martes, 18 de diciembre de 2007
domingo, 16 de diciembre de 2007
Centro Knight lanza guía de alfabetización digital para periodistas en español y portugués
El Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin lanzó las ediciones electrónicas en español y portugués del libro Periodismo 2.0, una guía de alfabetización digital para sobrevivir y prosperar en la era de la información (Journalism 2.0: How to Survive and Thrive, A digital literacy guide for the information age), escrito por el periodista estadounidense Mark Briggs.
Las ediciones en español, inglés y portugués, en el formato PDF, pueden ser descargadas gratuitamente desde la página http://knightcenter.utexas.edu/journalism20.php.
El libro, que es una iniciativa del J-Lab y el Knight Citizen News Network y se concretó gracias al Instituto de Periodismo Interactivo de la Universidad de Maryland, es presentado por su autor como un manual práctico, pero ofrece suficientes elementos teóricos para entrar en el mundo del periodismo digital.
Comienza, de hecho, explicando las características de la Web y otros conceptos básicos de tecnología (y los acrónimos que las describen), el concepto de Web 2.0, nuevos dispositivos (iPods y otros MP3, teléfonos celulares y otros juguetes inalámbricos, memorias USB y de tarjeta, etc) y su impacto en el periodismo.
Luego sigue con temas tan sugestivos como nuevos métodos de reportería, cómo bloguear, cómo reportar noticias para la Web, cómo hacer grabaciones digitales de audio y podcasts, cómo tomar y manipular fotos digitales, cómo grabar y editar video para hacer reportajes o cómo escribir libretos y voces de narración para acompañarlos.
“Si usted realmente desea aprender cómo hacer periodismo digital, lo hará... Este manual lo guiará a lo largo del camino, descomponiendo cada habilidad y cada tecnología en lecciones digeribles, que podrá usar inmediatamente en su trabajo. Es práctico, no conceptual. Usted podrá poner en práctica la habilidad el mismo día que lea sobre ella”, dice Briggs en la introducción de la guía.
El reconocido periodista e investigador Phil Meyer, autor del prólogo de la versión en inglés, reitera el carácter práctico de la obra. “Usted puede usarlo como un libro de recetas. Hay recetas actualizadas para toda clase de cosas digitales. Cuando lo leí, constantemente quería parar y probar algo. Por ejemplo, configurar un canal RSS, convertir mis viejas cintas de audio en archivos MP3 y cambiar mi navegador predeterminado por Mozilla Firefox”, dice.
Guillermo Franco, el traductor y prologuista de la versión en español, asegura que el libro puede guiar a las organizaciones periodísticas que están redefiniendo su rol como generadoras de contenido y no quieren quedarse como simples ‘fabricantes de periódicos’, para establecer programas de entrenamiento.
A los periodistas que no están inscritos en medios tradicionales los guiará paso a paso para aprender por sí mismos, sin necesidad de un tutor. A las universidades puede darles luces sobre cómo reorientar sus programas académicos. Meyer y Briggs coinciden en que cada vez serán más valiosos los periodistas que tengan más de una habilidad.
“El viejo adagio ‘un buen reportero es bueno en cualquier parte’ ya no es convincente. Necesitamos buenos reporteros que puedan traer herramientas apropiadas para llevar en situaciones constantemente cambiantes. En este ambiente, los periodistas que puedan hacer más de una cosa estarán en demanda... Un buen reportero sería redefinido como aquel que es suficientemente bueno en cualquier medio”, dice Meyer.
Por su parte, Briggs asegura que de la misma forma en que las habilidades digitales son el comienzo para identificar candidatos para las nuevas plazas en los periódicos, la carencia de ellas identificará a aquellos que serán prescindibles.
“Y con más de 3.000 puestos recortados en las salas de redacción desde el año 2000, solo en Estados Unidos, cualquiera que aún trabaje en las salas de redacción debería estar buscando formas de llegar a ser más valioso en la operación. Esto es cierto ya sea que el medio sea un periódico, revista o estación de radio o televisión”, dice.
Esta versión en español, seguramente, contribuirá a cerrar la “brecha digital” entre el periodismo del mundo desarrollado y el de los países en vías de desarrollo. Así mismo, contribuirá a cerrar la “brecha del idioma”, que nos impide acceder a valioso conocimiento en inglés sobre periodismo, en general, y periodismo digital, en particular, producido en Estados Unidos, indiscutiblemente polo de desarrollo y referente obligado en este último tema.
Rosental Calmon Alves, fundador y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin, dijo que el lanzamiento de las ediciones en español y portugués del libro Periodismo 2.0 marca el cambio de foco de la organización para dedicarse más a la capacitación de periodistas en América Latina y el Caribe en el uso de las tecnologías digitales.
“Este es apenas el inicio de una nueva etapa del Centro Knight. Gracias a generosas donaciones de la Fundación John S. and James L. Knight, vamos a lanzar en los próximos años várias otras iniciativas para ayudar a los periodistas del hemisferio en sus esfuerzos para adptarse a estos tiempos de cambios impuestos por la Revolución Digital”, dijo Alves.
El Centro Knight para el Periodismo en las Américas fue creado por el profesor Rosental Calmon Alves, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Texas en Austin, en agosto del 2002, gracias a una generosa donación de la Fundación John S. and James L. Knight. El J-Lab en la Universidad de Maryland ayuda a organizaciones y ciudadanos a usar tecnologías mediáticas para crear nuevos métodos para la participación de las personas en la vida pública.
También administra la Red Knight de Noticias Ciudadanas y el programa de donaciones para los medios comunitarios Nuevas Voces.
La Fundación John S. y James L. Knight invierte en el periodismo de excelencia por todo el mundo y en la vitalidad de 26 comunidades en EE.UU. donde los hermanos Knight fueron dueños de periódicos. Desde 1950 la fundación ha otorgado más de 300 millones de dólares para mejorar la calidad del periodismo y la libertad de expresión. Se enfoca en proyectos con el potencial de crear cambios transformativos. Para mayor información, visite el sitio www.knightfoundation.org.
Las ediciones en español, inglés y portugués, en el formato PDF, pueden ser descargadas gratuitamente desde la página http://knightcenter.utexas.edu/journalism20.php.
El libro, que es una iniciativa del J-Lab y el Knight Citizen News Network y se concretó gracias al Instituto de Periodismo Interactivo de la Universidad de Maryland, es presentado por su autor como un manual práctico, pero ofrece suficientes elementos teóricos para entrar en el mundo del periodismo digital.
Comienza, de hecho, explicando las características de la Web y otros conceptos básicos de tecnología (y los acrónimos que las describen), el concepto de Web 2.0, nuevos dispositivos (iPods y otros MP3, teléfonos celulares y otros juguetes inalámbricos, memorias USB y de tarjeta, etc) y su impacto en el periodismo.
Luego sigue con temas tan sugestivos como nuevos métodos de reportería, cómo bloguear, cómo reportar noticias para la Web, cómo hacer grabaciones digitales de audio y podcasts, cómo tomar y manipular fotos digitales, cómo grabar y editar video para hacer reportajes o cómo escribir libretos y voces de narración para acompañarlos.
“Si usted realmente desea aprender cómo hacer periodismo digital, lo hará... Este manual lo guiará a lo largo del camino, descomponiendo cada habilidad y cada tecnología en lecciones digeribles, que podrá usar inmediatamente en su trabajo. Es práctico, no conceptual. Usted podrá poner en práctica la habilidad el mismo día que lea sobre ella”, dice Briggs en la introducción de la guía.
El reconocido periodista e investigador Phil Meyer, autor del prólogo de la versión en inglés, reitera el carácter práctico de la obra. “Usted puede usarlo como un libro de recetas. Hay recetas actualizadas para toda clase de cosas digitales. Cuando lo leí, constantemente quería parar y probar algo. Por ejemplo, configurar un canal RSS, convertir mis viejas cintas de audio en archivos MP3 y cambiar mi navegador predeterminado por Mozilla Firefox”, dice.
Guillermo Franco, el traductor y prologuista de la versión en español, asegura que el libro puede guiar a las organizaciones periodísticas que están redefiniendo su rol como generadoras de contenido y no quieren quedarse como simples ‘fabricantes de periódicos’, para establecer programas de entrenamiento.
A los periodistas que no están inscritos en medios tradicionales los guiará paso a paso para aprender por sí mismos, sin necesidad de un tutor. A las universidades puede darles luces sobre cómo reorientar sus programas académicos. Meyer y Briggs coinciden en que cada vez serán más valiosos los periodistas que tengan más de una habilidad.
“El viejo adagio ‘un buen reportero es bueno en cualquier parte’ ya no es convincente. Necesitamos buenos reporteros que puedan traer herramientas apropiadas para llevar en situaciones constantemente cambiantes. En este ambiente, los periodistas que puedan hacer más de una cosa estarán en demanda... Un buen reportero sería redefinido como aquel que es suficientemente bueno en cualquier medio”, dice Meyer.
Por su parte, Briggs asegura que de la misma forma en que las habilidades digitales son el comienzo para identificar candidatos para las nuevas plazas en los periódicos, la carencia de ellas identificará a aquellos que serán prescindibles.
“Y con más de 3.000 puestos recortados en las salas de redacción desde el año 2000, solo en Estados Unidos, cualquiera que aún trabaje en las salas de redacción debería estar buscando formas de llegar a ser más valioso en la operación. Esto es cierto ya sea que el medio sea un periódico, revista o estación de radio o televisión”, dice.
Esta versión en español, seguramente, contribuirá a cerrar la “brecha digital” entre el periodismo del mundo desarrollado y el de los países en vías de desarrollo. Así mismo, contribuirá a cerrar la “brecha del idioma”, que nos impide acceder a valioso conocimiento en inglés sobre periodismo, en general, y periodismo digital, en particular, producido en Estados Unidos, indiscutiblemente polo de desarrollo y referente obligado en este último tema.
Rosental Calmon Alves, fundador y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin, dijo que el lanzamiento de las ediciones en español y portugués del libro Periodismo 2.0 marca el cambio de foco de la organización para dedicarse más a la capacitación de periodistas en América Latina y el Caribe en el uso de las tecnologías digitales.
“Este es apenas el inicio de una nueva etapa del Centro Knight. Gracias a generosas donaciones de la Fundación John S. and James L. Knight, vamos a lanzar en los próximos años várias otras iniciativas para ayudar a los periodistas del hemisferio en sus esfuerzos para adptarse a estos tiempos de cambios impuestos por la Revolución Digital”, dijo Alves.
El Centro Knight para el Periodismo en las Américas fue creado por el profesor Rosental Calmon Alves, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Texas en Austin, en agosto del 2002, gracias a una generosa donación de la Fundación John S. and James L. Knight. El J-Lab en la Universidad de Maryland ayuda a organizaciones y ciudadanos a usar tecnologías mediáticas para crear nuevos métodos para la participación de las personas en la vida pública.
También administra la Red Knight de Noticias Ciudadanas y el programa de donaciones para los medios comunitarios Nuevas Voces.
La Fundación John S. y James L. Knight invierte en el periodismo de excelencia por todo el mundo y en la vitalidad de 26 comunidades en EE.UU. donde los hermanos Knight fueron dueños de periódicos. Desde 1950 la fundación ha otorgado más de 300 millones de dólares para mejorar la calidad del periodismo y la libertad de expresión. Se enfoca en proyectos con el potencial de crear cambios transformativos. Para mayor información, visite el sitio www.knightfoundation.org.
miércoles, 12 de diciembre de 2007
Comunicadores suscriben declaratoria en defensa del oficio periodístico
Comunicadores suscriben declaratoria en defensa del oficio periodístico
Carolina Gómez Mena
Al pronunciamiento se han adherido al menos 600 profesionales de medios nacionales y extranjeros, que denuncian la impunidad en el caso Lydia Cacho.
México, DF. Periodistas de diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, ello derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro.
En el escrito, que cuenta, hasta ahora, con la adhesión de más de 600 de estos profesionales, se fustiga la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 29 de noviembre y se advierte que ésta no implica que el proceso penal no deba seguir su curso.
Hasta este miércoles habían firmado este documento periodistas de 28 estados y de ocho países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Entre los firmantes están la periodista Cristina Pacheco y adherentes tales como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoki y Carmen Jiménez Cacho, así como el profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, Sergio Fernández.
En la declaración se destaca que con dicha determinación “desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y al mismo tiempo se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”.
También se precisa que es “urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución para superar las fallas que evidenció el caso” y se demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Marín”.
De igual forma los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente del caso Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), se señale al menos a los funcionarios que participaron en las que la Corte denomina ‘violaciones leves’ y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”.
Asimismo, consideran que "en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en el Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”.
Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, a pocas horas de que la SCJN determinara que no hubo violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro, por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” respecto a que no se firmara. No obstante “109” periodistas de esa entidad lo signaron. Pero también lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Carolina Gómez Mena
Al pronunciamiento se han adherido al menos 600 profesionales de medios nacionales y extranjeros, que denuncian la impunidad en el caso Lydia Cacho.
México, DF. Periodistas de diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, ello derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro.
En el escrito, que cuenta, hasta ahora, con la adhesión de más de 600 de estos profesionales, se fustiga la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 29 de noviembre y se advierte que ésta no implica que el proceso penal no deba seguir su curso.
Hasta este miércoles habían firmado este documento periodistas de 28 estados y de ocho países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Entre los firmantes están la periodista Cristina Pacheco y adherentes tales como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoki y Carmen Jiménez Cacho, así como el profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, Sergio Fernández.
En la declaración se destaca que con dicha determinación “desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y al mismo tiempo se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”.
También se precisa que es “urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución para superar las fallas que evidenció el caso” y se demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Marín”.
De igual forma los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente del caso Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), se señale al menos a los funcionarios que participaron en las que la Corte denomina ‘violaciones leves’ y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”.
Asimismo, consideran que "en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en el Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”.
Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, a pocas horas de que la SCJN determinara que no hubo violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro, por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” respecto a que no se firmara. No obstante “109” periodistas de esa entidad lo signaron. Pero también lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
martes, 11 de diciembre de 2007
Rueda de prensa club de periodistas caso Marín-Cacho
INVITACIÓN A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
La Red colectivo de mujeres por la democracia, invita a la siguiente rueda de prensa para mañana sobre la resolución de la Corte en el caso de las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte del gobierno de Puebla:
Reciban desde esta ciudad un afectuoso saludo por parte de nuestra organización y la invitación para que el próximo miércoles 12 de Diciembre a las 12:00 hrs. nos acompañen a la rueda de prensa que se llevara a cabo en el club de periodistas ubicado en Filomeno Mata No. 8 en la ciudad de México, y en el que daremos a conocer lo que esta sucediendo en la ciudad de Puebla a partir de la decisión de la Corte así como las acciones que debemos emprender a fin de evitar seguir siendo pisoteadas en nuestra dignidad como hasta ahora.
Contaremos con la presencia de la Senadora Rosario Ibarra de Piedra.
La Red colectivo de mujeres por la democracia, invita a la siguiente rueda de prensa para mañana sobre la resolución de la Corte en el caso de las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte del gobierno de Puebla:
Reciban desde esta ciudad un afectuoso saludo por parte de nuestra organización y la invitación para que el próximo miércoles 12 de Diciembre a las 12:00 hrs. nos acompañen a la rueda de prensa que se llevara a cabo en el club de periodistas ubicado en Filomeno Mata No. 8 en la ciudad de México, y en el que daremos a conocer lo que esta sucediendo en la ciudad de Puebla a partir de la decisión de la Corte así como las acciones que debemos emprender a fin de evitar seguir siendo pisoteadas en nuestra dignidad como hasta ahora.
Contaremos con la presencia de la Senadora Rosario Ibarra de Piedra.
lunes, 10 de diciembre de 2007
Despiden a periodista asesinado
Redacción/Cambio de Michoacán Grecia Ponce | Marco Antonio Duarte
Lunes 10 de Diciembre de 2007
Uruapan | Morelia
Los deudos reclamaron justicia en medio de los operativos inoperantes que tanto lucen en la propaganda gubernamental
Ni siquiera un cielo azul sin tacha y el sol de esta ciudad de primavera perenne lograron disipar las sombras del miedo y la impotencia, cuando el cuerpo del joven reportero Gerardo García Pimentel quedó cubierto de tierra, de flores y lágrimas. Los restos mortales descansarán, pero no así sus amigos, compañeros y familiares, quienes quedaron sepultados bajo el pavor fundamentado.
De todos modos y aún cuando fueron reportados desaparecidos el primo y el hermano del periodista asesinado, Carlos García Pimentel y Mario García, respectivamente, los deudos reclamaron justicia en medio de las lápidas de la impunidad, los epitafios de violencia y los operativos inoperantes que tanto lucen en la propaganda gubernamental.
Gerardo García Pimentel, quien estaba proyectando su primer libro sobre cultura y tradición, quien llegaba cantando a la redacción y quien recibió más de 20 tiros de armas de alto poder, fue despedido con aplausos y miles de interrogantes.
Desde poco antes de las 14:00 horas, los deudos: familiares, amigos y trabajadores de los medios de comunicación, partieron en cortejo fúnebre desde la casa familiar del abatido. Todos se dirigieron a la parroquia de la Sagrada Familia, frente al camposanto municipal, en donde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente.
Ahí, el sacerdote Serafín Peñarán Zepeda pidió a los presentes orar no sólo por «el hermano muerto, sino porque los que están en el gobierno de la nación promuevan la justicia y la paz».
Luego los dolientes salieron del templo y el ataúd fue acompañado de pancartas que pedían el esclarecimiento del caso a Felipe Calderón, al gobernador Lázaro Cárdenas y al procurador de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Los reporteros lucían desencajados y nadie negaba su miedo, ante las cartulinas que decían «la pluma no mata». Muchos confesaban su deseo de escribir sociales, aunque también agregaban que cubrir esa fuente no garantizaba la seguridad para informar.
Y es que aunque varios comunicadores han recibido anónimos con amenazas, el temor esta vez tuvo como base descargas de plomo y la sangre que manchó un sábado en el antiguamente pacífico barrio de San Juan Quemado.
En el cementerio, una de las parientes del finado perdió el sentido y nada consolaba a don Juan, el padre de Gerardo, a su madre doña Carmen y a la prometida con quien iba a casarse el próximo sábado 15.
Al final Gerardo quedó solo en su tumba, con la promesa de la vida eterna, mientras que los demás partieron condenados a quedar peor que muertos, porque de ahora en adelante vivirán con miedo.
La PGJE declaró a familiares
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) declaró ya a familiares de Gerardo Israel García Pimentel, reportero del diario La Opinión de Michoacán, del municipio de Uruapan, quien fuera ejecutado por dos presuntos sicarios el pasado sábado.
Sin embargo, hasta anoche la PGJE no había detenido a ningún sospechoso, pero se espera que las investigaciones que realiza un grupo especial de la Policía Ministerial permitan el pronto esclarecimiento del crimen.
Personal del diario calificaron como una persona «noble» al comunicador, cuya muerte extrañó al medio periodístico toda vez que se desempeñaba en la fuente agropecuaria, en trabajos sobre el fruto del aguacate, ajeno siempre a temas de seguridad.
No obstante, directivos del periódico afirmaron que el ahora extinto sí cubría guardias en la fuente de policiaca, pero con una frecuencia de cada tres semanas, aunque no salía del diario y permanecía ahí a la espera de comunicados oficiales.
El crimen, cabe mencionar, se desarrolló alrededor de las 15:20 horas, en el interior del Hotel Ruan, ubicado en el número 99 de la Avenida Revolución, en el primer cuadro uruapense.
En ese lugar, dos supuestos sicarios que portaban un rifle de asalto calibre .223 (AR-15) y una pistola .38 Súper, coparon al comunicador, luego de perseguirlo por diversas vialidades cercanas, sin que agentes de la Policía Municipal se percataran de ello.
Mientras el periodista subía el octavo escalón de una escalera de concreto del lugar, para intentar refugiarse en la planta alta, donde tenía su hogar, los presumibles gatilleros abrieron fuego en su contra y lograron acertarle más de 20 impactos en diversas partes del cuerpo.
Perpetrado el crimen, el par de individuos salió del hotel, propiedad de la familia de la prometida de la víctima, dándose a la fuga sin ser identificados por vecinos.
Lunes 10 de Diciembre de 2007
Uruapan | Morelia
Los deudos reclamaron justicia en medio de los operativos inoperantes que tanto lucen en la propaganda gubernamental
Ni siquiera un cielo azul sin tacha y el sol de esta ciudad de primavera perenne lograron disipar las sombras del miedo y la impotencia, cuando el cuerpo del joven reportero Gerardo García Pimentel quedó cubierto de tierra, de flores y lágrimas. Los restos mortales descansarán, pero no así sus amigos, compañeros y familiares, quienes quedaron sepultados bajo el pavor fundamentado.
De todos modos y aún cuando fueron reportados desaparecidos el primo y el hermano del periodista asesinado, Carlos García Pimentel y Mario García, respectivamente, los deudos reclamaron justicia en medio de las lápidas de la impunidad, los epitafios de violencia y los operativos inoperantes que tanto lucen en la propaganda gubernamental.
Gerardo García Pimentel, quien estaba proyectando su primer libro sobre cultura y tradición, quien llegaba cantando a la redacción y quien recibió más de 20 tiros de armas de alto poder, fue despedido con aplausos y miles de interrogantes.
Desde poco antes de las 14:00 horas, los deudos: familiares, amigos y trabajadores de los medios de comunicación, partieron en cortejo fúnebre desde la casa familiar del abatido. Todos se dirigieron a la parroquia de la Sagrada Familia, frente al camposanto municipal, en donde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente.
Ahí, el sacerdote Serafín Peñarán Zepeda pidió a los presentes orar no sólo por «el hermano muerto, sino porque los que están en el gobierno de la nación promuevan la justicia y la paz».
Luego los dolientes salieron del templo y el ataúd fue acompañado de pancartas que pedían el esclarecimiento del caso a Felipe Calderón, al gobernador Lázaro Cárdenas y al procurador de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Los reporteros lucían desencajados y nadie negaba su miedo, ante las cartulinas que decían «la pluma no mata». Muchos confesaban su deseo de escribir sociales, aunque también agregaban que cubrir esa fuente no garantizaba la seguridad para informar.
Y es que aunque varios comunicadores han recibido anónimos con amenazas, el temor esta vez tuvo como base descargas de plomo y la sangre que manchó un sábado en el antiguamente pacífico barrio de San Juan Quemado.
En el cementerio, una de las parientes del finado perdió el sentido y nada consolaba a don Juan, el padre de Gerardo, a su madre doña Carmen y a la prometida con quien iba a casarse el próximo sábado 15.
Al final Gerardo quedó solo en su tumba, con la promesa de la vida eterna, mientras que los demás partieron condenados a quedar peor que muertos, porque de ahora en adelante vivirán con miedo.
La PGJE declaró a familiares
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) declaró ya a familiares de Gerardo Israel García Pimentel, reportero del diario La Opinión de Michoacán, del municipio de Uruapan, quien fuera ejecutado por dos presuntos sicarios el pasado sábado.
Sin embargo, hasta anoche la PGJE no había detenido a ningún sospechoso, pero se espera que las investigaciones que realiza un grupo especial de la Policía Ministerial permitan el pronto esclarecimiento del crimen.
Personal del diario calificaron como una persona «noble» al comunicador, cuya muerte extrañó al medio periodístico toda vez que se desempeñaba en la fuente agropecuaria, en trabajos sobre el fruto del aguacate, ajeno siempre a temas de seguridad.
No obstante, directivos del periódico afirmaron que el ahora extinto sí cubría guardias en la fuente de policiaca, pero con una frecuencia de cada tres semanas, aunque no salía del diario y permanecía ahí a la espera de comunicados oficiales.
El crimen, cabe mencionar, se desarrolló alrededor de las 15:20 horas, en el interior del Hotel Ruan, ubicado en el número 99 de la Avenida Revolución, en el primer cuadro uruapense.
En ese lugar, dos supuestos sicarios que portaban un rifle de asalto calibre .223 (AR-15) y una pistola .38 Súper, coparon al comunicador, luego de perseguirlo por diversas vialidades cercanas, sin que agentes de la Policía Municipal se percataran de ello.
Mientras el periodista subía el octavo escalón de una escalera de concreto del lugar, para intentar refugiarse en la planta alta, donde tenía su hogar, los presumibles gatilleros abrieron fuego en su contra y lograron acertarle más de 20 impactos en diversas partes del cuerpo.
Perpetrado el crimen, el par de individuos salió del hotel, propiedad de la familia de la prometida de la víctima, dándose a la fuga sin ser identificados por vecinos.
Cuestiona la ONU fallo de Corte sobre Lydia Cacho
La Crónica de Hoy
Por: Israel Yáñez G. | Nacional Lunes 10 de Diciembre de 2007
Américo Incalcaterra, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, consideró que la Suprema Corte de la Nación debió enviar un mensaje para la construcción de un Estado democrático en la defensa de los derechos de las víctimas de abusos, esto ante la resolución sobre el caso de la periodista Lydia Cacho.
El representante de la ONU en México para el respeto de los Derechos Humanos precisó que sólo se trató de una “resolución” y no de una “sentencia” la que emitió la SCJN, por lo que puede reconsiderar su postura ante las posibles violaciones a las garantías de la escritora y en consecuencia a las víctimas de presunto abuso sexual.
“Es una resolución, no una sentencia… nosotros pensamos que se podía haber hecho más, se podía haber dado un mensaje, era una oportunidad, para dar un mensaje de un Estado democrático en defensa de muchos derechos, precisamente de la defensa de los derechos de víctimas menores”, precisó el especialista.
Dijo que durante el estudio de la Corte sobre el caso se pudieron haber abordado temas como pornografía, abuso sexual en contra de niños, explotación comercial sexual infantil, fenómenos de los cuales los menores deben ser protegidos.
“La Corte podría haber solicitado que se investiguen más esos temas, porque son vigentes, el tema de la tortura, la independencia de los poderes para poder investigar. Pensamos que hubiera sido un mensaje importante que el Máximo Tribunal… tenían la oportunidad de poderse expresar libremente sin ninguna limitación para ello”.
Consideró que las diferentes instituciones encargadas de la impartición de justicia de los estados de Quintana Roo, Puebla, así como a nivel federal, deben definir si hubo violaciones a las garantías de las víctimas.
Además que depende de los asesores de Lydia Cacho si solicitan apoyo a las organismos internacionales, por lo cual, el órgano a su cargo está abierto a brindar cualquier tipo de asesoría a la mujer, aunque reconoció que no pueden intervenir directamente en el caso, ya que se trata de un proceso judicial, en el que ellos no tienen injerencia.
Dijo que la ONU, a través de sus diversos organismos en nuestro país, le da seguimiento a distintas situaciones vinculadas con el abuso a menores, que es un tema de actualidad que preocupa en el mundo.
Por: Israel Yáñez G. | Nacional Lunes 10 de Diciembre de 2007
Américo Incalcaterra, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, consideró que la Suprema Corte de la Nación debió enviar un mensaje para la construcción de un Estado democrático en la defensa de los derechos de las víctimas de abusos, esto ante la resolución sobre el caso de la periodista Lydia Cacho.
El representante de la ONU en México para el respeto de los Derechos Humanos precisó que sólo se trató de una “resolución” y no de una “sentencia” la que emitió la SCJN, por lo que puede reconsiderar su postura ante las posibles violaciones a las garantías de la escritora y en consecuencia a las víctimas de presunto abuso sexual.
“Es una resolución, no una sentencia… nosotros pensamos que se podía haber hecho más, se podía haber dado un mensaje, era una oportunidad, para dar un mensaje de un Estado democrático en defensa de muchos derechos, precisamente de la defensa de los derechos de víctimas menores”, precisó el especialista.
Dijo que durante el estudio de la Corte sobre el caso se pudieron haber abordado temas como pornografía, abuso sexual en contra de niños, explotación comercial sexual infantil, fenómenos de los cuales los menores deben ser protegidos.
“La Corte podría haber solicitado que se investiguen más esos temas, porque son vigentes, el tema de la tortura, la independencia de los poderes para poder investigar. Pensamos que hubiera sido un mensaje importante que el Máximo Tribunal… tenían la oportunidad de poderse expresar libremente sin ninguna limitación para ello”.
Consideró que las diferentes instituciones encargadas de la impartición de justicia de los estados de Quintana Roo, Puebla, así como a nivel federal, deben definir si hubo violaciones a las garantías de las víctimas.
Además que depende de los asesores de Lydia Cacho si solicitan apoyo a las organismos internacionales, por lo cual, el órgano a su cargo está abierto a brindar cualquier tipo de asesoría a la mujer, aunque reconoció que no pueden intervenir directamente en el caso, ya que se trata de un proceso judicial, en el que ellos no tienen injerencia.
Dijo que la ONU, a través de sus diversos organismos en nuestro país, le da seguimiento a distintas situaciones vinculadas con el abuso a menores, que es un tema de actualidad que preocupa en el mundo.
Asesinan a otro reportero en Michoacán
MORELIA.- MIENTRAS el diario
“La Opinión” confió en que se
indague a fondo el crimen de
su compañero Israel García Pimentel,
ocurrido ayer. El procurador
estatal, Juan Antonio
Magaña de la Mora, dijo que
las garantías están dadas para
comunicadores del estado.
En su editorial de este día,
“La Opinión”, editado en Uruapan
y de circulación estatal,
califica de un acto por demás
violento el crimen del reportero,
y “esperamos que las
autoridades realicen su labor
e investiguen a fondo las circunstancias
en que fue asesinado”.
“Consideramos que se
debe investigar y realizar las
pruebas y peritajes necesarios
con el objeto de aclarar los
hechos”, señala, además de
referir que la autoridad debe
empeñarse en esclarecer este
crimen que lesiona a todos los
michoacanos.
“Para nosotros no es una
estadística más del crimen en
la entidad”, afirma el matutino
en su editorial.
Por su parte, el procurador de
Justicia de Michoacán, Juan Antonio
Magaña de la Mora, puntualizó
que se están desahogando
las pruebas periciales que lleven
al esclarecimiento del crimen del
reportero, ocurrido ayer.
Señaló que las garantías están
dadas para la labor de los
comunicadores en el estado, y
que se establecerán lazos cooperativos
entre las dependencias a
nivel estatal y federal, para que
se dé seguridad a quienes están
dentro de los medios de comunicación.
****Fuente Diario Transición Puebla
“La Opinión” confió en que se
indague a fondo el crimen de
su compañero Israel García Pimentel,
ocurrido ayer. El procurador
estatal, Juan Antonio
Magaña de la Mora, dijo que
las garantías están dadas para
comunicadores del estado.
En su editorial de este día,
“La Opinión”, editado en Uruapan
y de circulación estatal,
califica de un acto por demás
violento el crimen del reportero,
y “esperamos que las
autoridades realicen su labor
e investiguen a fondo las circunstancias
en que fue asesinado”.
“Consideramos que se
debe investigar y realizar las
pruebas y peritajes necesarios
con el objeto de aclarar los
hechos”, señala, además de
referir que la autoridad debe
empeñarse en esclarecer este
crimen que lesiona a todos los
michoacanos.
“Para nosotros no es una
estadística más del crimen en
la entidad”, afirma el matutino
en su editorial.
Por su parte, el procurador de
Justicia de Michoacán, Juan Antonio
Magaña de la Mora, puntualizó
que se están desahogando
las pruebas periciales que lleven
al esclarecimiento del crimen del
reportero, ocurrido ayer.
Señaló que las garantías están
dadas para la labor de los
comunicadores en el estado, y
que se establecerán lazos cooperativos
entre las dependencias a
nivel estatal y federal, para que
se dé seguridad a quienes están
dentro de los medios de comunicación.
****Fuente Diario Transición Puebla
Daña decisión Caso Marín-Cacho imagen de la Corte
Desaprueban fallo en caso Lidya Cacho
Ulises Beltrán Y Alejandro Cruz
Periódico Excelsiór
Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
La Suprema Corte no se ha caracterizado, en tiempos recientes, por generar mucha confianza (regular o poca confianza, 64%) y alcanzó su peor momento durante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando la mala opinión sobre el máximo tribunal de justicia del país llegó a predominar.
Su decisión en el caso Cacho, sin embargo, no empeoró significativamente su credibilidad. La percepción de legalidad en el desempeño de la SCJN se ve algo perjudicada, pero todavía es mayoritaria: 52% cree que sí actúa apegada a la ley (siete puntos menos que en junio). Sólo en el renglón de independencia, la imagen de actuación bajo presión de políticos y grupos de interés va en paulatino ascenso (ha pasado de 45% en enero a 53% ahora).
www.bgc.com.mx
Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
Ulises Beltrán Y Alejandro Cruz
Periódico Excelsiór
Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
La Suprema Corte no se ha caracterizado, en tiempos recientes, por generar mucha confianza (regular o poca confianza, 64%) y alcanzó su peor momento durante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando la mala opinión sobre el máximo tribunal de justicia del país llegó a predominar.
Su decisión en el caso Cacho, sin embargo, no empeoró significativamente su credibilidad. La percepción de legalidad en el desempeño de la SCJN se ve algo perjudicada, pero todavía es mayoritaria: 52% cree que sí actúa apegada a la ley (siete puntos menos que en junio). Sólo en el renglón de independencia, la imagen de actuación bajo presión de políticos y grupos de interés va en paulatino ascenso (ha pasado de 45% en enero a 53% ahora).
www.bgc.com.mx
Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
Protesta de poblanos en el zócalo por el fallo de la SCJN; anuncian movilizaciones
Protesta de poblanos en el zócalo por el fallo de la SCJN; anuncian movilizaciones
Alrededor de 200 ciudadanos manifestaron ayer, en el zócalo de la capital poblana, su repudio a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Anunciaron que el próximo miércoles 12 de diciembre ofrecerán una rueda de prensa en la ciudad de México para dar a conocer su postura a los medios nacionales e internacionales.
Josué Mota CorroPuebla, Pue.
Es importante mencionar que la protesta no fue convocada por ninguna organización, sino que la invitación a participar circuló a través de correos electrónicos y al lugar acudieron académicos, activistas defensores de los derechos humanos, integrantes de las Redes Ciudadanas y de la Convención Nacional Democrática.
Algunos de los particpantes llevaron cartones de La Jornada alusivos al llamado góber precioso, Mario Marín Torres, Kamel Nacif Borge y los seis ministros del máximo tribunal del país que votaron en contra del dictamen de su colega Juan Silva Meza.
El integrante del Frente Cívico de Puebla Julio Glockner Rossainz dijo que ya están en contacto con otras organizaciones de la República para iniciar un movimiento social que exigirá la renuncia de los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Olga María Carmen Sánchez Hernández, por su “vergonzosa” actuación en el caso Cacho.
Cuestionado sobre si le preocupa que este movimiento social se politice, Glockner Rossainz aseguró que es a través de la política como se debe resolver este problema y hay que recurrir a todas las instancias posibles para obligar a estos ministros a que renuncien.
Durante la protesta, se invitó a quienes quisieran para que tomaran el micrófono para expresas sus ideas. Una de las primeras en hacerlo fue la académica María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, quien dijo que es sumamente lamentable que los integrantes de la SCJN hayan utilizado “orificios legales” (sic) para exonerar al protector de pederastas Marín.
Expresó que es importante defender a todos los niños del país y para ello es necesario insistir en que se haga un juicio político al mandatario poblano.
Otro de los oradores aseguró que es deplorable el papel de las principales instituciones del país que deberían defender la democracia y la justicia. Recordó que en las pasadas elecciones presidenciales el Tribunal Federal Electoral reconoció “que hubo fraude, pero fue poquito”. En esta ocasión, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó que hubo violaciones a los derechos de Lydia Cacho, “pero también fue poquito”.
Otros ciudadanos que tomaron el micrófono incluso llegaron a decir: “Cuánta razón tenía López Obrador cuando expresó ‘al diablo con sus instituciones’, porque ya vimos que las instituciones no sirven para nada”.
La protesta
Aunque para las 12 del día las personas que acudieron al zócalo de la ciudad eran pocas, lentamente comenzaron a llegar ciudadanos que portaban pancartas expresando su repudio a la resolución de la SCJN. Instalaron un pequeño equipo de sonido y una televisión donde se proyectó el documental de Alejandra Islas Los demonios del Edén.
Enseguida, integrantes de la Convención Nacional Democrática, las Redes Ciudadanas, el Frente Cívico de Puebla, investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Iberoamericana comenzaron a protestar públicamente.
Fueron varios los participantes en la protesta que exigieron que las diputadas y presidente municipal electas Bárbara Ganime, Rocío García Olmedo, Malinalli García, Angélica Hernández y Blanca Alcalá –todas ellas pertenecientes al PRI– fijen públicamente su postura frente a la resolución de la SCJN, pues como mujeres, dijeron, tienen el compromiso de manifestarse en este sentido.
Ayer se volvió a escuchar en el zócalo de la ciudad el grito de “¡fuera Marín, fuera Marín!”, pues los ciudadanos hicieron hincapié en que, aunque la SCJN haya exonerado al gobernador, éste es culpable de orquestar la detención y encarcelamiento de Lydia Cacho.
Finalmente, anunciaron que un grupo de mujeres viajará el miércoles a la capital del país para ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación nacionales e internacionales en el Club de Periodistas, para dar a conocer su postura frente a la resolución de la SCJN.
Alrededor de 200 ciudadanos manifestaron ayer, en el zócalo de la capital poblana, su repudio a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Anunciaron que el próximo miércoles 12 de diciembre ofrecerán una rueda de prensa en la ciudad de México para dar a conocer su postura a los medios nacionales e internacionales.
Josué Mota CorroPuebla, Pue.
Es importante mencionar que la protesta no fue convocada por ninguna organización, sino que la invitación a participar circuló a través de correos electrónicos y al lugar acudieron académicos, activistas defensores de los derechos humanos, integrantes de las Redes Ciudadanas y de la Convención Nacional Democrática.
Algunos de los particpantes llevaron cartones de La Jornada alusivos al llamado góber precioso, Mario Marín Torres, Kamel Nacif Borge y los seis ministros del máximo tribunal del país que votaron en contra del dictamen de su colega Juan Silva Meza.
El integrante del Frente Cívico de Puebla Julio Glockner Rossainz dijo que ya están en contacto con otras organizaciones de la República para iniciar un movimiento social que exigirá la renuncia de los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Olga María Carmen Sánchez Hernández, por su “vergonzosa” actuación en el caso Cacho.
Cuestionado sobre si le preocupa que este movimiento social se politice, Glockner Rossainz aseguró que es a través de la política como se debe resolver este problema y hay que recurrir a todas las instancias posibles para obligar a estos ministros a que renuncien.
Durante la protesta, se invitó a quienes quisieran para que tomaran el micrófono para expresas sus ideas. Una de las primeras en hacerlo fue la académica María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, quien dijo que es sumamente lamentable que los integrantes de la SCJN hayan utilizado “orificios legales” (sic) para exonerar al protector de pederastas Marín.
Expresó que es importante defender a todos los niños del país y para ello es necesario insistir en que se haga un juicio político al mandatario poblano.
Otro de los oradores aseguró que es deplorable el papel de las principales instituciones del país que deberían defender la democracia y la justicia. Recordó que en las pasadas elecciones presidenciales el Tribunal Federal Electoral reconoció “que hubo fraude, pero fue poquito”. En esta ocasión, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó que hubo violaciones a los derechos de Lydia Cacho, “pero también fue poquito”.
Otros ciudadanos que tomaron el micrófono incluso llegaron a decir: “Cuánta razón tenía López Obrador cuando expresó ‘al diablo con sus instituciones’, porque ya vimos que las instituciones no sirven para nada”.
La protesta
Aunque para las 12 del día las personas que acudieron al zócalo de la ciudad eran pocas, lentamente comenzaron a llegar ciudadanos que portaban pancartas expresando su repudio a la resolución de la SCJN. Instalaron un pequeño equipo de sonido y una televisión donde se proyectó el documental de Alejandra Islas Los demonios del Edén.
Enseguida, integrantes de la Convención Nacional Democrática, las Redes Ciudadanas, el Frente Cívico de Puebla, investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Iberoamericana comenzaron a protestar públicamente.
Fueron varios los participantes en la protesta que exigieron que las diputadas y presidente municipal electas Bárbara Ganime, Rocío García Olmedo, Malinalli García, Angélica Hernández y Blanca Alcalá –todas ellas pertenecientes al PRI– fijen públicamente su postura frente a la resolución de la SCJN, pues como mujeres, dijeron, tienen el compromiso de manifestarse en este sentido.
Ayer se volvió a escuchar en el zócalo de la ciudad el grito de “¡fuera Marín, fuera Marín!”, pues los ciudadanos hicieron hincapié en que, aunque la SCJN haya exonerado al gobernador, éste es culpable de orquestar la detención y encarcelamiento de Lydia Cacho.
Finalmente, anunciaron que un grupo de mujeres viajará el miércoles a la capital del país para ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación nacionales e internacionales en el Club de Periodistas, para dar a conocer su postura frente a la resolución de la SCJN.
domingo, 9 de diciembre de 2007
Decisión de SCJN: efectos mortales para el Estado de Derecho
México DF, 5 dic 07 (CIMAC).- La decisión del 29 de noviembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de Lydia Cacho y Mario Marín produce dos efectos mortales para un Estado de Derecho: alienta la impunidad y abre la puerta al autoritarismo más atroz en perjuicio del pueblo, afirma en un comunicado Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.
¿Con qué cara podrán ver esos seis Ministros a la sociedad? --se pregunta la luchadora social y ex candidata a la presidencia de la República-- ¿cómo le van a explicar que prefirieron dejar en la impunidad a un gobernante que todavía se jactó de su atropello apenas cometido?
Y enumera los hechos.
El pasado 29 de noviembre de 2007, por el voto de seis de sus integrantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que no existieron violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del estado de Puebla, encabezadas por el gobernador Mario Marín.
Es del dominio público, dice Ibarra de Piedra, el contenido grotesco de la conversación entre los señores Marín y Nacif, en el que el gobernador poblano informaba al empresario textilero de cómo había realizado, con el poder público, la vindicta privada que le había encomendado este último.
La Corte, según la mayoría que resolvió el expediente, señaló que su fallo no pudo ser de otra manera, pues es incapaz de dar valor probatorio a pruebas obtenidas ilegalmente.
Tuvo la Corte una enorme oportunidad de enviar un mensaje a gobernantes y gobernados de que el fin del Estado es el bienestar del ser humano, no la impunidad e intereses del déspota –afirma la Senadora--, pero el voto de los señores Ministros Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero, Armando Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Guillermo Ortiz Mayagoitia le dice a las y los mexicanos que “no hay ya autoridad a la cual apelar ante el abuso, el atropello y el autoritarismo; ningún sentimiento humanitario les produce la justicia prostituida y mancillada pintada por Orozco en los muros desde donde deben contener y evitar el autoritarismo”.
Entonces, en voz de los seis Ministros que ganaron la votación, no importa la protección de los derechos humanos de persona alguna, sino el irreductible formalismo jurídico, aunque sirva de cobijo a la impunidad, dice Ibarra.
“Un Tribunal Constitucional, como se autonombra la Corte, tiene en sus lineamientos elementales de funcionamiento la protección decidida de los derechos humanos; en la medida que un Tribunal tutele y defienda las libertades públicas, de ese será el tamaño de su legitimidad ante la sociedad.
“No puede la Corte ser guardiana y vigilante de los deberes ajenos cuando la mayoría de sus miembros faltaron a un deber propio: el de impartir justicia protegiendo las libertades públicas.
“La decisión del 29 de noviembre produce dos efectos mortales para un Estado de Derecho: alienta la impunidad y abre la puerta al autoritarismo más atroz en perjuicio del pueblo”.
¿Con qué cara podrán ver esos seis Ministros a la sociedad? --se pregunta la luchadora social y ex candidata a la presidencia de la República-- ¿cómo le van a explicar que prefirieron dejar en la impunidad a un gobernante que todavía se jactó de su atropello apenas cometido?
Y enumera los hechos.
El pasado 29 de noviembre de 2007, por el voto de seis de sus integrantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que no existieron violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del estado de Puebla, encabezadas por el gobernador Mario Marín.
Es del dominio público, dice Ibarra de Piedra, el contenido grotesco de la conversación entre los señores Marín y Nacif, en el que el gobernador poblano informaba al empresario textilero de cómo había realizado, con el poder público, la vindicta privada que le había encomendado este último.
La Corte, según la mayoría que resolvió el expediente, señaló que su fallo no pudo ser de otra manera, pues es incapaz de dar valor probatorio a pruebas obtenidas ilegalmente.
Tuvo la Corte una enorme oportunidad de enviar un mensaje a gobernantes y gobernados de que el fin del Estado es el bienestar del ser humano, no la impunidad e intereses del déspota –afirma la Senadora--, pero el voto de los señores Ministros Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero, Armando Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Guillermo Ortiz Mayagoitia le dice a las y los mexicanos que “no hay ya autoridad a la cual apelar ante el abuso, el atropello y el autoritarismo; ningún sentimiento humanitario les produce la justicia prostituida y mancillada pintada por Orozco en los muros desde donde deben contener y evitar el autoritarismo”.
Entonces, en voz de los seis Ministros que ganaron la votación, no importa la protección de los derechos humanos de persona alguna, sino el irreductible formalismo jurídico, aunque sirva de cobijo a la impunidad, dice Ibarra.
“Un Tribunal Constitucional, como se autonombra la Corte, tiene en sus lineamientos elementales de funcionamiento la protección decidida de los derechos humanos; en la medida que un Tribunal tutele y defienda las libertades públicas, de ese será el tamaño de su legitimidad ante la sociedad.
“No puede la Corte ser guardiana y vigilante de los deberes ajenos cuando la mayoría de sus miembros faltaron a un deber propio: el de impartir justicia protegiendo las libertades públicas.
“La decisión del 29 de noviembre produce dos efectos mortales para un Estado de Derecho: alienta la impunidad y abre la puerta al autoritarismo más atroz en perjuicio del pueblo”.
Protestan en Mérida por fallo de la Corte
La pederastia no es ajena a Yucatán
Sepelio del derecho y limpieza contra los abusadores de niñosPersonas inconformes con el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en el caso de la escritora y periodista Lydia Cacho, realizaron una marcha por calles del Centro.
Los manifestantes cargaron un féretro, en cuyo interior estaba la bandera mexicana, que representaba la muerte del derecho.También barrieron la calle 61 con escobas que representaban a los magistrados de la Corte. La basura tirada en el suelo representaba a los pederastas.
Sepelio del derecho y limpieza contra los abusadores de niñosPersonas inconformes con el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en el caso de la escritora y periodista Lydia Cacho, realizaron una marcha por calles del Centro.
Los manifestantes cargaron un féretro, en cuyo interior estaba la bandera mexicana, que representaba la muerte del derecho.También barrieron la calle 61 con escobas que representaban a los magistrados de la Corte. La basura tirada en el suelo representaba a los pederastas.
De las debilidades de la impunidad
Carlos Monsiváis
9 de diciembre de 2007
El fallo, por mayoría, de la Suprema Corte de Justicia (de aquí en adelante la Suprema) a favor del gobernador de Puebla Mario Marín lleva a recapitular sobre la fabricación y la autodestrucción de prestigios en la República.
¿Qué tan reales son, cuánto dependen de la inercia institucional y cuánto de las maniobras de la mercadotecnia? ¿Surgen del poderío del Estado o vienen de las inercias históricas que le atribuían grandeza a los beneficiarios de los altos puestos? ¿Qué es prestigio: el reconocimiento del valor o el acatamiento del poder? Si se formula la pregunta desde las instituciones la respuesta será ritual; si no, la tendencia es, con el sarcasmo explícito, “desacralizadora” (Lo sagrado entre comillas acentúa lo profano).
El común denominador es la falta de consecuencias de la crítica en el corto plazo. Luego, en el mediano plazo, y si conviene, algo se concede.
Los seis ministros marinizados de seguro hicieron su cálculo de daños.
¿Qué les iba a pasar a los redentores de Marín? En su pronóstico, un alud de dicterios, comentarios, gritos ofensivos en marchas y concentraciones, mesas redondas sin repercusión y, luego, el vacío de la memoria, aquí no pasa nada, ni siquiera el “aquí no pasa nada hasta que pasa”.
A ellos los defienden —en este orden— la red gubernamental (“¡Al cielo con nuestras instituciones!”), el Presidente de la República, el PRI, el PAN, la “amnésica histórica” del pueblo mexicano, y la certidumbre de que el peso de la ley los ampara o, como ahora se dice, “los blinda”.
Dura lex sed lex. La ley es dura pero es nomás nuestra. Más es ya exigir dos imposibles: la lealtad a un punto de vista y, de manera consecuente, la existencia de un punto de vista. Y los de la red de complicidades creen saberlo: en política la protesta, en tanto se concentra en las palabras, se escribe con tinta invisible.
* * *
Sin embargo, una “lectura de la realidad” prueba el inmenso fracaso de la Operación Hay que salvar a Marín. Cito algunos datos, todos con valor probatorio, sobre los deterioros de la impunidad:
— Cuatro ministros votan en contra.— No se ha publicado un solo artículo en defensa clara de la exculpación, y sí, en todo el país, centenares en contra.
— El alcalde de Puebla Enrique Dóger, del PRI, le envió un mensaje extraordinario de apoyo y reconocimiento a Lydia Cacho.
— Los caricaturistas, casi sin excepciones, han abordado con sátira magnífica el veredicto de la Suprema. Ningún caricaturista lo ha defendido.
— Sí existe a momentos la opinión pública, y allí los comentarios se unifican: lo que pasó es moral y legalmente inconcebible y monstruoso.
—El fallo marínico se sustenta en primera instancia en el “purismo” de la legalidad. El tecnicismo (“una conversación telefónica no cuenta ante la ley”) no convence en lo mínimo porque, además, la investigación real aún no comienza.
—La causa de Lydia Cacho fluye en distintos niveles: el jurídico, el político, el moral, el de perspectiva de género.
Por esto último, las dos ministras que respaldaron la impunidad de Marín han recibido críticas aún mayores que las destinadas a los magistrados.
Tómese el caso de la magistrada Olga Sánchez Cordero, que de un momento a otro cambia su voto para favorecer a Mario Marín (al que me prometí no llamar góber precioso).
Doña Olga ha proclamado verbalmente su apoyo a la causa de las mujeres, al grado de que en los círculos feministas algunas sospechan que es pro-choice (favorable a la despenalización del aborto), y ha vivido en el limbo de su progresismo inverificable.
Sin embargo, en el momento de votar y a la hora de explicar su voto, ella desatiende la evidencia de los sentidos, que mientras no se pruebe lo contrario, es también razón jurídica, y se ampara en la bondad de los tecnicismos.
El diálogo telefónico entre el góber precioso (no seré yo quien se lo diga) y el Rey de la Mezclilla Kamel Nacif, “mi héroe, chingaos” según Marín, carece, nos dice, carecen de valor probatorio.
Y esto ni siquiera existe en la opinión del magistrado Mariano Azuela, convencido de que esa conversación no sucedió jamás. Y si él lo dice...
—El tema de la pederastia y el comercio sexual de niños es a tal punto determinante al examinarse el fallo de la Suprema que a momentos transforman a sectores de la ciudadanía en un gran conjunto de padres de familia.
Allí, y muy justamente, Lydia Cacho es una figura de primer orden y sus enemigos, los que minimizan su detención, ese “coscorrón” (Mario Marín) que la lleva muy escoltada de Cancún a Puebla con los maltratos consiguientes, se vuelven para la gran mayoría causante de agravios personales.
—No es aconsejable, para los adictos al gozo de la impunidad, actuar como si los contextos no existieran.
Obviamente, una decisión de este tipo no se habría advertido siquiera en los años álgidos de la era del PRI, ni habría parecido contraria a la costumbre de las “culpabilidades para siempre aplazadas”, por demasiado tiempo sinónimo de la ley; ahora, si la impunidad no ha variado en lo substancial, la respuesta —la indignación moral— se materializa como arma política todavía no cargada de grandes consecuencias, pero ya no el eco de las murmuraciones.
La indignación moral es, ahora, el único gran elemento de equilibrio de la sociedad; sin ella, la impunidad se convertiría para todos en una variante de “la diosa perra del éxito”.
—Los magistrados, y sus impulsores en el Poder Legislativo y en “zonas elevadas” del gobierno, deberían estar al tanto: la indignación moral de la sociedad entera no es un hecho es menospreciable.
No es, como alega Felipe Calderón al plantear la defensa posible de Vicente Fox, el linchamiento de un expolítico por un grupo de oscuros intereses, sino la exigencia de justicia y no por propia mano.
Cuando Calderón rechaza el “meter las manos en el fuego” por Fox lo que hace es rechazar la expresión no la acción descrita. ¿Para qué “meter las manos en el fuego” pudiendo no hacer nada? Pero tratándose de la Suprema, los seis ministros metieron casi literalmente “las manos en el fuego” por Marín.
* * *
El cazador cazado: los que dirigen la exclusión se vuelven de pronto una minoría reconocida, cuyo prestigio (el que tuvieran, siempre local o sectorial) se desvanece y a la que sólo le queda la ostentación de su poder, sin carisma posible o intimidación psicológica que valga.
No disponen ya del “valor inmanente” que protegió a sus antecesores, la superstición que les fue tan útil, sino estrictamente, de su peso burocrático. Esta sí es una reducción considerable: los políticos y los funcionarios intimidaban desde el aspecto, y reclamaban la acumulación de méritos.
Ya no más. Son, estrictamente, lo que su puesto les concede y a veces, algún trabajo especial, casi nunca sobresaliente. La indignación moral les obligó a la modestia, y hasta allí llega su prestigio verdadero.
* * *
El que más pierde con el fallo a su favor de la Suprema es Mario Marín. Ya es, para toda causa y efecto, el góber precioso, y el fallo hace que su fama (la que tiene) se agigante.
Las revelaciones de su amistad con Kamel Nacif destruyeron su credibilidad (que dependía de su casi anonimato), y el fallo de la Suprema a su favor dispersa las cenizas.
9 de diciembre de 2007
El fallo, por mayoría, de la Suprema Corte de Justicia (de aquí en adelante la Suprema) a favor del gobernador de Puebla Mario Marín lleva a recapitular sobre la fabricación y la autodestrucción de prestigios en la República.
¿Qué tan reales son, cuánto dependen de la inercia institucional y cuánto de las maniobras de la mercadotecnia? ¿Surgen del poderío del Estado o vienen de las inercias históricas que le atribuían grandeza a los beneficiarios de los altos puestos? ¿Qué es prestigio: el reconocimiento del valor o el acatamiento del poder? Si se formula la pregunta desde las instituciones la respuesta será ritual; si no, la tendencia es, con el sarcasmo explícito, “desacralizadora” (Lo sagrado entre comillas acentúa lo profano).
El común denominador es la falta de consecuencias de la crítica en el corto plazo. Luego, en el mediano plazo, y si conviene, algo se concede.
Los seis ministros marinizados de seguro hicieron su cálculo de daños.
¿Qué les iba a pasar a los redentores de Marín? En su pronóstico, un alud de dicterios, comentarios, gritos ofensivos en marchas y concentraciones, mesas redondas sin repercusión y, luego, el vacío de la memoria, aquí no pasa nada, ni siquiera el “aquí no pasa nada hasta que pasa”.
A ellos los defienden —en este orden— la red gubernamental (“¡Al cielo con nuestras instituciones!”), el Presidente de la República, el PRI, el PAN, la “amnésica histórica” del pueblo mexicano, y la certidumbre de que el peso de la ley los ampara o, como ahora se dice, “los blinda”.
Dura lex sed lex. La ley es dura pero es nomás nuestra. Más es ya exigir dos imposibles: la lealtad a un punto de vista y, de manera consecuente, la existencia de un punto de vista. Y los de la red de complicidades creen saberlo: en política la protesta, en tanto se concentra en las palabras, se escribe con tinta invisible.
* * *
Sin embargo, una “lectura de la realidad” prueba el inmenso fracaso de la Operación Hay que salvar a Marín. Cito algunos datos, todos con valor probatorio, sobre los deterioros de la impunidad:
— Cuatro ministros votan en contra.— No se ha publicado un solo artículo en defensa clara de la exculpación, y sí, en todo el país, centenares en contra.
— El alcalde de Puebla Enrique Dóger, del PRI, le envió un mensaje extraordinario de apoyo y reconocimiento a Lydia Cacho.
— Los caricaturistas, casi sin excepciones, han abordado con sátira magnífica el veredicto de la Suprema. Ningún caricaturista lo ha defendido.
— Sí existe a momentos la opinión pública, y allí los comentarios se unifican: lo que pasó es moral y legalmente inconcebible y monstruoso.
—El fallo marínico se sustenta en primera instancia en el “purismo” de la legalidad. El tecnicismo (“una conversación telefónica no cuenta ante la ley”) no convence en lo mínimo porque, además, la investigación real aún no comienza.
—La causa de Lydia Cacho fluye en distintos niveles: el jurídico, el político, el moral, el de perspectiva de género.
Por esto último, las dos ministras que respaldaron la impunidad de Marín han recibido críticas aún mayores que las destinadas a los magistrados.
Tómese el caso de la magistrada Olga Sánchez Cordero, que de un momento a otro cambia su voto para favorecer a Mario Marín (al que me prometí no llamar góber precioso).
Doña Olga ha proclamado verbalmente su apoyo a la causa de las mujeres, al grado de que en los círculos feministas algunas sospechan que es pro-choice (favorable a la despenalización del aborto), y ha vivido en el limbo de su progresismo inverificable.
Sin embargo, en el momento de votar y a la hora de explicar su voto, ella desatiende la evidencia de los sentidos, que mientras no se pruebe lo contrario, es también razón jurídica, y se ampara en la bondad de los tecnicismos.
El diálogo telefónico entre el góber precioso (no seré yo quien se lo diga) y el Rey de la Mezclilla Kamel Nacif, “mi héroe, chingaos” según Marín, carece, nos dice, carecen de valor probatorio.
Y esto ni siquiera existe en la opinión del magistrado Mariano Azuela, convencido de que esa conversación no sucedió jamás. Y si él lo dice...
—El tema de la pederastia y el comercio sexual de niños es a tal punto determinante al examinarse el fallo de la Suprema que a momentos transforman a sectores de la ciudadanía en un gran conjunto de padres de familia.
Allí, y muy justamente, Lydia Cacho es una figura de primer orden y sus enemigos, los que minimizan su detención, ese “coscorrón” (Mario Marín) que la lleva muy escoltada de Cancún a Puebla con los maltratos consiguientes, se vuelven para la gran mayoría causante de agravios personales.
—No es aconsejable, para los adictos al gozo de la impunidad, actuar como si los contextos no existieran.
Obviamente, una decisión de este tipo no se habría advertido siquiera en los años álgidos de la era del PRI, ni habría parecido contraria a la costumbre de las “culpabilidades para siempre aplazadas”, por demasiado tiempo sinónimo de la ley; ahora, si la impunidad no ha variado en lo substancial, la respuesta —la indignación moral— se materializa como arma política todavía no cargada de grandes consecuencias, pero ya no el eco de las murmuraciones.
La indignación moral es, ahora, el único gran elemento de equilibrio de la sociedad; sin ella, la impunidad se convertiría para todos en una variante de “la diosa perra del éxito”.
—Los magistrados, y sus impulsores en el Poder Legislativo y en “zonas elevadas” del gobierno, deberían estar al tanto: la indignación moral de la sociedad entera no es un hecho es menospreciable.
No es, como alega Felipe Calderón al plantear la defensa posible de Vicente Fox, el linchamiento de un expolítico por un grupo de oscuros intereses, sino la exigencia de justicia y no por propia mano.
Cuando Calderón rechaza el “meter las manos en el fuego” por Fox lo que hace es rechazar la expresión no la acción descrita. ¿Para qué “meter las manos en el fuego” pudiendo no hacer nada? Pero tratándose de la Suprema, los seis ministros metieron casi literalmente “las manos en el fuego” por Marín.
* * *
El cazador cazado: los que dirigen la exclusión se vuelven de pronto una minoría reconocida, cuyo prestigio (el que tuvieran, siempre local o sectorial) se desvanece y a la que sólo le queda la ostentación de su poder, sin carisma posible o intimidación psicológica que valga.
No disponen ya del “valor inmanente” que protegió a sus antecesores, la superstición que les fue tan útil, sino estrictamente, de su peso burocrático. Esta sí es una reducción considerable: los políticos y los funcionarios intimidaban desde el aspecto, y reclamaban la acumulación de méritos.
Ya no más. Son, estrictamente, lo que su puesto les concede y a veces, algún trabajo especial, casi nunca sobresaliente. La indignación moral les obligó a la modestia, y hasta allí llega su prestigio verdadero.
* * *
El que más pierde con el fallo a su favor de la Suprema es Mario Marín. Ya es, para toda causa y efecto, el góber precioso, y el fallo hace que su fama (la que tiene) se agigante.
Las revelaciones de su amistad con Kamel Nacif destruyeron su credibilidad (que dependía de su casi anonimato), y el fallo de la Suprema a su favor dispersa las cenizas.
viernes, 7 de diciembre de 2007
Marchan periodistas en Hidalgo contra agresionesSe
Se manifiestan ante la sede de la Policía Municipal y de la clínica del IMSS para denunciar intimidación y agresiones por parte de personal de ambas instancias
Periodistas de la zona de la Huasteca de Hidalgo realizaron una marcha y plantón ante la sede de la Policía Municipal y de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa región, luego de que dos informadores fueran agredidos durante la realización de su trabajo periodístico.
Emilio López Peña, dirigente de la Coordinadora de Periodistas del Estado de Hidalgo (Copehi), dio a conocer que los reporteros del diario El Reloj y Su Noticia en la región Huasteca, Miguel Toscano y Juan Manuel Lagunas, cubrían una nota informativa referente a la aplicación de la vacuna contra la influenza en el IMSS, además tomaban fotografías de la fachada de la policía municipal.
Destacó que en el primer caso del Seguro Social, elementos de seguridad privada amenazaron e intimidaron al reportero y entre empujones y amenazas con palabras altisonantes impidieron que cumplieran con su trabajo.
Resaltó que en el caso de los policías municipales al menos unos cinco agentes lo rodearon y lo jalonearon, además de que pretendieron detenerlo en las galeras municipales, por lo cual fue necesaria la intervención de algunos pobladores quienes se dieron cuenta de la agresión.
Ante ello unos 20 reporteros de diversos diarios que circulan y se realizan en la Huasteca llevaron a cabo un plantón en la sede de la policía municipal y el IMSS.
Así también se llevó a cabo una marcha por las principales calles de Huejutla donde los informadores exigieron respeto a su labor y responsabilizaron a las autoridades de seguridad pública de no otorgar las garantías necesarias para realizar su trabajo.
Los comunicadores, quienes marcharon con pancartas en mano y leyendas de "basta a la impunidad", externaron su preocupación por esta situación y pidieron respeto para su labor.
López Peña también recalcó que en lo que va del año se tiene el registro de al menos ocho casos de agresiones en contra de periodistas, de estos dos se han registrado en Tulancingo, dos en Tula y dos en Zimapán, además de estos dos casos que se registraron en la Huasteca.
Periodistas de la zona de la Huasteca de Hidalgo realizaron una marcha y plantón ante la sede de la Policía Municipal y de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa región, luego de que dos informadores fueran agredidos durante la realización de su trabajo periodístico.
Emilio López Peña, dirigente de la Coordinadora de Periodistas del Estado de Hidalgo (Copehi), dio a conocer que los reporteros del diario El Reloj y Su Noticia en la región Huasteca, Miguel Toscano y Juan Manuel Lagunas, cubrían una nota informativa referente a la aplicación de la vacuna contra la influenza en el IMSS, además tomaban fotografías de la fachada de la policía municipal.
Destacó que en el primer caso del Seguro Social, elementos de seguridad privada amenazaron e intimidaron al reportero y entre empujones y amenazas con palabras altisonantes impidieron que cumplieran con su trabajo.
Resaltó que en el caso de los policías municipales al menos unos cinco agentes lo rodearon y lo jalonearon, además de que pretendieron detenerlo en las galeras municipales, por lo cual fue necesaria la intervención de algunos pobladores quienes se dieron cuenta de la agresión.
Ante ello unos 20 reporteros de diversos diarios que circulan y se realizan en la Huasteca llevaron a cabo un plantón en la sede de la policía municipal y el IMSS.
Así también se llevó a cabo una marcha por las principales calles de Huejutla donde los informadores exigieron respeto a su labor y responsabilizaron a las autoridades de seguridad pública de no otorgar las garantías necesarias para realizar su trabajo.
Los comunicadores, quienes marcharon con pancartas en mano y leyendas de "basta a la impunidad", externaron su preocupación por esta situación y pidieron respeto para su labor.
López Peña también recalcó que en lo que va del año se tiene el registro de al menos ocho casos de agresiones en contra de periodistas, de estos dos se han registrado en Tulancingo, dos en Tula y dos en Zimapán, además de estos dos casos que se registraron en la Huasteca.
martes, 4 de diciembre de 2007
Académicas y activistas pronostican un final de sexenio autoritario por el fallo de la SCJN
La indignación por la exoneración que seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron al gobernador Mario Marín Torres en las investigaciones por las vejaciones perpetradas a la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue expresada ayer en voz de intelectuales y activistas poblanas, quienes particularmente reprobaron la actitud de las ministras Margarita Beatriz Luna Ramos y Olga María Carmen Sánchez Cordero.
Martín Hernández Alcántara
Puebla, Pue.
Entrevistadas por La Jornada de Oriente, Catalina Pérez Osorio, Anamaría Ashwell y María Eugenia D’Aubeterre Buznego coincidieron en que los medios de comunicación poblanos jugaron un papel preponderante para suprimir u omitir de la agenda pública los agravios orquestados por el llamado góber precioso en contra de la autora del libro Los demonios del Edén.
La referencia al trabajo de los periodistas poblanos fue propuesta por esta casa editorial, porque el viernes el titular del Poder Ejecutivo local manifestó que durante los casi dos años que ha durado la crisis por la confabulación, él, lejos de encontrar reproches o críticas en sus giras por el interior del estado, halló solidaridad y trabajo, porque los ciudadanos están lejos de la agenda que plantearon, especialmente, los medios publicados en el Distrito Federal.
Catalina Pérez Osorio, del Colectivo de Mujeres por la Democracia expresó:
“Hay mucha frustración. Este sentimiento es compartido con muchos mexicanos, porque una vez más no se establecieron los parámetros correctos de la justicia. Se reclama mucho la defensa del Estado de Derecho, pero ese apego a las leyes que tanto se pregona desde el poder lo vemos violentado cotidianamente. Cunde la desesperanza, porque quienes tenían la esperanza de que esta vez se hiciera justicia se han encontrado con que no es así”.
“No se puede decir que fueron violados tantito los derechos de alguien”, expresó, aludiendo a los ministros que protegieron a Marín. Éstos, abundó, cometieron un grave error, “porque tienen intereses particulares que ocultar: las negociaciones políticas que hubo en el caso”.
Sin embargo, la antropóloga expresó que se debe reconocer “el valor, la conciencia, la claridad de justicia que reclama el país en todos sus niveles” que tuvieron los ministros Juan Silva Meza, Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo, quienes sufragaron por el dictamen que comprobaba la participación del titular del Poder Ejecutivo poblano en la conjura contra Cacho.
“Si la grabación (de la conversación entre Marín y el apostador Kamel Nacif, en la que ambos ultiman detalles de los ataques contra la periodista) es legal o ilegal, eso no quiere decir que no haya ocurrido, que las voces no sean las voces. Me sorprende que los seis ministros omitan una serie de hechos que se dieron independientemente de la llamada telefónica: la forma en lo que se expidió la orden de aprehensión, cómo se aprehende a Lydia, cómo se le traslada, lo que le dicen los policías judiciales, cómo la meten a la cárcel, cómo se le impone una fianza por encima de lo que establece la ley, la violación flagrante a los protocolos de relación entre los estados de Puebla y Quintana Roo. Está por demás demostrado que cuando la autoridad ejerce el poder de esa manera, por encima de los poderes que imparten justicia en este estado, como lo hizo Marín, estamos hablando de un régimen a todas luces autoritario”.
“Los poblanos estamos atrapados en el más atrasado sistema político mexicano; se cometen errores que a futuro se pagarán, yo no sé si Marín, el PRI, el PAN, yo no sé quién los vaya a pagar. Lo que se demuestra aquí es que la dignidad sale pisoteada, que los malos siempre salen airosos frente a quienes piden justicia y condenan la impunidad”.
Se le preguntó a Pérez Osorio cuál es su pronóstico sobre el talante que tendrá la etapa final de la gestión marinista: “Puebla regresará a algo que se venía ventilando en el primer año del sexenio: una forma particular de gobernar del tipo ‘yo mando’, ‘yo digo’, ‘sólo lo que yo quiero es lo correcto’. Hay una tendencia muy grave al autoritarismo; no existen los contrapesos suficientes que orienten a una sociedad hacia la transición democrática. La oposición fue borrada”.
Acerca del actuar de los medios, opinó: “Yo creo que hubo un cerco informativo claramente establecido, diseñado para lograr varios objetivos: limpiar la imagen del gobierno, cerrar las posibilidades de todos los partidos políticos y desalentar la organización civil. Es muy claro que los medios jugaron un papel muy importante, porque lo que se dice en la radio, en la televisión y lo que se escribe en los periódicos impacta. Muchos ciudadanos se enteran de lo que pasa por las cabezas de los diarios, pero el tema ahí fue omitido”.
–¿Se omitió o se suprimió?
–Se suprimió y se omitió; a algunos medios convenientemente les parecía omitirlo por no poner en riesgo sus contratos de publicidad. Otros lo suprimieron porque son medios que están participando del poder político.
“Los poblanos somos responsables en general de lo que sucedió, porque no tuvimos la capacidad de organizarnos y hubo quienes, habiéndose organizado, no pudieron rechazar la coptación. ése es el otro problema: todos tenemos que estar alertas de la gente que está coptada. Si no tienes una sociedad fuerte, capaz de corregir a la autoridad cuando comete errores graves, estamos fracasados como sociedad”.
Maria Eugenia D’Aubeterre Buznego calificó la decisión del máximo tribunal del país como “una infamia inconcebible, es una vergüenza que los órganos superiores de justicia procedan de una manera tan irresponsable. El caso de Lydia Cacho deja un precedente nefasto para el ciudadano de a pie, de la calle, que ante situaciones de abuso y de atropellos queda desprovisto de cualquier recurso, de cualquier cobertura para que le hagan justicia. Este también es un aliciente más para que las mujeres se resistan a denunciar las violaciones que sufren, porque hay desconfianza en las instituciones que imparten justicia”.
Del trabajo periodístico local, la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, expresó: “Tuvieron un primer momento de sorpresa, de indignación. A este momento siguió una progresiva indolencia y complicidad de los medios con las figuras del poder. Esto se expresa en la pobre cobertura que en los siguientes meses le dan el caso”.
Sobre el dicho de Marín y la supuesta indiferencia de los ciudadanos poblanos en el interior de la entidad, dijo: “Esta declaración puede ser de un cinismo atroz, porque efectivamente en las poblaciones del interior las posibilidades de informarse son más limitadas, y también son limitadas las posibilidades de construir redes ciudadanas. Los políticos le apuestan a la miseria de las personas, al retroceso de los procesos electorales. Estos cínicos controlan los aparatos electorales, se valen de los recursos más cuestionables para el manejo de los ciudadanos”.
En esa lógica, consideró que “quedó muy lesionada la capacidad de articulación de la sociedad. El único recurso de defensa de la sociedad es la organización, pero cuando la movilización civil se topa con estos cuellos de botella, va cayendo en el desaliento, porque la frustración desalienta, como dijo Miguel Ángel Granados Chapa cuando lo entrevistó Carmen Aristegui: éste fue un coscorrón para lo sociedad. El comportamiento de los jueces fue patético, pero el de las ministras fue deleznable, no sólo por la ausencia de solidaridad de género y una inexistente actitud de reivindicación gremial, sino porque sabemos que las mujeres tienen un acceso bastante condicionado a la justicia, y se esperaba que estas dos mujeres con ilustración, fogueadas en el poder público, pudieran ser más sensibles ante un atropello como el que sufrió Cacho”.
Anamaría Ashwell aseveró, por su parte: “Es una vergüenza que nuestra Corte Suprema anteponga intereses particulares a los intereses del pueblo. Que defienda carreras políticas y deje indefensa a una mujer que ha tenido el valor de denunciar el abuso sexual contra niños y mujeres en México. Es también sumamente vergonzante que las ministras no hayan actuado en consecuencia para proteger y defender a Lydia, porque ellas saben bien que los problemas que no quisieron tocar ni con el pétalo de una rosa, existen”.
Al hablar sobre los medios, externó: “En el interior del estado y en el interior de México, la difusión de información crítica a los poderes está sujetar intereses fácticos y poderes políticos y económicos locales. Efectivamente, en Puebla se difundió poco el tema o de plano hubo medios que no lo difundieron, o que hicieron una lectura tergiversada en sus consecuencias y en sus contenidos. Es obvio que la campaña de regalar cobijas adormeció la crítica en el interior del estado”.
Y en cuanto a la debacle en la organización social, comentó: “Yo creo que los partidos no entraron al tema de promover la organización social porque no les convenía”. En las movilizaciones del principio hubo mucha participación de los partidos políticos, pero después el PRI y el PAN entraron en negociación. Con el asunto de las conveniencias partidistas, perdieron de vista el problema lacerante de la violación a los niños”.
Por último, a petición de este periódico, auguró: “Vendrán tres años de impunidad total, de un poder absoluto del licenciado Marín que meterá miedo a todo aquel que quiera disentir”.
Martín Hernández Alcántara
Puebla, Pue.
Entrevistadas por La Jornada de Oriente, Catalina Pérez Osorio, Anamaría Ashwell y María Eugenia D’Aubeterre Buznego coincidieron en que los medios de comunicación poblanos jugaron un papel preponderante para suprimir u omitir de la agenda pública los agravios orquestados por el llamado góber precioso en contra de la autora del libro Los demonios del Edén.
La referencia al trabajo de los periodistas poblanos fue propuesta por esta casa editorial, porque el viernes el titular del Poder Ejecutivo local manifestó que durante los casi dos años que ha durado la crisis por la confabulación, él, lejos de encontrar reproches o críticas en sus giras por el interior del estado, halló solidaridad y trabajo, porque los ciudadanos están lejos de la agenda que plantearon, especialmente, los medios publicados en el Distrito Federal.
Catalina Pérez Osorio, del Colectivo de Mujeres por la Democracia expresó:
“Hay mucha frustración. Este sentimiento es compartido con muchos mexicanos, porque una vez más no se establecieron los parámetros correctos de la justicia. Se reclama mucho la defensa del Estado de Derecho, pero ese apego a las leyes que tanto se pregona desde el poder lo vemos violentado cotidianamente. Cunde la desesperanza, porque quienes tenían la esperanza de que esta vez se hiciera justicia se han encontrado con que no es así”.
“No se puede decir que fueron violados tantito los derechos de alguien”, expresó, aludiendo a los ministros que protegieron a Marín. Éstos, abundó, cometieron un grave error, “porque tienen intereses particulares que ocultar: las negociaciones políticas que hubo en el caso”.
Sin embargo, la antropóloga expresó que se debe reconocer “el valor, la conciencia, la claridad de justicia que reclama el país en todos sus niveles” que tuvieron los ministros Juan Silva Meza, Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo, quienes sufragaron por el dictamen que comprobaba la participación del titular del Poder Ejecutivo poblano en la conjura contra Cacho.
“Si la grabación (de la conversación entre Marín y el apostador Kamel Nacif, en la que ambos ultiman detalles de los ataques contra la periodista) es legal o ilegal, eso no quiere decir que no haya ocurrido, que las voces no sean las voces. Me sorprende que los seis ministros omitan una serie de hechos que se dieron independientemente de la llamada telefónica: la forma en lo que se expidió la orden de aprehensión, cómo se aprehende a Lydia, cómo se le traslada, lo que le dicen los policías judiciales, cómo la meten a la cárcel, cómo se le impone una fianza por encima de lo que establece la ley, la violación flagrante a los protocolos de relación entre los estados de Puebla y Quintana Roo. Está por demás demostrado que cuando la autoridad ejerce el poder de esa manera, por encima de los poderes que imparten justicia en este estado, como lo hizo Marín, estamos hablando de un régimen a todas luces autoritario”.
“Los poblanos estamos atrapados en el más atrasado sistema político mexicano; se cometen errores que a futuro se pagarán, yo no sé si Marín, el PRI, el PAN, yo no sé quién los vaya a pagar. Lo que se demuestra aquí es que la dignidad sale pisoteada, que los malos siempre salen airosos frente a quienes piden justicia y condenan la impunidad”.
Se le preguntó a Pérez Osorio cuál es su pronóstico sobre el talante que tendrá la etapa final de la gestión marinista: “Puebla regresará a algo que se venía ventilando en el primer año del sexenio: una forma particular de gobernar del tipo ‘yo mando’, ‘yo digo’, ‘sólo lo que yo quiero es lo correcto’. Hay una tendencia muy grave al autoritarismo; no existen los contrapesos suficientes que orienten a una sociedad hacia la transición democrática. La oposición fue borrada”.
Acerca del actuar de los medios, opinó: “Yo creo que hubo un cerco informativo claramente establecido, diseñado para lograr varios objetivos: limpiar la imagen del gobierno, cerrar las posibilidades de todos los partidos políticos y desalentar la organización civil. Es muy claro que los medios jugaron un papel muy importante, porque lo que se dice en la radio, en la televisión y lo que se escribe en los periódicos impacta. Muchos ciudadanos se enteran de lo que pasa por las cabezas de los diarios, pero el tema ahí fue omitido”.
–¿Se omitió o se suprimió?
–Se suprimió y se omitió; a algunos medios convenientemente les parecía omitirlo por no poner en riesgo sus contratos de publicidad. Otros lo suprimieron porque son medios que están participando del poder político.
“Los poblanos somos responsables en general de lo que sucedió, porque no tuvimos la capacidad de organizarnos y hubo quienes, habiéndose organizado, no pudieron rechazar la coptación. ése es el otro problema: todos tenemos que estar alertas de la gente que está coptada. Si no tienes una sociedad fuerte, capaz de corregir a la autoridad cuando comete errores graves, estamos fracasados como sociedad”.
Maria Eugenia D’Aubeterre Buznego calificó la decisión del máximo tribunal del país como “una infamia inconcebible, es una vergüenza que los órganos superiores de justicia procedan de una manera tan irresponsable. El caso de Lydia Cacho deja un precedente nefasto para el ciudadano de a pie, de la calle, que ante situaciones de abuso y de atropellos queda desprovisto de cualquier recurso, de cualquier cobertura para que le hagan justicia. Este también es un aliciente más para que las mujeres se resistan a denunciar las violaciones que sufren, porque hay desconfianza en las instituciones que imparten justicia”.
Del trabajo periodístico local, la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, expresó: “Tuvieron un primer momento de sorpresa, de indignación. A este momento siguió una progresiva indolencia y complicidad de los medios con las figuras del poder. Esto se expresa en la pobre cobertura que en los siguientes meses le dan el caso”.
Sobre el dicho de Marín y la supuesta indiferencia de los ciudadanos poblanos en el interior de la entidad, dijo: “Esta declaración puede ser de un cinismo atroz, porque efectivamente en las poblaciones del interior las posibilidades de informarse son más limitadas, y también son limitadas las posibilidades de construir redes ciudadanas. Los políticos le apuestan a la miseria de las personas, al retroceso de los procesos electorales. Estos cínicos controlan los aparatos electorales, se valen de los recursos más cuestionables para el manejo de los ciudadanos”.
En esa lógica, consideró que “quedó muy lesionada la capacidad de articulación de la sociedad. El único recurso de defensa de la sociedad es la organización, pero cuando la movilización civil se topa con estos cuellos de botella, va cayendo en el desaliento, porque la frustración desalienta, como dijo Miguel Ángel Granados Chapa cuando lo entrevistó Carmen Aristegui: éste fue un coscorrón para lo sociedad. El comportamiento de los jueces fue patético, pero el de las ministras fue deleznable, no sólo por la ausencia de solidaridad de género y una inexistente actitud de reivindicación gremial, sino porque sabemos que las mujeres tienen un acceso bastante condicionado a la justicia, y se esperaba que estas dos mujeres con ilustración, fogueadas en el poder público, pudieran ser más sensibles ante un atropello como el que sufrió Cacho”.
Anamaría Ashwell aseveró, por su parte: “Es una vergüenza que nuestra Corte Suprema anteponga intereses particulares a los intereses del pueblo. Que defienda carreras políticas y deje indefensa a una mujer que ha tenido el valor de denunciar el abuso sexual contra niños y mujeres en México. Es también sumamente vergonzante que las ministras no hayan actuado en consecuencia para proteger y defender a Lydia, porque ellas saben bien que los problemas que no quisieron tocar ni con el pétalo de una rosa, existen”.
Al hablar sobre los medios, externó: “En el interior del estado y en el interior de México, la difusión de información crítica a los poderes está sujetar intereses fácticos y poderes políticos y económicos locales. Efectivamente, en Puebla se difundió poco el tema o de plano hubo medios que no lo difundieron, o que hicieron una lectura tergiversada en sus consecuencias y en sus contenidos. Es obvio que la campaña de regalar cobijas adormeció la crítica en el interior del estado”.
Y en cuanto a la debacle en la organización social, comentó: “Yo creo que los partidos no entraron al tema de promover la organización social porque no les convenía”. En las movilizaciones del principio hubo mucha participación de los partidos políticos, pero después el PRI y el PAN entraron en negociación. Con el asunto de las conveniencias partidistas, perdieron de vista el problema lacerante de la violación a los niños”.
Por último, a petición de este periódico, auguró: “Vendrán tres años de impunidad total, de un poder absoluto del licenciado Marín que meterá miedo a todo aquel que quiera disentir”.
Académicas y activistas pronostican un final de sexenio autoritario por el fallo de la SCJN
La indignación por la exoneración que seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron al gobernador Mario Marín Torres en las investigaciones por las vejaciones perpetradas a la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue expresada ayer en voz de intelectuales y activistas poblanas, quienes particularmente reprobaron la actitud de las ministras Margarita Beatriz Luna Ramos y Olga María Carmen Sánchez Cordero.
Martín Hernández Alcántara
Puebla, Pue.
Entrevistadas por La Jornada de Oriente, Catalina Pérez Osorio, Anamaría Ashwell y María Eugenia D’Aubeterre Buznego coincidieron en que los medios de comunicación poblanos jugaron un papel preponderante para suprimir u omitir de la agenda pública los agravios orquestados por el llamado góber precioso en contra de la autora del libro Los demonios del Edén.
La referencia al trabajo de los periodistas poblanos fue propuesta por esta casa editorial, porque el viernes el titular del Poder Ejecutivo local manifestó que durante los casi dos años que ha durado la crisis por la confabulación, él, lejos de encontrar reproches o críticas en sus giras por el interior del estado, halló solidaridad y trabajo, porque los ciudadanos están lejos de la agenda que plantearon, especialmente, los medios publicados en el Distrito Federal.
Catalina Pérez Osorio, del Colectivo de Mujeres por la Democracia expresó:
“Hay mucha frustración. Este sentimiento es compartido con muchos mexicanos, porque una vez más no se establecieron los parámetros correctos de la justicia. Se reclama mucho la defensa del Estado de Derecho, pero ese apego a las leyes que tanto se pregona desde el poder lo vemos violentado cotidianamente. Cunde la desesperanza, porque quienes tenían la esperanza de que esta vez se hiciera justicia se han encontrado con que no es así”.
“No se puede decir que fueron violados tantito los derechos de alguien”, expresó, aludiendo a los ministros que protegieron a Marín. Éstos, abundó, cometieron un grave error, “porque tienen intereses particulares que ocultar: las negociaciones políticas que hubo en el caso”.
Sin embargo, la antropóloga expresó que se debe reconocer “el valor, la conciencia, la claridad de justicia que reclama el país en todos sus niveles” que tuvieron los ministros Juan Silva Meza, Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo, quienes sufragaron por el dictamen que comprobaba la participación del titular del Poder Ejecutivo poblano en la conjura contra Cacho.
“Si la grabación (de la conversación entre Marín y el apostador Kamel Nacif, en la que ambos ultiman detalles de los ataques contra la periodista) es legal o ilegal, eso no quiere decir que no haya ocurrido, que las voces no sean las voces. Me sorprende que los seis ministros omitan una serie de hechos que se dieron independientemente de la llamada telefónica: la forma en lo que se expidió la orden de aprehensión, cómo se aprehende a Lydia, cómo se le traslada, lo que le dicen los policías judiciales, cómo la meten a la cárcel, cómo se le impone una fianza por encima de lo que establece la ley, la violación flagrante a los protocolos de relación entre los estados de Puebla y Quintana Roo. Está por demás demostrado que cuando la autoridad ejerce el poder de esa manera, por encima de los poderes que imparten justicia en este estado, como lo hizo Marín, estamos hablando de un régimen a todas luces autoritario”.
“Los poblanos estamos atrapados en el más atrasado sistema político mexicano; se cometen errores que a futuro se pagarán, yo no sé si Marín, el PRI, el PAN, yo no sé quién los vaya a pagar. Lo que se demuestra aquí es que la dignidad sale pisoteada, que los malos siempre salen airosos frente a quienes piden justicia y condenan la impunidad”.
Se le preguntó a Pérez Osorio cuál es su pronóstico sobre el talante que tendrá la etapa final de la gestión marinista: “Puebla regresará a algo que se venía ventilando en el primer año del sexenio: una forma particular de gobernar del tipo ‘yo mando’, ‘yo digo’, ‘sólo lo que yo quiero es lo correcto’. Hay una tendencia muy grave al autoritarismo; no existen los contrapesos suficientes que orienten a una sociedad hacia la transición democrática. La oposición fue borrada”.
Acerca del actuar de los medios, opinó: “Yo creo que hubo un cerco informativo claramente establecido, diseñado para lograr varios objetivos: limpiar la imagen del gobierno, cerrar las posibilidades de todos los partidos políticos y desalentar la organización civil. Es muy claro que los medios jugaron un papel muy importante, porque lo que se dice en la radio, en la televisión y lo que se escribe en los periódicos impacta. Muchos ciudadanos se enteran de lo que pasa por las cabezas de los diarios, pero el tema ahí fue omitido”.
–¿Se omitió o se suprimió?
–Se suprimió y se omitió; a algunos medios convenientemente les parecía omitirlo por no poner en riesgo sus contratos de publicidad. Otros lo suprimieron porque son medios que están participando del poder político.
“Los poblanos somos responsables en general de lo que sucedió, porque no tuvimos la capacidad de organizarnos y hubo quienes, habiéndose organizado, no pudieron rechazar la coptación. ése es el otro problema: todos tenemos que estar alertas de la gente que está coptada. Si no tienes una sociedad fuerte, capaz de corregir a la autoridad cuando comete errores graves, estamos fracasados como sociedad”.
Maria Eugenia D’Aubeterre Buznego calificó la decisión del máximo tribunal del país como “una infamia inconcebible, es una vergüenza que los órganos superiores de justicia procedan de una manera tan irresponsable. El caso de Lydia Cacho deja un precedente nefasto para el ciudadano de a pie, de la calle, que ante situaciones de abuso y de atropellos queda desprovisto de cualquier recurso, de cualquier cobertura para que le hagan justicia. Este también es un aliciente más para que las mujeres se resistan a denunciar las violaciones que sufren, porque hay desconfianza en las instituciones que imparten justicia”.
Del trabajo periodístico local, la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, expresó: “Tuvieron un primer momento de sorpresa, de indignación. A este momento siguió una progresiva indolencia y complicidad de los medios con las figuras del poder. Esto se expresa en la pobre cobertura que en los siguientes meses le dan el caso”.
Sobre el dicho de Marín y la supuesta indiferencia de los ciudadanos poblanos en el interior de la entidad, dijo: “Esta declaración puede ser de un cinismo atroz, porque efectivamente en las poblaciones del interior las posibilidades de informarse son más limitadas, y también son limitadas las posibilidades de construir redes ciudadanas. Los políticos le apuestan a la miseria de las personas, al retroceso de los procesos electorales. Estos cínicos controlan los aparatos electorales, se valen de los recursos más cuestionables para el manejo de los ciudadanos”.
En esa lógica, consideró que “quedó muy lesionada la capacidad de articulación de la sociedad. El único recurso de defensa de la sociedad es la organización, pero cuando la movilización civil se topa con estos cuellos de botella, va cayendo en el desaliento, porque la frustración desalienta, como dijo Miguel Ángel Granados Chapa cuando lo entrevistó Carmen Aristegui: éste fue un coscorrón para lo sociedad. El comportamiento de los jueces fue patético, pero el de las ministras fue deleznable, no sólo por la ausencia de solidaridad de género y una inexistente actitud de reivindicación gremial, sino porque sabemos que las mujeres tienen un acceso bastante condicionado a la justicia, y se esperaba que estas dos mujeres con ilustración, fogueadas en el poder público, pudieran ser más sensibles ante un atropello como el que sufrió Cacho”.
Anamaría Ashwell aseveró, por su parte: “Es una vergüenza que nuestra Corte Suprema anteponga intereses particulares a los intereses del pueblo. Que defienda carreras políticas y deje indefensa a una mujer que ha tenido el valor de denunciar el abuso sexual contra niños y mujeres en México. Es también sumamente vergonzante que las ministras no hayan actuado en consecuencia para proteger y defender a Lydia, porque ellas saben bien que los problemas que no quisieron tocar ni con el pétalo de una rosa, existen”.
Al hablar sobre los medios, externó: “En el interior del estado y en el interior de México, la difusión de información crítica a los poderes está sujetar intereses fácticos y poderes políticos y económicos locales. Efectivamente, en Puebla se difundió poco el tema o de plano hubo medios que no lo difundieron, o que hicieron una lectura tergiversada en sus consecuencias y en sus contenidos. Es obvio que la campaña de regalar cobijas adormeció la crítica en el interior del estado”.
Y en cuanto a la debacle en la organización social, comentó: “Yo creo que los partidos no entraron al tema de promover la organización social porque no les convenía”. En las movilizaciones del principio hubo mucha participación de los partidos políticos, pero después el PRI y el PAN entraron en negociación. Con el asunto de las conveniencias partidistas, perdieron de vista el problema lacerante de la violación a los niños”.
Por último, a petición de este periódico, auguró: “Vendrán tres años de impunidad total, de un poder absoluto del licenciado Marín que meterá miedo a todo aquel que quiera disentir”.
Martín Hernández Alcántara
Puebla, Pue.
Entrevistadas por La Jornada de Oriente, Catalina Pérez Osorio, Anamaría Ashwell y María Eugenia D’Aubeterre Buznego coincidieron en que los medios de comunicación poblanos jugaron un papel preponderante para suprimir u omitir de la agenda pública los agravios orquestados por el llamado góber precioso en contra de la autora del libro Los demonios del Edén.
La referencia al trabajo de los periodistas poblanos fue propuesta por esta casa editorial, porque el viernes el titular del Poder Ejecutivo local manifestó que durante los casi dos años que ha durado la crisis por la confabulación, él, lejos de encontrar reproches o críticas en sus giras por el interior del estado, halló solidaridad y trabajo, porque los ciudadanos están lejos de la agenda que plantearon, especialmente, los medios publicados en el Distrito Federal.
Catalina Pérez Osorio, del Colectivo de Mujeres por la Democracia expresó:
“Hay mucha frustración. Este sentimiento es compartido con muchos mexicanos, porque una vez más no se establecieron los parámetros correctos de la justicia. Se reclama mucho la defensa del Estado de Derecho, pero ese apego a las leyes que tanto se pregona desde el poder lo vemos violentado cotidianamente. Cunde la desesperanza, porque quienes tenían la esperanza de que esta vez se hiciera justicia se han encontrado con que no es así”.
“No se puede decir que fueron violados tantito los derechos de alguien”, expresó, aludiendo a los ministros que protegieron a Marín. Éstos, abundó, cometieron un grave error, “porque tienen intereses particulares que ocultar: las negociaciones políticas que hubo en el caso”.
Sin embargo, la antropóloga expresó que se debe reconocer “el valor, la conciencia, la claridad de justicia que reclama el país en todos sus niveles” que tuvieron los ministros Juan Silva Meza, Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo, quienes sufragaron por el dictamen que comprobaba la participación del titular del Poder Ejecutivo poblano en la conjura contra Cacho.
“Si la grabación (de la conversación entre Marín y el apostador Kamel Nacif, en la que ambos ultiman detalles de los ataques contra la periodista) es legal o ilegal, eso no quiere decir que no haya ocurrido, que las voces no sean las voces. Me sorprende que los seis ministros omitan una serie de hechos que se dieron independientemente de la llamada telefónica: la forma en lo que se expidió la orden de aprehensión, cómo se aprehende a Lydia, cómo se le traslada, lo que le dicen los policías judiciales, cómo la meten a la cárcel, cómo se le impone una fianza por encima de lo que establece la ley, la violación flagrante a los protocolos de relación entre los estados de Puebla y Quintana Roo. Está por demás demostrado que cuando la autoridad ejerce el poder de esa manera, por encima de los poderes que imparten justicia en este estado, como lo hizo Marín, estamos hablando de un régimen a todas luces autoritario”.
“Los poblanos estamos atrapados en el más atrasado sistema político mexicano; se cometen errores que a futuro se pagarán, yo no sé si Marín, el PRI, el PAN, yo no sé quién los vaya a pagar. Lo que se demuestra aquí es que la dignidad sale pisoteada, que los malos siempre salen airosos frente a quienes piden justicia y condenan la impunidad”.
Se le preguntó a Pérez Osorio cuál es su pronóstico sobre el talante que tendrá la etapa final de la gestión marinista: “Puebla regresará a algo que se venía ventilando en el primer año del sexenio: una forma particular de gobernar del tipo ‘yo mando’, ‘yo digo’, ‘sólo lo que yo quiero es lo correcto’. Hay una tendencia muy grave al autoritarismo; no existen los contrapesos suficientes que orienten a una sociedad hacia la transición democrática. La oposición fue borrada”.
Acerca del actuar de los medios, opinó: “Yo creo que hubo un cerco informativo claramente establecido, diseñado para lograr varios objetivos: limpiar la imagen del gobierno, cerrar las posibilidades de todos los partidos políticos y desalentar la organización civil. Es muy claro que los medios jugaron un papel muy importante, porque lo que se dice en la radio, en la televisión y lo que se escribe en los periódicos impacta. Muchos ciudadanos se enteran de lo que pasa por las cabezas de los diarios, pero el tema ahí fue omitido”.
–¿Se omitió o se suprimió?
–Se suprimió y se omitió; a algunos medios convenientemente les parecía omitirlo por no poner en riesgo sus contratos de publicidad. Otros lo suprimieron porque son medios que están participando del poder político.
“Los poblanos somos responsables en general de lo que sucedió, porque no tuvimos la capacidad de organizarnos y hubo quienes, habiéndose organizado, no pudieron rechazar la coptación. ése es el otro problema: todos tenemos que estar alertas de la gente que está coptada. Si no tienes una sociedad fuerte, capaz de corregir a la autoridad cuando comete errores graves, estamos fracasados como sociedad”.
Maria Eugenia D’Aubeterre Buznego calificó la decisión del máximo tribunal del país como “una infamia inconcebible, es una vergüenza que los órganos superiores de justicia procedan de una manera tan irresponsable. El caso de Lydia Cacho deja un precedente nefasto para el ciudadano de a pie, de la calle, que ante situaciones de abuso y de atropellos queda desprovisto de cualquier recurso, de cualquier cobertura para que le hagan justicia. Este también es un aliciente más para que las mujeres se resistan a denunciar las violaciones que sufren, porque hay desconfianza en las instituciones que imparten justicia”.
Del trabajo periodístico local, la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, expresó: “Tuvieron un primer momento de sorpresa, de indignación. A este momento siguió una progresiva indolencia y complicidad de los medios con las figuras del poder. Esto se expresa en la pobre cobertura que en los siguientes meses le dan el caso”.
Sobre el dicho de Marín y la supuesta indiferencia de los ciudadanos poblanos en el interior de la entidad, dijo: “Esta declaración puede ser de un cinismo atroz, porque efectivamente en las poblaciones del interior las posibilidades de informarse son más limitadas, y también son limitadas las posibilidades de construir redes ciudadanas. Los políticos le apuestan a la miseria de las personas, al retroceso de los procesos electorales. Estos cínicos controlan los aparatos electorales, se valen de los recursos más cuestionables para el manejo de los ciudadanos”.
En esa lógica, consideró que “quedó muy lesionada la capacidad de articulación de la sociedad. El único recurso de defensa de la sociedad es la organización, pero cuando la movilización civil se topa con estos cuellos de botella, va cayendo en el desaliento, porque la frustración desalienta, como dijo Miguel Ángel Granados Chapa cuando lo entrevistó Carmen Aristegui: éste fue un coscorrón para lo sociedad. El comportamiento de los jueces fue patético, pero el de las ministras fue deleznable, no sólo por la ausencia de solidaridad de género y una inexistente actitud de reivindicación gremial, sino porque sabemos que las mujeres tienen un acceso bastante condicionado a la justicia, y se esperaba que estas dos mujeres con ilustración, fogueadas en el poder público, pudieran ser más sensibles ante un atropello como el que sufrió Cacho”.
Anamaría Ashwell aseveró, por su parte: “Es una vergüenza que nuestra Corte Suprema anteponga intereses particulares a los intereses del pueblo. Que defienda carreras políticas y deje indefensa a una mujer que ha tenido el valor de denunciar el abuso sexual contra niños y mujeres en México. Es también sumamente vergonzante que las ministras no hayan actuado en consecuencia para proteger y defender a Lydia, porque ellas saben bien que los problemas que no quisieron tocar ni con el pétalo de una rosa, existen”.
Al hablar sobre los medios, externó: “En el interior del estado y en el interior de México, la difusión de información crítica a los poderes está sujetar intereses fácticos y poderes políticos y económicos locales. Efectivamente, en Puebla se difundió poco el tema o de plano hubo medios que no lo difundieron, o que hicieron una lectura tergiversada en sus consecuencias y en sus contenidos. Es obvio que la campaña de regalar cobijas adormeció la crítica en el interior del estado”.
Y en cuanto a la debacle en la organización social, comentó: “Yo creo que los partidos no entraron al tema de promover la organización social porque no les convenía”. En las movilizaciones del principio hubo mucha participación de los partidos políticos, pero después el PRI y el PAN entraron en negociación. Con el asunto de las conveniencias partidistas, perdieron de vista el problema lacerante de la violación a los niños”.
Por último, a petición de este periódico, auguró: “Vendrán tres años de impunidad total, de un poder absoluto del licenciado Marín que meterá miedo a todo aquel que quiera disentir”.
Condena SNAP decisión de la SCJN caso Marín-Cacho
SNAP: Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes Posición ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En el Caso de Lydia Cacho Ribeiro
Cuando finalmente las victimas encontraron en Lydia Cacho una voz que sumada a las suyas clamaba justicia, denunciando las redes de pederastia, explotación sexual comercial y pornógrafa infantil, esperamos junto a ellos que los impartidores de justicia se pusieran a la altura de la sociedad, otorgando protección y garantías a las y los mas vulnerados de México: las niñas, los niños y adolescentes.
Ante la valiente determinación de las victimas del abuso pederasta, que denunciaron, venciendo el temor y la sentencia de silencio, las instituciones del Estado responden validando el descrédito a defensoras y defensores de derechos humanos, avalando la tortura, el secuestro, las amenazas y violando una vez mas sus garantías individuales.
El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, niega la realidad que toda la sociedad atestiguo; vulnera las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro; responde al interés político del que forma parte y atiende solo al poder que la domina. Las y los Ministros han traicionado su mándate constitucional, abriendo la puerta a la impunidad y dejando a la niñez, y las mujeres de nuestro país a merced de criminales investidos de poder, que no rinden cuentas a nadie.
La decisión de la Corte, es omisa y negligente intencionalmente pues evade abordar el fondo del problema: Los terribles casos de abuso sexual, pederastia, explotación sexual Comercial y pornografía infantil documentados en los escritos de Lydia. La justicia ciega de poder y sorda de intolerancia quiere hacer enmudecer a quienes denunciamos a los impunes poderosos evasores del orden jurídico, representados por Mario Mann y el Cardenal Norberto Rivera Carrera, y en lugar de imparcialidad, nos ofrece a las victimas mas aberraciones, abuso y nuevas afrentas.
El fallo de quienes niegan la justicia, es un manotazo de violencia institucional que cruza la cara de la libertad de expresión; es además una patente con licencia expedida por la Suprema Corte para la violación infantil, la explotación sexual y el abuso de poder, que coloca a esta delincuencia por encima de la verdad y la justicia.
Llamamos a los medios de comunicación a sumar su voz a la de la sociedad, para denunciar estos actos de complicidad y connivencia entre delincuencia y poder judicial. Exigimos al legislativo que asuma su tarea histórica e investigue a fondo las redes de pederastia y corrupción para castigar, al menos políticamente, a estos forajidos institucionales.
En SNAP hablamos con conocimiento de causa: quienes denuncian abuses, lo hacen venciendo el dolor, el estigma social, y deben transitar una Odisea personal, familiar y social para llegar a la justicia, haciendo frente a traumas físicos y psicológicos severos que los marcan de por vida.
Por ello, agradecemos a las victimas y las y los reporteros valientes que han permitido con la denuncia, que estos hechos, en muchos casos, se detengan.Para nosotros ha llegado el momento de decir jjya basta!!, de exigir rendición de cuentas a abusadores y sus protectores judiciales.
Exhortamos a las victimas a denunciar para liberarse del tormento del silencio; les recordamos que no están solos o solas y que no son "culpables" de nada. Derrotemos el silencio que mata, hablando de la injusticia y el dolor, con todas y con todos, o al menos con quien, como nosotros, hemos padecido el mismo dolor.
Solo así podremos comenzar a construir un camino de verdad, justicia y un México mejor, con un poco de esperanza para las victimas.
Mayor información con:Eric Barragán Burgueno, Director de SNAP en México/América LatinaTel: (55) 1993-3678 / snapmexico@aol.comJosé Bonilla Sada, Padre y Abogado de Victimas de Abuso SexualTel: (55) 5563-0691 / io.bonilla@yahoo.com
Cuando finalmente las victimas encontraron en Lydia Cacho una voz que sumada a las suyas clamaba justicia, denunciando las redes de pederastia, explotación sexual comercial y pornógrafa infantil, esperamos junto a ellos que los impartidores de justicia se pusieran a la altura de la sociedad, otorgando protección y garantías a las y los mas vulnerados de México: las niñas, los niños y adolescentes.
Ante la valiente determinación de las victimas del abuso pederasta, que denunciaron, venciendo el temor y la sentencia de silencio, las instituciones del Estado responden validando el descrédito a defensoras y defensores de derechos humanos, avalando la tortura, el secuestro, las amenazas y violando una vez mas sus garantías individuales.
El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, niega la realidad que toda la sociedad atestiguo; vulnera las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro; responde al interés político del que forma parte y atiende solo al poder que la domina. Las y los Ministros han traicionado su mándate constitucional, abriendo la puerta a la impunidad y dejando a la niñez, y las mujeres de nuestro país a merced de criminales investidos de poder, que no rinden cuentas a nadie.
La decisión de la Corte, es omisa y negligente intencionalmente pues evade abordar el fondo del problema: Los terribles casos de abuso sexual, pederastia, explotación sexual Comercial y pornografía infantil documentados en los escritos de Lydia. La justicia ciega de poder y sorda de intolerancia quiere hacer enmudecer a quienes denunciamos a los impunes poderosos evasores del orden jurídico, representados por Mario Mann y el Cardenal Norberto Rivera Carrera, y en lugar de imparcialidad, nos ofrece a las victimas mas aberraciones, abuso y nuevas afrentas.
El fallo de quienes niegan la justicia, es un manotazo de violencia institucional que cruza la cara de la libertad de expresión; es además una patente con licencia expedida por la Suprema Corte para la violación infantil, la explotación sexual y el abuso de poder, que coloca a esta delincuencia por encima de la verdad y la justicia.
Llamamos a los medios de comunicación a sumar su voz a la de la sociedad, para denunciar estos actos de complicidad y connivencia entre delincuencia y poder judicial. Exigimos al legislativo que asuma su tarea histórica e investigue a fondo las redes de pederastia y corrupción para castigar, al menos políticamente, a estos forajidos institucionales.
En SNAP hablamos con conocimiento de causa: quienes denuncian abuses, lo hacen venciendo el dolor, el estigma social, y deben transitar una Odisea personal, familiar y social para llegar a la justicia, haciendo frente a traumas físicos y psicológicos severos que los marcan de por vida.
Por ello, agradecemos a las victimas y las y los reporteros valientes que han permitido con la denuncia, que estos hechos, en muchos casos, se detengan.Para nosotros ha llegado el momento de decir jjya basta!!, de exigir rendición de cuentas a abusadores y sus protectores judiciales.
Exhortamos a las victimas a denunciar para liberarse del tormento del silencio; les recordamos que no están solos o solas y que no son "culpables" de nada. Derrotemos el silencio que mata, hablando de la injusticia y el dolor, con todas y con todos, o al menos con quien, como nosotros, hemos padecido el mismo dolor.
Solo así podremos comenzar a construir un camino de verdad, justicia y un México mejor, con un poco de esperanza para las victimas.
Mayor información con:Eric Barragán Burgueno, Director de SNAP en México/América LatinaTel: (55) 1993-3678 / snapmexico@aol.comJosé Bonilla Sada, Padre y Abogado de Victimas de Abuso SexualTel: (55) 5563-0691 / io.bonilla@yahoo.com
lunes, 3 de diciembre de 2007
Desplegado caso Marín-Cacho
Si te sumas a esta declaración sólo envía un mensaje a esta dirección
(declaracion.periodistas@gmail.com)y agrega tu nombre completo, el medio y el estado en que trabajas. Reenvíalo a la mayor cantidad de colegas que puedas
Declaración nacional de periodistas en el defensa de su profesión y en contra de la pederastia y pornografía infantil
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al Procurador General de la República
Al Presidente de México
A la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
A la LX Legislatura del Senado de la República
Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A las instancias internacionales que defienden la labor periodística
A las instancias internacionales que defienden los derechos humanos
Con su resolución en el caso de la Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como Cacho-Marín), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un aciago precedente: ha convertido a los periodistas en carne de cañón y, de facto, a la pederastia en una "irregularidad menor".
Los abajo firmantes consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan. N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y el político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los códigos penales federal y de los estados del país.
Desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan acallarnos.
Asimismo, se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil. Nuestros hijos están ahora indefensos.
Condenamos en particular los argumentos expresados por el ministro Segio Salvador Aguirre Anguiano, durante las siete sesiones que llevó a cabo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso.
Como quedó registrado, para Segio Salvador Aguirre Anguiano "la tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad".
Esta declaración no enarbola la defensa de Lydia María Cacho Ribeiro, sino de la libertad de los comunicadores y la condena a la pederastia y a la pornografía infantil.
Quienes abajo firmamos lo hacemos como personas que nos dedicamos al periodismo, no en representación de los medios de comunicación en que laboramos.
Exigimos que en los votos particulares que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el engrose del expediente de la Facultad de Investigación 2/2006, se señale al menos a los funcionarios que participaron en las "violaciones leves" y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra; no está demás decir que en este caso el llamado no se hace a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, pues en esa instancia no confiamos.
Asimismo, demandamos que la Cámara de Diputados, sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Plutarco Marín Torres, gobernador del estado de Puebla.
Es además urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el Artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció este caso.
Puebla
1. Martín Hernández Alcántara (Jornada de Oriente, Puebla)
2. Selene Ríos Andraca (CAMBIO, Puebla)
3. Zeus Munive Rivera (CAMBIO, Puebla)
4. Edmundo Velázquez Vargas (CAMBIO, Puebla)
5. Efraín Núñez Calderón (CAMBIO, Puebla)
6. Yonadab Cabrera Cruz (CAMBIO, Puebla)
7. Brahim Zamora Salazar (CAMBIO, Puebla)
8. Paulina Cataño Ramírez (CAMBIO, Puebla)
9. César de la Cruz Hernández (CAMBIO, Puebla)
10. Ruth Fernández Hernández (Quintacolumna, Puebla)
11. Héctor Hugo Cruz Salazar (CAMBIO, Puebla)
12. Javier Puga Martínez (Jornada de Oriente, Puebla)
13. Ernesto Aroche Aguilar (Jornada de Oriente, Puebla)
14. José de León Castañares (Jornada de Oriente, Puebla)
15. Aldo Gabriel Bonanni Torreblanca (Jornada de Oriente, Puebla)
16. Josué Mota Corro (Jornada de Oriente, Puebla)
17. Enrique Hernández Sánchez (Quintacolumna, Puebla)
18. Zulma Irineo Fuentes (CAMBIO, Puebla)
19. Óscar Cote Pérez (CAMBIO, Puebla)
20. Azzull Mendoza Sosa (Milenio, Puebla)
21. Leticia Ánimas Vargas (El Guardián de la Sierra, Puebla)
22. Heriberto Hernández Castillo (El Guardián de la Sierra, Puebla)
23. Osvaldo Cortés Ojeda (El Guardián de la Sierra, Puebla)
24. Jorge Armando Hernández Cabrera (El Guardián de la Sierra, Puebla)
25. Xúchitl Vázquez Ordaz (Radio Oro, Puebla). (no autorizó publicar su medio)
26. Pablo de Jesús Cano Espinoza (diariocambio, Puebla)
27. Adolfo López Ortega (diariocambio, Puebla)
28. Ignacio Olmos Sainz (diariocambio, Puebla)
29. Michel Luis Zúñiga Orea (diariocambio, Puebla)
30. José Antonio Machado Sánchez (Intolerancia, Puebla)
31. Jaime Torreblanca Flores (Intolerancia, Puebla)
32. José Álvaro Hernández Flores (Intolerancia, Puebla)
33. Adriana Vázquez Castro (Intolerancia, Puebla)
34. Hebert Arturo Milán Acosta (El Guardián de la Sierra, Puebla)
35. Aarón Martínez Jiménez (Milenio, Puebla)
36. Juan Pablo Ramon Monzón. (Revista Catapulta)
37. Lía Alejandra de la Vega Trujillo. (Quintacolumna, Puebla)
38. Celina Peña Guzmán. (Intolerancia, Puebla)
39. Mario Martell Contreras. (Intolerancia, Puebla)
40. Mauricio Ernesto Delgadillo de la Vega
41. José Armando López Portillo (Poblanerías)
42 Óscar González López (Revista Catapulta, Puebla)
43. Álvaro Ramírez Velasco (e-consulta y USN)
44. Rodolfo Ruiz (e-consulta)
45. Arturo Cravioto Zendejas (USN)
Distrito Federal
1. Roberto Cortez Zárate (Diario Monitor)
2. Juan Martínez Juárez (Diario Monitor)
3. Ramiro Gómez Luengo (Diario Monitor)
4. Armando Vera Tovar (Diario Monitor)
Estado de México
1. Alfredo Plascencia Sánchez (El Portal)
(declaracion.periodistas@gmail.com)y agrega tu nombre completo, el medio y el estado en que trabajas. Reenvíalo a la mayor cantidad de colegas que puedas
Declaración nacional de periodistas en el defensa de su profesión y en contra de la pederastia y pornografía infantil
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al Procurador General de la República
Al Presidente de México
A la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
A la LX Legislatura del Senado de la República
Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A las instancias internacionales que defienden la labor periodística
A las instancias internacionales que defienden los derechos humanos
Con su resolución en el caso de la Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como Cacho-Marín), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un aciago precedente: ha convertido a los periodistas en carne de cañón y, de facto, a la pederastia en una "irregularidad menor".
Los abajo firmantes consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan. N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y el político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los códigos penales federal y de los estados del país.
Desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan acallarnos.
Asimismo, se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil. Nuestros hijos están ahora indefensos.
Condenamos en particular los argumentos expresados por el ministro Segio Salvador Aguirre Anguiano, durante las siete sesiones que llevó a cabo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso.
Como quedó registrado, para Segio Salvador Aguirre Anguiano "la tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad".
Esta declaración no enarbola la defensa de Lydia María Cacho Ribeiro, sino de la libertad de los comunicadores y la condena a la pederastia y a la pornografía infantil.
Quienes abajo firmamos lo hacemos como personas que nos dedicamos al periodismo, no en representación de los medios de comunicación en que laboramos.
Exigimos que en los votos particulares que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el engrose del expediente de la Facultad de Investigación 2/2006, se señale al menos a los funcionarios que participaron en las "violaciones leves" y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra; no está demás decir que en este caso el llamado no se hace a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, pues en esa instancia no confiamos.
Asimismo, demandamos que la Cámara de Diputados, sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Plutarco Marín Torres, gobernador del estado de Puebla.
Es además urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el Artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció este caso.
Puebla
1. Martín Hernández Alcántara (Jornada de Oriente, Puebla)
2. Selene Ríos Andraca (CAMBIO, Puebla)
3. Zeus Munive Rivera (CAMBIO, Puebla)
4. Edmundo Velázquez Vargas (CAMBIO, Puebla)
5. Efraín Núñez Calderón (CAMBIO, Puebla)
6. Yonadab Cabrera Cruz (CAMBIO, Puebla)
7. Brahim Zamora Salazar (CAMBIO, Puebla)
8. Paulina Cataño Ramírez (CAMBIO, Puebla)
9. César de la Cruz Hernández (CAMBIO, Puebla)
10. Ruth Fernández Hernández (Quintacolumna, Puebla)
11. Héctor Hugo Cruz Salazar (CAMBIO, Puebla)
12. Javier Puga Martínez (Jornada de Oriente, Puebla)
13. Ernesto Aroche Aguilar (Jornada de Oriente, Puebla)
14. José de León Castañares (Jornada de Oriente, Puebla)
15. Aldo Gabriel Bonanni Torreblanca (Jornada de Oriente, Puebla)
16. Josué Mota Corro (Jornada de Oriente, Puebla)
17. Enrique Hernández Sánchez (Quintacolumna, Puebla)
18. Zulma Irineo Fuentes (CAMBIO, Puebla)
19. Óscar Cote Pérez (CAMBIO, Puebla)
20. Azzull Mendoza Sosa (Milenio, Puebla)
21. Leticia Ánimas Vargas (El Guardián de la Sierra, Puebla)
22. Heriberto Hernández Castillo (El Guardián de la Sierra, Puebla)
23. Osvaldo Cortés Ojeda (El Guardián de la Sierra, Puebla)
24. Jorge Armando Hernández Cabrera (El Guardián de la Sierra, Puebla)
25. Xúchitl Vázquez Ordaz (Radio Oro, Puebla). (no autorizó publicar su medio)
26. Pablo de Jesús Cano Espinoza (diariocambio, Puebla)
27. Adolfo López Ortega (diariocambio, Puebla)
28. Ignacio Olmos Sainz (diariocambio, Puebla)
29. Michel Luis Zúñiga Orea (diariocambio, Puebla)
30. José Antonio Machado Sánchez (Intolerancia, Puebla)
31. Jaime Torreblanca Flores (Intolerancia, Puebla)
32. José Álvaro Hernández Flores (Intolerancia, Puebla)
33. Adriana Vázquez Castro (Intolerancia, Puebla)
34. Hebert Arturo Milán Acosta (El Guardián de la Sierra, Puebla)
35. Aarón Martínez Jiménez (Milenio, Puebla)
36. Juan Pablo Ramon Monzón. (Revista Catapulta)
37. Lía Alejandra de la Vega Trujillo. (Quintacolumna, Puebla)
38. Celina Peña Guzmán. (Intolerancia, Puebla)
39. Mario Martell Contreras. (Intolerancia, Puebla)
40. Mauricio Ernesto Delgadillo de la Vega
41. José Armando López Portillo (Poblanerías)
42 Óscar González López (Revista Catapulta, Puebla)
43. Álvaro Ramírez Velasco (e-consulta y USN)
44. Rodolfo Ruiz (e-consulta)
45. Arturo Cravioto Zendejas (USN)
Distrito Federal
1. Roberto Cortez Zárate (Diario Monitor)
2. Juan Martínez Juárez (Diario Monitor)
3. Ramiro Gómez Luengo (Diario Monitor)
4. Armando Vera Tovar (Diario Monitor)
Estado de México
1. Alfredo Plascencia Sánchez (El Portal)
Agresiones a libertad de expresión y a periodistas deben ser parte de la agenda nacional
México D.F., 3 de diciembre de 2007 (Cencos).- Reunidos el 29 y 30 de noviembre, en el marco del Seminario Internacional “Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación”, organizaciones civiles nacionales e internacionales, periodistas, así como instancias que trabajan el tema de agresiones a periodistas y medios de comunicación, se destacó en la discusión y análisis que los ataques a la libertad de expresión deben ser tema de debate en la agenda nacional; es necesario reaccionar ante la grave situación que se vive en nuestro país. Redacciones cierran o recurren a la autocensura como medio de protección en detrimento de la sociedad y dando un revés a la democracia, coincidieron los participantes.
Organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de libertad de expresión que realizan denuncias por medio de alertas dirigidas a diversos actores, siguen casos de litigios a nivel nacional, elaboran denuncias internacionales así como diagnósticos o acercamientos de la situación, “sin embargo no hay informes realizados por las instancias de gobierno claros y públicos” acerca de agresiones, amenazas, exilio, asesinatos, censura y autocensura de informadores y medios de comunicación, denunció Brisa Maya Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) durante las conclusiones del seminario.
El sistema de Alertas de Libertad de Expresión, detalló, la realizan organizaciones o agencias nacionales, pero destaca la ausencia de órganos locales ante la falta de atención al tema en los estados. Subrayó que en los últimos tiempos las agresiones a periodistas se atribuyen a supuestos vínculos con el crimen organizado, como el caso de dos periodistas de televisión desaparecidos en Nuevo León a quienes se les trató de relacionar con el narcotráfico, pero que son casos de agresión a periodistas que se deben ubicar e investigar.
Es necesario generar confianza entre el gremio periodístico para que se acerque a esta herramienta de protección que son las Alertas de Libertad de Expresión, sostuvo Darío Ramírez de la organización internacional Article XIX, quien destacó además que se debe trabajar en alianzas con el Estado para posicionar el tema en la agenda nacional, así como en contra del Estado para hacer hincapié de las fallas que comete, en este sentido Ewald Scharfenberg del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela recalcó que las Alertas como arma de protección deben ser sistemas de prevención, “se debe cubrir todo lo que tiene que ver con libertad de prensa y expresión”, dijo.
Actualmente lo más sencillo es apelar al grave problema de la impunidad para justificar de alguna forma las agresiones a la libertad de expresión y a los periodistas, sin embargo no es el único problema, subrayó José Buendía de la Fundación Prensa y Democracia (PRENDE).
“La libertad de expresión esta en la agenda nacional, pero sólo sobre algunos ámbitos del terreno; esta siendo enarbolada por actores que pelean por otros intereses, como las campañas negativas en tiempos electorales, publicidad en televisión entre otros; y a su vez otros aspectos como el hostigamiento, asesinato y agresiones a periodistas es minimizado o silenciado”, agregó Buendía.
La problemática no es solo de los periodistas, también involucra a los empresarios y al Estado, señaló Bertran Rosenthal, director de la AFP en México, quien en coincidencia afirmó que no se puede esperar a que el problema sea resuelto por el gobierno, “se debe empujar para ello”.
Presente en el seminario, Octavio Orellana Wiarco, fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp) de la Procuraduría General de la República mencionó que no es la percepción de la fiscalía minimizar el problema sino tratar de afrontarlo y detalló que existe la preocupación sobre llevar a la federalización las agresiones a periodistas.
En su intervención, Omar Raúl Martínez de la Fundación Manuel Buendía, cuestionó a Orellana Wiarco, al mencionar que la Feadp tiene “una visión tibia con respecto a la división de poderes”.
“La documentación de agravios, cierto, tiene debilidades, sin embargo es reflejo irrefutable de lo que pasa en el entramado periodístico y político. Lo que las organizaciones presentamos tiene defectos, de acuerdo, eso no obsta para reconocer que es un reflejo que está latente. Por falta de credibilidad hacia tribunales, informadores afectados no demandan y por eso hay registros, pero igual se debe resolver. Persiste la idea de para qué denunciar me van a intimidar, a amenazar, a matar”, es la disyuntiva del informador, destacó Omar Raúl Martínez.
Gerardo Priego Tapia, presidente de la Comisión Especial para las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, señaló en su intervención que el principal riesgo y reto es que la comisión no sea sólo un instrumento de los partidos para apaciguar el tema sin verdaderos resultados y destacó la necesidad de una alianza con las organizaciones y aquellos que sí tienen un interés real en estos ámbitos.
“Hay más periodistas caídos en México que en Colombia a pesar del conflicto armado y el narcotráfico. México, hoy por hoy, es de los países más peligrosos para ejercer periodismo”. Si a las cifras de caídos sumamos casos no reportados y la autocensura generalizada que se ha documentado en algunas regiones y que se está extendiendo, es un panorama muy alarmante y que no debe subestimarse, afirmó Carlos Cortés de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia.
Si bien hay casos que corresponden al narco, también hemos documentado junto con otras ONGs, agresiones por parte de fuerzas de seguridad. Los periodistas denuncian corrupción política y son atacados por su trabajo.
Desde el punto de vista de la organizaciones no gubernamentales, es muy difícil revertir la situación, pero sí puede poner luz, marcar lo que está sucediendo, pero poniendo énfasis en la seguridad de los periodistas, sostuvo Carlos Lauría del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) de Nueva York, que señaló además que “a veces es necesario guardar casos dentro de las organizaciones para proteger al periodista, pero es importante conocer lo que está sucediendo para trabajar con el Estado y reclamar que cumpla con su obligación institucional”.
El Seminario Internacional “Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación” fue financiado por la Embajada Británica y por Ford Foundation.
El preciosogate en la Corte (V y VI)
CAPITULO FINAL
SCJN: El edén de la ignominia o la preciosa impunidad
SCJN: El edén de la ignominia o la preciosa impunidad
domingo, 2 de diciembre de 2007
¡Todos a la Corte !
LLegado del e-Group Periodismo de Esperanza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho son menores, y que no ameritan un pronunciamiento contra el gobernador poblano Mario Marín.
Los periodistas no estamos de acuerdo.
Con este fallo, la Corte permite que cualquier persona con poder que se sienta incomodada con una investigación periodística, tenda el derecho a secuestrar al autor, trasladarlo ilegalmente de un estado a otro, someterlo a torturas, acusarlo de difamación, meterlo a la cárcel y someterlo a un proceso penal ilegal.
Todos los periodistas fuimos enjuiciados junto a Cacho. Todos vamos a la Corte , a protestar, en silencio, por esta patente a la impunidad.
La cita es el lunes 3 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, en Pino Suárez No. 2 (junto a Palacio Nacional y el Gobierno del DF). Protestaremos, en silencio, durante la sesión de los magistrados. Adentro y afuera.
Circulen esta invitación en todas las redacciones, clubes de periodistas y redes del gremio. Lleven libreta y pluma, para dejarlas en el pasillo, y cintas negras para taparnos la boca.
¡Todos a la Corte !
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho son menores, y que no ameritan un pronunciamiento contra el gobernador poblano Mario Marín.
Los periodistas no estamos de acuerdo.
Con este fallo, la Corte permite que cualquier persona con poder que se sienta incomodada con una investigación periodística, tenda el derecho a secuestrar al autor, trasladarlo ilegalmente de un estado a otro, someterlo a torturas, acusarlo de difamación, meterlo a la cárcel y someterlo a un proceso penal ilegal.
Todos los periodistas fuimos enjuiciados junto a Cacho. Todos vamos a la Corte , a protestar, en silencio, por esta patente a la impunidad.
La cita es el lunes 3 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, en Pino Suárez No. 2 (junto a Palacio Nacional y el Gobierno del DF). Protestaremos, en silencio, durante la sesión de los magistrados. Adentro y afuera.
Circulen esta invitación en todas las redacciones, clubes de periodistas y redes del gremio. Lleven libreta y pluma, para dejarlas en el pasillo, y cintas negras para taparnos la boca.
¡Todos a la Corte !
Reporteros sin Fronteras repudia decisión de la Corte caso Marín-Cacho
MÉXICO
REHABILITADO EL GOBERNADOR DE PUEBLA EN EL CASO LYDIA CACHO : UN LAMENTABLE EPÍLOGO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Reporteros sin Fronteras manifiesta su profunda decepción por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 29 de noviembre de 2007 por escasa mayoría, ha considerado "que no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho" cuando la detuvieron, en diciembre de 2005, por petición del gobernador del Estado de Puebla (Sur), Mario Marín. La alta jurisdicción ha invalidado así todos los cargos que pesaban sobre el gobernador."
Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad.
El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México", ha declarado la organización.Por seis votos contra cuatro, los magistrados de la SCJN estimaron, el 29 de noviembre, que "no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución", y que la periodista fue víctima de "irregularidades menores" durante su detención y traslado del Estado de Quintana Roo (Este), donde reside, al Estado de Puebla, del que es gobernador Mario Marín. Esa breve detención se produjo cuando, en 2004, la periodista publicó un libro -"Los Demonios del Edén"- en el que acusaba a algunos políticos y empresarios en la explotación de una red pedófila. Al dictar sentencia, la SCJN ha anulado todos los cargos que pesaban sobre Mario Marín.Algunas grabaciones de conversaciones telefónicas, reveladas por el diario La Jornada y emitidas por las ondas de la emisora W Radio el 14 de febrero de 2006 - y de las que Reporteros sin Fronteras tiene una trascripción -, entre el gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, citado en el caso de pedofilia, tienden a probar la implicación de ambos en la detención de Lydia Cacho. El gobernador y el empresario habrían sugerido "bromeando" que se violara a la periodista durante el traslado. La SCJN ha considerado que esas grabaciones no tienen "valor probatorio".La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre.
El magistrado considera que existía "un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho". En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales."la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución", ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia.
REHABILITADO EL GOBERNADOR DE PUEBLA EN EL CASO LYDIA CACHO : UN LAMENTABLE EPÍLOGO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Reporteros sin Fronteras manifiesta su profunda decepción por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 29 de noviembre de 2007 por escasa mayoría, ha considerado "que no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho" cuando la detuvieron, en diciembre de 2005, por petición del gobernador del Estado de Puebla (Sur), Mario Marín. La alta jurisdicción ha invalidado así todos los cargos que pesaban sobre el gobernador."
Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad.
El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México", ha declarado la organización.Por seis votos contra cuatro, los magistrados de la SCJN estimaron, el 29 de noviembre, que "no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución", y que la periodista fue víctima de "irregularidades menores" durante su detención y traslado del Estado de Quintana Roo (Este), donde reside, al Estado de Puebla, del que es gobernador Mario Marín. Esa breve detención se produjo cuando, en 2004, la periodista publicó un libro -"Los Demonios del Edén"- en el que acusaba a algunos políticos y empresarios en la explotación de una red pedófila. Al dictar sentencia, la SCJN ha anulado todos los cargos que pesaban sobre Mario Marín.Algunas grabaciones de conversaciones telefónicas, reveladas por el diario La Jornada y emitidas por las ondas de la emisora W Radio el 14 de febrero de 2006 - y de las que Reporteros sin Fronteras tiene una trascripción -, entre el gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, citado en el caso de pedofilia, tienden a probar la implicación de ambos en la detención de Lydia Cacho. El gobernador y el empresario habrían sugerido "bromeando" que se violara a la periodista durante el traslado. La SCJN ha considerado que esas grabaciones no tienen "valor probatorio".La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre.
El magistrado considera que existía "un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho". En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales."la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución", ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)