Daña decisión Caso Marín-Cacho imagen de la Corte

Desaprueban fallo en caso Lidya Cacho
Ulises Beltrán Y Alejandro Cruz
Periódico Excelsiór


Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
La Suprema Corte no se ha caracterizado, en tiempos recientes, por generar mucha confianza (regular o poca confianza, 64%) y alcanzó su peor momento durante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando la mala opinión sobre el máximo tribunal de justicia del país llegó a predominar.
Su decisión en el caso Cacho, sin embargo, no empeoró significativamente su credibilidad. La percepción de legalidad en el desempeño de la SCJN se ve algo perjudicada, pero todavía es mayoritaria: 52% cree que sí actúa apegada a la ley (siete puntos menos que en junio). Sólo en el renglón de independencia, la imagen de actuación bajo presión de políticos y grupos de interés va en paulatino ascenso (ha pasado de 45% en enero a 53% ahora).
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Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.