y alcances de la CAIP para difundir y promover el derecho de acceso a la información en todo el estado de Puebla, señala la

El Plan de Trabajo se basa en cuatro ejes:

1. Fortalecimiento Institucional

2. Relaciones Interinstitucionales

3. Capacitación y Fomento a la Cultura de la Transparencia

4. Difusión y Vinculación con la Sociedad

Reitera Juárez Acevedo intención de ampararse ante su destitución

Incumple gobierno de Puebla reformas a la ley de transparencia, señala

Mario Martell/ El comisionado Antonio Juárez Acevedo, -quien fue destituido por el Congreso del Estado y mantiene un proceso legal en contra de su destitución- señaló que el gobierno estatal incumple la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la reforma aumentó los conceptos obligatorios para presentar información pasando de 14 a 12.

Las dependencias estatales sólo presentan 12 de los 14 conceptos, señaló el comisionado Antonio Juárez Acevedo.

Además, el comisionado reiteró que presentará un amparo en contra de la decisión del Congreso Local por destituirlo.

La fecha límite para presentar el amparo es el próximo 11 de marzo.

Las páginas de los sitios estatales no presentan ni la información sobre los recursos públicos que entregan a personas físicas y morales; tampoco, la información actualizada de indicadores de gestión, exigencias de la reforma del año pasado.

“Ahora son 14 las fracciones, antes eran 12, las nuevas son repito indicadores de gestión y los recursos entregados a personas físicas y morales” señaló Antonio Juárez Acevedo, a pregunta expresa, entrevistado una vez finalizada la sesión de la Comisión de Acceso a la Información (CAIP).

Oficina del gobernador debe entregar información

Por otro lado, los comisionados Antonio Juárez Acevedo, Blanca Lilia Ibarra y Samuel Rodríguez Rangel aprobaron un dictamen para que la Oficina del Gobernador, Mario Marín Torres, entregue los gastos de la compra de papel higiénico y botellas de agua en Casa Aguayo.

La información se solicitó el año pasado y ante la negativa de la oficina del gobernador por entregarla se presentó un recurso de revisión, la ponente del caso 29/OTE-04/2008 fue la comisionada, Blanca Lilia Ibarra.

La comisionada ponente señaló que la Oficina del gobernador, Mario Marín Torres, debe entregar la información solicitada en 15 días hábiles.

La oficina del gobernador rechazó entregar la información al solicitante aduciendo que el solicitante debería especificar cuál era la partida solicitada y señalando que dichos enseres no se encontraban registrados en ninguna de las partidas presupuestales.

El solicitante, Ernesto Aroche, presentó un recurso de revisión que ayer fue resuelto a su favor.

De este modo se le deberá entregar al peticionario los nombres de los proveedores y la explicación de porqué fueron contratados, así como los gastos de la compra de papel higiénico y botellas de agua desde el 2005 hasta febrero del 2008.

Aprueban comisionados plan de trabajo 2009

En sesión ordinaria el pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, aprobó el Plan de Trabajo 2009, que servirá como documento rector para encaminar las acciones de la Comisión, con el propósito de intensificar las actividades y alcances de la CAIP para difundir y promover el derecho de acceso a la información en todo el estado de Puebla, señala la

El Plan de Trabajo se basa en cuatro ejes:

1. Fortalecimiento Institucional

2. Relaciones Interinstitucionales

3. Capacitación y Fomento a la Cultura de la Transparencia

4. Difusión y Vinculación con la Sociedad

miércoles, 23 de julio de 2008

Incumplen congresos estatales reformas a leyes de transparencia

El Poder Legislativo incumple previsión constitucional en materia de transparencia y acceso a la información

Comunicado de prensa

Alrededor de 17 congresos locales y el Congreso de la Unión incumplieron el día de hoy, la obligación constitucional de modificar las leyes de transparencia y acceso a la información.

El 20 de julio de 2007 se publicó una reforma constitucional por medio de la cual se regula de forma específica el derecho fundamental de acceso a la información en México. El Artículo Segundo Transitorio del Decreto de promulgación señala la obligación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal de expedir leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia o realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este decreto. El día de ayer se venció este plazo.

El vigente Artículo Sexto Constitucional, y al que deben ajustarse las leyes, establece que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal se regirán por los principios de máxima publicidad, protección de datos personales y la garantía de acceso gratuito a la información pública.

Este artículo pone especial énfasis en el establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se lleven a cabo ante órganos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión.

La disposición constitucional establece la obligación de las autoridades de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y el deber de modificar las leyes para sancionar la violación de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información.

Sin embargo, a partir del 20 de julio de 2007 solamente los Estados de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla, el Distrito Federal y Zacatecas han modificado la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. Se observa que las iniciativas aprobadas han incumplido con la previsión constitucional en relación con la expedición de leyes en materia de protección de datos personales y archivos.

Además, existe evidencia de una creciente tendencia para despojar de sus facultades a los institutos de transparencia y acceso a la información. Los casos ilustrativos son Querétaro y Jalisco. En el primer caso se reformó la Constitución local para fusionar al Instituto de Transparencia con la Comisión de Derechos Humanos atentando contra el principio de especialización de los órganos garantes establecido en el Artículo Sexto Constitucional; y en el segundo caso se intentó debilitar la autonomía de decisión del órgano garante a través de hacer posible que sus resoluciones fueran impugnadas por el Tribunal Administrativo a petición de los sujetos obligados.

En relación con la obligación del Estado Mexicano de adoptar disposiciones legislativas que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, compromiso sustraído por el gobierno mexicano en tanto signatario del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, solamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha mostrado la voluntad política para superar los pisos mínimos establecidos en la Constitución.

La legislación del derecho de acceso a la información debe considerar que este derecho, además de ser un derecho fundamental, es un derecho facultativo para la exigencia de otros derechos. Las declaraciones del Relator Especial para la Libertad de Expresión señalan que el libre flujo de información resulta integral para la protección y ejecución de un amplio rango de derechos diferentes. En este sentido, las iniciativas aprobadas han fracasado en establecer la obligación del Estado de difundir de forma proactiva información de interés público, es decir toda aquella información de cuyo conocimiento depende que una persona pueda o no ejercer y gozar de sus derechos humanos.

De igual forma, las leyes reformadas fallan también en establecer la obligación de los sujetos obligados de publicar indicadores de impacto sobre las funciones sustantivas que desempeñan los entes públicos y que justifican su existencia y la asignación presupuestaria.

Por otro lado, es importante que las futuras legislaciones prevean procedimientos para nombrar a los funcionarios de los grupos colegiados de los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información, de forma acorde con los estándares internacionales. Esto es el proceso de designación debe regirse bajo los principios de transparencia, entre los que destacan la publicación de posibles candidatos, participación pública en el proceso de nominación, promover una discusión pública abierta en torno a los méritos de los candidatos, permitir el veto público para asegurar que los candidatos sean independientes y resolver posibles conflictos de interés.

ARTICLE 19, ALIANZA CÍVICA, COLECTIVO CIMTRA, FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN Y EL COLECTIVO POR LA TRANSPARENCIA ven con preocupación la falta de voluntad política para garantizar avances progresivos en la legislación del derecho de acceso a la información y exhorta al Poder Legislativo a cumplir con el mandato constitucional

miércoles, 19 de septiembre de 2007

Convocatoria Semana de la transparencia

Puebla, Pue., 18 de septiembre de 2007.
Colegas periodistas:
Como estarán enterados, el próximo lunes 24 inicia la Tercera Semana de Transparencia, organizada por la CAIP. Con motivo de este acto, los reporteros que firmamos esta carta, les proponemos hacer público en nuestros respectivos medios precisamente la falta de transparencia que prevalece en los tres poderes del gobierno poblano y en los diversos municipios del estado.
Los ciudadanos y reporteros que hemos hecho uso de la Ley de Acceso a la Información o hemos seguido el desarrollo de la información pública a partir de febrero de 2006, cuando entró en vigor, hemos constatado las trabas para obtener datos que deberían ser del dominio público, así como la negativa de las autoridades para entregar documentos relevantes o comprometedores; las resoluciones de la CAIP constantemente son adversas al ciudadano, protegen a las autoridades y se apartan al espíritu de las reformas al artículo sexto constitucional, que entre otras cosas ordena privilegiar el principio de máxima publicidad.

Es por ello que proponemos que justo el día en que inicie la semana de transparencia, el lunes 24, cada uno de nosotros desde nuestros diferentes medios, publiquemos un reportaje, testimonio, estudio comparativo, artículo de opinión o crónica, que evidencie la falta de compromiso de las autoridades poblanas, de todos los niveles, por cumplir con el acceso a la información.

Como temas torales proponemos el trato de los siguientes tópicos:
1.- La travesía que tiene que pasar un ciudadano común y corriente por obtener información en cada dependencia.
2.- La negativa del Poder Ejecutivo y del resto de las autoridades por hacer públicos temas de relevancia como la publicidad gubernamental, concesiones de obras públicas, bitácoras...
3.- La comparación de las páginas web de cada dependencia poblana con los gobiernos que tienen una mejor concepción de la transparencia, como los casos de Aguascalientes y Nuevo León.
4.- La deficiencia de nuestra ley en comparación con la mayoría del resto del país.

Estos son sólo algunos de los temas que resulta pertinente analizar y publicar, aunque si creen que vale la pena abordar otros tópicos relacionados con las deficiencias de la aplicación de la transparencia en la entidad o hacer hincapié en la necesidad de que los ciudadanos hagan uso frecuente de la ley, y de que el gobierno cumpla con los preceptos mínimos de transparencia, las aportaciones serán bienvenidas y agradecidas.
En síntesis, se trata de exhibir la simulación en que se ha convertido el tema del acceso a la información en Puebla y de forma simultánea, generar conciencia entre nuestros lectores y radioescuchas acerca de la necesidad de que se cumplan en sentido estricto las normas de transparencia y acceso a la información.
De antemano, gracias por su colaboración.
Atentamente
Ernesto Aroche
Jorge Machuca
Juan Pablo Proal

jueves, 22 de marzo de 2007

Congreso poblano tendrá que modificar ley de transparencia

Puebla, Pue. En caso de que el senado ratifique la reforma constitucional al artículo sexto sobre el acceso a la información pública que realizó la cámara de diputados, el congreso local tendrá que modificar la norma poblana para la inclusión, entre otras cosas, de la transparencia en los recursos otorgados a personas físicas y morales.
Síntesis realizó un comparativo entre lo dispuesto en la ley poblana y la reforma constitucional aprobada por la cámara baja que establece un piso mínimo de transparencia, por lo que también los legisladores locales deberán cambiar la denominación que tiene actualmente la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) como órgano auxiliar del Ejecutivo, para alcanzar de forma completa lo estipulado en la fracción IV de la reforma que dice que deberá de haber organismos (comisiones, institutos, consejos) especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión presupuestaria y de decisión.
Ya sea, organismo público autónomo, órgano público descentralizado, organismo interinstitucional u otra denominación, pero lo importante es que las comisiones poblanas sean dotadas de administraciones responsables que tengan gestiones presupuestarias al margen de las autoridades, al contrario de lo que ahora sucede.
Por otro lado, aunque los sujetos obligados del ejecutivo estatal, legislativo y judicial en Puebla muestran la información pública por medio del internet, la ley utiliza el término de "preferentemente", el cual debe ser cambiado para garantizar la publicidad de la información por medios electrónicos en municipios de más de 70 mil habitantes como lo estipula el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional. Así como, se deberá modificar la ley en lo relativo a que a través de los sistemas electrónicos de las comisiones se pueda preguntar e interponer los recursos de revisión.


Juárez Acevedo avala la ley
Sin embargo, Antonio Juárez Acevedo, comisionado presidente de la CAIP, aseguró que debido a la ley de avanzada que existe en Puebla, en caso de que la cámara alta aprobara igual la reforma constitucional, no serán necesarios los cambios. "La ley de Puebla cumple con todas las propuestas que incluye la actual reforma del artículo sexto constitucional", afirmó.
A pesar de ser el representante de la transparencia ciudadana en Puebla, desestimó una revisión de la ley poblana porque "tiene muy poco tiempo de uso". "Habría que esperar más tiempo para saber cuáles son las necesidades reales por las que se modificará la ley".
Sólo dijo que se están revisando cuestiones de procedimiento, así como precisó que la reproducción de la información se podrá pagar, además de en Finanzas, en las plazas Loreto, San Pedro, Dorada, Palmas y Centro Sur Agua Santa con la respectiva orden.


Por la revisión de la norma
Al contrario, la comisionada Josefina Buxadé Castelán refirió la necesidad de la revisión de la actual ley, así como su adecuación a la reforma constitucional.
Por otro lado, criticó que la reforma constitucional desechó la propuesta de transparentar los recursos de los partidos políticos, así como la eliminación de la prueba de daño que ordenaba a los sujetos obligados argumentar su negativa en la publicidad de la información.
Respecto al primer punto, detalló que, de acuerdo al "Estudio comparativo de leyes de acceso a la información pública" elaborado por el IFAI, en 17 de las 33 leyes aprobadas en México, los partidos sí son sujetos obligados de manera explícita; en siete se consideran implícitamente y sólo en nueve normas –incluida la de Puebla–no se toman en cuenta.
"Es increíble que la reforma constitucional que está en proceso de aprobarse no haya considerado lo que el 72 por ciento de las leyes ya incluye", apuntó. Así que espera que el Senado reconsidere dichos aspectos.
La comisionada manifestó que, debido a que seguramente el senado ratifique o amplíe la reforma constitucional, los legisladores poblanos deben de aprovechar para, además de adecuar la norma, hacer algunos ajustes que eliminen los candados y faciliten el acceso real a la información.
Así, instó al congreso local a realizar una revisión de la ley, a tomar en cuenta las experiencias de este primer año de las personas que han hecho solicitudes y los conocimientos de las comisiones, así como tener la referencia de las leyes "de avanzada" que existen en el país –Chihuahua y Jalisco– para realizar una reforma completa.


Semana de la transparencia
Del 11 al 17 de marzo se celebrará la semana de la transparencia organizada por México Abierto, asociación que tiene como objetivo promover el derecho ciudadano a la información pública.
Lilia Vélez Iglesias, quien dirige el proyecto en Puebla, invitó al Foro "Experiencias en el uso de la ley de transparencia de Puebla" que se realizará el día miércoles a las 10 de la mañana en el salón B300 de la Upaep, con el fin de intercambiar experiencias sobre la ley local.
Según Vélez Iglesias, uno de los principales problemas en Puebla es la heterogeneidad en las respuestas por parte de las diferentes dependencias. "Mientras que una dependencia considera que una información es pública, la otra cree que es reservada y así sucesivamente". Para la especialista, es necesario unificar los criterios que se refieren a la "máxima publicidad".
Asimismo, criticó que una petición de información lleve cinco meses desde que se solicitó a la institución gubernamental porque desalienta a los ciudadanos. También, instó a buscar nuevos procedimientos que desburocraticen la entrega y, así, no pagar los derechos hasta Finanzas y luego regresar a la dependencia.
Por último, adelantó que en el foro de la Upaep se planteará la integración de un grupo de trabajo ciudadano para la revisión de la actual ley que proponga los cambios necesarios con el fin de mejorar el acceso a la información pública.


Comisión de transparencia por la reforma
Por su parte, los diputados Raymundo García García y Isabel Merlo Talavera, de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y miembros de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del congreso local, estuvieron de acuerdo con la modificación de la ley poblana de acuerdo a las disposiciones de la reforma constitucional; así como, se comprometieron a revisar la norma para aprovechar a mejorar la misma en beneficio de la ciudadanía.
Por último, los diputados federales del PAN, Arturo Flores Grande y Guillermo Velázquez Gutiérrez instaron a que en Puebla se realice una reforma a la ley de transparencia para que "verdaderamente atienda al nombre de esta ley". (Tania Damián Jiménez)