martes, 4 de diciembre de 2007

Académicas y activistas pronostican un final de sexenio autoritario por el fallo de la SCJN

La indignación por la exoneración que seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron al gobernador Mario Marín Torres en las investigaciones por las vejaciones perpetradas a la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue expresada ayer en voz de intelectuales y activistas poblanas, quienes particularmente reprobaron la actitud de las ministras Margarita Beatriz Luna Ramos y Olga María Carmen Sánchez Cordero.

Martín Hernández Alcántara
Puebla, Pue.
Entrevistadas por La Jornada de Oriente, Catalina Pérez Osorio, Anamaría Ashwell y María Eugenia D’Aubeterre Buznego coincidieron en que los medios de comunicación poblanos jugaron un papel preponderante para suprimir u omitir de la agenda pública los agravios orquestados por el llamado góber precioso en contra de la autora del libro Los demonios del Edén.

La referencia al trabajo de los periodistas poblanos fue propuesta por esta casa editorial, porque el viernes el titular del Poder Ejecutivo local manifestó que durante los casi dos años que ha durado la crisis por la confabulación, él, lejos de encontrar reproches o críticas en sus giras por el interior del estado, halló solidaridad y trabajo, porque los ciudadanos están lejos de la agenda que plantearon, especialmente, los medios publicados en el Distrito Federal.

Catalina Pérez Osorio, del Colectivo de Mujeres por la Democracia expresó:

“Hay mucha frustración. Este sentimiento es compartido con muchos mexicanos, porque una vez más no se establecieron los parámetros correctos de la justicia. Se reclama mucho la defensa del Estado de Derecho, pero ese apego a las leyes que tanto se pregona desde el poder lo vemos violentado cotidianamente. Cunde la desesperanza, porque quienes tenían la esperanza de que esta vez se hiciera justicia se han encontrado con que no es así”.

“No se puede decir que fueron violados tantito los derechos de alguien”, expresó, aludiendo a los ministros que protegieron a Marín. Éstos, abundó, cometieron un grave error, “porque tienen intereses particulares que ocultar: las negociaciones políticas que hubo en el caso”.

Sin embargo, la antropóloga expresó que se debe reconocer “el valor, la conciencia, la claridad de justicia que reclama el país en todos sus niveles” que tuvieron los ministros Juan Silva Meza, Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo, quienes sufragaron por el dictamen que comprobaba la participación del titular del Poder Ejecutivo poblano en la conjura contra Cacho.

“Si la grabación (de la conversación entre Marín y el apostador Kamel Nacif, en la que ambos ultiman detalles de los ataques contra la periodista) es legal o ilegal, eso no quiere decir que no haya ocurrido, que las voces no sean las voces. Me sorprende que los seis ministros omitan una serie de hechos que se dieron independientemente de la llamada telefónica: la forma en lo que se expidió la orden de aprehensión, cómo se aprehende a Lydia, cómo se le traslada, lo que le dicen los policías judiciales, cómo la meten a la cárcel, cómo se le impone una fianza por encima de lo que establece la ley, la violación flagrante a los protocolos de relación entre los estados de Puebla y Quintana Roo. Está por demás demostrado que cuando la autoridad ejerce el poder de esa manera, por encima de los poderes que imparten justicia en este estado, como lo hizo Marín, estamos hablando de un régimen a todas luces autoritario”.

“Los poblanos estamos atrapados en el más atrasado sistema político mexicano; se cometen errores que a futuro se pagarán, yo no sé si Marín, el PRI, el PAN, yo no sé quién los vaya a pagar. Lo que se demuestra aquí es que la dignidad sale pisoteada, que los malos siempre salen airosos frente a quienes piden justicia y condenan la impunidad”.

Se le preguntó a Pérez Osorio cuál es su pronóstico sobre el talante que tendrá la etapa final de la gestión marinista: “Puebla regresará a algo que se venía ventilando en el primer año del sexenio: una forma particular de gobernar del tipo ‘yo mando’, ‘yo digo’, ‘sólo lo que yo quiero es lo correcto’. Hay una tendencia muy grave al autoritarismo; no existen los contrapesos suficientes que orienten a una sociedad hacia la transición democrática. La oposición fue borrada”.

Acerca del actuar de los medios, opinó: “Yo creo que hubo un cerco informativo claramente establecido, diseñado para lograr varios objetivos: limpiar la imagen del gobierno, cerrar las posibilidades de todos los partidos políticos y desalentar la organización civil. Es muy claro que los medios jugaron un papel muy importante, porque lo que se dice en la radio, en la televisión y lo que se escribe en los periódicos impacta. Muchos ciudadanos se enteran de lo que pasa por las cabezas de los diarios, pero el tema ahí fue omitido”.

–¿Se omitió o se suprimió?

–Se suprimió y se omitió; a algunos medios convenientemente les parecía omitirlo por no poner en riesgo sus contratos de publicidad. Otros lo suprimieron porque son medios que están participando del poder político.

“Los poblanos somos responsables en general de lo que sucedió, porque no tuvimos la capacidad de organizarnos y hubo quienes, habiéndose organizado, no pudieron rechazar la coptación. ése es el otro problema: todos tenemos que estar alertas de la gente que está coptada. Si no tienes una sociedad fuerte, capaz de corregir a la autoridad cuando comete errores graves, estamos fracasados como sociedad”.

Maria Eugenia D’Aubeterre Buznego calificó la decisión del máximo tribunal del país como “una infamia inconcebible, es una vergüenza que los órganos superiores de justicia procedan de una manera tan irresponsable. El caso de Lydia Cacho deja un precedente nefasto para el ciudadano de a pie, de la calle, que ante situaciones de abuso y de atropellos queda desprovisto de cualquier recurso, de cualquier cobertura para que le hagan justicia. Este también es un aliciente más para que las mujeres se resistan a denunciar las violaciones que sufren, porque hay desconfianza en las instituciones que imparten justicia”.

Del trabajo periodístico local, la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, expresó: “Tuvieron un primer momento de sorpresa, de indignación. A este momento siguió una progresiva indolencia y complicidad de los medios con las figuras del poder. Esto se expresa en la pobre cobertura que en los siguientes meses le dan el caso”.

Sobre el dicho de Marín y la supuesta indiferencia de los ciudadanos poblanos en el interior de la entidad, dijo: “Esta declaración puede ser de un cinismo atroz, porque efectivamente en las poblaciones del interior las posibilidades de informarse son más limitadas, y también son limitadas las posibilidades de construir redes ciudadanas. Los políticos le apuestan a la miseria de las personas, al retroceso de los procesos electorales. Estos cínicos controlan los aparatos electorales, se valen de los recursos más cuestionables para el manejo de los ciudadanos”.

En esa lógica, consideró que “quedó muy lesionada la capacidad de articulación de la sociedad. El único recurso de defensa de la sociedad es la organización, pero cuando la movilización civil se topa con estos cuellos de botella, va cayendo en el desaliento, porque la frustración desalienta, como dijo Miguel Ángel Granados Chapa cuando lo entrevistó Carmen Aristegui: éste fue un coscorrón para lo sociedad. El comportamiento de los jueces fue patético, pero el de las ministras fue deleznable, no sólo por la ausencia de solidaridad de género y una inexistente actitud de reivindicación gremial, sino porque sabemos que las mujeres tienen un acceso bastante condicionado a la justicia, y se esperaba que estas dos mujeres con ilustración, fogueadas en el poder público, pudieran ser más sensibles ante un atropello como el que sufrió Cacho”.

Anamaría Ashwell aseveró, por su parte: “Es una vergüenza que nuestra Corte Suprema anteponga intereses particulares a los intereses del pueblo. Que defienda carreras políticas y deje indefensa a una mujer que ha tenido el valor de denunciar el abuso sexual contra niños y mujeres en México. Es también sumamente vergonzante que las ministras no hayan actuado en consecuencia para proteger y defender a Lydia, porque ellas saben bien que los problemas que no quisieron tocar ni con el pétalo de una rosa, existen”.

Al hablar sobre los medios, externó: “En el interior del estado y en el interior de México, la difusión de información crítica a los poderes está sujetar intereses fácticos y poderes políticos y económicos locales. Efectivamente, en Puebla se difundió poco el tema o de plano hubo medios que no lo difundieron, o que hicieron una lectura tergiversada en sus consecuencias y en sus contenidos. Es obvio que la campaña de regalar cobijas adormeció la crítica en el interior del estado”.

Y en cuanto a la debacle en la organización social, comentó: “Yo creo que los partidos no entraron al tema de promover la organización social porque no les convenía”. En las movilizaciones del principio hubo mucha participación de los partidos políticos, pero después el PRI y el PAN entraron en negociación. Con el asunto de las conveniencias partidistas, perdieron de vista el problema lacerante de la violación a los niños”.

Por último, a petición de este periódico, auguró: “Vendrán tres años de impunidad total, de un poder absoluto del licenciado Marín que meterá miedo a todo aquel que quiera disentir”.

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