SNAP: Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes Posición ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En el Caso de Lydia Cacho Ribeiro
Cuando finalmente las victimas encontraron en Lydia Cacho una voz que sumada a las suyas clamaba justicia, denunciando las redes de pederastia, explotación sexual comercial y pornógrafa infantil, esperamos junto a ellos que los impartidores de justicia se pusieran a la altura de la sociedad, otorgando protección y garantías a las y los mas vulnerados de México: las niñas, los niños y adolescentes.
Ante la valiente determinación de las victimas del abuso pederasta, que denunciaron, venciendo el temor y la sentencia de silencio, las instituciones del Estado responden validando el descrédito a defensoras y defensores de derechos humanos, avalando la tortura, el secuestro, las amenazas y violando una vez mas sus garantías individuales.
El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, niega la realidad que toda la sociedad atestiguo; vulnera las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro; responde al interés político del que forma parte y atiende solo al poder que la domina. Las y los Ministros han traicionado su mándate constitucional, abriendo la puerta a la impunidad y dejando a la niñez, y las mujeres de nuestro país a merced de criminales investidos de poder, que no rinden cuentas a nadie.
La decisión de la Corte, es omisa y negligente intencionalmente pues evade abordar el fondo del problema: Los terribles casos de abuso sexual, pederastia, explotación sexual Comercial y pornografía infantil documentados en los escritos de Lydia. La justicia ciega de poder y sorda de intolerancia quiere hacer enmudecer a quienes denunciamos a los impunes poderosos evasores del orden jurídico, representados por Mario Mann y el Cardenal Norberto Rivera Carrera, y en lugar de imparcialidad, nos ofrece a las victimas mas aberraciones, abuso y nuevas afrentas.
El fallo de quienes niegan la justicia, es un manotazo de violencia institucional que cruza la cara de la libertad de expresión; es además una patente con licencia expedida por la Suprema Corte para la violación infantil, la explotación sexual y el abuso de poder, que coloca a esta delincuencia por encima de la verdad y la justicia.
Llamamos a los medios de comunicación a sumar su voz a la de la sociedad, para denunciar estos actos de complicidad y connivencia entre delincuencia y poder judicial. Exigimos al legislativo que asuma su tarea histórica e investigue a fondo las redes de pederastia y corrupción para castigar, al menos políticamente, a estos forajidos institucionales.
En SNAP hablamos con conocimiento de causa: quienes denuncian abuses, lo hacen venciendo el dolor, el estigma social, y deben transitar una Odisea personal, familiar y social para llegar a la justicia, haciendo frente a traumas físicos y psicológicos severos que los marcan de por vida.
Por ello, agradecemos a las victimas y las y los reporteros valientes que han permitido con la denuncia, que estos hechos, en muchos casos, se detengan.Para nosotros ha llegado el momento de decir jjya basta!!, de exigir rendición de cuentas a abusadores y sus protectores judiciales.
Exhortamos a las victimas a denunciar para liberarse del tormento del silencio; les recordamos que no están solos o solas y que no son "culpables" de nada. Derrotemos el silencio que mata, hablando de la injusticia y el dolor, con todas y con todos, o al menos con quien, como nosotros, hemos padecido el mismo dolor.
Solo así podremos comenzar a construir un camino de verdad, justicia y un México mejor, con un poco de esperanza para las victimas.
Mayor información con:Eric Barragán Burgueno, Director de SNAP en México/América LatinaTel: (55) 1993-3678 / snapmexico@aol.comJosé Bonilla Sada, Padre y Abogado de Victimas de Abuso SexualTel: (55) 5563-0691 / io.bonilla@yahoo.com
martes, 4 de diciembre de 2007
lunes, 3 de diciembre de 2007
Desplegado caso Marín-Cacho
Si te sumas a esta declaración sólo envía un mensaje a esta dirección
(declaracion.periodistas@gmail.com)y agrega tu nombre completo, el medio y el estado en que trabajas. Reenvíalo a la mayor cantidad de colegas que puedas
Declaración nacional de periodistas en el defensa de su profesión y en contra de la pederastia y pornografía infantil
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al Procurador General de la República
Al Presidente de México
A la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
A la LX Legislatura del Senado de la República
Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A las instancias internacionales que defienden la labor periodística
A las instancias internacionales que defienden los derechos humanos
Con su resolución en el caso de la Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como Cacho-Marín), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un aciago precedente: ha convertido a los periodistas en carne de cañón y, de facto, a la pederastia en una "irregularidad menor".
Los abajo firmantes consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan. N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y el político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los códigos penales federal y de los estados del país.
Desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan acallarnos.
Asimismo, se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil. Nuestros hijos están ahora indefensos.
Condenamos en particular los argumentos expresados por el ministro Segio Salvador Aguirre Anguiano, durante las siete sesiones que llevó a cabo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso.
Como quedó registrado, para Segio Salvador Aguirre Anguiano "la tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad".
Esta declaración no enarbola la defensa de Lydia María Cacho Ribeiro, sino de la libertad de los comunicadores y la condena a la pederastia y a la pornografía infantil.
Quienes abajo firmamos lo hacemos como personas que nos dedicamos al periodismo, no en representación de los medios de comunicación en que laboramos.
Exigimos que en los votos particulares que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el engrose del expediente de la Facultad de Investigación 2/2006, se señale al menos a los funcionarios que participaron en las "violaciones leves" y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra; no está demás decir que en este caso el llamado no se hace a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, pues en esa instancia no confiamos.
Asimismo, demandamos que la Cámara de Diputados, sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Plutarco Marín Torres, gobernador del estado de Puebla.
Es además urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el Artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció este caso.
Puebla
1. Martín Hernández Alcántara (Jornada de Oriente, Puebla)
2. Selene Ríos Andraca (CAMBIO, Puebla)
3. Zeus Munive Rivera (CAMBIO, Puebla)
4. Edmundo Velázquez Vargas (CAMBIO, Puebla)
5. Efraín Núñez Calderón (CAMBIO, Puebla)
6. Yonadab Cabrera Cruz (CAMBIO, Puebla)
7. Brahim Zamora Salazar (CAMBIO, Puebla)
8. Paulina Cataño Ramírez (CAMBIO, Puebla)
9. César de la Cruz Hernández (CAMBIO, Puebla)
10. Ruth Fernández Hernández (Quintacolumna, Puebla)
11. Héctor Hugo Cruz Salazar (CAMBIO, Puebla)
12. Javier Puga Martínez (Jornada de Oriente, Puebla)
13. Ernesto Aroche Aguilar (Jornada de Oriente, Puebla)
14. José de León Castañares (Jornada de Oriente, Puebla)
15. Aldo Gabriel Bonanni Torreblanca (Jornada de Oriente, Puebla)
16. Josué Mota Corro (Jornada de Oriente, Puebla)
17. Enrique Hernández Sánchez (Quintacolumna, Puebla)
18. Zulma Irineo Fuentes (CAMBIO, Puebla)
19. Óscar Cote Pérez (CAMBIO, Puebla)
20. Azzull Mendoza Sosa (Milenio, Puebla)
21. Leticia Ánimas Vargas (El Guardián de la Sierra, Puebla)
22. Heriberto Hernández Castillo (El Guardián de la Sierra, Puebla)
23. Osvaldo Cortés Ojeda (El Guardián de la Sierra, Puebla)
24. Jorge Armando Hernández Cabrera (El Guardián de la Sierra, Puebla)
25. Xúchitl Vázquez Ordaz (Radio Oro, Puebla). (no autorizó publicar su medio)
26. Pablo de Jesús Cano Espinoza (diariocambio, Puebla)
27. Adolfo López Ortega (diariocambio, Puebla)
28. Ignacio Olmos Sainz (diariocambio, Puebla)
29. Michel Luis Zúñiga Orea (diariocambio, Puebla)
30. José Antonio Machado Sánchez (Intolerancia, Puebla)
31. Jaime Torreblanca Flores (Intolerancia, Puebla)
32. José Álvaro Hernández Flores (Intolerancia, Puebla)
33. Adriana Vázquez Castro (Intolerancia, Puebla)
34. Hebert Arturo Milán Acosta (El Guardián de la Sierra, Puebla)
35. Aarón Martínez Jiménez (Milenio, Puebla)
36. Juan Pablo Ramon Monzón. (Revista Catapulta)
37. Lía Alejandra de la Vega Trujillo. (Quintacolumna, Puebla)
38. Celina Peña Guzmán. (Intolerancia, Puebla)
39. Mario Martell Contreras. (Intolerancia, Puebla)
40. Mauricio Ernesto Delgadillo de la Vega
41. José Armando López Portillo (Poblanerías)
42 Óscar González López (Revista Catapulta, Puebla)
43. Álvaro Ramírez Velasco (e-consulta y USN)
44. Rodolfo Ruiz (e-consulta)
45. Arturo Cravioto Zendejas (USN)
Distrito Federal
1. Roberto Cortez Zárate (Diario Monitor)
2. Juan Martínez Juárez (Diario Monitor)
3. Ramiro Gómez Luengo (Diario Monitor)
4. Armando Vera Tovar (Diario Monitor)
Estado de México
1. Alfredo Plascencia Sánchez (El Portal)
(declaracion.periodistas@gmail.com)y agrega tu nombre completo, el medio y el estado en que trabajas. Reenvíalo a la mayor cantidad de colegas que puedas
Declaración nacional de periodistas en el defensa de su profesión y en contra de la pederastia y pornografía infantil
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al Procurador General de la República
Al Presidente de México
A la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
A la LX Legislatura del Senado de la República
Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A las instancias internacionales que defienden la labor periodística
A las instancias internacionales que defienden los derechos humanos
Con su resolución en el caso de la Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como Cacho-Marín), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un aciago precedente: ha convertido a los periodistas en carne de cañón y, de facto, a la pederastia en una "irregularidad menor".
Los abajo firmantes consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan. N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y el político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los códigos penales federal y de los estados del país.
Desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan acallarnos.
Asimismo, se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil. Nuestros hijos están ahora indefensos.
Condenamos en particular los argumentos expresados por el ministro Segio Salvador Aguirre Anguiano, durante las siete sesiones que llevó a cabo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso.
Como quedó registrado, para Segio Salvador Aguirre Anguiano "la tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad".
Esta declaración no enarbola la defensa de Lydia María Cacho Ribeiro, sino de la libertad de los comunicadores y la condena a la pederastia y a la pornografía infantil.
Quienes abajo firmamos lo hacemos como personas que nos dedicamos al periodismo, no en representación de los medios de comunicación en que laboramos.
Exigimos que en los votos particulares que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el engrose del expediente de la Facultad de Investigación 2/2006, se señale al menos a los funcionarios que participaron en las "violaciones leves" y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra; no está demás decir que en este caso el llamado no se hace a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, pues en esa instancia no confiamos.
Asimismo, demandamos que la Cámara de Diputados, sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Plutarco Marín Torres, gobernador del estado de Puebla.
Es además urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el Artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció este caso.
Puebla
1. Martín Hernández Alcántara (Jornada de Oriente, Puebla)
2. Selene Ríos Andraca (CAMBIO, Puebla)
3. Zeus Munive Rivera (CAMBIO, Puebla)
4. Edmundo Velázquez Vargas (CAMBIO, Puebla)
5. Efraín Núñez Calderón (CAMBIO, Puebla)
6. Yonadab Cabrera Cruz (CAMBIO, Puebla)
7. Brahim Zamora Salazar (CAMBIO, Puebla)
8. Paulina Cataño Ramírez (CAMBIO, Puebla)
9. César de la Cruz Hernández (CAMBIO, Puebla)
10. Ruth Fernández Hernández (Quintacolumna, Puebla)
11. Héctor Hugo Cruz Salazar (CAMBIO, Puebla)
12. Javier Puga Martínez (Jornada de Oriente, Puebla)
13. Ernesto Aroche Aguilar (Jornada de Oriente, Puebla)
14. José de León Castañares (Jornada de Oriente, Puebla)
15. Aldo Gabriel Bonanni Torreblanca (Jornada de Oriente, Puebla)
16. Josué Mota Corro (Jornada de Oriente, Puebla)
17. Enrique Hernández Sánchez (Quintacolumna, Puebla)
18. Zulma Irineo Fuentes (CAMBIO, Puebla)
19. Óscar Cote Pérez (CAMBIO, Puebla)
20. Azzull Mendoza Sosa (Milenio, Puebla)
21. Leticia Ánimas Vargas (El Guardián de la Sierra, Puebla)
22. Heriberto Hernández Castillo (El Guardián de la Sierra, Puebla)
23. Osvaldo Cortés Ojeda (El Guardián de la Sierra, Puebla)
24. Jorge Armando Hernández Cabrera (El Guardián de la Sierra, Puebla)
25. Xúchitl Vázquez Ordaz (Radio Oro, Puebla). (no autorizó publicar su medio)
26. Pablo de Jesús Cano Espinoza (diariocambio, Puebla)
27. Adolfo López Ortega (diariocambio, Puebla)
28. Ignacio Olmos Sainz (diariocambio, Puebla)
29. Michel Luis Zúñiga Orea (diariocambio, Puebla)
30. José Antonio Machado Sánchez (Intolerancia, Puebla)
31. Jaime Torreblanca Flores (Intolerancia, Puebla)
32. José Álvaro Hernández Flores (Intolerancia, Puebla)
33. Adriana Vázquez Castro (Intolerancia, Puebla)
34. Hebert Arturo Milán Acosta (El Guardián de la Sierra, Puebla)
35. Aarón Martínez Jiménez (Milenio, Puebla)
36. Juan Pablo Ramon Monzón. (Revista Catapulta)
37. Lía Alejandra de la Vega Trujillo. (Quintacolumna, Puebla)
38. Celina Peña Guzmán. (Intolerancia, Puebla)
39. Mario Martell Contreras. (Intolerancia, Puebla)
40. Mauricio Ernesto Delgadillo de la Vega
41. José Armando López Portillo (Poblanerías)
42 Óscar González López (Revista Catapulta, Puebla)
43. Álvaro Ramírez Velasco (e-consulta y USN)
44. Rodolfo Ruiz (e-consulta)
45. Arturo Cravioto Zendejas (USN)
Distrito Federal
1. Roberto Cortez Zárate (Diario Monitor)
2. Juan Martínez Juárez (Diario Monitor)
3. Ramiro Gómez Luengo (Diario Monitor)
4. Armando Vera Tovar (Diario Monitor)
Estado de México
1. Alfredo Plascencia Sánchez (El Portal)
Agresiones a libertad de expresión y a periodistas deben ser parte de la agenda nacional
México D.F., 3 de diciembre de 2007 (Cencos).- Reunidos el 29 y 30 de noviembre, en el marco del Seminario Internacional “Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación”, organizaciones civiles nacionales e internacionales, periodistas, así como instancias que trabajan el tema de agresiones a periodistas y medios de comunicación, se destacó en la discusión y análisis que los ataques a la libertad de expresión deben ser tema de debate en la agenda nacional; es necesario reaccionar ante la grave situación que se vive en nuestro país. Redacciones cierran o recurren a la autocensura como medio de protección en detrimento de la sociedad y dando un revés a la democracia, coincidieron los participantes.
Organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de libertad de expresión que realizan denuncias por medio de alertas dirigidas a diversos actores, siguen casos de litigios a nivel nacional, elaboran denuncias internacionales así como diagnósticos o acercamientos de la situación, “sin embargo no hay informes realizados por las instancias de gobierno claros y públicos” acerca de agresiones, amenazas, exilio, asesinatos, censura y autocensura de informadores y medios de comunicación, denunció Brisa Maya Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) durante las conclusiones del seminario.
El sistema de Alertas de Libertad de Expresión, detalló, la realizan organizaciones o agencias nacionales, pero destaca la ausencia de órganos locales ante la falta de atención al tema en los estados. Subrayó que en los últimos tiempos las agresiones a periodistas se atribuyen a supuestos vínculos con el crimen organizado, como el caso de dos periodistas de televisión desaparecidos en Nuevo León a quienes se les trató de relacionar con el narcotráfico, pero que son casos de agresión a periodistas que se deben ubicar e investigar.
Es necesario generar confianza entre el gremio periodístico para que se acerque a esta herramienta de protección que son las Alertas de Libertad de Expresión, sostuvo Darío Ramírez de la organización internacional Article XIX, quien destacó además que se debe trabajar en alianzas con el Estado para posicionar el tema en la agenda nacional, así como en contra del Estado para hacer hincapié de las fallas que comete, en este sentido Ewald Scharfenberg del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela recalcó que las Alertas como arma de protección deben ser sistemas de prevención, “se debe cubrir todo lo que tiene que ver con libertad de prensa y expresión”, dijo.
Actualmente lo más sencillo es apelar al grave problema de la impunidad para justificar de alguna forma las agresiones a la libertad de expresión y a los periodistas, sin embargo no es el único problema, subrayó José Buendía de la Fundación Prensa y Democracia (PRENDE).
“La libertad de expresión esta en la agenda nacional, pero sólo sobre algunos ámbitos del terreno; esta siendo enarbolada por actores que pelean por otros intereses, como las campañas negativas en tiempos electorales, publicidad en televisión entre otros; y a su vez otros aspectos como el hostigamiento, asesinato y agresiones a periodistas es minimizado o silenciado”, agregó Buendía.
La problemática no es solo de los periodistas, también involucra a los empresarios y al Estado, señaló Bertran Rosenthal, director de la AFP en México, quien en coincidencia afirmó que no se puede esperar a que el problema sea resuelto por el gobierno, “se debe empujar para ello”.
Presente en el seminario, Octavio Orellana Wiarco, fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp) de la Procuraduría General de la República mencionó que no es la percepción de la fiscalía minimizar el problema sino tratar de afrontarlo y detalló que existe la preocupación sobre llevar a la federalización las agresiones a periodistas.
En su intervención, Omar Raúl Martínez de la Fundación Manuel Buendía, cuestionó a Orellana Wiarco, al mencionar que la Feadp tiene “una visión tibia con respecto a la división de poderes”.
“La documentación de agravios, cierto, tiene debilidades, sin embargo es reflejo irrefutable de lo que pasa en el entramado periodístico y político. Lo que las organizaciones presentamos tiene defectos, de acuerdo, eso no obsta para reconocer que es un reflejo que está latente. Por falta de credibilidad hacia tribunales, informadores afectados no demandan y por eso hay registros, pero igual se debe resolver. Persiste la idea de para qué denunciar me van a intimidar, a amenazar, a matar”, es la disyuntiva del informador, destacó Omar Raúl Martínez.
Gerardo Priego Tapia, presidente de la Comisión Especial para las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, señaló en su intervención que el principal riesgo y reto es que la comisión no sea sólo un instrumento de los partidos para apaciguar el tema sin verdaderos resultados y destacó la necesidad de una alianza con las organizaciones y aquellos que sí tienen un interés real en estos ámbitos.
“Hay más periodistas caídos en México que en Colombia a pesar del conflicto armado y el narcotráfico. México, hoy por hoy, es de los países más peligrosos para ejercer periodismo”. Si a las cifras de caídos sumamos casos no reportados y la autocensura generalizada que se ha documentado en algunas regiones y que se está extendiendo, es un panorama muy alarmante y que no debe subestimarse, afirmó Carlos Cortés de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia.
Si bien hay casos que corresponden al narco, también hemos documentado junto con otras ONGs, agresiones por parte de fuerzas de seguridad. Los periodistas denuncian corrupción política y son atacados por su trabajo.
Desde el punto de vista de la organizaciones no gubernamentales, es muy difícil revertir la situación, pero sí puede poner luz, marcar lo que está sucediendo, pero poniendo énfasis en la seguridad de los periodistas, sostuvo Carlos Lauría del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) de Nueva York, que señaló además que “a veces es necesario guardar casos dentro de las organizaciones para proteger al periodista, pero es importante conocer lo que está sucediendo para trabajar con el Estado y reclamar que cumpla con su obligación institucional”.
El Seminario Internacional “Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación” fue financiado por la Embajada Británica y por Ford Foundation.
El preciosogate en la Corte (V y VI)
CAPITULO FINAL
SCJN: El edén de la ignominia o la preciosa impunidad
SCJN: El edén de la ignominia o la preciosa impunidad
domingo, 2 de diciembre de 2007
¡Todos a la Corte !
LLegado del e-Group Periodismo de Esperanza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho son menores, y que no ameritan un pronunciamiento contra el gobernador poblano Mario Marín.
Los periodistas no estamos de acuerdo.
Con este fallo, la Corte permite que cualquier persona con poder que se sienta incomodada con una investigación periodística, tenda el derecho a secuestrar al autor, trasladarlo ilegalmente de un estado a otro, someterlo a torturas, acusarlo de difamación, meterlo a la cárcel y someterlo a un proceso penal ilegal.
Todos los periodistas fuimos enjuiciados junto a Cacho. Todos vamos a la Corte , a protestar, en silencio, por esta patente a la impunidad.
La cita es el lunes 3 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, en Pino Suárez No. 2 (junto a Palacio Nacional y el Gobierno del DF). Protestaremos, en silencio, durante la sesión de los magistrados. Adentro y afuera.
Circulen esta invitación en todas las redacciones, clubes de periodistas y redes del gremio. Lleven libreta y pluma, para dejarlas en el pasillo, y cintas negras para taparnos la boca.
¡Todos a la Corte !
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho son menores, y que no ameritan un pronunciamiento contra el gobernador poblano Mario Marín.
Los periodistas no estamos de acuerdo.
Con este fallo, la Corte permite que cualquier persona con poder que se sienta incomodada con una investigación periodística, tenda el derecho a secuestrar al autor, trasladarlo ilegalmente de un estado a otro, someterlo a torturas, acusarlo de difamación, meterlo a la cárcel y someterlo a un proceso penal ilegal.
Todos los periodistas fuimos enjuiciados junto a Cacho. Todos vamos a la Corte , a protestar, en silencio, por esta patente a la impunidad.
La cita es el lunes 3 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, en Pino Suárez No. 2 (junto a Palacio Nacional y el Gobierno del DF). Protestaremos, en silencio, durante la sesión de los magistrados. Adentro y afuera.
Circulen esta invitación en todas las redacciones, clubes de periodistas y redes del gremio. Lleven libreta y pluma, para dejarlas en el pasillo, y cintas negras para taparnos la boca.
¡Todos a la Corte !
Reporteros sin Fronteras repudia decisión de la Corte caso Marín-Cacho
MÉXICO
REHABILITADO EL GOBERNADOR DE PUEBLA EN EL CASO LYDIA CACHO : UN LAMENTABLE EPÍLOGO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Reporteros sin Fronteras manifiesta su profunda decepción por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 29 de noviembre de 2007 por escasa mayoría, ha considerado "que no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho" cuando la detuvieron, en diciembre de 2005, por petición del gobernador del Estado de Puebla (Sur), Mario Marín. La alta jurisdicción ha invalidado así todos los cargos que pesaban sobre el gobernador."
Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad.
El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México", ha declarado la organización.Por seis votos contra cuatro, los magistrados de la SCJN estimaron, el 29 de noviembre, que "no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución", y que la periodista fue víctima de "irregularidades menores" durante su detención y traslado del Estado de Quintana Roo (Este), donde reside, al Estado de Puebla, del que es gobernador Mario Marín. Esa breve detención se produjo cuando, en 2004, la periodista publicó un libro -"Los Demonios del Edén"- en el que acusaba a algunos políticos y empresarios en la explotación de una red pedófila. Al dictar sentencia, la SCJN ha anulado todos los cargos que pesaban sobre Mario Marín.Algunas grabaciones de conversaciones telefónicas, reveladas por el diario La Jornada y emitidas por las ondas de la emisora W Radio el 14 de febrero de 2006 - y de las que Reporteros sin Fronteras tiene una trascripción -, entre el gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, citado en el caso de pedofilia, tienden a probar la implicación de ambos en la detención de Lydia Cacho. El gobernador y el empresario habrían sugerido "bromeando" que se violara a la periodista durante el traslado. La SCJN ha considerado que esas grabaciones no tienen "valor probatorio".La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre.
El magistrado considera que existía "un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho". En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales."la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución", ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia.
REHABILITADO EL GOBERNADOR DE PUEBLA EN EL CASO LYDIA CACHO : UN LAMENTABLE EPÍLOGO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Reporteros sin Fronteras manifiesta su profunda decepción por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 29 de noviembre de 2007 por escasa mayoría, ha considerado "que no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho" cuando la detuvieron, en diciembre de 2005, por petición del gobernador del Estado de Puebla (Sur), Mario Marín. La alta jurisdicción ha invalidado así todos los cargos que pesaban sobre el gobernador."
Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad.
El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México", ha declarado la organización.Por seis votos contra cuatro, los magistrados de la SCJN estimaron, el 29 de noviembre, que "no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución", y que la periodista fue víctima de "irregularidades menores" durante su detención y traslado del Estado de Quintana Roo (Este), donde reside, al Estado de Puebla, del que es gobernador Mario Marín. Esa breve detención se produjo cuando, en 2004, la periodista publicó un libro -"Los Demonios del Edén"- en el que acusaba a algunos políticos y empresarios en la explotación de una red pedófila. Al dictar sentencia, la SCJN ha anulado todos los cargos que pesaban sobre Mario Marín.Algunas grabaciones de conversaciones telefónicas, reveladas por el diario La Jornada y emitidas por las ondas de la emisora W Radio el 14 de febrero de 2006 - y de las que Reporteros sin Fronteras tiene una trascripción -, entre el gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, citado en el caso de pedofilia, tienden a probar la implicación de ambos en la detención de Lydia Cacho. El gobernador y el empresario habrían sugerido "bromeando" que se violara a la periodista durante el traslado. La SCJN ha considerado que esas grabaciones no tienen "valor probatorio".La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre.
El magistrado considera que existía "un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho". En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales."la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución", ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia.
viernes, 30 de noviembre de 2007
Pronunciamiento Caso Lidia Cacho
Difusión-Cencos México D.F. a 29 de noviembre de 2007
Pronunciamiento Nacional e Internacional
Caso Lidya Cacho.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concluido que no se demostró la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, en el que denuncia la existencia de redes de pederastia internacional y en la que aparecen involucrados gobernantes, funcionarios públicos y empresarios.
La máxima instancia del poder judicial rechazó señalar la responsabilidad que en las violaciones graves a los derechos humanos de la periodista, tuvieron el gobernador de Puebla, Mario Marín y otras autoridades de esa entidad, así como del estado de Quintana Roo, tal como había quedado establecido en el dictamen del Ministro Silva Meza.
Esta decisión es preocupante porque es una muestra de las condiciones de vulnerabilidad, que para el ejercicio de la libertad de expresión, existen hoy en México. En el marco del Seminario Internacional Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, frente a las conclusiones de la SCJN, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos:
•Que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones amplias para la libertad de expresión, que en el caso de Lydia Cacho han quedado vulneradas.
•Objetamos esta decisión ya que es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país. Existen suficientes elementos que demuestran el nivel de involucramiento que tuvieron funcionarios públicos de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo en las violaciones de los derechos de la periodista.
•Manifestamos nuestro rechazo por la decisión de la SCJN, que obstaculiza la procuración de justicia y crea un ámbito propicio para garantizar la impunidad.
Organizaciones firmantes:
Aleida Calleja, Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC),Brisa Maya Solis, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)Carlos Cortés, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)Darío Ramírez, Article XIXCarlos Lauría, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ),Jacinto Rodríguez Mungía, Fundación Prensa y Democracia (PRENDE)Lucía Lagunes, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)Francisco Ezequiel, Libertad de Información – México (LIMAC),José Buendía, Fundación Manuel BuendíaJosé Luis Garay, Bloque Nacional de Periodistas AAJulián Vázquez, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de PeriodismoErendira Cruzvillegas, Relatoría de Libertad de Expresión del DFDaniel Rosas, El Mañana, Nuevo LaredoMartín Serrano, Diario Tribuna, Veracruz
Pronunciamiento Nacional e Internacional
Caso Lidya Cacho.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concluido que no se demostró la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, en el que denuncia la existencia de redes de pederastia internacional y en la que aparecen involucrados gobernantes, funcionarios públicos y empresarios.
La máxima instancia del poder judicial rechazó señalar la responsabilidad que en las violaciones graves a los derechos humanos de la periodista, tuvieron el gobernador de Puebla, Mario Marín y otras autoridades de esa entidad, así como del estado de Quintana Roo, tal como había quedado establecido en el dictamen del Ministro Silva Meza.
Esta decisión es preocupante porque es una muestra de las condiciones de vulnerabilidad, que para el ejercicio de la libertad de expresión, existen hoy en México. En el marco del Seminario Internacional Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, frente a las conclusiones de la SCJN, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos:
•Que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones amplias para la libertad de expresión, que en el caso de Lydia Cacho han quedado vulneradas.
•Objetamos esta decisión ya que es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país. Existen suficientes elementos que demuestran el nivel de involucramiento que tuvieron funcionarios públicos de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo en las violaciones de los derechos de la periodista.
•Manifestamos nuestro rechazo por la decisión de la SCJN, que obstaculiza la procuración de justicia y crea un ámbito propicio para garantizar la impunidad.
Organizaciones firmantes:
Aleida Calleja, Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC),Brisa Maya Solis, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)Carlos Cortés, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)Darío Ramírez, Article XIXCarlos Lauría, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ),Jacinto Rodríguez Mungía, Fundación Prensa y Democracia (PRENDE)Lucía Lagunes, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)Francisco Ezequiel, Libertad de Información – México (LIMAC),José Buendía, Fundación Manuel BuendíaJosé Luis Garay, Bloque Nacional de Periodistas AAJulián Vázquez, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de PeriodismoErendira Cruzvillegas, Relatoría de Libertad de Expresión del DFDaniel Rosas, El Mañana, Nuevo LaredoMartín Serrano, Diario Tribuna, Veracruz
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