Por iniciativa de ARTICLE 19 y con el apoyo de International Media Support (Dinamarca) se ha convocado a las organizaciones internacionales especializadas en la promoción y defensa de la libertad de expresión a realizar una visita de trabajo al país.
Del 21 al 25 abril, la Misión sostendrá reuniones de trabajo con autoridades federales y locales, asociaciones gremiales, periodistas, locutores, dueños de medios de comunicación, así como con víctimas, sobrevivientes y sus familiares.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado el clima adverso para el ejercicio de la libertad de expresión que impera en México. En particular, existen señalamientos sobre la espiral de violencia, impunidad y autocensura que ha echado raíces en país en detrimento del derecho de la sociedad a estar informada.
Los actos contra los periodistas han ido en aumento, desde 2003 en que se registraron 76 casos; la cifra creció a 92 en 2004 y se mantuvo con 93 en 2005; y a lo largo de 2006 los golpes se multiplicaron para sumar 131 incidentes. Aunque en 2007 la tendencia registró un ligero descenso, el panorama continua siendo desolador.
El objetivo central de la Misión se centra en realizar una evaluación sobre la situación de las libertades de expresión y prensa en regiones claves tanto en el norte como en el sur del país, tales como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Sonora, con el fin de brindar apoyo al gremio periodístico local y sensibilizar en ese mismo nivel sobre los riesgos que enfrentan las y los comunicadores.
En particular, explorar la viabilidad de las instancias creadas para atender la situación mediante el establecimiento de un diálogo con autoridades federales y estatales, así como con actores clave para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.Entre las organizaciones participantes se encuentran: ARTICLE 19, International Media Support (IMS), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Rory Peck Trust Fund, Reporteros sin Fronteras, Federación Internacional de Periodistas, International News Safety Institute (INSI), Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia), Instituto Internacional de la Prensa (IPI), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Open Society Institute (OSI) y UNESCO.
Como resultado de la Misión, las organizaciones participantes elaborarán y presentarán públicamente un informe sobre los hallazgos en materia de libertad de expresión y prensa que contendrá recomendaciones específicas al Estado mexicano.
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lunes, 21 de abril de 2008
martes, 12 de febrero de 2008
México: Tres asesinatos, amenazas, exilio y autocensura de un diario en la última semana, dan cuenta del grave deterioro del ejercicio de la libertad
Durante la última semana los medios de comunicación dieron cuenta de los siguientes hechos: Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del diario de México fue asesinado en Camargo, Tamaulipas.
Carlos Huerta Muñoz, responsable de la sección de crimen del Diario Norte de Ciudad Juárez, huyó del país ante las amenazas de las que fue objeto.
Este mismo Diario anunció que limitará severamente la información que publica respecto al crimen organizado ante la falta de garantías de seguridad.
Bonifacio Cruz y Alfonso Cruz Cruz del periódico El Real murieron en medio de un ataque dirigido a una autoridad en Chimalhuacán. Cecilia Vargas, del periódico La Verdad del Sureste denunció que un grupo de personas allanaron su domicilio y horas más tarde recibió una serie de amenazas telefónicas.
El incremento sostenido en el número de casos de agresiones en contra de las y los periodistas que ha tenido lugar en México durante la última semana, aún no cuenta con una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Siendo que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 9 dice que "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada."
Los hechos ocurridos en la última semana sólo han merecido un preocupante silencio por parte de las autoridades.
Ello, refleja la ausencia y/o falta de voluntad política acorde con las obligaciones del Estado en casos de violaciones a los derechos humanos, así como el llano desinterés de las autoridades responsables de atender la situación.
La misma visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, se presentaba como una oportunidad inmejorable para llamar la atención al Estado mexicano sobre las amenazas que ciernen sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México.
Sin embargo, la decisión de la Sra. Arbour de no llamar a cuentas al Estado mexicano sobre la seguridad de las y los periodistas durante su visita al país, poco ha ayudado a los esfuerzos de protección y defensa de las libertades de expresión y prensa que han venido implementando un número importante de organizaciones de la sociedad civil en México.
ARTICLE 19 expresa su solidaridad con los familiares de Bonifacio Cruz, Alonso Cruz Cruz y Francisco Ortiz Monroy, sumándose así a la exigencia de que dichos casos sean investigados de manera efectiva.
ARTICLE 19 hace un llamado al Estado mexicano para que otorgue todas las garantías de seguridad a Cecilia Vargas para que continúe ejerciendo el periodismo sin temor a represalias. ARTICLE 19 reitera su llamado para que el Estado mexicano instrumente, de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, una política e4fectiva de prevención, investigación y castigo a todos los ataques en contra del derecho a la libertad de expresión.
Carlos Huerta Muñoz, responsable de la sección de crimen del Diario Norte de Ciudad Juárez, huyó del país ante las amenazas de las que fue objeto.
Este mismo Diario anunció que limitará severamente la información que publica respecto al crimen organizado ante la falta de garantías de seguridad.
Bonifacio Cruz y Alfonso Cruz Cruz del periódico El Real murieron en medio de un ataque dirigido a una autoridad en Chimalhuacán. Cecilia Vargas, del periódico La Verdad del Sureste denunció que un grupo de personas allanaron su domicilio y horas más tarde recibió una serie de amenazas telefónicas.
El incremento sostenido en el número de casos de agresiones en contra de las y los periodistas que ha tenido lugar en México durante la última semana, aún no cuenta con una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Siendo que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 9 dice que "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada."
Los hechos ocurridos en la última semana sólo han merecido un preocupante silencio por parte de las autoridades.
Ello, refleja la ausencia y/o falta de voluntad política acorde con las obligaciones del Estado en casos de violaciones a los derechos humanos, así como el llano desinterés de las autoridades responsables de atender la situación.
La misma visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, se presentaba como una oportunidad inmejorable para llamar la atención al Estado mexicano sobre las amenazas que ciernen sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México.
Sin embargo, la decisión de la Sra. Arbour de no llamar a cuentas al Estado mexicano sobre la seguridad de las y los periodistas durante su visita al país, poco ha ayudado a los esfuerzos de protección y defensa de las libertades de expresión y prensa que han venido implementando un número importante de organizaciones de la sociedad civil en México.
ARTICLE 19 expresa su solidaridad con los familiares de Bonifacio Cruz, Alonso Cruz Cruz y Francisco Ortiz Monroy, sumándose así a la exigencia de que dichos casos sean investigados de manera efectiva.
ARTICLE 19 hace un llamado al Estado mexicano para que otorgue todas las garantías de seguridad a Cecilia Vargas para que continúe ejerciendo el periodismo sin temor a represalias. ARTICLE 19 reitera su llamado para que el Estado mexicano instrumente, de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, una política e4fectiva de prevención, investigación y castigo a todos los ataques en contra del derecho a la libertad de expresión.
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