Durante la última semana los medios de comunicación dieron cuenta de los siguientes hechos: Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del diario de México fue asesinado en Camargo, Tamaulipas.
Carlos Huerta Muñoz, responsable de la sección de crimen del Diario Norte de Ciudad Juárez, huyó del país ante las amenazas de las que fue objeto.
Este mismo Diario anunció que limitará severamente la información que publica respecto al crimen organizado ante la falta de garantías de seguridad.
Bonifacio Cruz y Alfonso Cruz Cruz del periódico El Real murieron en medio de un ataque dirigido a una autoridad en Chimalhuacán. Cecilia Vargas, del periódico La Verdad del Sureste denunció que un grupo de personas allanaron su domicilio y horas más tarde recibió una serie de amenazas telefónicas.
El incremento sostenido en el número de casos de agresiones en contra de las y los periodistas que ha tenido lugar en México durante la última semana, aún no cuenta con una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Siendo que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 9 dice que "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada."
Los hechos ocurridos en la última semana sólo han merecido un preocupante silencio por parte de las autoridades.
Ello, refleja la ausencia y/o falta de voluntad política acorde con las obligaciones del Estado en casos de violaciones a los derechos humanos, así como el llano desinterés de las autoridades responsables de atender la situación.
La misma visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, se presentaba como una oportunidad inmejorable para llamar la atención al Estado mexicano sobre las amenazas que ciernen sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México.
Sin embargo, la decisión de la Sra. Arbour de no llamar a cuentas al Estado mexicano sobre la seguridad de las y los periodistas durante su visita al país, poco ha ayudado a los esfuerzos de protección y defensa de las libertades de expresión y prensa que han venido implementando un número importante de organizaciones de la sociedad civil en México.
ARTICLE 19 expresa su solidaridad con los familiares de Bonifacio Cruz, Alonso Cruz Cruz y Francisco Ortiz Monroy, sumándose así a la exigencia de que dichos casos sean investigados de manera efectiva.
ARTICLE 19 hace un llamado al Estado mexicano para que otorgue todas las garantías de seguridad a Cecilia Vargas para que continúe ejerciendo el periodismo sin temor a represalias. ARTICLE 19 reitera su llamado para que el Estado mexicano instrumente, de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, una política e4fectiva de prevención, investigación y castigo a todos los ataques en contra del derecho a la libertad de expresión.
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