Marín y la Corte, el efecto precioso
JENARO VILLAMIL
Si alguna duda existía de las dimensiones y las redes de la mafia política y económica involucrada en el caso de la periodista Lydia Cacho en contra del gobernador poblano Mario Marín, la decisión de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia confirman hasta dónde pueden llegar las presiones e intereses de esta compleja interacción de intereses.
La decisión de posponer, a pesar de las explicaciones del ministro Juan Silva Meza y del apoyo de su homólogo, el expresidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, sólo se pueden entender en el contexto de la presión de los clanes priistas que han tomado el caso de Marín y del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz como una pieza de cambio y de negociación con el gobierno de Felipe Calderón, necesitado como nunca de los votos de los legisladores del PRI para sacar adelante su reforma fiscal.
No en balde, el mismo día que decidieron los ministros posponer su resolución, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, reprochó que el Poder Judicial quiera utilizar los casos de Jorge Hank Rohn, aspirante a gobernador de Baja California, y del poblano Mario Marín, para “dejar fuera” al PRI de las decisiones nacionales. En el clásico estilo críptico de la petición que puede ser una amenaza, Beltrones les solicitó a los ministros actuar con “inteligencia” en relación con el góber precioso.
En realidad, a estos grupos de poder no les interesa la justicia ni aclarar la colusión de intereses involucrados en las redes de pederastia, cuya punta del iceberg fue documentado en un trabajo valiente de la periodista Lydia Cacho. Les interesa pactar impunidad. Buscan que el estado de cosas no se modifique un ápice porque eso significará transformar uno de los fundamentos de la clase política mexicana: las complicidades criminales.
Sin embargo, el escándalo les ha salido del control y cada día que pase el efecto precioso tendrá derivaciones de escándalo internacional. Para documentar estos efectos podemos mencionar los siguientes elementos:
1. La carta firmada por todos los directores cinematográficos, por intelectuales, periodistas y dirigentes sociales para apoyar la investigación de la Suprema Corte, fue prácticamente ignorada por los medios masivos de comunicación mexicanos, a pesar que se convirtió en una nota de dimensión internacional, tal como apuntó la analista Denise Dresser. Televisa no le dedicó ni diez minutos a este desplegado en sus espacios informativos. Si acaso, sólo difundió editadas unas palabras de Lydia Cacho, quien manifestó su preocupación por indicios de “corrupción” en la Suprema Corte de Justicia al haberse filtrado partes del expediente de mil cuartillas. En contraste, el periódico español El País publicó una página en su edición del lunes 25 documentando el escándalo. Agencias informativas como Reuters, EFE, AP y cadenas televisivas como CNN han seguido puntualmente el escándalo. La entrevista de Carmen Aristegui, en el canal de CNN en español, con Lydia Cacho, tuvo una inmediata repercusión.
¿Por qué los medios masivos han minimizado este caso? Se trata de uno de los escándalos más claramente documentados por el periodismo mexicano. ¿Hasta dónde llega el poder de millones de pesos invertidos en campañas de imagen pública por el gobernador Mario Marín? ¿Hasta dónde los “buenos oficios” de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados priistas en San Lázaro, amigo de las televisoras y uno de los personajes mencionados en el libro de Lydia Cacho pueden provocar este fenómeno de autocensura?
2. En el estado de Puebla, la situación social y política se enrarece cada vez más como parte del efecto precioso. Auténticas purgas se han realizado en los periódicos, en las estaciones de radio y, sobre todo, en espacios universitarios como la Universidad de las Américas (UDLA), de todos aquellos periodistas, columnistas, alumnos de comunicación y profesores que tengan la osadía de criticar a Mario Marín, que apoyen la denuncia de Lydia Cacho y que demandan una profunda investigación en torno al poder corruptor del empresario Kamel Nacif.
Particularmente grave es la situación en la UDLA. En otro tiempo, esta universidad se destacó como un espacio crítico, plural y de alta calidad académica. A raíz de la llegada del escritor Pedro Angel Palou, exsecretario de Cultura en los dos últimos gobiernos priistas, a la rectoría de esta universidad, los casos de abusos y de presiones contra profesores y alumnos se han incrementado.
A Palou ya lo llaman el rector precioso, en clara referencia a su apoyo a Marín –cuyos hijos estudian en la UDLA-- y por los nada claros vínculos de la familia Jenkins –que se han apropiado del patronato de la universidad-- como constructores de ciertas obras financiadas por el gobierno estatal marinista.
A los alumnos que editan el periódico estudiantil La Catarina, el equipo de Palou los ha censurado desde que tuvieron la osadía de invitar a Lydia Cacho al Congreso de Comunicación que organizaron en octubre de 2006. Ahora, los editores y colaboradores de esta publicación son señalados como “incómodos” por un rector que aspiró a encabezar un nuevo grupo intelectual con asiento en Puebla.
Como la cadena de abusos y arbitrariedades se va concatenando, Palou también ha despedido en las últimas tres semanas a una decena de profesores, la mayoría con posgrados y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), para acallar las voces críticas que le han reprochado su proclividad con el gobierno de Marín. Entre esos profesores recientemente corridos se encuentran Claudia Magallanes Blanco, Jorge Alberto Calles Santillana y Anthony Castells, este último profesor de origen catalán que fungió como asesor de los editores de La Catarina.
El ambiente de censura no es mejor en otros espacios académicos como la propia Universidad Autónoma de Puebla (UAP), en donde se resienten también las presiones del góber precioso. Sin embargo, el caso de la UDLA ha traspasado el territorio poblano por las graves implicaciones políticas y académicas que están involucradas.
3. El otro efecto precioso es la transformación de una buena parte de la prensa poblana en espacios copados por Marín para acallar cualquier sombra de crítica y para emprender ataques ominosos contra Lydia Cacho y contra todos aquellos que osen acreditar o simplemente investigar la cadena de abusos que se ha articulado en torno al caso.
El ejemplo más claro de esta cooptación fue el operativo de “filtración”, a través de la oficina de Comunicación Social del gobierno poblano, sobre partes del dictamen de la Suprema Corte de Justicia y, en especial, sobre las presuntas irregularidades que la defensa de Mario Marín, encabezada por el despacho de Alonso Aguilar Zinser, encontró en este dictamen.
Se trató claramente de un operativo para inducir a la opinión pública y para presionar a los ministros de la Corte. No han sido pocos los poblanos que se preguntan de dónde salen y a cuánto ascienden los recursos que Mario Marín ha destinado en defenderse y en cooptar a periodistas, columnistas, comentaristas y espacios mediáticos.
La última línea de esta historia no se ha escrito, pero la cadena de abusos seguramente se incrementará en las últimas semanas. En tanto, ninguno de los “distinguidos” priistas que defienden a Marín ha osado dirigir una sola palabra en favor de las niñas y los niños víctimas de este crimen organizado que es la pornografía y la pederastia usufructuada por nuestros preciosos pillos.
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