Impunidad en agresiones a periodistas genera autocensura, señala informe internacional

Impunidad en agresiones a periodistas genera autocensura, señala informe internacional


Autoridades no investigan agresiones a periodistas, destaca el informe de organizaciones internacionales de protección a periodistas



México D.F., 18 de agosto de 2008 (Cencos).- La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentran en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura. La responsabilidad directa de esta situación recae en el gobierno mexicano, apunta la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación en el informe Libertad de prensa en México: la sombra de la impunidad y la violencia.

Tras entrevistarse con víctimas, familiares, autoridades a nivel federal y estatal, y organizaciones de derechos humanos en cinco ciudades de la República, la Misión Internacional relata que como principales obstáculos a la libertad de prensa se encuentran “el crimen organizado que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra periodistas y garantizar su seguridad”.

Los tres ejes en que articulan los resultados de la misión incluyen análisis sobre la seguridad y protección, autocensura y la impunidad, de tal forma que primero se expone el contexto y la situación en que las agresiones a los y las periodistas, así como a los propios medios de comunicación, suceden; y más adelante, se detallan el grado de autocensura por parte de los propios comunicadores y comunicadoras como “medida de autoprotección” así como una evaluación sobre la impunidad en que se perpetran los crímenes contra la libertad de prensa, ya sea por los distintos gobiernos o por el crimen organizado y otros actores sociales.

Dentro del eje “seguridad y protección” se evalúa que buena parte de las agresiones a medios de comunicación comunitarios o de poco alcance se dan en primer lugar por que el gobierno ni siquiera los considera medios de comunicación y por lo tanto los deja desprotegidos, “una de las formas de poner en riesgo a los medios de comunicación es marginarlos y restarles legitimidad” dice el informe frente a casos como el de Radio Bemba, medio que ha sido acosado y atacado por el crimen organizado.

Los mecanismos de acción para proteger a los periodistas por parte del gobierno parten de un sistemático despojo de la protección, ya que “las indagaciones se centran en confirmar que el periodista no cumple con los requisitos legales que lo acreditan como tal, en vez de emprender acciones positivas para prevenir los ataques o investigar las causas de estos”. Entre otros problemas que identifican es la falta de organización dentro del sector de los medios de comunicación para proteger a sus trabajadores así como el insuficiente número de denuncias realizadas por los comunicadores agredidos frente al creciente número de agresiones.

Tras la relatoría sistematizada de las experiencias que la Misión pudo recoger entre el 19 y el 26 de abril de 2008, en el Informe se dan observaciones y recomendaciones que, dirigidas al Estado Mexicano, buscan presionar para que se tomen medidas urgentes que frenen al acelerado deterioro de las condiciones de los hombres y mujeres que ejercen el periodismo en nuestro país y se den condiciones para evitar la violación a la libertad de prensa que afecta no sólo a los y las trabajadoras de los medios de comunicación sino a la sociedad que deja de recibir la información o que la recibe distorsionada también por el fenómeno de la autocensura.

En éstas, la Misión Internacional, pide al Estado, la comunidad de periodistas y medios de comunicación, así como a la sociedad civil organizada, que se promueva “un ambiente abierto, diverso y pluralista para el ejercicio de la libertad de prensa”, se impulse “el ejercicio de un periodismo independiente, profesional y objetivo” que empodere a la sociedad mexicana, que se adopten medidas para “poner un alto a las amenazas, hostigamientos, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales”, así como también se investigue efectiva y transparentemente las agresiones (asesinatos, desapariciones, amenazas, etcétera) a los y las periodistas; y finalmente afirma que sin importar el origen de las violaciones ala libertad de prensa, el responsable de “prevenir, investigar y castigar a los autores materiales a intelectuales” es el Estado mexicano.

Se solicita también al jefe del Ejecutivo mexicano, Felipe Calderón, por parte de las organizaciones que integran la misión, Article 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Comité para la Protección de Perioditas (CPJ), Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), la Fundación Rory Peck Trust, Instituto Internacional de la Prensa (IPI), International Media Support (IMS), Open Society Foundation (OSF), Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la UNESCO, “una explicación oficial y una disculpa” porque durante su visita, integrantes de la misión fueron confrontados por el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano, cuando se reunieron con él 21 de abril pasado.

Otra de las aristas del informe recoge tangencialmente una reflexión de la Misión provocada a propósito de la regulación de los medios de comunicación en México donde se puntualiza la importancia de que prospere una nueva legislación en materia de medios, tema que aún se mantiene vigente tras la caída de la ley Televisa