Homofobia en el siglo XXI
Un día después del 25 de noviembre, nos enteramos de que la impunidad, la ignorancia y los prejuicios, han permeado desde las autoridades y se instalan entre aquellos a los que socialmente se les entrega la confianza para “educar” a nuestros hijos.
En la preparatoria federal por cooperación “Valentín Gómez Farías”, ubicada en Emiliano Zapata, se alienta, permite y fomenta la homofobia en forma de agresiones psicológicas, verbales y psicológicas por parte de alumnos y maestros en contra de dos jóvenes mujeres, quienes han decidido vivir su opción sexual de manera abierta.
En pleno siglo XXI, el director de la escuela, Jorge Figueroa Amaro, alienta las agresiones de los maestros Marco Antonio Jaimes López, Eduardo Isaac Colín Rodríguez y Lina Gabriela Ocampo Morales, así como de los prefectos Felipe y Genaro Hernández, contra Kim y Lucy, además contra sus padres.
viernes, 27 de noviembre de 2009
Preparatoria de Morelos discrimina a mujeres por su orientación sexual
Preparatoria de Morelos discrimina a mujeres por su orientación sexual
Desde el miércoles pasado, a la menor de edad K. G. B., de 17 años, y Lucía Ballesteros Ocampo, de 18, alumnas de la preparatoria federal por cooperación Valentín Gómez Farías, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, se les impide entrar a la escuela por ser homosexuales. Según denunciaron, maestros y alumnos las agreden física y verbalmente.
Kimberly narró que las agresiones en su contra comenzaron hace un año, cuando se hizo novia de Lucy. “Al mes de que comenzamos nuestra relación nos comenzaron a gritar que éramos una pareja gay, que no somos normales, que estamos mal educadas. Nos avientan piedras, papeles, vasos... nos pegan.
"(El 3 de septiembre) Lucy y yo estábamos haciendo una fuente y uno de mis compañeros me aventó una carretilla llena de piedras en las piernas, lo que me provocó heridas y moretones. Al ir a quejarme con los maestros me dijeron que eso me pasaba por ser lesbiana, que yo lo provocaba por ser diferente", expresó Kimbely.
(texto completo)
Desde el miércoles pasado, a la menor de edad K. G. B., de 17 años, y Lucía Ballesteros Ocampo, de 18, alumnas de la preparatoria federal por cooperación Valentín Gómez Farías, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, se les impide entrar a la escuela por ser homosexuales. Según denunciaron, maestros y alumnos las agreden física y verbalmente.
Kimberly narró que las agresiones en su contra comenzaron hace un año, cuando se hizo novia de Lucy. “Al mes de que comenzamos nuestra relación nos comenzaron a gritar que éramos una pareja gay, que no somos normales, que estamos mal educadas. Nos avientan piedras, papeles, vasos... nos pegan.
"(El 3 de septiembre) Lucy y yo estábamos haciendo una fuente y uno de mis compañeros me aventó una carretilla llena de piedras en las piernas, lo que me provocó heridas y moretones. Al ir a quejarme con los maestros me dijeron que eso me pasaba por ser lesbiana, que yo lo provocaba por ser diferente", expresó Kimbely.
(texto completo)
De la Fuente critica las leyes antiaborto
El ex rector considera que se trata de reformas apresuradas
Alberto Morales/El Universal/ Viernes 27 de noviembre de 2009/ alberto.morales@eluniversal.com.mx
El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, advirtió ayer que la aprobación de leyes antiaborto en los estados del país constituyen un serio embate al Estado laico.
“Se trata de reformas apresuradas. El Estado laico no puede asumir una interpretación única del mundo, como lo ha dicho (el politólogo) Jesús Silva-Herzog Márquez: parto o cárcel para las mujeres”, agregó.
La semana pasada, Veracruz se convirtió en el estado número 17 con una legislación que contempla reformas jurídicas para proteger el derecho a la vida “desde el momento de su concepción”, y plantean penas de cárcel para las mujeres que interrumpan su embarazo.
Al recibir el premio Benito Juárez García 2009, que otorga el Partido Convergencia, De la Fuente hizo una defensa de la fortaleza del laicismo mexicano, pues dijo que un Estado de Derecho no puede imponer a todos las creencias de unos.
Autoritarismo, el riesgo
Sobre las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien rechazó legalizar los abortos y se dijo un defensor de la vida, Juan Ramón de la Fuente dijo que cuando el laicismo se vulnera “nos acercamos a Estados que van tomando tintes más autoritarios, más fundamentalistas y menos diversos, menos plurales y respetuosos”.
En su discurso, De la Fuente agregó que en una sociedad plural como la mexicana es conveniente que la Iglesia se mantenga separada del Estado.
Dijo que un Estado democrático debe garantizar los derechos de todos, incluyendo las minorías, porque imponer políticas públicas a partir de creencias personales genera polaridades, revive confrontaciones y “caldea los ánimos”.
Ante el actual rector de la UNAM, José Narro Robles; los legisladores por Convergencia, Luis Maldonado, Dante Delgado, Pedro Jiménez; del PRD Guadalupe Acosta y el coordinador del Frente Amplio Progresista, Manuel Camacho Solís, entre otros invitados, De la Fuente exigió a las fuerzas progresistas del país una nueva articulación para retomar el camino de la convivencia.
Llamó a la sociedad a tener un papel más activo en la vida política y toma de decisiones.
“Es tiempo de dejar atrás el ‘yo no me meto en la política’, porque eso es ceder a otros la capacidad de decidir sobre lo que va a afectarnos. Ciudadanos y consumidores, tal parece ser para la sociedad civil el dilema de nuestro tiempo. Habrá que decidir qué queremos”.
Rumbo a 2012
Ante la oferta de los partidos para buscar una candidatura a la Presidencia de la República, dijo que él seguirá trabajando desde la sociedad civil en hacer propuestas en favor del país.
—¿Se descarta como candidato a la Presidencia?
“Hay una sociedad con múltiples rostros y posibilidades. Lo que sostengo es que estos nuevos tiempos de México son los tiempos de la sociedad civil.”
Alberto Morales/El Universal/ Viernes 27 de noviembre de 2009/ alberto.morales@eluniversal.com.mx
El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, advirtió ayer que la aprobación de leyes antiaborto en los estados del país constituyen un serio embate al Estado laico.
“Se trata de reformas apresuradas. El Estado laico no puede asumir una interpretación única del mundo, como lo ha dicho (el politólogo) Jesús Silva-Herzog Márquez: parto o cárcel para las mujeres”, agregó.
La semana pasada, Veracruz se convirtió en el estado número 17 con una legislación que contempla reformas jurídicas para proteger el derecho a la vida “desde el momento de su concepción”, y plantean penas de cárcel para las mujeres que interrumpan su embarazo.
Al recibir el premio Benito Juárez García 2009, que otorga el Partido Convergencia, De la Fuente hizo una defensa de la fortaleza del laicismo mexicano, pues dijo que un Estado de Derecho no puede imponer a todos las creencias de unos.
Autoritarismo, el riesgo
Sobre las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien rechazó legalizar los abortos y se dijo un defensor de la vida, Juan Ramón de la Fuente dijo que cuando el laicismo se vulnera “nos acercamos a Estados que van tomando tintes más autoritarios, más fundamentalistas y menos diversos, menos plurales y respetuosos”.
En su discurso, De la Fuente agregó que en una sociedad plural como la mexicana es conveniente que la Iglesia se mantenga separada del Estado.
Dijo que un Estado democrático debe garantizar los derechos de todos, incluyendo las minorías, porque imponer políticas públicas a partir de creencias personales genera polaridades, revive confrontaciones y “caldea los ánimos”.
Ante el actual rector de la UNAM, José Narro Robles; los legisladores por Convergencia, Luis Maldonado, Dante Delgado, Pedro Jiménez; del PRD Guadalupe Acosta y el coordinador del Frente Amplio Progresista, Manuel Camacho Solís, entre otros invitados, De la Fuente exigió a las fuerzas progresistas del país una nueva articulación para retomar el camino de la convivencia.
Llamó a la sociedad a tener un papel más activo en la vida política y toma de decisiones.
“Es tiempo de dejar atrás el ‘yo no me meto en la política’, porque eso es ceder a otros la capacidad de decidir sobre lo que va a afectarnos. Ciudadanos y consumidores, tal parece ser para la sociedad civil el dilema de nuestro tiempo. Habrá que decidir qué queremos”.
Rumbo a 2012
Ante la oferta de los partidos para buscar una candidatura a la Presidencia de la República, dijo que él seguirá trabajando desde la sociedad civil en hacer propuestas en favor del país.
—¿Se descarta como candidato a la Presidencia?
“Hay una sociedad con múltiples rostros y posibilidades. Lo que sostengo es que estos nuevos tiempos de México son los tiempos de la sociedad civil.”
sábado, 14 de noviembre de 2009
recortes en cultura de 3 mil mdp
El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010 en el sector cultura contempla una disminución de 3 mil 338 millones de pesos comparado con el del ejercicio fiscal 2009, cuando la Cámara de Diputados autorizó un gasto de 13 mil 222 millones.
(http://www.jornada.unam.mx/2009/11/14/index.php?section=politica&article=005n1pol)
(http://www.jornada.unam.mx/2009/11/14/index.php?section=politica&article=005n1pol)
ARTICLE19 y Cencos se pronuncian sobre la Comisión Especial para Atención y Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios
ARTICLE19 y Cencos se pronuncian sobre la Comisión Especial para Atención y Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios
México D.F., 13 de noviembre de 2009 (ARTICLE19 / Cencos).- El día 10 de noviembre de 2009, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso Federal de la LXI Legislatura aprobó un punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para Atención y Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)(1).
La Comisión Especial es creada nuevamente como una respuesta del Estado tras el asesinato de José Bladimir Antuna García en Durango el pasado 2 de noviembre de 2009, entrado ya el primer período ordinario de sesiones de la LXI Legislatura que inició en septiembre. Hasta ese momento no se había dado ningún tipo de explicación del por qué la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación no aparecía entre las 40 comisiones creadas inicialmente, entre ordinarias y especiales, de esta legislatura(2).
El antecedente de esta Comisión es un Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación creado en 2003 y encabezado por la legisladora Beatriz Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Posteriormente, ya en la LX Legislatura, fue creada como Comisión Especial con “el objetivo de dotar de un marco legal que institucionalice y garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en nuestro país y que, a su vez, permita la construcción de un ambiente social que asuma la importancia de la información como bien público”.(3) Entre 2006 y 2009 esta Comisión estuvo presidida por Gerardo Priego Tapia, del Partido de Acción Nacional (PAN).
Si bien esta Comisión generó algunos puntos de acuerdo, así como fue partícipe del impulso a la iniciativa de ley para la federalización de las agresiones a la libertad de expresión, su problema fue que carecía de facultades para presentar iniciativas ante el pleno, lo que disminuyó su capacidad de actuación. Además, como Comisión Especial, no cuenta con recursos para su operación. Debido entre otras cosas a esta falta de capacidad, la Comisión no tuvo una participación activa que atendiese de manera contundente el problema de las agresiones a periodistas y a la libertad de expresión.
Para ARTICLE19 y Cencos se corre el riesgo que el trabajo legislativo se convierta en un juego estéril que no dé respuestas adecuadas a las necesidades de dotar de un marco legal adecuado el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa.
Por ello, ARTICLE19 y Cencos hacen un llamado a las y los legisladores para que asuman la gravedad de la situación e impulsen la creación de una comisión ordinaria, es decir, una comisión que cuente con presupuesto propio y tenga la capacidad de promover iniciativas legislativas ante el pleno de la Cámara de Diputados. Además, esta comisión debe retomar activamente los temas legislativos pendientes en materia de libertad de expresión: federalización de las agresiones contra la libertad de expresión; promover la despenalización de los delitos de calumnia, injuria y difamación en 17 estados de la República; reformar la ley de imprenta y legislar sobre criterios para otorgar publicidad oficial a los medios de comunicación.
México D.F., 13 de noviembre de 2009 (ARTICLE19 / Cencos).- El día 10 de noviembre de 2009, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso Federal de la LXI Legislatura aprobó un punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para Atención y Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)(1).
La Comisión Especial es creada nuevamente como una respuesta del Estado tras el asesinato de José Bladimir Antuna García en Durango el pasado 2 de noviembre de 2009, entrado ya el primer período ordinario de sesiones de la LXI Legislatura que inició en septiembre. Hasta ese momento no se había dado ningún tipo de explicación del por qué la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación no aparecía entre las 40 comisiones creadas inicialmente, entre ordinarias y especiales, de esta legislatura(2).
El antecedente de esta Comisión es un Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación creado en 2003 y encabezado por la legisladora Beatriz Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Posteriormente, ya en la LX Legislatura, fue creada como Comisión Especial con “el objetivo de dotar de un marco legal que institucionalice y garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en nuestro país y que, a su vez, permita la construcción de un ambiente social que asuma la importancia de la información como bien público”.(3) Entre 2006 y 2009 esta Comisión estuvo presidida por Gerardo Priego Tapia, del Partido de Acción Nacional (PAN).
Si bien esta Comisión generó algunos puntos de acuerdo, así como fue partícipe del impulso a la iniciativa de ley para la federalización de las agresiones a la libertad de expresión, su problema fue que carecía de facultades para presentar iniciativas ante el pleno, lo que disminuyó su capacidad de actuación. Además, como Comisión Especial, no cuenta con recursos para su operación. Debido entre otras cosas a esta falta de capacidad, la Comisión no tuvo una participación activa que atendiese de manera contundente el problema de las agresiones a periodistas y a la libertad de expresión.
Para ARTICLE19 y Cencos se corre el riesgo que el trabajo legislativo se convierta en un juego estéril que no dé respuestas adecuadas a las necesidades de dotar de un marco legal adecuado el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa.
Por ello, ARTICLE19 y Cencos hacen un llamado a las y los legisladores para que asuman la gravedad de la situación e impulsen la creación de una comisión ordinaria, es decir, una comisión que cuente con presupuesto propio y tenga la capacidad de promover iniciativas legislativas ante el pleno de la Cámara de Diputados. Además, esta comisión debe retomar activamente los temas legislativos pendientes en materia de libertad de expresión: federalización de las agresiones contra la libertad de expresión; promover la despenalización de los delitos de calumnia, injuria y difamación en 17 estados de la República; reformar la ley de imprenta y legislar sobre criterios para otorgar publicidad oficial a los medios de comunicación.
viernes, 13 de noviembre de 2009
Denuncia racismo en Festival Internacional de Puebla
FESTIVAL DE TÍTERES EN EL MARCO DEL 11º. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PUEBLA
11 de noviembre del 2009
ORGANIZADORES DEL FESTIVAL DE TÍTERES CAMBIAN EL NOMBRE DEL ESPECTÁCULO DEL GRUPO DE TEATRO LA LUCIERNAGA POR CONSIDERARLO “INDÍGENA Y NO APTO PARA EL PÚBLICO POBLANO”
A LA COMUNIDAD TITIRITERA Y TEATRAL DE MÉXICO
A LA UNIÓN INTERNACIONAL DE LA MARIONETA (UNIMA) – MÉXICO
A PÚBLICO EN GENERAL
Cuernavaca, Morelos.- Nuestra agrupación titiritera Teatro La Luciérnaga se presentará el próximo sábado 14 de noviembre en el festival de títeres organizado por Susana López y Moisés Cabrera; este festival está dentro de las actividades del 11º Festival Internacional de Puebla; la invitación la recibimos directamente de la actriz Susana López, a la cual nos pronunciamos con afecto y alegría por abrir nuevos espacios para la expresión del arte de los títeres y favorecer así, la valoración de este arte escénico. El contacto para los trámites de contratación y envío de información del espectáculo a presentar fueron arduos por un par de semanas; se definió participar en dicho festival con la obra “Juancito y María” en versión libre del maestro Javier Villafañe.
El día 6 de noviembre al revisar la programación del festival de títeres a través de la página web, me entero que el nombre del espectáculo a presentar no es el que tenemos en repertorio ni el que habíamos acordado. Ahora se llamaba: “Una Historia de Amor y Narigón Gargarita”, por lo cual, me comuniqué con Susana para informarle del error en la programación, quien argumentó que debido a la gran carga de trabajo ocasionada por organización del festival, había olvidado informarme de los cambios.
Lo que a continuación expongo fue derivado de la conversación telefónica que mantuve con la compañera Susana López, en la cual me expuso los motivos del cambio de nombre —de manera unilateral— al espectáculo: “Juancito y María”:
1. “Los Poblanos somos medio mochos y creo que este título de obra, no es apto para nuestro público”.
2. “Creo que la gente va a relacionar este titulo de obra con asuntos indígenas y no van a tener público”.
3. “Recuerda que por eso nos llaman PI-PO-PE´S”
4. “No pude llamarte por que estoy muy ocupada con la organización y comentarte esto”
El día lunes 9 de noviembre recibí el llamado telefónico del compañero Moisés Cabrera, el cual me dijo que sabía del incidente, pero que no tenía detalles de la conversación. Así, le comuniqué lo sucedido. El compañero Moisés me manifestó sus disculpas; así mismo me expuso sus argumentos que a continuación enumero:
1. “¿Pero que pierdes tú si no está el nombre de la obra que vas a presentar?”
2. “Si no quieres venir por eso, no hay problema, buscamos quien te reemplace”
3. “Este no es un festival de UNIMA, así es que no tienes por qué ventilarlo”
4. “Si lo comentas con UNIMA, será como un asunto personal”
5. “No quiero problemas con los del festival de Puebla”
Ante este panorama, preguntamos ¿Quién es Susana López para poder modificar el nombre de un espectáculo nada más por que se le antoje? ¿Qué pensaría el galardonado Maestro argentino Javier Villafañe si le expusieran estos argumentos? ¿Quién es Susana López para diagnosticar e imponer las preferencias del público Poblano? ¿La llamada de Moisés fue para sacarme del programa “delicadamente”? ¿Cuáles son los criterios de inclusión para participar en este festival? ¿Quién los avala?
Me indigna, entristece y ofende no sólo a la agrupación que represento, sino también a los trabajadores titiriteros morelenses y a la organización UNIMA a la cual pertenezco. Considero este asunto como un acto racista, retrógrado, de mal gusto, que atenta contra la libre expresión de cualquier grupo humano.
Solicito al Consejo Directivo, así como a la comisión de Honor y Justicia de UNIMA México, tome cartas en el asunto por considerarlo un acto que ofende y violenta las relaciones entre agremiados y estatutos de la organización.
Pagina Web del Festival Internacional de Puebla:
http://www.fip.gob.mx/pordisciplina.php?idCategoria=5
http://www.fip.gob.mx/porescenario.php?idEdificio=102&mun=0
Armando Ramírez
Wendy Barberi
Teatro La Luciérnaga
Cuernavaca, Morelos
teatro_laluciernaga@hotmail.com
Región Centro Sur
UNIMA
11 de noviembre del 2009
ORGANIZADORES DEL FESTIVAL DE TÍTERES CAMBIAN EL NOMBRE DEL ESPECTÁCULO DEL GRUPO DE TEATRO LA LUCIERNAGA POR CONSIDERARLO “INDÍGENA Y NO APTO PARA EL PÚBLICO POBLANO”
A LA COMUNIDAD TITIRITERA Y TEATRAL DE MÉXICO
A LA UNIÓN INTERNACIONAL DE LA MARIONETA (UNIMA) – MÉXICO
A PÚBLICO EN GENERAL
Cuernavaca, Morelos.- Nuestra agrupación titiritera Teatro La Luciérnaga se presentará el próximo sábado 14 de noviembre en el festival de títeres organizado por Susana López y Moisés Cabrera; este festival está dentro de las actividades del 11º Festival Internacional de Puebla; la invitación la recibimos directamente de la actriz Susana López, a la cual nos pronunciamos con afecto y alegría por abrir nuevos espacios para la expresión del arte de los títeres y favorecer así, la valoración de este arte escénico. El contacto para los trámites de contratación y envío de información del espectáculo a presentar fueron arduos por un par de semanas; se definió participar en dicho festival con la obra “Juancito y María” en versión libre del maestro Javier Villafañe.
El día 6 de noviembre al revisar la programación del festival de títeres a través de la página web, me entero que el nombre del espectáculo a presentar no es el que tenemos en repertorio ni el que habíamos acordado. Ahora se llamaba: “Una Historia de Amor y Narigón Gargarita”, por lo cual, me comuniqué con Susana para informarle del error en la programación, quien argumentó que debido a la gran carga de trabajo ocasionada por organización del festival, había olvidado informarme de los cambios.
Lo que a continuación expongo fue derivado de la conversación telefónica que mantuve con la compañera Susana López, en la cual me expuso los motivos del cambio de nombre —de manera unilateral— al espectáculo: “Juancito y María”:
1. “Los Poblanos somos medio mochos y creo que este título de obra, no es apto para nuestro público”.
2. “Creo que la gente va a relacionar este titulo de obra con asuntos indígenas y no van a tener público”.
3. “Recuerda que por eso nos llaman PI-PO-PE´S”
4. “No pude llamarte por que estoy muy ocupada con la organización y comentarte esto”
El día lunes 9 de noviembre recibí el llamado telefónico del compañero Moisés Cabrera, el cual me dijo que sabía del incidente, pero que no tenía detalles de la conversación. Así, le comuniqué lo sucedido. El compañero Moisés me manifestó sus disculpas; así mismo me expuso sus argumentos que a continuación enumero:
1. “¿Pero que pierdes tú si no está el nombre de la obra que vas a presentar?”
2. “Si no quieres venir por eso, no hay problema, buscamos quien te reemplace”
3. “Este no es un festival de UNIMA, así es que no tienes por qué ventilarlo”
4. “Si lo comentas con UNIMA, será como un asunto personal”
5. “No quiero problemas con los del festival de Puebla”
Ante este panorama, preguntamos ¿Quién es Susana López para poder modificar el nombre de un espectáculo nada más por que se le antoje? ¿Qué pensaría el galardonado Maestro argentino Javier Villafañe si le expusieran estos argumentos? ¿Quién es Susana López para diagnosticar e imponer las preferencias del público Poblano? ¿La llamada de Moisés fue para sacarme del programa “delicadamente”? ¿Cuáles son los criterios de inclusión para participar en este festival? ¿Quién los avala?
Me indigna, entristece y ofende no sólo a la agrupación que represento, sino también a los trabajadores titiriteros morelenses y a la organización UNIMA a la cual pertenezco. Considero este asunto como un acto racista, retrógrado, de mal gusto, que atenta contra la libre expresión de cualquier grupo humano.
Solicito al Consejo Directivo, así como a la comisión de Honor y Justicia de UNIMA México, tome cartas en el asunto por considerarlo un acto que ofende y violenta las relaciones entre agremiados y estatutos de la organización.
Pagina Web del Festival Internacional de Puebla:
http://www.fip.gob.mx/pordisciplina.php?idCategoria=5
http://www.fip.gob.mx/porescenario.php?idEdificio=102&mun=0
Armando Ramírez
Wendy Barberi
Teatro La Luciérnaga
Cuernavaca, Morelos
teatro_laluciernaga@hotmail.com
Región Centro Sur
UNIMA
Recorte del 70 a pacientes con Vih/Sida
Agencia Notiese/
Integrantes de la Coalición por la Salud de las Mujeres denunciaron “el alto costo social y político” de los recortes propuestos por el Ejecutivo federal al Proyecto de Presupuesto de la Federación (PPEF) 2010, el cual, dijeron, carece de una estrategia para que individuos y grupos no sean vulnerados en el contexto de la crisis económica.
El PPEF presentado por la administración calderonista para el programa “Prevención y Atención al VIH/sida y otras ITS”, asignó 133.9 millones de pesos (mdp), es decir, 30 por ciento menos que en 2009 cuando se le destinaron 193.3 mdp.
En conferencia de prensa, los activistas denunciaron la intención del Ejecutivo federal de asignar sólo 34.3 mdp a los hospitales e institutos de tercer nivel del Sistema Nacional de Salud que atienden a personas VIH positivas, 53 por ciento menos que el año pasado cuando los recursos ascendieron a 65.3 mdp.
Juan Estrada, del Comité de Pacientes que Viven con VIH/sida del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), aseguró que la afectación más grave consiste en la reducción presupuestal de 70.7 por ciento para ese instituto, lo que equivale a una asignación de únicamente 7.3 mdp para 2010.
Alertó sobre los efectos que el recorte podría tener en la salud de las 250 personas que anualmente son hospitalizadas en el INER y en la de las 950 atendidas de manera ambulatoria en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, donde reciben servicios de infectología, gastroenterología, neumología, oftalmología, dermatología, psicología y nutrición.
Integrantes de la Coalición por la Salud de las Mujeres denunciaron “el alto costo social y político” de los recortes propuestos por el Ejecutivo federal al Proyecto de Presupuesto de la Federación (PPEF) 2010, el cual, dijeron, carece de una estrategia para que individuos y grupos no sean vulnerados en el contexto de la crisis económica.
El PPEF presentado por la administración calderonista para el programa “Prevención y Atención al VIH/sida y otras ITS”, asignó 133.9 millones de pesos (mdp), es decir, 30 por ciento menos que en 2009 cuando se le destinaron 193.3 mdp.
En conferencia de prensa, los activistas denunciaron la intención del Ejecutivo federal de asignar sólo 34.3 mdp a los hospitales e institutos de tercer nivel del Sistema Nacional de Salud que atienden a personas VIH positivas, 53 por ciento menos que el año pasado cuando los recursos ascendieron a 65.3 mdp.
Juan Estrada, del Comité de Pacientes que Viven con VIH/sida del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), aseguró que la afectación más grave consiste en la reducción presupuestal de 70.7 por ciento para ese instituto, lo que equivale a una asignación de únicamente 7.3 mdp para 2010.
Alertó sobre los efectos que el recorte podría tener en la salud de las 250 personas que anualmente son hospitalizadas en el INER y en la de las 950 atendidas de manera ambulatoria en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, donde reciben servicios de infectología, gastroenterología, neumología, oftalmología, dermatología, psicología y nutrición.
Culpan al gobierno del asesinato de hijo de disidentes magisteriales
Culpan al gobierno del asesinato de hijo de disidentes magisteriales
ARTURO ALFARO GALÁN
Rigoberto Ortiz Martínez, director de la Escuela Secundaria General “Benito Juárez”, del municipio de Huauchinango, padre de Lenin Ortiz Betancourt, el joven de 21 años que fue asesinado la noche del martes con 14 impactos de bala en esta localidad consideró que el gobierno del estado es el responsable de la muerte de su primogénito, luego de que desde hace un año su familia completa se ha sumado al movimiento del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), que pugna por cancelar la aplicación de la Alianza por la Calidad en la Educación en la entidad.
En tanto, versiones extraoficiales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) señalaron que el móvil se conduce bajo tres líneas de investigación: uno del tipo sentimental, por problemas personales con policías municipales y otra más por un percance automovilístico que sufrió hace dos años.
Ante ello, los deudos acusaron que la familia Ortiz Betancourt y los profesores “incómodos al charrismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)” han recibido amenazas directas del jefe de la dirección de Telesecundarias Federales de Huauchinango, Catarino Rosales, y del supervisor de secundarias de la zona, Gilberto Hernández Gracilazo.
“Han hecho públicos sus señalamientos de arremeter en nuestra contra, de cometer represión a un movimiento pacífico, porque han señalado directamente que a nosotros los que pertenecemos al movimiento democrático nos van a chingar uno por uno y donde más nos duele. Y esto es una muestra de lo que sucede en todo el estado”, afirmó Rigoberto Ortiz Martínez.
De acuerdo con la averiguación previa 749/2009/HUAU, el joven Lenin Ortiz Betancourt salió de su casa la noche del pasado martes 10 de noviembre con el pretexto de reunirse con uno de sus amigos en el zócalo de Huauchinango; sin embargo, no volvió.
Horas más tarde, sus padres Mónica Betancourt Rodríguez, secretaria de conflictos y del trabajo de la sección democrática 23 del SNTE, y Rigoberto Ortiz, fueron enterados por la elementos de la Policía Ministerial que el cuerpo de su hijo había sido hallado el mediodía de este miércoles, en un paraje de la localidad de Naupan –al norte de Huauchinango – con el impacto de 14 balas sobre su cuerpo, una de ellas en la cabeza.
En tanto, la PGJ informó mediante un boletín de prensa que al menos “tres personas tuvieron contacto directo con el hoy occiso durante la noche anterior a su fallecimiento”, por lo que no descartaron ordenar el arraigo en contra de posibles responsables.
ARTURO ALFARO GALÁN
Rigoberto Ortiz Martínez, director de la Escuela Secundaria General “Benito Juárez”, del municipio de Huauchinango, padre de Lenin Ortiz Betancourt, el joven de 21 años que fue asesinado la noche del martes con 14 impactos de bala en esta localidad consideró que el gobierno del estado es el responsable de la muerte de su primogénito, luego de que desde hace un año su familia completa se ha sumado al movimiento del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), que pugna por cancelar la aplicación de la Alianza por la Calidad en la Educación en la entidad.
En tanto, versiones extraoficiales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) señalaron que el móvil se conduce bajo tres líneas de investigación: uno del tipo sentimental, por problemas personales con policías municipales y otra más por un percance automovilístico que sufrió hace dos años.
Ante ello, los deudos acusaron que la familia Ortiz Betancourt y los profesores “incómodos al charrismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)” han recibido amenazas directas del jefe de la dirección de Telesecundarias Federales de Huauchinango, Catarino Rosales, y del supervisor de secundarias de la zona, Gilberto Hernández Gracilazo.
“Han hecho públicos sus señalamientos de arremeter en nuestra contra, de cometer represión a un movimiento pacífico, porque han señalado directamente que a nosotros los que pertenecemos al movimiento democrático nos van a chingar uno por uno y donde más nos duele. Y esto es una muestra de lo que sucede en todo el estado”, afirmó Rigoberto Ortiz Martínez.
De acuerdo con la averiguación previa 749/2009/HUAU, el joven Lenin Ortiz Betancourt salió de su casa la noche del pasado martes 10 de noviembre con el pretexto de reunirse con uno de sus amigos en el zócalo de Huauchinango; sin embargo, no volvió.
Horas más tarde, sus padres Mónica Betancourt Rodríguez, secretaria de conflictos y del trabajo de la sección democrática 23 del SNTE, y Rigoberto Ortiz, fueron enterados por la elementos de la Policía Ministerial que el cuerpo de su hijo había sido hallado el mediodía de este miércoles, en un paraje de la localidad de Naupan –al norte de Huauchinango – con el impacto de 14 balas sobre su cuerpo, una de ellas en la cabeza.
En tanto, la PGJ informó mediante un boletín de prensa que al menos “tres personas tuvieron contacto directo con el hoy occiso durante la noche anterior a su fallecimiento”, por lo que no descartaron ordenar el arraigo en contra de posibles responsables.
domingo, 8 de noviembre de 2009
Reconoce el SME imparcialidad de la juez Guillermina Coutiño Mata
A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
Al pueblo mexicano,
A los medios de comunicación:
El día 6 de noviembre por la noche, la Juez Guillermina Coutiño Mata, emitió la resolución con la que otorgó la suspensión definitiva contra el acto reclamado por el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ello representa un triunfo en esta primera parte del proceso del Juicio de Amparo interpuesto por nuestra Organización Sindical.
Desde el SME, expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la valentía de la Juez Coutiño Mata, pero sobre todo, a su integridad por defender y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado y todavía más, porque mantiene la esperanza en nuestros corazones y levanta el ánimo a todos los trabajadores que nos encontramos en esta lucha contra la decisión Inconstitucional e Ilegal del gobierno federal y su decreto de extinción de la empresa pública: Luz y Fuerza del Centro, dejando además, a más de 44 mil trabajadores sin salario y sin empleo.
Hacemos precisión que este avance en el proceso legal, se suma a las acciones ya previstas por nuestro sindicato, que concurrirán con el Paro Cívico Nacional programado para este 11 de noviembre, conjuntamente con un conjunto bastante numeroso de organizaciones sindicales, campesinas, populares, estudiantiles, sociales y políticas, que se han manifestado en solidaridad con nuestro movimiento.
Queremos dejar claro, que la construcción de la victoria nuestra, pasa por la actividad intensa a nivel general en todo nuestro país, por ello, convocamos a todas aquellas expresiones sociales que están en contra de la crisis económica y política, del “Paquetazo Fiscal” calderonista, de la carencia de empleos, de seguridad social que imperan en nuestra patria, para que se sumen a esta lucha por la dignidad de los trabajadores y el pueblo.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 7 de noviembre de 2009
Fernando Amezcua Castillo
Al pueblo mexicano,
A los medios de comunicación:
El día 6 de noviembre por la noche, la Juez Guillermina Coutiño Mata, emitió la resolución con la que otorgó la suspensión definitiva contra el acto reclamado por el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ello representa un triunfo en esta primera parte del proceso del Juicio de Amparo interpuesto por nuestra Organización Sindical.
Desde el SME, expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la valentía de la Juez Coutiño Mata, pero sobre todo, a su integridad por defender y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado y todavía más, porque mantiene la esperanza en nuestros corazones y levanta el ánimo a todos los trabajadores que nos encontramos en esta lucha contra la decisión Inconstitucional e Ilegal del gobierno federal y su decreto de extinción de la empresa pública: Luz y Fuerza del Centro, dejando además, a más de 44 mil trabajadores sin salario y sin empleo.
Hacemos precisión que este avance en el proceso legal, se suma a las acciones ya previstas por nuestro sindicato, que concurrirán con el Paro Cívico Nacional programado para este 11 de noviembre, conjuntamente con un conjunto bastante numeroso de organizaciones sindicales, campesinas, populares, estudiantiles, sociales y políticas, que se han manifestado en solidaridad con nuestro movimiento.
Queremos dejar claro, que la construcción de la victoria nuestra, pasa por la actividad intensa a nivel general en todo nuestro país, por ello, convocamos a todas aquellas expresiones sociales que están en contra de la crisis económica y política, del “Paquetazo Fiscal” calderonista, de la carencia de empleos, de seguridad social que imperan en nuestra patria, para que se sumen a esta lucha por la dignidad de los trabajadores y el pueblo.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 7 de noviembre de 2009
Fernando Amezcua Castillo
viernes, 6 de noviembre de 2009
Roban equipo de trabajo de activista en Durango; "quizá quieren asustarme"
Roban equipo de trabajo de activista en Durango; "quizá quieren asustarme"
Gabriela Gallegos Ávila dijo señaló hace días, a raíz del asesinato del reportero Bladimir Antuna, que no había garantías para el libre ejercicio periodístico en la entidad.
Saúl Maldonado, corresponsal
Publicado: 06/11/2009 10:21
Durango, Dgo. Durante la madrugada de este viernes fue robado todo el equipo de trabajo de Gabriela Gallegos Ávila, vicepresidenta nacional de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), quien en días pasado señaló que no había garantías para el libre ejercicio periodístico en Durango.
“Qué casualidad”, comentó Gallegos Ávila, quien detalló que sólo sustrajeron de su domicilio equipo de trabajo, dos computadoras laptop, dos cámaras fotográficas profesionales -una de ellas recién comprada-, varias memorias USB, su teléfono celular y agendas de trabajo. “Había a un lado de los instrumentos que me robaron otras cosas de valor y ahí las dejaron”, señaló.
Gabriela señaló el pasado martes, a raíz del asesinato del reportero Bladimir Antuna, que en Durango no había garantías para quienes trabajan en los medios de comunicación.
También denunció que había presiones gubernamentales hacia directores de medios para terminar con sus barras de programas de análisis político. Cuarenta y ocho horas después, entran a su casa y le roban sólo su equipo de trabajo. "A lo mejor me quieren asustar, no lo sé", señaló.
Gabriela Gallegos Ávila dijo señaló hace días, a raíz del asesinato del reportero Bladimir Antuna, que no había garantías para el libre ejercicio periodístico en la entidad.
Saúl Maldonado, corresponsal
Publicado: 06/11/2009 10:21
Durango, Dgo. Durante la madrugada de este viernes fue robado todo el equipo de trabajo de Gabriela Gallegos Ávila, vicepresidenta nacional de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), quien en días pasado señaló que no había garantías para el libre ejercicio periodístico en Durango.
“Qué casualidad”, comentó Gallegos Ávila, quien detalló que sólo sustrajeron de su domicilio equipo de trabajo, dos computadoras laptop, dos cámaras fotográficas profesionales -una de ellas recién comprada-, varias memorias USB, su teléfono celular y agendas de trabajo. “Había a un lado de los instrumentos que me robaron otras cosas de valor y ahí las dejaron”, señaló.
Gabriela señaló el pasado martes, a raíz del asesinato del reportero Bladimir Antuna, que en Durango no había garantías para quienes trabajan en los medios de comunicación.
También denunció que había presiones gubernamentales hacia directores de medios para terminar con sus barras de programas de análisis político. Cuarenta y ocho horas después, entran a su casa y le roban sólo su equipo de trabajo. "A lo mejor me quieren asustar, no lo sé", señaló.
El gobierno federal descapitalizó a LFC: Mario Govea Sansón
El gobierno federal descapitalizó a LFC: Mario Govea Sansón
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
Pese a que la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) tenía 30 por ciento del total de los usuarios de energía eléctrica en el país, sólo recibía al año aproximadamente un 11 por ciento del presupuesto que se le otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual contribuyó a la descapitalización de este organismo, indicó Mario Govea Sansón, asesor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En el marco del panel “Mitos alrededor de la compañía de Luz y Fuerza del Centro” que se realizó ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), agregó que el SME le solicitó al gobierno federal desde el pasado 30 de junio una concesión para operar la red de fibra óptica que tenía; sin embargo, ésta le fue negada. Aseguró que unos meses más tarde de esta petición se le da el golpe a la paraestatal con el fin de entregar la red a una compañía privada, lo cual representa un negocio de 7 mil millones de dólares, además de que también buscarán a mediano plazo privatizar el servicio de la energía eléctrica, y ello encarecerá en más del 100 por ciento las tarifas.
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
Pese a que la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) tenía 30 por ciento del total de los usuarios de energía eléctrica en el país, sólo recibía al año aproximadamente un 11 por ciento del presupuesto que se le otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual contribuyó a la descapitalización de este organismo, indicó Mario Govea Sansón, asesor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En el marco del panel “Mitos alrededor de la compañía de Luz y Fuerza del Centro” que se realizó ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), agregó que el SME le solicitó al gobierno federal desde el pasado 30 de junio una concesión para operar la red de fibra óptica que tenía; sin embargo, ésta le fue negada. Aseguró que unos meses más tarde de esta petición se le da el golpe a la paraestatal con el fin de entregar la red a una compañía privada, lo cual representa un negocio de 7 mil millones de dólares, además de que también buscarán a mediano plazo privatizar el servicio de la energía eléctrica, y ello encarecerá en más del 100 por ciento las tarifas.
Electricistas toman de manera pacífica instalaciones de la hidroeléctrica de Necaxa
Miembros del SME resguardan instalaciones de Luz y Fuerza en Necaxa- La jornada de Oriente
De forma pacífica, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en la región de Huauchinango y Nuevo Necaxa colocaron las banderas de huelga en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y bloquearon los accesos a los inmuebles como una forma de protesta por el decreto de extinción que emitió el gobierno federal.
Los sindicalistas en ningún momento se apoderaron de la planta hidroeléctrica de Nuevo Necaxa ni de la planta de El Salto, como dieron a conocer algunos medios de comunicación.
El Sol de Puebla
Trabajadores electricistas de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) tomaron, de manera pacífica, las instalaciones eléctricas, colocaron banderas de huelga y cerraron el acceso a la población de Necaxa mientras elementos de la Policía Federal Preventiva observaron a distancia. Una multitudinaria columna de trabajadores electricistas y sus familias salieron, al amanecer, desde la población de Necaxa hacia las instalaciones de la empresa eléctrica, a unos dos kilómetros de distancia y enfilaron caminando por el dique de la presa de Necaxa hacia El Garitón custodiado por elementos de la Policía Auxiliar y Federal.
diario cambio
Con la bandera nacional, los estandartes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Virgen de Guadalupe por delante, unos mil electricistas de Nuevo Necaxa regresaron a las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, su centro de trabajo hasta hace 26 días cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró su extinción.
Milenio
México DF.-El sindicato de electricistas presentó en la PGR una denuncia penal contra funcionarios federales responsables de las liquidaciones supuestamente ilegales que están dando a trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
En conferencia de prensa, el líder de ese gremio, Martín Esparza, aseveró que el despacho jurídico que asesora al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) determinó emprender esta acción con base en la presunción en los delitos de abuso de autoridad y peculado cometidos en ese proceso.
De forma pacífica, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en la región de Huauchinango y Nuevo Necaxa colocaron las banderas de huelga en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y bloquearon los accesos a los inmuebles como una forma de protesta por el decreto de extinción que emitió el gobierno federal.
Los sindicalistas en ningún momento se apoderaron de la planta hidroeléctrica de Nuevo Necaxa ni de la planta de El Salto, como dieron a conocer algunos medios de comunicación.
El Sol de Puebla
Trabajadores electricistas de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) tomaron, de manera pacífica, las instalaciones eléctricas, colocaron banderas de huelga y cerraron el acceso a la población de Necaxa mientras elementos de la Policía Federal Preventiva observaron a distancia. Una multitudinaria columna de trabajadores electricistas y sus familias salieron, al amanecer, desde la población de Necaxa hacia las instalaciones de la empresa eléctrica, a unos dos kilómetros de distancia y enfilaron caminando por el dique de la presa de Necaxa hacia El Garitón custodiado por elementos de la Policía Auxiliar y Federal.
diario cambio
Con la bandera nacional, los estandartes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Virgen de Guadalupe por delante, unos mil electricistas de Nuevo Necaxa regresaron a las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, su centro de trabajo hasta hace 26 días cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró su extinción.
La emoción se veía en los rostros de los obreros, de sus mujeres y de los comerciantes que los apoyan, mientras —desde las ocho de la mañana— esperaban a otros más de sus compañeros para iniciar la acción de resistencia y recuperar su empleo, en este lugar que es considerado la cuna de la industria hidroeléctrica nacional.
Milenio
México DF.-El sindicato de electricistas presentó en la PGR una denuncia penal contra funcionarios federales responsables de las liquidaciones supuestamente ilegales que están dando a trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
En conferencia de prensa, el líder de ese gremio, Martín Esparza, aseveró que el despacho jurídico que asesora al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) determinó emprender esta acción con base en la presunción en los delitos de abuso de autoridad y peculado cometidos en ese proceso.
jueves, 5 de noviembre de 2009
Reporteros exigen frenar atentados
Reporteros exigen frenar atentados
La ejecución del reportero Bladimir Antuna García, del diario El Tiempo de Durango, es “otro recordatorio brutal de la precaria y peligrosa situación en la que trabajan los comunicadores mexicanos, en especial, aquellos que cubren crimen y corrupción”, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, se sumó a las exigencias de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, para que el gobierno esclarezca estos crímenes y haga efectivo su compromiso con la libertad de prensa.
En un comunicado, el comité —con sede en Nueva York— señaló que de acuerdo con sus investigaciones, “39 periodistas, incluyendo a Antuna, han sido asesinados desde 1992 en México. Por lo menos 17 fueron ultimados en represalia directa por su trabajo; siete reporteros han desaparecido desde 2005. La mayoría informaba sobre el crimen organizado o la corrupción gubernamental”.
La ejecución del reportero Bladimir Antuna García, del diario El Tiempo de Durango, es “otro recordatorio brutal de la precaria y peligrosa situación en la que trabajan los comunicadores mexicanos, en especial, aquellos que cubren crimen y corrupción”, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, se sumó a las exigencias de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, para que el gobierno esclarezca estos crímenes y haga efectivo su compromiso con la libertad de prensa.
En un comunicado, el comité —con sede en Nueva York— señaló que de acuerdo con sus investigaciones, “39 periodistas, incluyendo a Antuna, han sido asesinados desde 1992 en México. Por lo menos 17 fueron ultimados en represalia directa por su trabajo; siete reporteros han desaparecido desde 2005. La mayoría informaba sobre el crimen organizado o la corrupción gubernamental”.
Vecinos de Galaxia La Laguna inician defensa de un terreno para áreas verdes
Vecinos de Galaxia La Laguna inician defensa de un terreno para áreas verdes
MARTIN HERNANDEZ ALCANTARA
Vecinos de la unidad habitacional Galaxia La Laguna han iniciado una campaña legal, política y mediática para evitar el despojo que el cabildo de Puebla pretende hacerles de un terreno originalmente donado para áreas verdes y equipamiento, pero que apenas el mes pasado fue aprobado para ser usado como superficie de construcción de 24 casas para agentes de la policía.
El pasado 14 de octubre, los regidores del ayuntamiento que encabeza la priista Blanca Alcalá Ruiz, acordaron cambiar el uso del suelo al lote en cuestión y extrañamente, casi de manera simultánea, maquinaria y trabajadores iniciaron las labores de limpieza del inmueble, lo cual tomó por sorpresa a los colonos.
De la sorpresa, los vecinos de Galaxia La Laguna –que también es considerado fraccionamiento– pasaron al enojo cuando se enteraron de la decisión del cabildo, sobre todo porque desde el 24 de abril del año pasado solicitaron formalmente a Alcalá Ruiz el equipamiento de las áreas de donación que tenía el complejo habitacional y porque hicieron lo propio con el gobernador del estado, Mario Marín Torres, a quien solicitaron la construcción de instalaciones deportivas.
En un escrito entregado por los vecinos el pasado 27 de octubre en las oficinas del presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Humberto Aguilar Viveros, explican que su oposición a la edificación de las moradas se debe a que ignoran “qué dependencia autorizó este proyecto, bajo qué condiciones empezarían a edificarse (las moradas para los uniformados)”.
Otra razón es que no saben “si existen estudios de impacto ambiental, incluyendo la autorización o licencia de uso de suelo, en virtud de que nuestra unidad habitacional cuenta con mil 156 viviendas aproximadamente, y la inclusión de 24 pies de casa rompería con el proyecto de la correcta y completa distribución de los servicios municipales, como son el suministro de agua potable, la descarga del drenaje (afectando nuestra salud) y aguas pluviales, alumbrado público, la carga que soportaría nuestra línea de afectación, etcétera”.
Aseguran que el proyecto inmobiliario viola, entre otras, la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley de Obra Pública.
“No menos importante es la extinción de espacios para la práctica de deportes en áreas destinadas para este fin, que permitan el sano desarrollo de nuestros hijos, es por ello que nos oponemos enérgicamente a este proyecto”, explican los colonos.
Los vecinos han acudido con autoridades del ayuntamiento, el gobierno estatal y el Congreso local, sin que hasta ahora hayan obtenido una respuesta satisfactoria para sus demandas.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Inconstitucional liquidación de Luz y Fuerza del Centro: SME y abogados
AL FORO NACIONAL
A LOS COLEGIOS, BARRAS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS
A LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE DERECHO
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Habida cuenta de la trascendencia, jurídica, política y social del Decreto del Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre pasado, que extingue al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), creemos oportuno y necesario, como abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), someter a la reflexión nacional los aspectos medulares de la demanda de amparo presentada el 28 de octubre pasado. No pretendemos debatir sobre la viabilidad de LyFC sino demostrar la inconstitucionalidad del acto que se reclama.
El Decreto no acató el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Violó además la garantía de audiencia consagrada en su artículo 14: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Este acto antijurídico privó a los trabajadores de sus derechos laborales, razón por la que el SME, como titular del contrato colectivo de trabajo, está legitimado para defender las garantías individuales y sociales mediante el juicio de amparo, según lo prescrito en la fracción XVI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución: Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.
Alega la autoridad que no ha hollado los derechos laborares y en concreto el de sindicalización, lo que es inexacto pues al extinguir a LyFC negó a los trabajadores la garantía de audiencia y desconoció el derecho al trabajo que protege el artículo 5º de la Constitución. Aun suponiendo que la extinción de LyFC fuese constitucional –que no lo es– resultaría obvia la procedencia de la sustitución patronal, dado que la Comisión Federal de Electricidad se encargó de la prestación del servicio público de energía eléctrica que aquella venía prestando, con el patrimonio, las instalaciones y los bienes de LyFC y desde el momento mismo en que intervino la Policía Federal para desalojar a sus trabajadores, por lo que no podrían terminar las relaciones de trabajo, ni las individuales ni las colectivas.
Dado que el Decreto pretende justificar la extinción de LyFC en su inviabilidad económica, es menester citar la fracción II del artículo 434 y la III del artículo 435 de la Ley Federal del Trabajo: Fracción II: Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Fracción III: Si se trata de la fracción II, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica.
Al no haber obtenido la referida autorización, es inconcuso que el patrón, o sea, el Estado, violó las garantías de audiencia y de seguridad jurídica, conculcando derechos laborales fundamentales como la estabilidad en el empleo, la reinstalación obligatoria, la asociación profesional y las libertades de afiliación sindical y de negociación colectiva, ya que no hubo un juicio ante tribunales previamente establecidos ni mucho menos se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Promovió, en cambio, un procedimiento especial para la terminación de las relaciones de trabajo, partiendo de una inexistente causa de fuerza mayor, pues no podría invocarla en su favor quien genera voluntariamente el hecho.
Una norma derogadora como el Decreto es ineficaz al no tener la misma validez jurídica de la norma que deroga. Según Gabino Fraga, el principio de la “autoridad formal de la ley” implica que “todas las resoluciones del Poder Legislativo no pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra resolución del mismo Poder y siguiendo los mismos procedimientos seguidos para la formación de la resolución primitiva” (Derecho Administrativo, 33ª edición., Porrúa, México, 1994, p. 38). Es el mismo principio que consagra la Constitución en su artículo 72 inciso f): En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
No hay que olvidar que el Decreto que creó a LyFC, publicado en febrero 9 de 1994, tuvo su origen en el artículo 4º transitorio de la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica y que por ello, el organismo descentralizado sustentó su vida jurídica en una ley, razón por la que sólo un Decreto nuevamente legislativo pudo haber dispuesto su extinción.
Acorde con la fracción I del artículo 89 constitucional, el Ejecutivo Federal está facultado para: Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Esta “facultad reglamentaria” es muy distinta a la “delegación de facultades legislativas” que el Legislativo puede conceder al Ejecutivo en ciertos casos.
A través de la facultad reglamentaria, el Ejecutivo actúa como un mero facilitador de la voluntad legislativa, tal y como lo prescribe el artículo 4º transitorio reformado de la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica, que sigue vigente. Esto porque dicha facultad sólo implica poder “expedir disposiciones generales que sean el medio práctico adecuado para poder dar exacta observancia a la ley” (Ibídem, p. 110), como en el caso de los reglamentos. Se distingue así el acto directo (el de ejecución) del acto indirecto (el de proveer los medios para la ejecución), máxime cuando la fracción I del artículo 89 determina que el Ejecutivo proveerá “en la esfera administrativa”. En consecuencia, las reglas que dicte el Poder Ejecutivo tienen un carácter eminentemente administrativo, como facultad reglamentaria inherente a dicho Poder, porque la propia Constitución así se lo concede y no porque derive de delegación legislativa alguna. De lo contrario, el Ejecutivo tendría las mismas facultades que el Legislativo.
Por ello sostenemos que el Decreto del Presidente pasó por alto al Congreso de la Unión e invadió sus atribuciones exclusivas, violando la fracción X del artículo 73 de la Constitución que lo faculta Para legislar en toda la República sobre… energía eléctrica… Desacató igualmente el mandato del artículo 72 inciso f) de la Ley Suprema, porque derogó un Decreto sin observar los mismos trámites establecidos para su formación. Se trata, pues, de dos violaciones muy graves, una del procedimiento y otra de la naturaleza de la materia. El principio de legalidad determina que ningún Poder tenga más facultades que las que la Constitución le otorga.
En este contexto hay dos puntos a considerar respecto de la fundamentación del Decreto: por un lado, la infundada invocación de la fracción I de artículo 89 constitucional (facultad reglamentaria), ya que no derivó de una Ley del Congreso; por el otro, la aplicación del inconstitucional artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (procedimiento para extinguir o fusionar un organismo descentralizado), que lo es por violar la garantía de audiencia, al no contemplar la participación de los trabajadores ni de su representación sindical en el procedimiento.
EN RESUMEN, el Decreto es inconstitucional y está indebidamente fundado y motivado. De la Constitución violó, en perjuicio de los quejosos, los artículos 5º, 14, 16, 49, 72 inciso f), 73 fracción X, 89 fracción I y 123, entre otros, destacando las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, al margen de que conlleva la aplicación de un artículo inconstitucional como lo es el 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vulneró además el Convenio 87 de la Organización Interncional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
DR. NESTOR DE BUEN LOZANO DR. RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
Lic. Carlos De Buen Unna
Dra. Betty Zanolli Fabila, Lic. Refugio Rodríguez Núñes, Lic. Pedro Gómez Hernández, Lic. Ignacio Burgoa Llano
Responsable de la publicación, Fernando Amezcua Castillo
A LOS COLEGIOS, BARRAS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS
A LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE DERECHO
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Habida cuenta de la trascendencia, jurídica, política y social del Decreto del Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre pasado, que extingue al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), creemos oportuno y necesario, como abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), someter a la reflexión nacional los aspectos medulares de la demanda de amparo presentada el 28 de octubre pasado. No pretendemos debatir sobre la viabilidad de LyFC sino demostrar la inconstitucionalidad del acto que se reclama.
El Decreto no acató el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Violó además la garantía de audiencia consagrada en su artículo 14: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Este acto antijurídico privó a los trabajadores de sus derechos laborales, razón por la que el SME, como titular del contrato colectivo de trabajo, está legitimado para defender las garantías individuales y sociales mediante el juicio de amparo, según lo prescrito en la fracción XVI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución: Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.
Alega la autoridad que no ha hollado los derechos laborares y en concreto el de sindicalización, lo que es inexacto pues al extinguir a LyFC negó a los trabajadores la garantía de audiencia y desconoció el derecho al trabajo que protege el artículo 5º de la Constitución. Aun suponiendo que la extinción de LyFC fuese constitucional –que no lo es– resultaría obvia la procedencia de la sustitución patronal, dado que la Comisión Federal de Electricidad se encargó de la prestación del servicio público de energía eléctrica que aquella venía prestando, con el patrimonio, las instalaciones y los bienes de LyFC y desde el momento mismo en que intervino la Policía Federal para desalojar a sus trabajadores, por lo que no podrían terminar las relaciones de trabajo, ni las individuales ni las colectivas.
Dado que el Decreto pretende justificar la extinción de LyFC en su inviabilidad económica, es menester citar la fracción II del artículo 434 y la III del artículo 435 de la Ley Federal del Trabajo: Fracción II: Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Fracción III: Si se trata de la fracción II, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica.
Al no haber obtenido la referida autorización, es inconcuso que el patrón, o sea, el Estado, violó las garantías de audiencia y de seguridad jurídica, conculcando derechos laborales fundamentales como la estabilidad en el empleo, la reinstalación obligatoria, la asociación profesional y las libertades de afiliación sindical y de negociación colectiva, ya que no hubo un juicio ante tribunales previamente establecidos ni mucho menos se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Promovió, en cambio, un procedimiento especial para la terminación de las relaciones de trabajo, partiendo de una inexistente causa de fuerza mayor, pues no podría invocarla en su favor quien genera voluntariamente el hecho.
Una norma derogadora como el Decreto es ineficaz al no tener la misma validez jurídica de la norma que deroga. Según Gabino Fraga, el principio de la “autoridad formal de la ley” implica que “todas las resoluciones del Poder Legislativo no pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra resolución del mismo Poder y siguiendo los mismos procedimientos seguidos para la formación de la resolución primitiva” (Derecho Administrativo, 33ª edición., Porrúa, México, 1994, p. 38). Es el mismo principio que consagra la Constitución en su artículo 72 inciso f): En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
No hay que olvidar que el Decreto que creó a LyFC, publicado en febrero 9 de 1994, tuvo su origen en el artículo 4º transitorio de la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica y que por ello, el organismo descentralizado sustentó su vida jurídica en una ley, razón por la que sólo un Decreto nuevamente legislativo pudo haber dispuesto su extinción.
Acorde con la fracción I del artículo 89 constitucional, el Ejecutivo Federal está facultado para: Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Esta “facultad reglamentaria” es muy distinta a la “delegación de facultades legislativas” que el Legislativo puede conceder al Ejecutivo en ciertos casos.
A través de la facultad reglamentaria, el Ejecutivo actúa como un mero facilitador de la voluntad legislativa, tal y como lo prescribe el artículo 4º transitorio reformado de la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica, que sigue vigente. Esto porque dicha facultad sólo implica poder “expedir disposiciones generales que sean el medio práctico adecuado para poder dar exacta observancia a la ley” (Ibídem, p. 110), como en el caso de los reglamentos. Se distingue así el acto directo (el de ejecución) del acto indirecto (el de proveer los medios para la ejecución), máxime cuando la fracción I del artículo 89 determina que el Ejecutivo proveerá “en la esfera administrativa”. En consecuencia, las reglas que dicte el Poder Ejecutivo tienen un carácter eminentemente administrativo, como facultad reglamentaria inherente a dicho Poder, porque la propia Constitución así se lo concede y no porque derive de delegación legislativa alguna. De lo contrario, el Ejecutivo tendría las mismas facultades que el Legislativo.
Por ello sostenemos que el Decreto del Presidente pasó por alto al Congreso de la Unión e invadió sus atribuciones exclusivas, violando la fracción X del artículo 73 de la Constitución que lo faculta Para legislar en toda la República sobre… energía eléctrica… Desacató igualmente el mandato del artículo 72 inciso f) de la Ley Suprema, porque derogó un Decreto sin observar los mismos trámites establecidos para su formación. Se trata, pues, de dos violaciones muy graves, una del procedimiento y otra de la naturaleza de la materia. El principio de legalidad determina que ningún Poder tenga más facultades que las que la Constitución le otorga.
En este contexto hay dos puntos a considerar respecto de la fundamentación del Decreto: por un lado, la infundada invocación de la fracción I de artículo 89 constitucional (facultad reglamentaria), ya que no derivó de una Ley del Congreso; por el otro, la aplicación del inconstitucional artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (procedimiento para extinguir o fusionar un organismo descentralizado), que lo es por violar la garantía de audiencia, al no contemplar la participación de los trabajadores ni de su representación sindical en el procedimiento.
EN RESUMEN, el Decreto es inconstitucional y está indebidamente fundado y motivado. De la Constitución violó, en perjuicio de los quejosos, los artículos 5º, 14, 16, 49, 72 inciso f), 73 fracción X, 89 fracción I y 123, entre otros, destacando las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, al margen de que conlleva la aplicación de un artículo inconstitucional como lo es el 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vulneró además el Convenio 87 de la Organización Interncional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
DR. NESTOR DE BUEN LOZANO DR. RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
Lic. Carlos De Buen Unna
Dra. Betty Zanolli Fabila, Lic. Refugio Rodríguez Núñes, Lic. Pedro Gómez Hernández, Lic. Ignacio Burgoa Llano
Responsable de la publicación, Fernando Amezcua Castillo
Periodistas son blanco fácil de los criminales
Periodistas son blanco fácil de los criminales
Durango, Sinaloa y Chihuahua, los estados más peligrosos para comunicadores
A unas horas de que el cuerpo del reportero Bladimir Antuna García, del periódico El Tiempo, fue hallado en Durango y en medio de llamados a proteger a periodistas en la entidad, en Los Mochis, Sinaloa, se informó que el locutor Francisco Iñiguez Peña fue levantado minutos después de abandonar la cabina de radio.
La Procuraduría General de Justicia en Durango se limitó a aclarar que el comunicador Antuna, de 39 años de edad y encontrado la noche del lunes a unas cuadras del Centro Deportivo del IMSS en la capital de Durango, no tenía impactos de bala y que su muerte se debió a “asfixia por estrangulamiento”.
Durango, Sinaloa y Chihuahua, los estados más peligrosos para comunicadores
A unas horas de que el cuerpo del reportero Bladimir Antuna García, del periódico El Tiempo, fue hallado en Durango y en medio de llamados a proteger a periodistas en la entidad, en Los Mochis, Sinaloa, se informó que el locutor Francisco Iñiguez Peña fue levantado minutos después de abandonar la cabina de radio.
La Procuraduría General de Justicia en Durango se limitó a aclarar que el comunicador Antuna, de 39 años de edad y encontrado la noche del lunes a unas cuadras del Centro Deportivo del IMSS en la capital de Durango, no tenía impactos de bala y que su muerte se debió a “asfixia por estrangulamiento”.
Señalan panistas lentitud del gobierno del estado para resolver el caso de Coofia
Señalan panistas lentitud del gobierno del estado para resolver el caso de Coofia
MÓNICA CAMACHO
La bancada del PAN en el Congreso local responsabilizó al gobierno estatal de la lentitud con la que las autoridades resuelven el fraude de Financiera Coofia, ya que no ha definido la vía jurídica que seguirá para que los 4 mil 645 estafados recuperen parte del dinero que perdieron ni ha proporcionado información sobre el avance de las denuncias.
Para dar celeridad al caso, el coordinador del grupo parlamentario, Eduardo Rivera Pérez, anunció que el próximo jueves solicitará a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a través de un punto de acuerdo, etiquetar en el presupuesto de egresos 2010 el recurso económico que aportará para resarcir, junto con el gobierno federal, 70 por ciento de los ahorros.
El diputado albiazul explicó que diversos grupos de defraudados se han acercado a su oficina para denunciar la tardanza con la que se están tramitando las quejas.
MÓNICA CAMACHO
La bancada del PAN en el Congreso local responsabilizó al gobierno estatal de la lentitud con la que las autoridades resuelven el fraude de Financiera Coofia, ya que no ha definido la vía jurídica que seguirá para que los 4 mil 645 estafados recuperen parte del dinero que perdieron ni ha proporcionado información sobre el avance de las denuncias.
Para dar celeridad al caso, el coordinador del grupo parlamentario, Eduardo Rivera Pérez, anunció que el próximo jueves solicitará a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a través de un punto de acuerdo, etiquetar en el presupuesto de egresos 2010 el recurso económico que aportará para resarcir, junto con el gobierno federal, 70 por ciento de los ahorros.
El diputado albiazul explicó que diversos grupos de defraudados se han acercado a su oficina para denunciar la tardanza con la que se están tramitando las quejas.
Señalan ejidatarios de Azumiatla presiones; “habrá brote de violencia”, advierten
Señalan ejidatarios de Azumiatla presiones; “habrá brote de violencia”, advierten
Javier Puga
Los gobiernos del estado y del municipio de Puebla continúan ejerciendo una excesiva presión sobre la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla –al sur de la capital del estado–, pues por un lado la administración del gobernador, Mario Marín está permitiendo que particulares se introduzcan a medir terrenos ejidales para proyectos carreteros; por el otro, la Comuna incumplió su programa de obras.
Así lo señaló el asesor de los campesinos y ejidatarios de este lugar, Miguel Edgar Ayllón Villegas, quien agregó que de no atenderse las demandas de esta población, que se encuentra a 20 kilómetros de la capital del estado, se generará un nuevo brote de violencia.
Indicó que la administración de Blanca Alcalá Ruiz se olvidó de los compromisos de obra pública y de generación de infraestructura para esta comunidad indígena; es más, dejó abandonada la construcción de un colector pluvial que debió haberse entregado en diciembre del año pasado.
De esta obra los habitantes exigen saber cuál fue el costo y el proyecto en general, pues saben que fue la propia edil, al visitar los trabajos cuando iniciaron, pero que las lluvias destruyeron “lo poco que se había hecho”; aunque también saben que Alcalá Ruiz dio por concluida la obra y la presumió durante su primer informe de gobierno.
Javier Puga
Los gobiernos del estado y del municipio de Puebla continúan ejerciendo una excesiva presión sobre la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla –al sur de la capital del estado–, pues por un lado la administración del gobernador, Mario Marín está permitiendo que particulares se introduzcan a medir terrenos ejidales para proyectos carreteros; por el otro, la Comuna incumplió su programa de obras.
Así lo señaló el asesor de los campesinos y ejidatarios de este lugar, Miguel Edgar Ayllón Villegas, quien agregó que de no atenderse las demandas de esta población, que se encuentra a 20 kilómetros de la capital del estado, se generará un nuevo brote de violencia.
Indicó que la administración de Blanca Alcalá Ruiz se olvidó de los compromisos de obra pública y de generación de infraestructura para esta comunidad indígena; es más, dejó abandonada la construcción de un colector pluvial que debió haberse entregado en diciembre del año pasado.
De esta obra los habitantes exigen saber cuál fue el costo y el proyecto en general, pues saben que fue la propia edil, al visitar los trabajos cuando iniciaron, pero que las lluvias destruyeron “lo poco que se había hecho”; aunque también saben que Alcalá Ruiz dio por concluida la obra y la presumió durante su primer informe de gobierno.
El paquete fiscal recién aprobado es una “política regresiva”, señaló Hernández
El paquete fiscal recién aprobado es una “política regresiva”, señaló Hernández
La ciudadanía protesta en apoyo a los trabajadores de Luz y Fuerza / Arturo Alfaro Galán
El director general académico de la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA), Juan Luis Hernández Avendaño, señaló que el paquete fiscal recién aprobado por el Congreso de la Unión “es una política regresiva”, que únicamente afectará a las personas que menos ingresos tienen.
El universitario manifestó que el país necesita una reforma fiscal que sea federalista, con más atribuciones tributarias a otros niveles de gobierno y mayor equidad en el sistema impositivo, que regrese los impuestos a los ciudadanos en mejoras a la calidad de vida y en obras de infraestructura.
“Me parece que la aprobación de la reforma fiscal fue muy desafortunada, porque va a provocar más inflación, porque siguen manteniendo cautivos a una base gravable, porque no se afecta en especial a quienes evaden impuestos y, sobre todo, porque no hay una política de fondo para distribuir, de manera equitativa, los recursos que se recauden con esta política”, puntualizó antes de iniciar el foro sobre política económica que se realizó ayer en la UIA.
La ciudadanía protesta en apoyo a los trabajadores de Luz y Fuerza / Arturo Alfaro Galán
El director general académico de la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA), Juan Luis Hernández Avendaño, señaló que el paquete fiscal recién aprobado por el Congreso de la Unión “es una política regresiva”, que únicamente afectará a las personas que menos ingresos tienen.
El universitario manifestó que el país necesita una reforma fiscal que sea federalista, con más atribuciones tributarias a otros niveles de gobierno y mayor equidad en el sistema impositivo, que regrese los impuestos a los ciudadanos en mejoras a la calidad de vida y en obras de infraestructura.
“Me parece que la aprobación de la reforma fiscal fue muy desafortunada, porque va a provocar más inflación, porque siguen manteniendo cautivos a una base gravable, porque no se afecta en especial a quienes evaden impuestos y, sobre todo, porque no hay una política de fondo para distribuir, de manera equitativa, los recursos que se recauden con esta política”, puntualizó antes de iniciar el foro sobre política económica que se realizó ayer en la UIA.
Exhorta SME a no pagar luz en apoyo a electricistas de LFC
Exhorta SME a no pagar luz en apoyo a electricistas de LFC
Arturo Alfaro Galán
El subdirector general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar Vázquez, exhortó a los pobladores de la región de Huauchinango y Chignahuapan –ubicada en la Sierra Norte del estado– a apoyar a los electricistas despedidos de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) no pagando el recibo de luz que recibirán en los próximos días, tanto de la compañía extinta como los pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Asimismo, invitó a más de 50 mil lugareños de la zona a desmontar, de forma pacífica, los medidores que en los próximos días comenzarán a instalar los trabajadores de CFE a cambio de los puestos por LFC.
Las medidas, explicó Aguilar Vázquez, forman parte del plan nacional de resistencia, mediante el cual los electricistas plantean al gobierno federal devolver sus instalaciones y el clima de paz social que existía entre los trabajadores.
“No queremos entrar en confrontación. Lo que estamos pidiendo es que se comience con la resistencia civil, donde la sociedad civil que desee pueda manifestar su rechazo por la forma en cómo nos sacaron hace un mes de nuestros puestos de trabajo. La invitación es para hacerlo de manera pacífica y no caer en agresiones, por lo que pedimos a la gente que no interfiera en las acciones de los trabajadores de CFE, sino que sea hasta después cuando se retiren los medidores”, explicó en entrevista.
(para leer más)
Arturo Alfaro Galán
El subdirector general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar Vázquez, exhortó a los pobladores de la región de Huauchinango y Chignahuapan –ubicada en la Sierra Norte del estado– a apoyar a los electricistas despedidos de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) no pagando el recibo de luz que recibirán en los próximos días, tanto de la compañía extinta como los pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Asimismo, invitó a más de 50 mil lugareños de la zona a desmontar, de forma pacífica, los medidores que en los próximos días comenzarán a instalar los trabajadores de CFE a cambio de los puestos por LFC.
Las medidas, explicó Aguilar Vázquez, forman parte del plan nacional de resistencia, mediante el cual los electricistas plantean al gobierno federal devolver sus instalaciones y el clima de paz social que existía entre los trabajadores.
“No queremos entrar en confrontación. Lo que estamos pidiendo es que se comience con la resistencia civil, donde la sociedad civil que desee pueda manifestar su rechazo por la forma en cómo nos sacaron hace un mes de nuestros puestos de trabajo. La invitación es para hacerlo de manera pacífica y no caer en agresiones, por lo que pedimos a la gente que no interfiera en las acciones de los trabajadores de CFE, sino que sea hasta después cuando se retiren los medidores”, explicó en entrevista.
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martes, 3 de noviembre de 2009
Cuatro policías violentan el derecho a la libertad de expresión del periodista Simón Tiburcio Chávez
Cuatro policías violentan el derecho a la libertad de expresión del
periodista Simón Tiburcio Chávez
Article19 México D.F., 3 de noviembre de 2009 (ARTICLE19).-
Cuatro policías municipales de Alvarado, Veracruz, fueron aprehendidos
por violentar el derecho a la libertad de expresión del periodista Simón
Tiburcio Chávez, al detenerlo y encarcelarlo arbitrariamente.
El periodista, tras haber sido incomunicado por más de 20 horas, fue acusado sin sustento por el Presidente Municipal de Alvarado, Veracruz, por los delitos de difamación y calumnia.
Este caso es una muestra más de la urgente necesidad del Estado
mexicano de ajustarse a los estándares internacionales y despenalizar los
delitos de difamación, calumnia e injurias en todos los Estados de la
República a fin de evitar su uso como un medio indirecto para inhibir el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
periodista Simón Tiburcio Chávez
Article19 México D.F., 3 de noviembre de 2009 (ARTICLE19).-
Cuatro policías municipales de Alvarado, Veracruz, fueron aprehendidos
por violentar el derecho a la libertad de expresión del periodista Simón
Tiburcio Chávez, al detenerlo y encarcelarlo arbitrariamente.
El periodista, tras haber sido incomunicado por más de 20 horas, fue acusado sin sustento por el Presidente Municipal de Alvarado, Veracruz, por los delitos de difamación y calumnia.
Este caso es una muestra más de la urgente necesidad del Estado
mexicano de ajustarse a los estándares internacionales y despenalizar los
delitos de difamación, calumnia e injurias en todos los Estados de la
República a fin de evitar su uso como un medio indirecto para inhibir el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Emite Cofetel opinión favorable para permisos a radios comunitarias
México D.F., 30 de octubre de 2009 (AMARC México).- Este miércoles 28 de octubre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) emitió su opinión favorable para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgue 10 permisos a comunidades a fin de que puedan operar y administrar una frecuencia de radiodifusión. Seis de ellas forman parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México).
La Cofetel anunció que tras los estudios técnicos y la opinión favorable de la Secretaría de Gobernación, el pleno de dicho organismo regulador determinó que cumplen con todos los requisitos de ley para que se les otorgen los permisos, entre los que se encuentran: Por la igualdad social A.C., de Nuevo León, Monterrey; Cultura y Comunicación de Zaachila, de la comuninidad del mismo nombre en Oaxaca; Teponaztle Cultura y Comunicación, de Tepoztlán Morelos; Comunicaciones Filo de Tierra Colorada, de Xaltepec Palmar del Bravo en Puebla; Voz Flor y Canto de Otumba, Estado de México y Radio Aro, de Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México. Todas ellas son emisoras comunitarias que atienden poblaciones indígenas, campesinas y obreras en sus respectivas comunidades.
(vínculo)
La Cofetel anunció que tras los estudios técnicos y la opinión favorable de la Secretaría de Gobernación, el pleno de dicho organismo regulador determinó que cumplen con todos los requisitos de ley para que se les otorgen los permisos, entre los que se encuentran: Por la igualdad social A.C., de Nuevo León, Monterrey; Cultura y Comunicación de Zaachila, de la comuninidad del mismo nombre en Oaxaca; Teponaztle Cultura y Comunicación, de Tepoztlán Morelos; Comunicaciones Filo de Tierra Colorada, de Xaltepec Palmar del Bravo en Puebla; Voz Flor y Canto de Otumba, Estado de México y Radio Aro, de Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México. Todas ellas son emisoras comunitarias que atienden poblaciones indígenas, campesinas y obreras en sus respectivas comunidades.
(vínculo)
Moreno Valle contrató cerca de 3 mil spots en radio y televisión para promover su imagen
Moreno Valle contrató cerca de 3 mil spots en radio y televisión para promover su imagen
MÓNICA CAMACHO
Un total de 2 mil 800 spots se reprodujeron en radio y televisión durante 12 días para posicionar la imagen de Rafael Moreno Valle Rosas, principal aspirante a ser el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, so pretexto del tercer informe de labores que rindió como senador de la República la semana pasada.
La intensidad de la campaña fue tal que cada seis minutos el nombre y las acciones del legislador albiazul se mencionaron por lo menos una vez en alguna de las estaciones locales de radio o televisión, de acuerdo con un monitoreo de medios al que tuvo acceso La Jornada de Oriente.
La promoción de Moreno Valle inició el lunes 19 de octubre y concluyó el viernes pasado, debido a que la Constitución del país confiere a los servidores públicos 12 días para promover los resultados de sus labores en medios de comunicación.
El senador no sólo utilizó la radio y televisión para difundir los resultados de sus tres años de labores, sino también espectaculares en las principales vialidades de la ciudad y el interior del estado, una publicación especial de su informe en la revista de sociales Rostros, propaganda en periódicos locales de internet, volanteo en colonias populares de la capital del estado y el envío masivo de correos electrónicos.
La inversión más alta de la campaña se destinó a radio y televisión, ya que en esos medios se gastaron poco más de 3 millones 260 mil pesos, mientras que la publicidad restante exigió una erogación de un millón 360 mil pesos, según estimados realizados por este rotativo. A eso se debe sumar un millón de pesos del programa en televisión que trasmitió su informe, del que su equipo aseguró que fue gratuito, pero hasta ahora no se conoce alguna prueba que avale esa situación.
La propaganda en radio consistió en la difusión de cuatro versiones de spot con duración de 10 segundos y dos versiones más de cinco segundos, mientras que en televisión se difundieron tres anuncios diferentes de 20 segundos.
Al día se contabilizaron en promedio 207 spots en seis estaciones de radio de Amplitud Modulada (AM) y en ocho más de Frecuencia Modulada. Dentro del primer grupo está la HR, de 1090; ABC Radio, de 1280; Punto 10, de la 1010; Tribuna Radiofónica, de 1250; Mexicana, 1210, y Radio Fórmula, de 1170.
Las estaciones de FM en las que Moreno Valle contrató tiempo de promoción fueron Radio Oro, 94.9; EXA, 98.7; Ultra, de 92.5; La Tropical Caliente, de 102.1; La Grupera, de 89.3; Amor, de 103.3; Mas, de 94.1, e Imagen, de 105.1
En televisión se transmitieron 31 spots diarios a través de canal 3 de Televisa, así como 7 y 13 de TV Azteca. Del total, 19 se difundieron en el 7, donde Moreno Valle además presentó su informe de labores durante el programa En corto, el 26 de octubre pasado.
Al presentar su informe a los medios de comunicación, el lunes de la semana pasada Moreno Valle se rehusó a informar la inversión que destinó a la promoción del informe de labores.
El ex priista justificó el gasto al enfatizar que la publicidad la financió con recursos propios, cuando el gobernador Mario Marín Torres, la presidente municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, utilizan fondos públicos para promover sus resultados.
MÓNICA CAMACHO
Un total de 2 mil 800 spots se reprodujeron en radio y televisión durante 12 días para posicionar la imagen de Rafael Moreno Valle Rosas, principal aspirante a ser el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, so pretexto del tercer informe de labores que rindió como senador de la República la semana pasada.
La intensidad de la campaña fue tal que cada seis minutos el nombre y las acciones del legislador albiazul se mencionaron por lo menos una vez en alguna de las estaciones locales de radio o televisión, de acuerdo con un monitoreo de medios al que tuvo acceso La Jornada de Oriente.
La promoción de Moreno Valle inició el lunes 19 de octubre y concluyó el viernes pasado, debido a que la Constitución del país confiere a los servidores públicos 12 días para promover los resultados de sus labores en medios de comunicación.
El senador no sólo utilizó la radio y televisión para difundir los resultados de sus tres años de labores, sino también espectaculares en las principales vialidades de la ciudad y el interior del estado, una publicación especial de su informe en la revista de sociales Rostros, propaganda en periódicos locales de internet, volanteo en colonias populares de la capital del estado y el envío masivo de correos electrónicos.
La inversión más alta de la campaña se destinó a radio y televisión, ya que en esos medios se gastaron poco más de 3 millones 260 mil pesos, mientras que la publicidad restante exigió una erogación de un millón 360 mil pesos, según estimados realizados por este rotativo. A eso se debe sumar un millón de pesos del programa en televisión que trasmitió su informe, del que su equipo aseguró que fue gratuito, pero hasta ahora no se conoce alguna prueba que avale esa situación.
La propaganda en radio consistió en la difusión de cuatro versiones de spot con duración de 10 segundos y dos versiones más de cinco segundos, mientras que en televisión se difundieron tres anuncios diferentes de 20 segundos.
Al día se contabilizaron en promedio 207 spots en seis estaciones de radio de Amplitud Modulada (AM) y en ocho más de Frecuencia Modulada. Dentro del primer grupo está la HR, de 1090; ABC Radio, de 1280; Punto 10, de la 1010; Tribuna Radiofónica, de 1250; Mexicana, 1210, y Radio Fórmula, de 1170.
Las estaciones de FM en las que Moreno Valle contrató tiempo de promoción fueron Radio Oro, 94.9; EXA, 98.7; Ultra, de 92.5; La Tropical Caliente, de 102.1; La Grupera, de 89.3; Amor, de 103.3; Mas, de 94.1, e Imagen, de 105.1
En televisión se transmitieron 31 spots diarios a través de canal 3 de Televisa, así como 7 y 13 de TV Azteca. Del total, 19 se difundieron en el 7, donde Moreno Valle además presentó su informe de labores durante el programa En corto, el 26 de octubre pasado.
Al presentar su informe a los medios de comunicación, el lunes de la semana pasada Moreno Valle se rehusó a informar la inversión que destinó a la promoción del informe de labores.
El ex priista justificó el gasto al enfatizar que la publicidad la financió con recursos propios, cuando el gobernador Mario Marín Torres, la presidente municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, utilizan fondos públicos para promover sus resultados.
Asesinan a otro reportero en Durango; la PGR conocía de amenazas en su contra
Asesinan a otro reportero en Durango; la PGR conocía de amenazas en su contra
México, 2 de noviembre, 2009 (CEPET). José Bladimir Antuna García, reportero del periódico El Tiempo, fue encontrado muerto la noche de este 2 de noviembre a poco menos de 12 horas de haber sido secuestrado por un grupo armado en Durango, capital del estado del mismo nombre, al norte del país.
De acuerdo con las primeras versiones, el cuerpo del periodista, quien había sido amenazado de muerte y cuyo domicilio fue objeto de un ataque con armas de fuego en abril de este año, fue localizado a espaldas del Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (a sólo unos metros de donde fue levantado por la mañana), presentaba dos impactos de bala y encima de él fue dejada una cartulina con un mensaje cuyo contenido no se ha dado aún a conocer.
Según información recabada a lo largo del día, alrededor de las 10:00 de la mañana un grupo de hombres armados a bordo de dos vehículos, una camioneta Cherokee blanca y un Chevy también de color blanco, cerraron el paso al reportero mientras éste circulaba a un costado de donde se ubica el Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social, ubicado en la colonia Los Ángeles.
Los sujetos bajaron por la fuerza al periodista y se lo llevaron con rumbo desconocido, mientras su camioneta, una Ford Explorer color rojo, modelo 1998, fue dejada abierta frente al Parque Guadiana con varias credenciales propiedad del reportero en su interior.
Fue hasta las 20:16 horas de este lunes cuando se recibió un reporte en el Centro C-4 de la Policía Estatal que daba cuenta del hallazgo del cuerpo, luego de lo cual se inició una movilización de efectivos policiacos y paramédicos en el lugar.
Apenas el pasado mes de junio, a pocos días del asesinato del colega Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, Bladimir Antuna confió que ambos habían intercambiado información sobre corrupción policiaca y el crimen organizado que opera en la localidad y denunció que a lo largo de siete meses había recibido varias llamadas a su teléfono celular o a la redacción de El Tiempo para hacerle advertencias sobre información delicada que publicaba. En algunas ocasiones su interlocutor se identificó como presunto miembro de Los Zetas, el grupo criminal vinculado al cártel del Golfo. Incluso uno de los telefonemas que recibió fue realizado desde el penal de Gómez Palacio, Durango, comentó entonces.
El pasado 1 de octubre, el reportero informó que hasta la redacción del diario había llegado un citatorio en el que se le pedía presentarse a declarar el 6 de octubre en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango, en la mesa cuarta de investigaciones, de la cual es titular Saúl Baltazar García.
Dado que en el citatorio no se especificaba el motivo de la diligencia, El Tiempo publicó un desplegado, informando del hecho, como una medida de protección al periodista.
Tras presentarse el día señalado a las oficinas de la PGR, Baltazar García le explicó al reportero que se le había requerido para levantar una acta circunstancial y ratificar la denuncia que había interpuesto ante el CEPET, tras lo cual le mostró la alerta que esta organización emitió con fecha 28 de mayo. El periodista debió aclarar que no se trataba de una denuncia, sino de una queja, toda vez que el CEPET es una organización civil y no una autoridad.
Finalmente, el representante de la PGR notificó a Bladimir Antuna que con dicha diligencia la dependencia federal iniciaba formalmente la investigación de su caso.
Compañeros de trabajo del comunicador consultados por el CEPET informaron que Bladimir se presentó el domingo a trabajar de manera normal y no se retiró de la redacción del diario sino hasta alrededor de las 21:30 horas.
México, 2 de noviembre, 2009 (CEPET). José Bladimir Antuna García, reportero del periódico El Tiempo, fue encontrado muerto la noche de este 2 de noviembre a poco menos de 12 horas de haber sido secuestrado por un grupo armado en Durango, capital del estado del mismo nombre, al norte del país.
De acuerdo con las primeras versiones, el cuerpo del periodista, quien había sido amenazado de muerte y cuyo domicilio fue objeto de un ataque con armas de fuego en abril de este año, fue localizado a espaldas del Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (a sólo unos metros de donde fue levantado por la mañana), presentaba dos impactos de bala y encima de él fue dejada una cartulina con un mensaje cuyo contenido no se ha dado aún a conocer.
Según información recabada a lo largo del día, alrededor de las 10:00 de la mañana un grupo de hombres armados a bordo de dos vehículos, una camioneta Cherokee blanca y un Chevy también de color blanco, cerraron el paso al reportero mientras éste circulaba a un costado de donde se ubica el Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social, ubicado en la colonia Los Ángeles.
Los sujetos bajaron por la fuerza al periodista y se lo llevaron con rumbo desconocido, mientras su camioneta, una Ford Explorer color rojo, modelo 1998, fue dejada abierta frente al Parque Guadiana con varias credenciales propiedad del reportero en su interior.
Fue hasta las 20:16 horas de este lunes cuando se recibió un reporte en el Centro C-4 de la Policía Estatal que daba cuenta del hallazgo del cuerpo, luego de lo cual se inició una movilización de efectivos policiacos y paramédicos en el lugar.
Apenas el pasado mes de junio, a pocos días del asesinato del colega Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, Bladimir Antuna confió que ambos habían intercambiado información sobre corrupción policiaca y el crimen organizado que opera en la localidad y denunció que a lo largo de siete meses había recibido varias llamadas a su teléfono celular o a la redacción de El Tiempo para hacerle advertencias sobre información delicada que publicaba. En algunas ocasiones su interlocutor se identificó como presunto miembro de Los Zetas, el grupo criminal vinculado al cártel del Golfo. Incluso uno de los telefonemas que recibió fue realizado desde el penal de Gómez Palacio, Durango, comentó entonces.
El pasado 1 de octubre, el reportero informó que hasta la redacción del diario había llegado un citatorio en el que se le pedía presentarse a declarar el 6 de octubre en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango, en la mesa cuarta de investigaciones, de la cual es titular Saúl Baltazar García.
Dado que en el citatorio no se especificaba el motivo de la diligencia, El Tiempo publicó un desplegado, informando del hecho, como una medida de protección al periodista.
Tras presentarse el día señalado a las oficinas de la PGR, Baltazar García le explicó al reportero que se le había requerido para levantar una acta circunstancial y ratificar la denuncia que había interpuesto ante el CEPET, tras lo cual le mostró la alerta que esta organización emitió con fecha 28 de mayo. El periodista debió aclarar que no se trataba de una denuncia, sino de una queja, toda vez que el CEPET es una organización civil y no una autoridad.
Finalmente, el representante de la PGR notificó a Bladimir Antuna que con dicha diligencia la dependencia federal iniciaba formalmente la investigación de su caso.
Compañeros de trabajo del comunicador consultados por el CEPET informaron que Bladimir se presentó el domingo a trabajar de manera normal y no se retiró de la redacción del diario sino hasta alrededor de las 21:30 horas.
SME llama a usarios a no pagar consumo de luz
SME llama a usarios a no pagar consumo de luz
Dirigentes del sindicato de la extinta Luz y Fuerza del Centro señalaron que los ciudadanos podrán interponer un amparo de forma gratuita para lo cual trabajan en un formato
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), invitó a los usuarios de energía eléctrica de las entidades donde tenía influencia Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a que se amparen y no paguen el servicio del suministro hasta en tanto no se resuelva el conflicto jurídico entorno a esa empresa.
Los secretarios del Interior y Exterior, de esa organización, Humberto Montes de Oca y Fernando Amezcua, respectivamente señalaron que los ciudadanos podrán interponer un amparo de forma gratuita para lo cual trabajan en un formato y darán asesoría en coordinación con el SME integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
(el Universal)
Dirigentes del sindicato de la extinta Luz y Fuerza del Centro señalaron que los ciudadanos podrán interponer un amparo de forma gratuita para lo cual trabajan en un formato
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), invitó a los usuarios de energía eléctrica de las entidades donde tenía influencia Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a que se amparen y no paguen el servicio del suministro hasta en tanto no se resuelva el conflicto jurídico entorno a esa empresa.
Los secretarios del Interior y Exterior, de esa organización, Humberto Montes de Oca y Fernando Amezcua, respectivamente señalaron que los ciudadanos podrán interponer un amparo de forma gratuita para lo cual trabajan en un formato y darán asesoría en coordinación con el SME integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
(el Universal)
domingo, 1 de noviembre de 2009
Reconoce JFyCA personalidad jurídica del SME
A las organizaciones sindicales y sociales,
Al pueblo de México,
A los medios de comunicación:
El día de hoy 31 de octubre desde las 8 horas, nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se presentó en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFyCA) como solo nosotros lo sabemos hacer, de manera masiva y combativa, durante más de 12 horas en mitin permanente, exigiendo respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo.
Después de largas horas de deliberación la JFCyA tuvo que aceptar:
1.- El reconocimiento de la personalidad jurídica del SME, para todos los efectos legales a los que haya lugar, como representante colectivo del mayor interés profesional de los trabajadores electricistas.
2.- Igualmente, reconoce la JFCyA, la suspensión provisional del acto reclamado emitido por la juez Guillermina Coutiño Mata, Titular del Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región, por lo que la JFCyA no puede emitir ninguna resolución en el sentido de dar por concluidas las Relaciones Colectivas e Individuales de Trabajo de los trabajadores al servicio de Luz y Fuerza del Centro y agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas.
3.- En consecuencia, se mantiene el reconocimiento de la materia de trabajo, y por lo tanto, de la vigencia de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
4.- Por lo tanto, es totalmente pertinente la procedencia de la demanda por despido injustificado, que impuso el decreto de extinción de LyFC firmado por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, el autollamado presidente del empleo.
Esta jornada, ha sido en más de un sentido, una jornada histórica para la lucha de nuestra Organización Sindical, en la resistencia a las acciones inconstitucionales e ilegales de quienes detentan el poder en nuestro país. Insistiremos en caminar en las rutas que nos ofrecen nuestras leyes, pero no somos ingenuos, esta lucha se va a resolver con la movilización política de todos los trabajadores y el pueblo, de México, en las calles y plazas públicas, a eso los convocamos, a detener a los que quieren gobernarnos a base de decretos, como los dictadores de los setenta en América del Sur, se los impediremos, sin duda alguna.
Seguiremos desbrozando el camino para que en nuestra patria, se restablezca la Legalidad Constitucional, ese es el compromiso ineludible de nuestro Sindicato, no cejaremos hasta lograr que el verdadero estado de derecho prevalezca en nuestro país.
Volvemos a insistir, O SON ELLOS O SOMOS NOSOTROS, que a nadie le quepa la menor duda, este país debe recobrar su autentica Soberanía e Independencia Política y Económica.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 31 de octubre de 2009
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
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