Señalan ejidatarios de Azumiatla presiones; “habrá brote de violencia”, advierten
Javier Puga
Los gobiernos del estado y del municipio de Puebla continúan ejerciendo una excesiva presión sobre la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla –al sur de la capital del estado–, pues por un lado la administración del gobernador, Mario Marín está permitiendo que particulares se introduzcan a medir terrenos ejidales para proyectos carreteros; por el otro, la Comuna incumplió su programa de obras.
Así lo señaló el asesor de los campesinos y ejidatarios de este lugar, Miguel Edgar Ayllón Villegas, quien agregó que de no atenderse las demandas de esta población, que se encuentra a 20 kilómetros de la capital del estado, se generará un nuevo brote de violencia.
Indicó que la administración de Blanca Alcalá Ruiz se olvidó de los compromisos de obra pública y de generación de infraestructura para esta comunidad indígena; es más, dejó abandonada la construcción de un colector pluvial que debió haberse entregado en diciembre del año pasado.
De esta obra los habitantes exigen saber cuál fue el costo y el proyecto en general, pues saben que fue la propia edil, al visitar los trabajos cuando iniciaron, pero que las lluvias destruyeron “lo poco que se había hecho”; aunque también saben que Alcalá Ruiz dio por concluida la obra y la presumió durante su primer informe de gobierno.
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miércoles, 4 de noviembre de 2009
jueves, 16 de julio de 2009
Pobladores de La Malinche, Izta–Popo y Azumiatla fustigan a la SCT en un foro
Tania Damián/ La jornada de oriente
Pobladores de las regiones de La Malinche e Izta–Popo quedaron insatisfechos con las respuestas que dio el coordinador de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) local, Edmundo García Azpiroz, sobre los proyectos carreteros de los arcos norte y surponiente, ya que ni siquiera los dio a conocer de forma completa y dijo que éstos se construirán, aunque exista oposición de los pueblos perjudicados.
Durante el foro denominado “En defensa del patrimonio, la tierra y el agua” –que se llevó a cabo el día de ayer en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla– los pobladores se enfrentaron verbalmente con el funcionario estatal, quien en su ponencia aseguró: “los proyectos carreteros significan el progreso y futuro para las comunidades, y las personas que se oponen a éstos no saben de progreso”.
En tanto, los dirigentes del Frente Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Mateo López Aguilar, Miguel López Vega y Evaristo Romero Santamaría, ratificaron su postura de no vender sus tierras para la construcción de estas obras, e informaron que solicitarán nuevamente la información sobre los proyectos carreteros.
El primer participante del foro académico fue el funcionario estatal, quien presentó una ponencia titulada “Presentación del libramiento norte de la ciudad de Puebla”, y dijo que existe la apertura de diálogo por parte del gobierno estatal, pero que se construirán los arcos norte y surponiente, pues “son proyectos impostergables, al formar parte de la infraestructura carretera nacional que requiere el país”.
Agregó que los pobladores se oponen a los proyectos carreteros porque desconocen los mismos. “Nos hemos dado cuenta de que lo que hay es una profunda desinformación de los proyectos”.
García Azpiroz señaló que el gobierno estatal pagará un precio justo por las tierras que se necesiten para la construcción de las autopistas –que serán de cuota–, así como que no se está cometiendo ninguna injusticia ni violando los derechos humanos.
El funcionario dijo que la SCT estatal fue la única que “dio la cara” y participó en el foro; sin embargo, para unos 200 pobladores de 25 comunidades perjudicadas por los proyectos estatales, este encuentro fue infructuoso, ya que ni siquiera presentó de forma completa los proyectos, y dijo que no hay marcha atrás en los mismos.
“Vienen a dialogar o a imponer, porque ya estamos hartos de imposiciones”, señaló Miguel López, quien también representa a las comunidades que están en contra del arco surponiente.
El libramiento norte va de Xoxtla a Amozoc, y tiene una longitud de casi 32 kilómetros. La obra fue concesionada al consorcio español Obrascón–Huarte–Laín, con un costo de mil 954 millones de pesos, es decir, más de 130 millones de euros. En tanto, el arco surponiente es una vía de 16 kilómetros que unirá a la ciudad de Atlixco con el aeropuerto Hermanos Serdán en Huejotzingo, y será construida por la empresa Melgarejo y Asociados.
“La bomba de gas va a explotar”
“Lo que pasa en nuestros pueblos es como una bomba de gas que si continúan sin tomarlos en cuenta se seguirá llenando de gas y va a explotar”, dijo Mateo López, quien también representa a las comunidades que están en contra del arco norte.
Al finalizar la intervención del coordinador de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes local, los pobladores participantes –quienes abarrotaron dos salones de usos múltiples– lo encararon con preguntas y comentarios.
Un habitante de la localidad de Santa María Acuexcomac, del municipio de San Pedro Cholula, le dijo –al funcionario estatal– que después de varios meses de lucha, alguien de la SCT estatal les da “la cara” para exponer uno de los proyectos, pero lo lamentable es la actitud cerrada que tiene la dependencia.
Durante su participación, relató cuando Mario Marín Torres, como secretario de Gobernación de la administración de Manuel Bartlett, solicitó el permiso a la comunidad para construir 10 pozos, prometiendo una serie de beneficios que nunca llegaron. “Desde entonces sólo una vez ha regresado Marín Torres, pero para burlarse de nosotros, pues el manantial de Axocopan ya se secó”.
En tanto, un poblador de la comunidad de Santa Elena Axocopan, del municipio de Atlixco, señaló que el campo está abandonado por los gobiernos estatal y federal y sólo buscan a los campesinos cuando quieren sus tierras, pero la gente ya está harta del despojo de territorios.
“El gobierno está dando más garantías y beneficios a los millonarios que a los pobres, les da pozos de agua que el campo necesita, les da proyectos, y la gente que se muera de hambre, sólo para algunos hay apoyos, mientras que para la mayoría de la población se les da migajas”, dijo.
Asimismo, el investigador de la UAP Ricardo Pérez Áviles le dijo que el gobierno del estado que debe cambiar su perspectiva de desarrollo, pues éste está vinculado a los negocios particulares y no al beneficio colectivo. “Usted sabe que los arcos fueron concesionados sin ninguna licitación y tendrán ganancias millonarias de más de 3 mil millones de euros en 30 años, y eso es lo que indigna a los pobladores, por lo que se debe ser sensible a sus demandas”.
Mateo López, añadió que es totalmente falso lo que dijo el funcionario estatal durante su ponencia sobre este libramiento de que ya se tiene el 82.63 por ciento de los permisos para realizar todo tipo de estudios en los terrenos por los que pasarán los arcos norte y surponiente.
Una pobladora del municipio de Cholula dijo que las experiencias de los pueblos cuando construyen autopistas han sido malas, pues los cercan y ya no pueden pasar, por lo que no han representado un beneficio para los mismos.
Quieren construir otra carretera en Azumiatla
Por su parte, Evaristo Romero Santamaría, dirigente del Movimiento de Pueblos de Azumiatla y también representante del Frente Regional de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, dijo que el gobierno estatal les anunció el pasado domingo sobre la construcción de una nueva vialidad en San Andrés Azumiatla, la cual comunicará a los fraccionamientos que pretende construir el empresario Javier Pacheco Pensado, hijo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Pacheco Pulido.
Sin embargo, los pobladores no la aceptarán porque no beneficiará a la comunidad, pese a que los funcionarios que acudieron para dar a conocer la noticia dijeron que ya se había aceptado, lo cual es falso.
La familia Pacheco Pensado tiene unas 200 hectáreas de tierras comunales, las cuales quiere recuperar la población.
La nueva vialidad que se pretende construir mide 70 metros de ancho y no tiene que ver con la que va a Santa Clara Ocoyucan, pues la misma sólo se pavimentará y los pobladores de Azumiatla no tienen inconveniente con ello.
En el foro “En defensa del patrimonio, la tierra y el agua” –que tuvo el objetivo de vincular a los académicos con las organizaciones sociales del Frente Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra– también participaron los ponentes César Solís Gómez, Valentina Campos Cabral y Lorenzo Pérez Arenas, quienes aseguraron que los diferentes proyectos gubernamentales sólo favorecen a unas cuantas personas.
Finalmente, académicos de diferentes instituciones educativas se comprometieron a apoyar a los pobladores para crear proyectos alternativos de desarrollo en sus comunidades.
Pobladores de las regiones de La Malinche e Izta–Popo quedaron insatisfechos con las respuestas que dio el coordinador de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) local, Edmundo García Azpiroz, sobre los proyectos carreteros de los arcos norte y surponiente, ya que ni siquiera los dio a conocer de forma completa y dijo que éstos se construirán, aunque exista oposición de los pueblos perjudicados.
Durante el foro denominado “En defensa del patrimonio, la tierra y el agua” –que se llevó a cabo el día de ayer en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla– los pobladores se enfrentaron verbalmente con el funcionario estatal, quien en su ponencia aseguró: “los proyectos carreteros significan el progreso y futuro para las comunidades, y las personas que se oponen a éstos no saben de progreso”.
En tanto, los dirigentes del Frente Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Mateo López Aguilar, Miguel López Vega y Evaristo Romero Santamaría, ratificaron su postura de no vender sus tierras para la construcción de estas obras, e informaron que solicitarán nuevamente la información sobre los proyectos carreteros.
El primer participante del foro académico fue el funcionario estatal, quien presentó una ponencia titulada “Presentación del libramiento norte de la ciudad de Puebla”, y dijo que existe la apertura de diálogo por parte del gobierno estatal, pero que se construirán los arcos norte y surponiente, pues “son proyectos impostergables, al formar parte de la infraestructura carretera nacional que requiere el país”.
Agregó que los pobladores se oponen a los proyectos carreteros porque desconocen los mismos. “Nos hemos dado cuenta de que lo que hay es una profunda desinformación de los proyectos”.
García Azpiroz señaló que el gobierno estatal pagará un precio justo por las tierras que se necesiten para la construcción de las autopistas –que serán de cuota–, así como que no se está cometiendo ninguna injusticia ni violando los derechos humanos.
El funcionario dijo que la SCT estatal fue la única que “dio la cara” y participó en el foro; sin embargo, para unos 200 pobladores de 25 comunidades perjudicadas por los proyectos estatales, este encuentro fue infructuoso, ya que ni siquiera presentó de forma completa los proyectos, y dijo que no hay marcha atrás en los mismos.
“Vienen a dialogar o a imponer, porque ya estamos hartos de imposiciones”, señaló Miguel López, quien también representa a las comunidades que están en contra del arco surponiente.
El libramiento norte va de Xoxtla a Amozoc, y tiene una longitud de casi 32 kilómetros. La obra fue concesionada al consorcio español Obrascón–Huarte–Laín, con un costo de mil 954 millones de pesos, es decir, más de 130 millones de euros. En tanto, el arco surponiente es una vía de 16 kilómetros que unirá a la ciudad de Atlixco con el aeropuerto Hermanos Serdán en Huejotzingo, y será construida por la empresa Melgarejo y Asociados.
“La bomba de gas va a explotar”
“Lo que pasa en nuestros pueblos es como una bomba de gas que si continúan sin tomarlos en cuenta se seguirá llenando de gas y va a explotar”, dijo Mateo López, quien también representa a las comunidades que están en contra del arco norte.
Al finalizar la intervención del coordinador de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes local, los pobladores participantes –quienes abarrotaron dos salones de usos múltiples– lo encararon con preguntas y comentarios.
Un habitante de la localidad de Santa María Acuexcomac, del municipio de San Pedro Cholula, le dijo –al funcionario estatal– que después de varios meses de lucha, alguien de la SCT estatal les da “la cara” para exponer uno de los proyectos, pero lo lamentable es la actitud cerrada que tiene la dependencia.
Durante su participación, relató cuando Mario Marín Torres, como secretario de Gobernación de la administración de Manuel Bartlett, solicitó el permiso a la comunidad para construir 10 pozos, prometiendo una serie de beneficios que nunca llegaron. “Desde entonces sólo una vez ha regresado Marín Torres, pero para burlarse de nosotros, pues el manantial de Axocopan ya se secó”.
En tanto, un poblador de la comunidad de Santa Elena Axocopan, del municipio de Atlixco, señaló que el campo está abandonado por los gobiernos estatal y federal y sólo buscan a los campesinos cuando quieren sus tierras, pero la gente ya está harta del despojo de territorios.
“El gobierno está dando más garantías y beneficios a los millonarios que a los pobres, les da pozos de agua que el campo necesita, les da proyectos, y la gente que se muera de hambre, sólo para algunos hay apoyos, mientras que para la mayoría de la población se les da migajas”, dijo.
Asimismo, el investigador de la UAP Ricardo Pérez Áviles le dijo que el gobierno del estado que debe cambiar su perspectiva de desarrollo, pues éste está vinculado a los negocios particulares y no al beneficio colectivo. “Usted sabe que los arcos fueron concesionados sin ninguna licitación y tendrán ganancias millonarias de más de 3 mil millones de euros en 30 años, y eso es lo que indigna a los pobladores, por lo que se debe ser sensible a sus demandas”.
Mateo López, añadió que es totalmente falso lo que dijo el funcionario estatal durante su ponencia sobre este libramiento de que ya se tiene el 82.63 por ciento de los permisos para realizar todo tipo de estudios en los terrenos por los que pasarán los arcos norte y surponiente.
Una pobladora del municipio de Cholula dijo que las experiencias de los pueblos cuando construyen autopistas han sido malas, pues los cercan y ya no pueden pasar, por lo que no han representado un beneficio para los mismos.
Quieren construir otra carretera en Azumiatla
Por su parte, Evaristo Romero Santamaría, dirigente del Movimiento de Pueblos de Azumiatla y también representante del Frente Regional de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, dijo que el gobierno estatal les anunció el pasado domingo sobre la construcción de una nueva vialidad en San Andrés Azumiatla, la cual comunicará a los fraccionamientos que pretende construir el empresario Javier Pacheco Pensado, hijo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Pacheco Pulido.
Sin embargo, los pobladores no la aceptarán porque no beneficiará a la comunidad, pese a que los funcionarios que acudieron para dar a conocer la noticia dijeron que ya se había aceptado, lo cual es falso.
La familia Pacheco Pensado tiene unas 200 hectáreas de tierras comunales, las cuales quiere recuperar la población.
La nueva vialidad que se pretende construir mide 70 metros de ancho y no tiene que ver con la que va a Santa Clara Ocoyucan, pues la misma sólo se pavimentará y los pobladores de Azumiatla no tienen inconveniente con ello.
En el foro “En defensa del patrimonio, la tierra y el agua” –que tuvo el objetivo de vincular a los académicos con las organizaciones sociales del Frente Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra– también participaron los ponentes César Solís Gómez, Valentina Campos Cabral y Lorenzo Pérez Arenas, quienes aseguraron que los diferentes proyectos gubernamentales sólo favorecen a unas cuantas personas.
Finalmente, académicos de diferentes instituciones educativas se comprometieron a apoyar a los pobladores para crear proyectos alternativos de desarrollo en sus comunidades.
Ejidatarios reprueban en Foro de la BUAP obras del Libramiento Puebla
Israel Flores Cerezo/e-consulta
Representantes de 22 comunidades rurales, colindantes con el Libramiento Puebla, corrieron del foro “En defensa del patrimonio, la tierra y el agua” al representante de la SCT, Edmundo García Azpiroz, por no brindar información técnica que justifique la construcción de dicha obra promovida por el gobierno estatal.
En la Facultad de Economía de la BUAP, García Azpiroz, coordinador general de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nunca detalló qué tipo de desarrollo detonará para esas comunidades los llamados arcos norte y surponiente, limitándose a cuestionar a los campesinos por oponerse al “progreso”.
El Libramiento Puebla es un proyecto carretero que pretende edificar el gobierno estatal, concesionado por 30 años y 22 mil 700 millones de pesos a la empresa OHL el pasado 20 de julio de 2008, abarcando los municipios de Cuautlancingo, Coronango, Puebla y Acajete.
Asimismo el arco surponiente fue concesionado a la empresa MCC Melgarejo, y conectará a los municipios de Atlixco y Huejotzingo, en un intento de realizar un circuito vial entre la autopista Siglo XXI y la autopista México-Puebla, a la altura del aeropuerto Hermanos Serdán.
El Frente Regional de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua convocó al foro donde el funcionario, arquitecto de profesión, debió salir por piernas de la sala “Carlos Marx” después de una exposición que no satisfizo a los asistentes, quienes ven amenazados su patrimonio, forma de vida y el futuro de sus familias ante un proyecto que, aseguran, los ignora por completo.
“No estamos opuestos al desarrollo, pero no estamos de acuerdo en ser dependientes. No venderemos a extranjeros. Defendemos nuestra tierra a capa y espada, es lo único que tenemos y no vamos a vender. No queremos servicios infames. No deseamos deshacernos de lo que tenemos a precios ridículos... Dile al gobernador que le está poniendo fuego a un tanque de gasolina y le va a explotar”, sentenciaron los ejidatarios.
Una vez que el vocero de la SCT abandonó el recinto, Germán Sánchez Daza, catedrático de Economía en la BUAP y uno de los convocantes al foro, señaló que el problema de los funcionarios públicos es emplear un discurso que escucha la población desde 1940, donde el progreso se confunde con el desarrollo del automóvil.
“Esa visión está en decadencia y lo que hace este gobierno es repetir frases gastadas. No tenemos acceso a la información sobre el proyecto. Lo peor es que el representante de la SCT expuso lo mismo que aparece en las notas periodísticas”.
Y agregó: “los gobernantes tienen una visión limitada y hacen proyectos excluyentes, creen que a partir de la instauración de una carretera se dará por sí sólo el desarrollo y posteriormente implantarán los negocios que a ellos les convienen, como centros comerciales y fraccionamientos a los cuales los afectados no tienen acceso... La postura de la SCT no fue abierta, sólo envían un discurso sin capacidad de diálogo”.
Lejos del auditorio y de los campesinos, García Azpiroz aseguró que el encuentro con los propietarios de las tierras “fue enriquecedor”, porque la instrucción del gobernador Mario Marín es mantener siempre “el diálogo”.
“No entiendo por qué se oponen, me doy cuenta que hay un total desconocimiento del proyecto, las descalificaciones no nos llevan a ningún lado, yo estoy aquí sacando la cara por el gobierno del estado”.
El malestar entre los campesinos de las áreas conurbadas a la capital poblana fue expreso en esta facultad, principalmente porque el gobierno intenta cambiar formas y estilos de vida de la región: “es una pesadilla que ellos llaman progreso y nosotros llamamos abuso de poder”.
El último antecedente violento se registró el pasado 25 de abril en Azumiatla, cuando una medición de tierras derivó en enfrentamientos, gente encarcelada y en la muerte de un policía judicial.
“Falta que los pobladores se den cuenta de la trascendencia del proyecto, se les va a comprar una franja de 40 metros de ancho y se les pagará el precio justo”, dijo Edmundo García, aunque a omitió decir cuál es el precio que le hará justicia a los pobladores... “Este es un proyecto impostergable para el gobierno del estado”, concluyó.
Representantes de 22 comunidades rurales, colindantes con el Libramiento Puebla, corrieron del foro “En defensa del patrimonio, la tierra y el agua” al representante de la SCT, Edmundo García Azpiroz, por no brindar información técnica que justifique la construcción de dicha obra promovida por el gobierno estatal.
En la Facultad de Economía de la BUAP, García Azpiroz, coordinador general de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nunca detalló qué tipo de desarrollo detonará para esas comunidades los llamados arcos norte y surponiente, limitándose a cuestionar a los campesinos por oponerse al “progreso”.
El Libramiento Puebla es un proyecto carretero que pretende edificar el gobierno estatal, concesionado por 30 años y 22 mil 700 millones de pesos a la empresa OHL el pasado 20 de julio de 2008, abarcando los municipios de Cuautlancingo, Coronango, Puebla y Acajete.
Asimismo el arco surponiente fue concesionado a la empresa MCC Melgarejo, y conectará a los municipios de Atlixco y Huejotzingo, en un intento de realizar un circuito vial entre la autopista Siglo XXI y la autopista México-Puebla, a la altura del aeropuerto Hermanos Serdán.
El Frente Regional de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua convocó al foro donde el funcionario, arquitecto de profesión, debió salir por piernas de la sala “Carlos Marx” después de una exposición que no satisfizo a los asistentes, quienes ven amenazados su patrimonio, forma de vida y el futuro de sus familias ante un proyecto que, aseguran, los ignora por completo.
“No estamos opuestos al desarrollo, pero no estamos de acuerdo en ser dependientes. No venderemos a extranjeros. Defendemos nuestra tierra a capa y espada, es lo único que tenemos y no vamos a vender. No queremos servicios infames. No deseamos deshacernos de lo que tenemos a precios ridículos... Dile al gobernador que le está poniendo fuego a un tanque de gasolina y le va a explotar”, sentenciaron los ejidatarios.
Una vez que el vocero de la SCT abandonó el recinto, Germán Sánchez Daza, catedrático de Economía en la BUAP y uno de los convocantes al foro, señaló que el problema de los funcionarios públicos es emplear un discurso que escucha la población desde 1940, donde el progreso se confunde con el desarrollo del automóvil.
“Esa visión está en decadencia y lo que hace este gobierno es repetir frases gastadas. No tenemos acceso a la información sobre el proyecto. Lo peor es que el representante de la SCT expuso lo mismo que aparece en las notas periodísticas”.
Y agregó: “los gobernantes tienen una visión limitada y hacen proyectos excluyentes, creen que a partir de la instauración de una carretera se dará por sí sólo el desarrollo y posteriormente implantarán los negocios que a ellos les convienen, como centros comerciales y fraccionamientos a los cuales los afectados no tienen acceso... La postura de la SCT no fue abierta, sólo envían un discurso sin capacidad de diálogo”.
Lejos del auditorio y de los campesinos, García Azpiroz aseguró que el encuentro con los propietarios de las tierras “fue enriquecedor”, porque la instrucción del gobernador Mario Marín es mantener siempre “el diálogo”.
“No entiendo por qué se oponen, me doy cuenta que hay un total desconocimiento del proyecto, las descalificaciones no nos llevan a ningún lado, yo estoy aquí sacando la cara por el gobierno del estado”.
El malestar entre los campesinos de las áreas conurbadas a la capital poblana fue expreso en esta facultad, principalmente porque el gobierno intenta cambiar formas y estilos de vida de la región: “es una pesadilla que ellos llaman progreso y nosotros llamamos abuso de poder”.
El último antecedente violento se registró el pasado 25 de abril en Azumiatla, cuando una medición de tierras derivó en enfrentamientos, gente encarcelada y en la muerte de un policía judicial.
“Falta que los pobladores se den cuenta de la trascendencia del proyecto, se les va a comprar una franja de 40 metros de ancho y se les pagará el precio justo”, dijo Edmundo García, aunque a omitió decir cuál es el precio que le hará justicia a los pobladores... “Este es un proyecto impostergable para el gobierno del estado”, concluyó.
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