La opacidad del gobierno del estado se concentra principalmente en dos dependencias: la oficina del titular del Ejecutivo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cada una por separado niega el acceso a la información de casi el 10 por ciento de las peticiones ciudadanas como se desprende de datos dados a conocer en días pasados por la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).Los gasto relacionado al maringate, publicidad y viajes los temas tabú
184 millones se han destinado a promocionar las acciones de gobierno
A penas 9 por ciento menos que en la administración del también priista Enrique Peña Nieto
Ernesto Aroche Aguilar
De hecho, de acuerdo Antonio Juárez Acevedo, comisionado presidente de la CAIP, el manejo de los recursos públicos, licitaciones y adjudicaciones y en general cuestiones presupuestales son justamente los temas tabú de la administración que encabeza Mario Marín Torres, a pesar de que son temas específicos que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (LTAIPEP) son obligatorio transparentar.
El apartado legal establece un listado información, divido en 12 puntos, que deben ser puestos a disposición de la ciudadanía en general, entre ellos la estructura orgánica, el directorio de servidores públicos, la remuneración mensual por puesto, los trámites y formatos de solicitud de información pública, los planes y programas expedidos conforme a las leyes, los informes que, por disposición Constitucional, generen los Sujetos Obligados, los mecanismos de participación ciudadana, los servicios y programas de apoyo que se ofrecen y “toda información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública”.
Pero además la ley es muy puntual en tres apartados: el concerniente al gasto, ejecución y regulación del presupuesto —párrafo V— ; las auditorias realizadas por los órganos de control y supervisión —párrafo VII— y el que versa sobre las concesiones, permisos, autorizaciones y arrendamientos —párrafo VIII—, apuntando además como documentos de transparencia obligatoria “las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones y prestación de servicios, así como sus resultados, en aquellos casos que proceda, en los términos de la legislación aplicable”.
A pesar de todo ello y de un discurso gubernamental que habla de la transparencia como valor obligado el gobierno estatal ha mantenido bajo resguardo y en total opacidad información que se ubica justo ahí, en los párrafos señalados.
Aunque es la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) la dependencia que más solicitudes acumula al contabilizar 213 peticiones, los recursos de revisión que han llegado a la CAIP provenientes son apenas 9, poco más del 4 por ciento, en cambio la oficina del titular del ejecutivo con 85 solicitudes de información ha sido impugnada por el contenido de la información ofrecida en 8 ocasiones, 7 a través de la CAIP y una más mediante el IFAI, ubicándose como la dependencia más opaca, no sólo en número totales, incluso en términos porcentuales al negar información el 9.3 por ciento de las veces.
El tema difícil
El origen y destino de los recursos usados por el gobierno del estado en la defensa jurídica y mediática del mandatario estatal ha sido sin duda el tema “espinoso” por antonomasia.
Las solicitudes referentes han sido incluso bloqueadas por el aparato burocrático gubernamental desde las redacciones de los medios, como le sucedió a un reportero del diario de mayor circulación en el estado, quién fue invitado por los directivos del rotativo a no seguir indagando sobre el dinero que se destinó para ello.
En las indagaciones ciudadanas incluso se buscó la intermediación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) mecanismo mediante el cual se solicitó “Saber de donde se obtuvo el dinero para pagar los análisis a las grabaciones entre el Gobernador y Kamel Nacif y otras del caso Marín-Cacho, realizado en una Universidad de EUA; quien está pagando los spots (sic) en los medios de comunicación en los que se da a conocer el dictamen de dicho estudio y la cantidad exacta que se gastó en las dos cosas (estudio y difusión)”.
En respuesta el gobierno estatal dio a conocer que se trata de información que fue clasificada como reservada en tanto que “compromete las investigaciones que realizan las autoridades competentes, sin que pueda difundirse o usarse con un fin distinto al señalado anteriormente…”
El recurso de revisión ante la respuesta ofrecida por la oficina del gobernador no pudo prosperar pues el IFAI, como era de esperarse, se declaró “incompetente” para resolver el procedimiento pues se trata de una autoridad estatal que escapa del ámbito del organismo de alcance federal.
El gasto en publicidad
El detalle de los 184 millones de pesos que el gobernador del estado destinó durante el 2006, el año del maringate, a los medios de comunicación no ha podido ser aclarado hasta el momento —una erogación 9 por ciento menor a los 204 millones de Enrique Peña Nieto, uno de los mandatarios estatales que más dinero a promocionar su imagen y sus acciones de gobierno—, a pesar de las varias solicitudes de información y la exigencia de varios actores sociales.
En los dos primeros años de aplicación de la ley de transparencia, que empezó a funcionar en febrero de 2006 aunque se promulgó el 22 de julio de 2004, son al menos cinco los recursos de revisión, es decir el 10 por ciento de los 42 que ha recibido hasta el momento la CAIP, con los que se ha intentado hacer pública esa información, hasta el momento la documentación sigue vedada.
Lo único que se conoce hasta el momento es el destino de una parte del gasto realizado por la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado entre abril de 2006 y enero de 2007. De esos 184 millones 36 se usaron para la creación y emisión de un informativo radiofónico, televisivo e impreso denominado Avances, apenas tres meses después de que en medios nacionales se escucharon y se leyeron las transcripciones de los diálogos entre Marín y Nacif. Para ello fueron necesarios seis meses, dos solicitudes de información hechas por dos reporteros —folios PUE-2006-000719 y PUE-2006-000837—, la intervención de la CAIP y sortear respuestas leguleyos, intrincados mecanismos de atención, uso reiterado de la prorrogar hasta donde la ley lo permite la entrega de respuesta y un intrincado laberinto burocrático.
Del resto, hasta el momento nada se sabe y al parecer nada se sabrá, pues gracias a la petición de otro reportero, quien pidió se le entregaran “copia de las facturas o convenios publicitarios signados con los medios de comunicación locales y nacionales desde que inició el gobierno en turno a la fecha”, hoy se sabe que dichos documentos fueron clasificados por la admnisitración estatal como “reservados”.
Sobre este último punto, la CAIP prefirió obligar a la oficina del titular del Ejecutivo a entregar el documento que mantiene bajo reserva dicha información antes que apostar a la apertura de los archivos.
Giras y viajes
Saber sobre los viajes con cargo al erario público que ha realizado Marín se ha vuelto misión imposible, al menos para dos ciudadanos que solicitaron tal información en diferentes momentos.
A Emilio López López, estudiante de Economía y Ciencias Políticas le llevó siete meses de espera y decenas de vueltas por oficinas públicas ser informado sobre los 466 viajes realizados por el gobernador del estado desde su toma de poder y hasta el 11 de noviembre de 2006 que le costaron al erario público casi 3 millones de pesos.
El caso implicó además la intervención de la CAIP y una llamada telefónica para ejercer presión por parte del consejero presidente de ese organismo, Antonio Juárez, para agilizar un proceso que la administración estatal pretendía dilatar aun más.
Al final y a regañadientes la oficina del titular del Ejecutivo entregó un largo y complejo listado de viajes, destino y monto de gastos que fue calificado por el solicitante como “poco claro”, calificativo que fue sostenido también por la comisionada “incomoda” y “aperturista” Josefina Buxadé Castelán, por lo que se presentó una segunda inconformidad que fue rechazada finalmente por la CAIP.
Pero si a Emilio López le entregaron un listado poco claro, a la reportera Selene Ríos Andraca sólo le dieron “versiones públicas” con “datos irrelevantes” a su solicitud de conocer “los viajes a cargo del erario en aeronave (helicópteros, jets, avionetas, etc.) pertenecientes al gobierno del estado de Puebla, así como arrendados realizados por el gobernador Mario Marín Torres y el titular de la Consejería Jurídica, Ricardo Velásquez” así cómo “…la bitácora para conocer el tiempo de estancia en cada destino…” Con el argumento de que la información solicitada podría poner en riesgo la seguridad y la vida de los usuarios de las aeronaves, la reportera sólo recibió detalles técnicos como el tiempo de vuelo, el nombre del piloto y el tipo de aeronave usada en los traslados sin mayores detalles en cuanto a pasajeros y destinos.
La resolución de la CAIP que fue mayoriteada y aprobada con dos votos a favor y uno en contra fue criticada Buxadé Castelán, pues “va en contra de la transparencia y apertura de la información, pues así como la CAIP pudo fundamentar jurídicamente el bloqueo de nombres y destinos, no así de las claves de seguridad, también se hubiera podido fundamentar jurídicamente la apertura a la información” y apuntó tajante en aquella ocasión: “no estamos como comisión, promoviendo la transparencia y la apertura de la información pública”.
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