México DF, 5 dic 07 (CIMAC).- La decisión del 29 de noviembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de Lydia Cacho y Mario Marín produce dos efectos mortales para un Estado de Derecho: alienta la impunidad y abre la puerta al autoritarismo más atroz en perjuicio del pueblo, afirma en un comunicado Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.
¿Con qué cara podrán ver esos seis Ministros a la sociedad? --se pregunta la luchadora social y ex candidata a la presidencia de la República-- ¿cómo le van a explicar que prefirieron dejar en la impunidad a un gobernante que todavía se jactó de su atropello apenas cometido?
Y enumera los hechos.
El pasado 29 de noviembre de 2007, por el voto de seis de sus integrantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que no existieron violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del estado de Puebla, encabezadas por el gobernador Mario Marín.
Es del dominio público, dice Ibarra de Piedra, el contenido grotesco de la conversación entre los señores Marín y Nacif, en el que el gobernador poblano informaba al empresario textilero de cómo había realizado, con el poder público, la vindicta privada que le había encomendado este último.
La Corte, según la mayoría que resolvió el expediente, señaló que su fallo no pudo ser de otra manera, pues es incapaz de dar valor probatorio a pruebas obtenidas ilegalmente.
Tuvo la Corte una enorme oportunidad de enviar un mensaje a gobernantes y gobernados de que el fin del Estado es el bienestar del ser humano, no la impunidad e intereses del déspota –afirma la Senadora--, pero el voto de los señores Ministros Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero, Armando Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Guillermo Ortiz Mayagoitia le dice a las y los mexicanos que “no hay ya autoridad a la cual apelar ante el abuso, el atropello y el autoritarismo; ningún sentimiento humanitario les produce la justicia prostituida y mancillada pintada por Orozco en los muros desde donde deben contener y evitar el autoritarismo”.
Entonces, en voz de los seis Ministros que ganaron la votación, no importa la protección de los derechos humanos de persona alguna, sino el irreductible formalismo jurídico, aunque sirva de cobijo a la impunidad, dice Ibarra.
“Un Tribunal Constitucional, como se autonombra la Corte, tiene en sus lineamientos elementales de funcionamiento la protección decidida de los derechos humanos; en la medida que un Tribunal tutele y defienda las libertades públicas, de ese será el tamaño de su legitimidad ante la sociedad.
“No puede la Corte ser guardiana y vigilante de los deberes ajenos cuando la mayoría de sus miembros faltaron a un deber propio: el de impartir justicia protegiendo las libertades públicas.
“La decisión del 29 de noviembre produce dos efectos mortales para un Estado de Derecho: alienta la impunidad y abre la puerta al autoritarismo más atroz en perjuicio del pueblo”.
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