Comunicadores suscriben declaratoria en defensa del oficio periodístico

Comunicadores suscriben declaratoria en defensa del oficio periodístico
Carolina Gómez Mena
Al pronunciamiento se han adherido al menos 600 profesionales de medios nacionales y extranjeros, que denuncian la impunidad en el caso Lydia Cacho.
México, DF. Periodistas de diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, ello derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro.
En el escrito, que cuenta, hasta ahora, con la adhesión de más de 600 de estos profesionales, se fustiga la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 29 de noviembre y se advierte que ésta no implica que el proceso penal no deba seguir su curso.
Hasta este miércoles habían firmado este documento periodistas de 28 estados y de ocho países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Entre los firmantes están la periodista Cristina Pacheco y adherentes tales como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoki y Carmen Jiménez Cacho, así como el profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, Sergio Fernández.
En la declaración se destaca que con dicha determinación “desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y al mismo tiempo se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”.
También se precisa que es “urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución para superar las fallas que evidenció el caso” y se demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Marín”.
De igual forma los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente del caso Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), se señale al menos a los funcionarios que participaron en las que la Corte denomina ‘violaciones leves’ y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”.
Asimismo, consideran que "en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en el Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”.
Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, a pocas horas de que la SCJN determinara que no hubo violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro, por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” respecto a que no se firmara. No obstante “109” periodistas de esa entidad lo signaron. Pero también lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.