Respaldan ONG defensoras de derechos humanos a fotógrafo agredido

El Nodo de Derechos Humanos (Nodho) y la Red de Defensa de los Derechos Humanos solicitaron acciones urgentes para demandar al secretario de Gobernación federal, José Francisco Blake Mora, y a la titular de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, Rocío Sánchez de la Vega Escalante, que se reparen los daños causados al fotoperiodista Ireneo Mújica, quien ayer cumplió su octavo día en huelga de hambre afuera de la estación migratoria de la dependencia.

El Nodho pidió a través de un correo electrónico que en las llamadas telefónicas, cartas o mensajes de internet que se envíen a los funcionarios se exija respeto a la integridad física y psicológica del informador, que se le devuelva el material y las pertenencias que le retiraron agentes del Instituto Nacional de Migración y se sancione a los responsables de su agresión.

También se debe exigir respeto a los derechos de los migrantes centroamericanos detenidos el día que Mújica fue agredido.

Asimismo, se debe exigir que se informe sobre la situación y paradero de los migrantes detenidos, “escribiendo vía fax o correo electrónico a la PGR en la ciudad de México, a su delegación en Puebla y al Juez Décimo de Distrito, exigiendo que sea respetado el derecho de Domingo Aguilar a un debido proceso y que cese al hostigamiento en contra de los integrantes del SME”.

Los interesados en apoyar la causa del fotoperiodista pueden enviar sus cartas al correo de José Francisco Blake Mora, con el domicilio Bucareli 99, primer piso, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, llamar a los teléfonos +52 (55) 5093 34 14 y 50 93 34 00, o escribir al correo electrónico secretario@segob.gob.mx.

La dirección oficial de Rocío Sánchez de la Vega Escalante es calle 20 Sur 1110, esquina avenida 13 Oriente, de la colonia Azcarate, Puebla, el teléfono es el 2 43 12 51 y el correo electrónico es rsdelavega@inam.gob.mx.

El responsable de la estación migratoria del estado de Puebla es Antonio Elizalde Trejo y la dirección a la que se le deben enviar las cartas es avenida Tecamachalco número 349, colonia Chapultepec, Puebla, Pue. o llamar a los teléfonos 1 44 70 36 y 1 44 70 35.

El Nodho solicita que una vez hechos los llamados los interesados envíen una copia a los correos electrónicos comunicacion@ nodho.org y a derechos.humanos @iberopuebla.edu.mx .

Mújica Arzate realiza huelga de hambre frente al Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla en respuesta por la agresión que recibió el sábado 17 de julio por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes lo golpearon por negarse a entregarles su equipo de filmación con el que documentaba un operativo en el que los migrantes eran detenidos y agredidos.

Roban equipo de trabajo de activista en Durango; "quizá quieren asustarme"

Roban equipo de trabajo de activista en Durango; "quizá quieren asustarme"

Gabriela Gallegos Ávila dijo señaló hace días, a raíz del asesinato del reportero Bladimir Antuna, que no había garantías para el libre ejercicio periodístico en la entidad.

Saúl Maldonado, corresponsal
Publicado: 06/11/2009 10:21



Durango, Dgo. Durante la madrugada de este viernes fue robado todo el equipo de trabajo de Gabriela Gallegos Ávila, vicepresidenta nacional de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), quien en días pasado señaló que no había garantías para el libre ejercicio periodístico en Durango.

“Qué casualidad”, comentó Gallegos Ávila, quien detalló que sólo sustrajeron de su domicilio equipo de trabajo, dos computadoras laptop, dos cámaras fotográficas profesionales -una de ellas recién comprada-, varias memorias USB, su teléfono celular y agendas de trabajo. “Había a un lado de los instrumentos que me robaron otras cosas de valor y ahí las dejaron”, señaló.

Gabriela señaló el pasado martes, a raíz del asesinato del reportero Bladimir Antuna, que en Durango no había garantías para quienes trabajan en los medios de comunicación.

También denunció que había presiones gubernamentales hacia directores de medios para terminar con sus barras de programas de análisis político. Cuarenta y ocho horas después, entran a su casa y le roban sólo su equipo de trabajo. "A lo mejor me quieren asustar, no lo sé", señaló.

En México han sido asesinados 45 periodistas de 2000 a 2008

En México han sido asesinados 45 periodistas de 2000 a 2008

Porque la libertad de expresión es un derecho humano y la información un derecho socialAsiste a la concentración den el Monumento Francisco Zarco, Ciudad de México, el 10 de diciembre a las 10.Convocan: Periodistas independientes y trabajadores de los medios de comunicación por la libertad de expresión (Sindicato Independiente de trabajadores de La Jornada, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, revista Contralínea, Sindicato de Trabajadores de El Sol de Puebla, Sindicato de Radiuo Educacción sección DNIII-57, Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, CIMAC y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias)

Pronunciamiento: Exigimos esclarecimiento del asesinato del periodista Armando Rodríguez

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Difusión Cencos México D.F., 14 de noviembre de 2008

Pronunciamiento
Organizaciones Civiles y Sociales

La mañana del 13 de Noviembre de 2008 fue asesinado el reportero de la fuente policiaca de El Diario Armando Rodriguez en Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua (norte).

A principios de este año el reportero de El Diario, con otros siete periodistas que cubrían la misma fuente, fueron amenazados de muerte. Por este motivo Armando Rodríguez tuvo que abandonar su empleo temporalmente para trasladarse a vivir a El Paso, Texas, Estados Unidos, para posteriormente regresar y cubrir de nueva cuenta la fuente policíaca.

El asesinato de un periodista, motivado por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura, lo que no sólo coarta el derecho a libre expresión de la víctima sino también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse. Por ello, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los autores, así como "asegurar una adecuada reparación a las víctimas". [1] La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentenciado que: "dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares"[2]. Esto hace referencia a que no importa quiénes sean los perpetradores –crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera o dentro de la ley- el responsable por guardar la integridad y seguridad de los y las periodistas es el Estado.

El actual contexto de inseguridad que afecta al país no justifica las agresiones de las que son víctimas las y los periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional. El libre flujo de ideas así como el derecho de la colectividad a contar con información clara, veraz y oportuna constituye una condición indispensable para garantizar la seguridad de todas las personas.

Es necesario resolver los casos anteriores de asesinatos y desapariciones de comunicadores, de los que las autoridades no han dictado sentencia o consignado a los responsables. Es indispensable para garantizar el estado de derecho democrático que el Estado mexicano, a través de sus distintas instancias de procuración de justicia actúe para poner fin a esta situación donde impera la impunidad e inicie acciones inmediatas para prevenir las agresiones a periodistas.

Pedimos a la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) que ejerció la facultad de atracción del asesinato de Armando Rodríguez, realice todas las investigaciones necesarias para que se consigne a los responsables y se dicte sentencia.

Exhortamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos que actualmente se involucró en el proceso, dé cabalidad al cumplimiento de la protección y promoción de los derechos humanos en especial de la libertad de expresión.

Expresamos nuestra solidaridad con las y los familiares de Armando Rodríguez, así como con sus colegas y nos sumamos a la enérgica exigencia que se ha manifestado tanto a nivel nacional como internacional, para que el Estado mexicano investigue de manera efectiva los hechos para castigar a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con el gremio periodístico y con la sociedad en general por el clima de inseguridad en el ejercicio de la libertad de expresión que se vive actualmente en México.

Organizaciones que suscriben:

ARTICLE19, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Fundación Manuel Buendía (FMB), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Premio Nacional de Periodismo (PNP), Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Revista Contralínea, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor), Sindicato de Trabajadores del Sol de Puebla.
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[1] [1] Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. De igual modo, el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec refuerza este mismo punto.

[2] Cfr. Caso de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo; Caso Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo; Caso Bácama Velásquez. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo; y Caso Eloisa Barrios y otros. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Preocupante estado de inseguridad de periodistas en México

Preocupante estado de inseguridad de periodistas en México

México D.F., 20 de noviembre de 2008 (Cencos).- El derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país presenta focos rojos en 2008. El periodismo en México, de norte a sur del territorio, se ha convertido en una labor de alto riesgo.
Las y los comunicadores enfrentan cada día con mayor frecuencia amenazas, agresiones, asesinatos y desapariciones ante la falta de garantías de seguridad por parte del Estado para ejercer la labor de informar a la sociedad, requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Lo anterior pone de manifiesto la vulnerabilidad con la que laboran las y los periodistas y la ausencia de una política de previsión y seguridad por parte de las empresas de comunicación ante los riesgos que asumen comunicadores y comunicadores al cubrir temas de interés nacional.
Autoridades municipales, estatales y federales, elementos del Ejército mexicano, agentes policiales así como el crimen organizado son los principales agresores de periodistas, que responden de forma violenta al ver afectados sus intereses.
El Estado así como las empresas de comunicación fallan al dejar desprotegidos a los periodistas. Uno de los casos que ejemplifican claramente lo anterior es el asesinato del reportero Armando Rodríguez de El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua.
A principios de este año Armando Rodríguez y otros siete periodistas que cubrían la fuente policiaca fueron amenazados de muerte, lo que obligó al reportero de El Diario a abandonar su empleo temporalmente en un autoexilio en El Paso, Texas, Estados Unidos. Al regresar a su lugar de residencia y trabajo fue acribillado.
México, al ratificar tratados internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José, entre otros, en los que se estipula que la libertad de prensa es un derecho humano inalienable e inherente a todas las personas, está obligado a vigilar y defender este derecho.
El asesinato de un periodista motivado por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura, lo que no sólo coarta el derecho a libre expresión de la víctima sino también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse, como lo establece el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. De igual modo, el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec refuerza este mismo punto.
Por ello, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los autores, así como "asegurar una adecuada reparación a las víctimas”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentenciado que: "dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares". Esto hace referencia a que no importa quiénes sean los perpetradores –crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera o dentro de la ley- el responsable por guardar la integridad y seguridad de los y las periodistas es el Estado.
El actual contexto de inseguridad que azota a nuestro país y en el que uno de los sectores más afectados es el periodístico, no justifica las agresiones de las que están siendo víctimas las y los comunicadores a lo largo y ancho del territorio.
El grado de intimidación de los poderes fácticos contra la libertad de expresión queda de manifiesto cuando se encontró en la Plaza del Periodista en Ciudad Juárez, Chihuahua, una cabeza humana cercenada cubierta en una bolsa plástica negra, como lo reportaron medios locales.
Ante tal situación, es urgente que las autoridades investiguen y resuelvan los casos anteriores de asesinatos y desapariciones de comunicadores y comunicadoras que siguen sin sentencia o consignación del o los responsables, para cumplir con el derecho a un efectivo acceso a la justicia al que tienen derecho las víctimas y sus familiares.
Es indispensable para garantizar el estado de derecho democrático que el Estado mexicano actúe para poner fin a esta situación donde impera la impunidad que genera más agresiones contra las y los periodistas.
Asimismo, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil que vigilan y promueven la libertad de expresión en nuestro país continúen con la labor de registrar y denunciar las agresiones y demandar al Estado cumpla con su mandato constitucional de velar por la seguridad de las y los periodistas, así como hacer eficientes las instancias gubernamentales encargadas de vigilar el cumplimiento de este derecho fundamental.
De igual forma se hace urgente un esfuerzo de empresarios dueños de medios de comunicación, directivos y editores mediante el cual se brinden mecanismos de protección y seguridad a la integridad física de las y los periodistas, ya que las agresiones no solo afectan a las personas y a las empresas, sino a la sociedad en su conjunto.
Centro Nacional de Comunicación Social