El Nodo de Derechos Humanos condena agresiones a periodistas
Martin Hernández
El Nodo de Derechos Humanos condenó ayer la represión contra periodistas en la entidad a través de un comunicado; la organización no gubernamental aseveró que los ataques contra informadores “son agresiones en contra de los derechos de todos a expresarnos y a estar informados, y son una muestra de que en Puebla priva la impunidad y un violento afán por ocultar lo inocultable, un claro deterioro institucional y una creciente ingobernabilidad.
A través de un comunicado, el nodo aseveró que “en Puebla las agresiones a periodistas se han convertido en una constante. Desde el caso de la detención y agresión en contra de Lidya Cacho, hecho que hizo célebre al gobernador Mario Marín Torres, la impunidad y las agresiones contra periodistas son una marca distintiva de las autoridades en Puebla. El Centro de Periodismo y Ética Pública registró ocho agresiones por parte de autoridades gubernamentales en contra de medios y/o periodistas en 2008. Recientemente, es decir en los últimos dos meses, tenemos dos agresiones que muestran una creciente hostilidad en contra de los periodistas y de su trabajo.
“Primero, la agresión por parte de policías municipales contra Federico Vite, reportero de cultura del diario Intolerancia, y los escritores Miguel Ángel Andrade y Álvaro Solís el 14 de marzo. Los policías los golpearon brutalmente, los pisotearon y les robaron dinero y un teléfono celular.
“Segundo, la agresión por parte de policías judiciales y estatales contra José Castañares, de La Jornada de Oriente, y de Óscar Bolaños, de Síntesis, durante la represión contra habitantes de Santa María Milpa Alta, en Tlacotepec de Benito Juárez”.
En el primer caso la Comuna encabezada por Blanca Alcalá negó la existencia del número de patrulla de los agresores y las autoridades han sido particularmente torpes y lentas en las investigaciones.
En el caso de Santa María Milpa Alta, el gobierno del estado, encabezado por Mario Marín, lanzó una brutal e innecesaria represión en contra de los pobladores de esa localidad para “rescatar” a un ladrón de autos que la gente de esa comunidad había capturado y estaba dispuesta a entregar al Ministerio Público
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