Jorge Castillo/ A más de un mes de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación de procesar a los policías judiciales que detuvieron a Lydia Cacho por abuso de autoridad por violar sus derechos, autoridades poblanas niegan haberla recibido oficialmente, por lo que no han procedido.
Inclusive los elementos José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, han sido removidos y adscritos a otras jurisdicciones, uno de ellos como escolta del subsecretario de seguridad pública estatal, Armando Toxqui Quintero.
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martes, 14 de abril de 2009
miércoles, 2 de abril de 2008
"Desaparecen" espectaculares de la presentación del libro de Lydia Cacho
La editorial Random Mondadori desplegó un espectacular en la 19 poniente y 11 Sur. El espectacular fue retirado. Horas después apareció un inocuo anuncio de Expo Bebe.
La ONG Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) denunció que tres medios digitales que se publican en el estado de Puebla han sido bloqueados en cualquier computadora conectada en dependencias del gobierno del estado. A
demás, desde hace meses se les han negado contratos de publicidad por su línea crítica.
Carlos Roberto Ríos y Juan Pablo Proal Mantilla, director y reportero, respectivamente, del diario digital "e-consulta", ganador del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2007 como mejor sitio informativo, confirmaron al CEPET que las páginas de su sitio en Internet han sido bloqueadas en las computadoras oficiales de Puebla.
Esta acción, dijeron, es un boicot en contra del medio. También fue bloqueado el acceso a las páginas web de los periódicos "Quinta Columna" y "Status", indicaron. Proal Mantilla aseguró a Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión que este bloqueo es una forma de represalia por la cobertura crítica que estos medios han dado a la administración del gobernador Mario Marín Torres, a lo que se suma un boicot publicitario que estos mismos medios han padecido desde hace dos meses, cuando se vinculó al gobernador poblano con el empresario Kamel Nacif, involucrado con una banda de pederastas. En 2005 se difundieron supuestas conversaciones telefónicas entre Marín Torres y Nacif, en las cuales presuntamente acordaron encarcelar a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, autora del libro "Los Demonios del Edén", que involucra a políticos y empresarios en el tráfico y prostitución de menores, entre ellos a Nacif. Proal Mantilla dijo que entrevistó a funcionarios de diversas dependencias y éstos le confirmaron que desde hace días no pueden consultar estos sitios de Internet desde sus computadoras en las oficinas y que sólo los mandos superiores del gobierno estatal pueden hacerlo.
Rueda de Prensa en Profética presentación Libro de Lydia Cacho
Estimados Amigos de los Medios de Comunicación
Nos dirigimos a ustedes con el fin de hacerles una cordial invitación, para que asista a los eventos donde estarán presentes las periodistas Lydia Cacho y Carmen Aristegui, así como personalidades del ámbito universitario e intelectual, el próximo sábado 5 de abril en la ciudad de Puebla, bajo la siguiente agenda:
1) Rueda de prensa ofrecida por el Comité Organizador previa a la presentación del libro Memorias de una infamia, publicado por la editorial Random House Mondadori; el día 3 de abril a las 12 horas en la Librería Profética (3 sur 701 Centro).
2) Rueda de prensa, el 5 de abril 11 de la mañana en la Librería Profética, ofrecida por Lydia Cacho Ribeiro.
3) Presentación del libro Memorias de una infamia, 12 horas en el Zócalo de la ciudad de Puebla.
En espera de su participación, siempre importante para la información a la sociedad poblana, nos repetimos de usted.
H. Puebla de Z. a 1 de abril de 2008
ATENTAMENTE
Dr. Armando Domínguez Márquez
Nos dirigimos a ustedes con el fin de hacerles una cordial invitación, para que asista a los eventos donde estarán presentes las periodistas Lydia Cacho y Carmen Aristegui, así como personalidades del ámbito universitario e intelectual, el próximo sábado 5 de abril en la ciudad de Puebla, bajo la siguiente agenda:
1) Rueda de prensa ofrecida por el Comité Organizador previa a la presentación del libro Memorias de una infamia, publicado por la editorial Random House Mondadori; el día 3 de abril a las 12 horas en la Librería Profética (3 sur 701 Centro).
2) Rueda de prensa, el 5 de abril 11 de la mañana en la Librería Profética, ofrecida por Lydia Cacho Ribeiro.
3) Presentación del libro Memorias de una infamia, 12 horas en el Zócalo de la ciudad de Puebla.
En espera de su participación, siempre importante para la información a la sociedad poblana, nos repetimos de usted.
H. Puebla de Z. a 1 de abril de 2008
ATENTAMENTE
Dr. Armando Domínguez Márquez
martes, 1 de abril de 2008
Memorias de una infamia
Memorias de una infamia
Presentan:
Lydia Cacho
Carmen Aristegui
Maru Sánchez Díaz de Rivera
Lorenzo Córdova
Julio Glockner
Sábado 5 de abril a las 12 del día en el zócalo de Puebla
Amigos y amigas:
El gobierno del Estado ha girado instrucciones a los directores de medios informativos para evitar que se difunda la presentación del libro de Lydia Cacho: Memorias de una infamia. Así mismo fue retirado un espectacular que la Editorial Random House Mondadori contrató para anunciar el evento.
En consecuencia, es muy importante que difundamos la presentación por Internet a todos nuestros conocidos para evitar que estos tipos logren silenciar un libro tan relevante en el que se relata el secuestro de Lydia en Cancún y su traslado y encarcelamiento en Puebla. Por favor, es urgente que difundas este mensaje y nos vemos en la presentación:
Presentan:
Lydia Cacho
Carmen Aristegui
Maru Sánchez Díaz de Rivera
Lorenzo Córdova
Julio Glockner
Sábado 5 de abril a las 12 del día en el zócalo de Puebla
Amigos y amigas:
El gobierno del Estado ha girado instrucciones a los directores de medios informativos para evitar que se difunda la presentación del libro de Lydia Cacho: Memorias de una infamia. Así mismo fue retirado un espectacular que la Editorial Random House Mondadori contrató para anunciar el evento.
En consecuencia, es muy importante que difundamos la presentación por Internet a todos nuestros conocidos para evitar que estos tipos logren silenciar un libro tan relevante en el que se relata el secuestro de Lydia en Cancún y su traslado y encarcelamiento en Puebla. Por favor, es urgente que difundas este mensaje y nos vemos en la presentación:
lunes, 14 de enero de 2008
Alerta-LE: Agreden a dos reporteros del periódico Cambio de Puebla; en aumento, hostigamiento a comunicadores en el estado
México D.F., 10 de enero de 2008 (Cencos).- El reportero Efraín Núñez Calderón y el reportero gráfico Ulises Ruiz Basurto del periódico Cambio del estado de Puebla fueron golpeados el 9 de enero cuando realizaban un reportaje acerca de las irregularidades en la construcción y atraso en la entrega del Hospital General Zona Norte, en la capital del estado.
Los agresores, al menos seis, fueron identificados por los periodistas como personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) del estado, y guardaespaldas del empresario de la construcción Óscar García, dueño de Construcciones Mova y Diseños Arquitectónicos e Ingeniería de Puebla, señalado como el más favorecido en lo que va de la administración del gobernador Mario Marín Torres. Cabe recordar que Marín Torres es el gobernador vinculado con Camel Nacif en una red de pederastia, según lo denuncia la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén.
En entrevista telefónica, Núñez Calderón confirmó que ambos reporteros presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del estado por los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones y amenazas contra el constructor Óscar García, el policía auxiliar José Fernando Ahesa González, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas (Seduop) así como el titular de la dependencia Javier García Ramírez, que consta en la averiguación previa número 5/2008/DMS-VI.
Efraín Núñez Calderón y Ulises Ruiz Basurto acudieron el pasado 9 de enero a la zona donde se construye el mencionado hospital para recabar información para un reportaje de seguimiento sobre las irregularidades que presenta su construcción, cuando descendió de su auto el empresario constructor Óscar García, que al ser cuestionado al respecto se negó a hablar con los reporteros de Cambio.
El empresario de la construcción ordenó a sus escoltas “abrirle paso” para evitar que los reporteros se le acercaran; posteriormente los escoltas y otras personas salieron a someter a los dos comunicadores.
El grupo de agresores privó de la libertad a los informadores durante 15 minutos, tiempo en que los amenazó verbalmente y los golpeó. A Ruiz Basurto le quitaron por la fuerza su cámara fotográfica digital y sustrajeron la memoria que contenía imágenes y dañaron el equipo para que no tomara más imágenes. En tanto que a Efraín Núñez le arrebataron su teléfono portátil y su grabadora.
En su declaración ministerial, los agredidos indican que el policía auxiliar José Fernando Ahesa, participó en la agresión cuando ayudó a los escoltas del empresario García Ramírez a quitarle su cámara fotográfica al reportero gráfico Ruiz Basurto.
Núñez Calderón afirma que en la entidad existe un clima difícil para ejercer el periodismo libre a partir del escándalo en el que se vio involucrado gobernador del estado, Mario Marín Torres, y precisa que es a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorable a Marín Torres, que se ha incrementado el hostigamiento contra la prensa crítica de Puebla. Demanda a las autoridades que se den garantías para ejercer su trabajo sin represión.
Ante la agresión y amenazas que ha recibido por su desempeño profesional, Núñez Calderón manifestó que siente temor por su integridad física y la de su familia así como incertidumbre ante lo que pueda suceder. “Tengo temor de publicar”, sostiene.
El Centro Nacional de Comunicación Social condena la violación al derecho fundamental a la libertad de expresión a la que fueron víctimas los periodistas de Puebla y que se de seguimiento a la averiguación previa presentada, para que las autoridades ejerzan la acción penal correspondiente contra los responsables.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
Los agresores, al menos seis, fueron identificados por los periodistas como personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) del estado, y guardaespaldas del empresario de la construcción Óscar García, dueño de Construcciones Mova y Diseños Arquitectónicos e Ingeniería de Puebla, señalado como el más favorecido en lo que va de la administración del gobernador Mario Marín Torres. Cabe recordar que Marín Torres es el gobernador vinculado con Camel Nacif en una red de pederastia, según lo denuncia la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén.
En entrevista telefónica, Núñez Calderón confirmó que ambos reporteros presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del estado por los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones y amenazas contra el constructor Óscar García, el policía auxiliar José Fernando Ahesa González, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas (Seduop) así como el titular de la dependencia Javier García Ramírez, que consta en la averiguación previa número 5/2008/DMS-VI.
Efraín Núñez Calderón y Ulises Ruiz Basurto acudieron el pasado 9 de enero a la zona donde se construye el mencionado hospital para recabar información para un reportaje de seguimiento sobre las irregularidades que presenta su construcción, cuando descendió de su auto el empresario constructor Óscar García, que al ser cuestionado al respecto se negó a hablar con los reporteros de Cambio.
El empresario de la construcción ordenó a sus escoltas “abrirle paso” para evitar que los reporteros se le acercaran; posteriormente los escoltas y otras personas salieron a someter a los dos comunicadores.
El grupo de agresores privó de la libertad a los informadores durante 15 minutos, tiempo en que los amenazó verbalmente y los golpeó. A Ruiz Basurto le quitaron por la fuerza su cámara fotográfica digital y sustrajeron la memoria que contenía imágenes y dañaron el equipo para que no tomara más imágenes. En tanto que a Efraín Núñez le arrebataron su teléfono portátil y su grabadora.
En su declaración ministerial, los agredidos indican que el policía auxiliar José Fernando Ahesa, participó en la agresión cuando ayudó a los escoltas del empresario García Ramírez a quitarle su cámara fotográfica al reportero gráfico Ruiz Basurto.
Núñez Calderón afirma que en la entidad existe un clima difícil para ejercer el periodismo libre a partir del escándalo en el que se vio involucrado gobernador del estado, Mario Marín Torres, y precisa que es a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorable a Marín Torres, que se ha incrementado el hostigamiento contra la prensa crítica de Puebla. Demanda a las autoridades que se den garantías para ejercer su trabajo sin represión.
Ante la agresión y amenazas que ha recibido por su desempeño profesional, Núñez Calderón manifestó que siente temor por su integridad física y la de su familia así como incertidumbre ante lo que pueda suceder. “Tengo temor de publicar”, sostiene.
El Centro Nacional de Comunicación Social condena la violación al derecho fundamental a la libertad de expresión a la que fueron víctimas los periodistas de Puebla y que se de seguimiento a la averiguación previa presentada, para que las autoridades ejerzan la acción penal correspondiente contra los responsables.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
domingo, 6 de enero de 2008
Censuran a Aristegui grupo Prisa
La cancelación de su noticiario en la W es una verdadera censura, dice el ex senador
Pesaron más grupos fácticos y poder del dinero en el caso Aristegui: Corral
Los españoles resultaron “tan miserables” como el peor de los empresarios mexicanos
Emir Olivares Alonso
La cancelación del noticiario de Carmen Aristegui en W Radio es una verdadera censura que restringe de manera ilegítima la libertad de expresión, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado.
En entrevista, el ex senador –quien impulsó la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa– señaló que el informativo de la periodista era un referente en el que se analizaban hechos y temas ignorados por otros espacios, por lo que los grupos fácticos y el poder del dinero pesaron más que el respeto al auditorio y a la libertad de expresión.
“Los españoles (de Grupo Prisa) resultaron tan miserables y cobardes como el peor de los empresarios mexicanos, y sacrificaron a Aristegui porque con su contenido editorial incomodaba al poder fáctico. Eso confirma el carácter autoritario de la estructura mediática en el país y el mundo, a la que no le interesan ni los comunicadores ni sus auditorios”.
La negativa de Prisa y Televisa a renovar el contrato a la conductora para que continuara su informativo por las frecuencias de Radiópolis es muestra clara de que se trata de silenciar una voz con gran incidencia en la opinión pública; porque toda cancelación o limitación de un espacio de información plural es una restricción ilegítima a la libertad de expresión, advirtió el ex senador.
Consideró que ambas empresas pusieron su alianza e intereses comerciales y de negocios por encima de su audiencia y de valores como la libertad de expresión. “Prisa decepciona con esa decisión”.
Subrayó que la “incompatibilidad” que argumentaron los directivos de la radiodifusora entre sus criterios editoriales y los de la periodista “es el modelo mediático que ha impuesto el poder del dinero en los medios electrónicos”. Por ello–dijo–, la pérdida de ese espacio informativo es lamentable. Asimismo, exhortó a la conductora a hacer públicos los cambios que la empresa la pedía, “porque ahí está el meollo”.
“No se trata de cualquier medio informativo, sino de uno que se caracterizó por la pluralidad, por garantizar el derecho de réplica, que siempre buscó el equilibrio y dar voz a los que no la tienen en otros espacios. A Aristegui le están cobrando haber dado espacio a quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa; haber difundido la reforma electoral, que quitó el negocio multimillonario a la televisión sobre los partidos; la presencia de los coordinadores parlamentarios en su programa para explicar los contenidos de estas modificaciones para combatir la embustera operación antirreforma operada por el duopolio televisivo; le están cobrando un espíritu crítico y su actitud libertaria”.
El presidente de la Amedi aseveró que la concentración de muchos medios en pocas manos es lo que genera el preocupante avance de los intereses de los poderes fácticos en el sector, lo cual “es una barrera” para el avance de la democracia en el país.
Agregó que esta problemática puede contrarrestarse mediante una reforma que amplíe la oferta de medios y dé oportunidad a los periodistas de ser dueños de empresas de comunicación. “La cancelación del programa de Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna en la materia, en la que exista un nuevo sistema de asignación de frecuencias, criterios y límites a la propiedad cruzada, donde se fortalezca el sistema de medios para que haya posibilidad de contar con ellos”, insistió.
Pesaron más grupos fácticos y poder del dinero en el caso Aristegui: Corral
Los españoles resultaron “tan miserables” como el peor de los empresarios mexicanos
Emir Olivares Alonso
La cancelación del noticiario de Carmen Aristegui en W Radio es una verdadera censura que restringe de manera ilegítima la libertad de expresión, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado.
En entrevista, el ex senador –quien impulsó la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa– señaló que el informativo de la periodista era un referente en el que se analizaban hechos y temas ignorados por otros espacios, por lo que los grupos fácticos y el poder del dinero pesaron más que el respeto al auditorio y a la libertad de expresión.
“Los españoles (de Grupo Prisa) resultaron tan miserables y cobardes como el peor de los empresarios mexicanos, y sacrificaron a Aristegui porque con su contenido editorial incomodaba al poder fáctico. Eso confirma el carácter autoritario de la estructura mediática en el país y el mundo, a la que no le interesan ni los comunicadores ni sus auditorios”.
La negativa de Prisa y Televisa a renovar el contrato a la conductora para que continuara su informativo por las frecuencias de Radiópolis es muestra clara de que se trata de silenciar una voz con gran incidencia en la opinión pública; porque toda cancelación o limitación de un espacio de información plural es una restricción ilegítima a la libertad de expresión, advirtió el ex senador.
Consideró que ambas empresas pusieron su alianza e intereses comerciales y de negocios por encima de su audiencia y de valores como la libertad de expresión. “Prisa decepciona con esa decisión”.
Subrayó que la “incompatibilidad” que argumentaron los directivos de la radiodifusora entre sus criterios editoriales y los de la periodista “es el modelo mediático que ha impuesto el poder del dinero en los medios electrónicos”. Por ello–dijo–, la pérdida de ese espacio informativo es lamentable. Asimismo, exhortó a la conductora a hacer públicos los cambios que la empresa la pedía, “porque ahí está el meollo”.
“No se trata de cualquier medio informativo, sino de uno que se caracterizó por la pluralidad, por garantizar el derecho de réplica, que siempre buscó el equilibrio y dar voz a los que no la tienen en otros espacios. A Aristegui le están cobrando haber dado espacio a quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa; haber difundido la reforma electoral, que quitó el negocio multimillonario a la televisión sobre los partidos; la presencia de los coordinadores parlamentarios en su programa para explicar los contenidos de estas modificaciones para combatir la embustera operación antirreforma operada por el duopolio televisivo; le están cobrando un espíritu crítico y su actitud libertaria”.
El presidente de la Amedi aseveró que la concentración de muchos medios en pocas manos es lo que genera el preocupante avance de los intereses de los poderes fácticos en el sector, lo cual “es una barrera” para el avance de la democracia en el país.
Agregó que esta problemática puede contrarrestarse mediante una reforma que amplíe la oferta de medios y dé oportunidad a los periodistas de ser dueños de empresas de comunicación. “La cancelación del programa de Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna en la materia, en la que exista un nuevo sistema de asignación de frecuencias, criterios y límites a la propiedad cruzada, donde se fortalezca el sistema de medios para que haya posibilidad de contar con ellos”, insistió.
miércoles, 12 de diciembre de 2007
Comunicadores suscriben declaratoria en defensa del oficio periodístico
Comunicadores suscriben declaratoria en defensa del oficio periodístico
Carolina Gómez Mena
Al pronunciamiento se han adherido al menos 600 profesionales de medios nacionales y extranjeros, que denuncian la impunidad en el caso Lydia Cacho.
México, DF. Periodistas de diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, ello derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro.
En el escrito, que cuenta, hasta ahora, con la adhesión de más de 600 de estos profesionales, se fustiga la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 29 de noviembre y se advierte que ésta no implica que el proceso penal no deba seguir su curso.
Hasta este miércoles habían firmado este documento periodistas de 28 estados y de ocho países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Entre los firmantes están la periodista Cristina Pacheco y adherentes tales como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoki y Carmen Jiménez Cacho, así como el profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, Sergio Fernández.
En la declaración se destaca que con dicha determinación “desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y al mismo tiempo se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”.
También se precisa que es “urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución para superar las fallas que evidenció el caso” y se demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Marín”.
De igual forma los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente del caso Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), se señale al menos a los funcionarios que participaron en las que la Corte denomina ‘violaciones leves’ y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”.
Asimismo, consideran que "en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en el Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”.
Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, a pocas horas de que la SCJN determinara que no hubo violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro, por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” respecto a que no se firmara. No obstante “109” periodistas de esa entidad lo signaron. Pero también lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Carolina Gómez Mena
Al pronunciamiento se han adherido al menos 600 profesionales de medios nacionales y extranjeros, que denuncian la impunidad en el caso Lydia Cacho.
México, DF. Periodistas de diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, ello derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro.
En el escrito, que cuenta, hasta ahora, con la adhesión de más de 600 de estos profesionales, se fustiga la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 29 de noviembre y se advierte que ésta no implica que el proceso penal no deba seguir su curso.
Hasta este miércoles habían firmado este documento periodistas de 28 estados y de ocho países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Entre los firmantes están la periodista Cristina Pacheco y adherentes tales como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoki y Carmen Jiménez Cacho, así como el profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, Sergio Fernández.
En la declaración se destaca que con dicha determinación “desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y al mismo tiempo se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”.
También se precisa que es “urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución para superar las fallas que evidenció el caso” y se demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Marín”.
De igual forma los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente del caso Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), se señale al menos a los funcionarios que participaron en las que la Corte denomina ‘violaciones leves’ y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”.
Asimismo, consideran que "en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en el Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”.
Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, a pocas horas de que la SCJN determinara que no hubo violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro, por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” respecto a que no se firmara. No obstante “109” periodistas de esa entidad lo signaron. Pero también lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
martes, 11 de diciembre de 2007
Rueda de prensa club de periodistas caso Marín-Cacho
INVITACIÓN A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
La Red colectivo de mujeres por la democracia, invita a la siguiente rueda de prensa para mañana sobre la resolución de la Corte en el caso de las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte del gobierno de Puebla:
Reciban desde esta ciudad un afectuoso saludo por parte de nuestra organización y la invitación para que el próximo miércoles 12 de Diciembre a las 12:00 hrs. nos acompañen a la rueda de prensa que se llevara a cabo en el club de periodistas ubicado en Filomeno Mata No. 8 en la ciudad de México, y en el que daremos a conocer lo que esta sucediendo en la ciudad de Puebla a partir de la decisión de la Corte así como las acciones que debemos emprender a fin de evitar seguir siendo pisoteadas en nuestra dignidad como hasta ahora.
Contaremos con la presencia de la Senadora Rosario Ibarra de Piedra.
La Red colectivo de mujeres por la democracia, invita a la siguiente rueda de prensa para mañana sobre la resolución de la Corte en el caso de las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte del gobierno de Puebla:
Reciban desde esta ciudad un afectuoso saludo por parte de nuestra organización y la invitación para que el próximo miércoles 12 de Diciembre a las 12:00 hrs. nos acompañen a la rueda de prensa que se llevara a cabo en el club de periodistas ubicado en Filomeno Mata No. 8 en la ciudad de México, y en el que daremos a conocer lo que esta sucediendo en la ciudad de Puebla a partir de la decisión de la Corte así como las acciones que debemos emprender a fin de evitar seguir siendo pisoteadas en nuestra dignidad como hasta ahora.
Contaremos con la presencia de la Senadora Rosario Ibarra de Piedra.
lunes, 10 de diciembre de 2007
Cuestiona la ONU fallo de Corte sobre Lydia Cacho
La Crónica de Hoy
Por: Israel Yáñez G. | Nacional Lunes 10 de Diciembre de 2007
Américo Incalcaterra, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, consideró que la Suprema Corte de la Nación debió enviar un mensaje para la construcción de un Estado democrático en la defensa de los derechos de las víctimas de abusos, esto ante la resolución sobre el caso de la periodista Lydia Cacho.
El representante de la ONU en México para el respeto de los Derechos Humanos precisó que sólo se trató de una “resolución” y no de una “sentencia” la que emitió la SCJN, por lo que puede reconsiderar su postura ante las posibles violaciones a las garantías de la escritora y en consecuencia a las víctimas de presunto abuso sexual.
“Es una resolución, no una sentencia… nosotros pensamos que se podía haber hecho más, se podía haber dado un mensaje, era una oportunidad, para dar un mensaje de un Estado democrático en defensa de muchos derechos, precisamente de la defensa de los derechos de víctimas menores”, precisó el especialista.
Dijo que durante el estudio de la Corte sobre el caso se pudieron haber abordado temas como pornografía, abuso sexual en contra de niños, explotación comercial sexual infantil, fenómenos de los cuales los menores deben ser protegidos.
“La Corte podría haber solicitado que se investiguen más esos temas, porque son vigentes, el tema de la tortura, la independencia de los poderes para poder investigar. Pensamos que hubiera sido un mensaje importante que el Máximo Tribunal… tenían la oportunidad de poderse expresar libremente sin ninguna limitación para ello”.
Consideró que las diferentes instituciones encargadas de la impartición de justicia de los estados de Quintana Roo, Puebla, así como a nivel federal, deben definir si hubo violaciones a las garantías de las víctimas.
Además que depende de los asesores de Lydia Cacho si solicitan apoyo a las organismos internacionales, por lo cual, el órgano a su cargo está abierto a brindar cualquier tipo de asesoría a la mujer, aunque reconoció que no pueden intervenir directamente en el caso, ya que se trata de un proceso judicial, en el que ellos no tienen injerencia.
Dijo que la ONU, a través de sus diversos organismos en nuestro país, le da seguimiento a distintas situaciones vinculadas con el abuso a menores, que es un tema de actualidad que preocupa en el mundo.
Por: Israel Yáñez G. | Nacional Lunes 10 de Diciembre de 2007
Américo Incalcaterra, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, consideró que la Suprema Corte de la Nación debió enviar un mensaje para la construcción de un Estado democrático en la defensa de los derechos de las víctimas de abusos, esto ante la resolución sobre el caso de la periodista Lydia Cacho.
El representante de la ONU en México para el respeto de los Derechos Humanos precisó que sólo se trató de una “resolución” y no de una “sentencia” la que emitió la SCJN, por lo que puede reconsiderar su postura ante las posibles violaciones a las garantías de la escritora y en consecuencia a las víctimas de presunto abuso sexual.
“Es una resolución, no una sentencia… nosotros pensamos que se podía haber hecho más, se podía haber dado un mensaje, era una oportunidad, para dar un mensaje de un Estado democrático en defensa de muchos derechos, precisamente de la defensa de los derechos de víctimas menores”, precisó el especialista.
Dijo que durante el estudio de la Corte sobre el caso se pudieron haber abordado temas como pornografía, abuso sexual en contra de niños, explotación comercial sexual infantil, fenómenos de los cuales los menores deben ser protegidos.
“La Corte podría haber solicitado que se investiguen más esos temas, porque son vigentes, el tema de la tortura, la independencia de los poderes para poder investigar. Pensamos que hubiera sido un mensaje importante que el Máximo Tribunal… tenían la oportunidad de poderse expresar libremente sin ninguna limitación para ello”.
Consideró que las diferentes instituciones encargadas de la impartición de justicia de los estados de Quintana Roo, Puebla, así como a nivel federal, deben definir si hubo violaciones a las garantías de las víctimas.
Además que depende de los asesores de Lydia Cacho si solicitan apoyo a las organismos internacionales, por lo cual, el órgano a su cargo está abierto a brindar cualquier tipo de asesoría a la mujer, aunque reconoció que no pueden intervenir directamente en el caso, ya que se trata de un proceso judicial, en el que ellos no tienen injerencia.
Dijo que la ONU, a través de sus diversos organismos en nuestro país, le da seguimiento a distintas situaciones vinculadas con el abuso a menores, que es un tema de actualidad que preocupa en el mundo.
Daña decisión Caso Marín-Cacho imagen de la Corte
Desaprueban fallo en caso Lidya Cacho
Ulises Beltrán Y Alejandro Cruz
Periódico Excelsiór
Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
La Suprema Corte no se ha caracterizado, en tiempos recientes, por generar mucha confianza (regular o poca confianza, 64%) y alcanzó su peor momento durante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando la mala opinión sobre el máximo tribunal de justicia del país llegó a predominar.
Su decisión en el caso Cacho, sin embargo, no empeoró significativamente su credibilidad. La percepción de legalidad en el desempeño de la SCJN se ve algo perjudicada, pero todavía es mayoritaria: 52% cree que sí actúa apegada a la ley (siete puntos menos que en junio). Sólo en el renglón de independencia, la imagen de actuación bajo presión de políticos y grupos de interés va en paulatino ascenso (ha pasado de 45% en enero a 53% ahora).
www.bgc.com.mx
Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
Ulises Beltrán Y Alejandro Cruz
Periódico Excelsiór
Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
La Suprema Corte no se ha caracterizado, en tiempos recientes, por generar mucha confianza (regular o poca confianza, 64%) y alcanzó su peor momento durante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando la mala opinión sobre el máximo tribunal de justicia del país llegó a predominar.
Su decisión en el caso Cacho, sin embargo, no empeoró significativamente su credibilidad. La percepción de legalidad en el desempeño de la SCJN se ve algo perjudicada, pero todavía es mayoritaria: 52% cree que sí actúa apegada a la ley (siete puntos menos que en junio). Sólo en el renglón de independencia, la imagen de actuación bajo presión de políticos y grupos de interés va en paulatino ascenso (ha pasado de 45% en enero a 53% ahora).
www.bgc.com.mx
Encuesta revela que la resolución de la Corte disgustó a la opinión pública y dañó la imagen de la institución
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lidya Cacho contra Mario Marín disgustó a la opinión pública.
La resolución, donde la Corte rechaza que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya cometido violación grave de garantías de la escritora Lidya Cacho Ribeiro, dañó la imagen pública de la institución, aunque esta impopular decisión no afectó seriamente al máximo tribunal de la nación, de acuerdo con los resultados de la encuesta BGC-Excélsior, levantada entre el 4 y el 5 de diciembre.
Marín Torres estaba condenado de antemano por la opinión pública, desde la famosa conversación del Góber precioso con el empresario Kamel Nacif, la cual fue ampliamente difundida.
La población juzga la resolución de la Suprema Corte sobre el caso Lidya Cacho convencida de que Marín en efecto violó los derechos de la autora de Los demonios del Edén. Sigue dominando la percepción de que el gobernador sí es culpable de abuso grave de autoridad contra Cacho (75% de encuestados).
En consecuencia, no se avala la determinación de los ministros: sólo un tercio cree la versión de que no hubo pruebas suficientes para culpar al gobernador.
En cambio, un poco más de la mitad piensa que la Corte no se apegó estrictamente a la ley (56%) y que su resolución judicial se debió en realidad a otra razón (55%), particularmente a motivaciones políticas.
Así, no sorprende que se le crea a Cacho, al decir que el tribunal supremo buscó proteger a Marín (61%) y de paso amparó a las bandas dedicadas a la pornografía y abuso infantiles (47%).
El juicio de la gente sobre la resolución es una opinión poco informada sobre los alcances de la actividad de la SCJN y, a veces, hasta contraria a las limitaciones que la Constitución le marca. La mayoría (52%) desconoce cuál es la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, se está ampliamente de acuerdo con que las grabaciones ilegales de llamadas telefónicas se empleen para demostrar la culpabilidad de alguien (69%), pese a que la Constitución mexicana no las acepta como prueba válida.
La noticia sobre este fallo no fue notoriamente conocida. Sólo cerca de la mitad de la población con teléfono consultada se enteró de la resolución (47%), factor que mitiga el daño a la reputación de la Corte. De hecho, la opinión sobre esta institución oscila entre regular (36%) y buena (30%), por lo que es hasta ligeramente mejor que en junio pasado.
Protesta de poblanos en el zócalo por el fallo de la SCJN; anuncian movilizaciones
Protesta de poblanos en el zócalo por el fallo de la SCJN; anuncian movilizaciones
Alrededor de 200 ciudadanos manifestaron ayer, en el zócalo de la capital poblana, su repudio a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Anunciaron que el próximo miércoles 12 de diciembre ofrecerán una rueda de prensa en la ciudad de México para dar a conocer su postura a los medios nacionales e internacionales.
Josué Mota CorroPuebla, Pue.
Es importante mencionar que la protesta no fue convocada por ninguna organización, sino que la invitación a participar circuló a través de correos electrónicos y al lugar acudieron académicos, activistas defensores de los derechos humanos, integrantes de las Redes Ciudadanas y de la Convención Nacional Democrática.
Algunos de los particpantes llevaron cartones de La Jornada alusivos al llamado góber precioso, Mario Marín Torres, Kamel Nacif Borge y los seis ministros del máximo tribunal del país que votaron en contra del dictamen de su colega Juan Silva Meza.
El integrante del Frente Cívico de Puebla Julio Glockner Rossainz dijo que ya están en contacto con otras organizaciones de la República para iniciar un movimiento social que exigirá la renuncia de los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Olga María Carmen Sánchez Hernández, por su “vergonzosa” actuación en el caso Cacho.
Cuestionado sobre si le preocupa que este movimiento social se politice, Glockner Rossainz aseguró que es a través de la política como se debe resolver este problema y hay que recurrir a todas las instancias posibles para obligar a estos ministros a que renuncien.
Durante la protesta, se invitó a quienes quisieran para que tomaran el micrófono para expresas sus ideas. Una de las primeras en hacerlo fue la académica María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, quien dijo que es sumamente lamentable que los integrantes de la SCJN hayan utilizado “orificios legales” (sic) para exonerar al protector de pederastas Marín.
Expresó que es importante defender a todos los niños del país y para ello es necesario insistir en que se haga un juicio político al mandatario poblano.
Otro de los oradores aseguró que es deplorable el papel de las principales instituciones del país que deberían defender la democracia y la justicia. Recordó que en las pasadas elecciones presidenciales el Tribunal Federal Electoral reconoció “que hubo fraude, pero fue poquito”. En esta ocasión, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó que hubo violaciones a los derechos de Lydia Cacho, “pero también fue poquito”.
Otros ciudadanos que tomaron el micrófono incluso llegaron a decir: “Cuánta razón tenía López Obrador cuando expresó ‘al diablo con sus instituciones’, porque ya vimos que las instituciones no sirven para nada”.
La protesta
Aunque para las 12 del día las personas que acudieron al zócalo de la ciudad eran pocas, lentamente comenzaron a llegar ciudadanos que portaban pancartas expresando su repudio a la resolución de la SCJN. Instalaron un pequeño equipo de sonido y una televisión donde se proyectó el documental de Alejandra Islas Los demonios del Edén.
Enseguida, integrantes de la Convención Nacional Democrática, las Redes Ciudadanas, el Frente Cívico de Puebla, investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Iberoamericana comenzaron a protestar públicamente.
Fueron varios los participantes en la protesta que exigieron que las diputadas y presidente municipal electas Bárbara Ganime, Rocío García Olmedo, Malinalli García, Angélica Hernández y Blanca Alcalá –todas ellas pertenecientes al PRI– fijen públicamente su postura frente a la resolución de la SCJN, pues como mujeres, dijeron, tienen el compromiso de manifestarse en este sentido.
Ayer se volvió a escuchar en el zócalo de la ciudad el grito de “¡fuera Marín, fuera Marín!”, pues los ciudadanos hicieron hincapié en que, aunque la SCJN haya exonerado al gobernador, éste es culpable de orquestar la detención y encarcelamiento de Lydia Cacho.
Finalmente, anunciaron que un grupo de mujeres viajará el miércoles a la capital del país para ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación nacionales e internacionales en el Club de Periodistas, para dar a conocer su postura frente a la resolución de la SCJN.
Alrededor de 200 ciudadanos manifestaron ayer, en el zócalo de la capital poblana, su repudio a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Anunciaron que el próximo miércoles 12 de diciembre ofrecerán una rueda de prensa en la ciudad de México para dar a conocer su postura a los medios nacionales e internacionales.
Josué Mota CorroPuebla, Pue.
Es importante mencionar que la protesta no fue convocada por ninguna organización, sino que la invitación a participar circuló a través de correos electrónicos y al lugar acudieron académicos, activistas defensores de los derechos humanos, integrantes de las Redes Ciudadanas y de la Convención Nacional Democrática.
Algunos de los particpantes llevaron cartones de La Jornada alusivos al llamado góber precioso, Mario Marín Torres, Kamel Nacif Borge y los seis ministros del máximo tribunal del país que votaron en contra del dictamen de su colega Juan Silva Meza.
El integrante del Frente Cívico de Puebla Julio Glockner Rossainz dijo que ya están en contacto con otras organizaciones de la República para iniciar un movimiento social que exigirá la renuncia de los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Olga María Carmen Sánchez Hernández, por su “vergonzosa” actuación en el caso Cacho.
Cuestionado sobre si le preocupa que este movimiento social se politice, Glockner Rossainz aseguró que es a través de la política como se debe resolver este problema y hay que recurrir a todas las instancias posibles para obligar a estos ministros a que renuncien.
Durante la protesta, se invitó a quienes quisieran para que tomaran el micrófono para expresas sus ideas. Una de las primeras en hacerlo fue la académica María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, quien dijo que es sumamente lamentable que los integrantes de la SCJN hayan utilizado “orificios legales” (sic) para exonerar al protector de pederastas Marín.
Expresó que es importante defender a todos los niños del país y para ello es necesario insistir en que se haga un juicio político al mandatario poblano.
Otro de los oradores aseguró que es deplorable el papel de las principales instituciones del país que deberían defender la democracia y la justicia. Recordó que en las pasadas elecciones presidenciales el Tribunal Federal Electoral reconoció “que hubo fraude, pero fue poquito”. En esta ocasión, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó que hubo violaciones a los derechos de Lydia Cacho, “pero también fue poquito”.
Otros ciudadanos que tomaron el micrófono incluso llegaron a decir: “Cuánta razón tenía López Obrador cuando expresó ‘al diablo con sus instituciones’, porque ya vimos que las instituciones no sirven para nada”.
La protesta
Aunque para las 12 del día las personas que acudieron al zócalo de la ciudad eran pocas, lentamente comenzaron a llegar ciudadanos que portaban pancartas expresando su repudio a la resolución de la SCJN. Instalaron un pequeño equipo de sonido y una televisión donde se proyectó el documental de Alejandra Islas Los demonios del Edén.
Enseguida, integrantes de la Convención Nacional Democrática, las Redes Ciudadanas, el Frente Cívico de Puebla, investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Iberoamericana comenzaron a protestar públicamente.
Fueron varios los participantes en la protesta que exigieron que las diputadas y presidente municipal electas Bárbara Ganime, Rocío García Olmedo, Malinalli García, Angélica Hernández y Blanca Alcalá –todas ellas pertenecientes al PRI– fijen públicamente su postura frente a la resolución de la SCJN, pues como mujeres, dijeron, tienen el compromiso de manifestarse en este sentido.
Ayer se volvió a escuchar en el zócalo de la ciudad el grito de “¡fuera Marín, fuera Marín!”, pues los ciudadanos hicieron hincapié en que, aunque la SCJN haya exonerado al gobernador, éste es culpable de orquestar la detención y encarcelamiento de Lydia Cacho.
Finalmente, anunciaron que un grupo de mujeres viajará el miércoles a la capital del país para ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación nacionales e internacionales en el Club de Periodistas, para dar a conocer su postura frente a la resolución de la SCJN.
domingo, 9 de diciembre de 2007
Decisión de SCJN: efectos mortales para el Estado de Derecho
México DF, 5 dic 07 (CIMAC).- La decisión del 29 de noviembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de Lydia Cacho y Mario Marín produce dos efectos mortales para un Estado de Derecho: alienta la impunidad y abre la puerta al autoritarismo más atroz en perjuicio del pueblo, afirma en un comunicado Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.
¿Con qué cara podrán ver esos seis Ministros a la sociedad? --se pregunta la luchadora social y ex candidata a la presidencia de la República-- ¿cómo le van a explicar que prefirieron dejar en la impunidad a un gobernante que todavía se jactó de su atropello apenas cometido?
Y enumera los hechos.
El pasado 29 de noviembre de 2007, por el voto de seis de sus integrantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que no existieron violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del estado de Puebla, encabezadas por el gobernador Mario Marín.
Es del dominio público, dice Ibarra de Piedra, el contenido grotesco de la conversación entre los señores Marín y Nacif, en el que el gobernador poblano informaba al empresario textilero de cómo había realizado, con el poder público, la vindicta privada que le había encomendado este último.
La Corte, según la mayoría que resolvió el expediente, señaló que su fallo no pudo ser de otra manera, pues es incapaz de dar valor probatorio a pruebas obtenidas ilegalmente.
Tuvo la Corte una enorme oportunidad de enviar un mensaje a gobernantes y gobernados de que el fin del Estado es el bienestar del ser humano, no la impunidad e intereses del déspota –afirma la Senadora--, pero el voto de los señores Ministros Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero, Armando Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Guillermo Ortiz Mayagoitia le dice a las y los mexicanos que “no hay ya autoridad a la cual apelar ante el abuso, el atropello y el autoritarismo; ningún sentimiento humanitario les produce la justicia prostituida y mancillada pintada por Orozco en los muros desde donde deben contener y evitar el autoritarismo”.
Entonces, en voz de los seis Ministros que ganaron la votación, no importa la protección de los derechos humanos de persona alguna, sino el irreductible formalismo jurídico, aunque sirva de cobijo a la impunidad, dice Ibarra.
“Un Tribunal Constitucional, como se autonombra la Corte, tiene en sus lineamientos elementales de funcionamiento la protección decidida de los derechos humanos; en la medida que un Tribunal tutele y defienda las libertades públicas, de ese será el tamaño de su legitimidad ante la sociedad.
“No puede la Corte ser guardiana y vigilante de los deberes ajenos cuando la mayoría de sus miembros faltaron a un deber propio: el de impartir justicia protegiendo las libertades públicas.
“La decisión del 29 de noviembre produce dos efectos mortales para un Estado de Derecho: alienta la impunidad y abre la puerta al autoritarismo más atroz en perjuicio del pueblo”.
¿Con qué cara podrán ver esos seis Ministros a la sociedad? --se pregunta la luchadora social y ex candidata a la presidencia de la República-- ¿cómo le van a explicar que prefirieron dejar en la impunidad a un gobernante que todavía se jactó de su atropello apenas cometido?
Y enumera los hechos.
El pasado 29 de noviembre de 2007, por el voto de seis de sus integrantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que no existieron violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del estado de Puebla, encabezadas por el gobernador Mario Marín.
Es del dominio público, dice Ibarra de Piedra, el contenido grotesco de la conversación entre los señores Marín y Nacif, en el que el gobernador poblano informaba al empresario textilero de cómo había realizado, con el poder público, la vindicta privada que le había encomendado este último.
La Corte, según la mayoría que resolvió el expediente, señaló que su fallo no pudo ser de otra manera, pues es incapaz de dar valor probatorio a pruebas obtenidas ilegalmente.
Tuvo la Corte una enorme oportunidad de enviar un mensaje a gobernantes y gobernados de que el fin del Estado es el bienestar del ser humano, no la impunidad e intereses del déspota –afirma la Senadora--, pero el voto de los señores Ministros Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero, Armando Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Guillermo Ortiz Mayagoitia le dice a las y los mexicanos que “no hay ya autoridad a la cual apelar ante el abuso, el atropello y el autoritarismo; ningún sentimiento humanitario les produce la justicia prostituida y mancillada pintada por Orozco en los muros desde donde deben contener y evitar el autoritarismo”.
Entonces, en voz de los seis Ministros que ganaron la votación, no importa la protección de los derechos humanos de persona alguna, sino el irreductible formalismo jurídico, aunque sirva de cobijo a la impunidad, dice Ibarra.
“Un Tribunal Constitucional, como se autonombra la Corte, tiene en sus lineamientos elementales de funcionamiento la protección decidida de los derechos humanos; en la medida que un Tribunal tutele y defienda las libertades públicas, de ese será el tamaño de su legitimidad ante la sociedad.
“No puede la Corte ser guardiana y vigilante de los deberes ajenos cuando la mayoría de sus miembros faltaron a un deber propio: el de impartir justicia protegiendo las libertades públicas.
“La decisión del 29 de noviembre produce dos efectos mortales para un Estado de Derecho: alienta la impunidad y abre la puerta al autoritarismo más atroz en perjuicio del pueblo”.
De las debilidades de la impunidad
Carlos Monsiváis
9 de diciembre de 2007
El fallo, por mayoría, de la Suprema Corte de Justicia (de aquí en adelante la Suprema) a favor del gobernador de Puebla Mario Marín lleva a recapitular sobre la fabricación y la autodestrucción de prestigios en la República.
¿Qué tan reales son, cuánto dependen de la inercia institucional y cuánto de las maniobras de la mercadotecnia? ¿Surgen del poderío del Estado o vienen de las inercias históricas que le atribuían grandeza a los beneficiarios de los altos puestos? ¿Qué es prestigio: el reconocimiento del valor o el acatamiento del poder? Si se formula la pregunta desde las instituciones la respuesta será ritual; si no, la tendencia es, con el sarcasmo explícito, “desacralizadora” (Lo sagrado entre comillas acentúa lo profano).
El común denominador es la falta de consecuencias de la crítica en el corto plazo. Luego, en el mediano plazo, y si conviene, algo se concede.
Los seis ministros marinizados de seguro hicieron su cálculo de daños.
¿Qué les iba a pasar a los redentores de Marín? En su pronóstico, un alud de dicterios, comentarios, gritos ofensivos en marchas y concentraciones, mesas redondas sin repercusión y, luego, el vacío de la memoria, aquí no pasa nada, ni siquiera el “aquí no pasa nada hasta que pasa”.
A ellos los defienden —en este orden— la red gubernamental (“¡Al cielo con nuestras instituciones!”), el Presidente de la República, el PRI, el PAN, la “amnésica histórica” del pueblo mexicano, y la certidumbre de que el peso de la ley los ampara o, como ahora se dice, “los blinda”.
Dura lex sed lex. La ley es dura pero es nomás nuestra. Más es ya exigir dos imposibles: la lealtad a un punto de vista y, de manera consecuente, la existencia de un punto de vista. Y los de la red de complicidades creen saberlo: en política la protesta, en tanto se concentra en las palabras, se escribe con tinta invisible.
* * *
Sin embargo, una “lectura de la realidad” prueba el inmenso fracaso de la Operación Hay que salvar a Marín. Cito algunos datos, todos con valor probatorio, sobre los deterioros de la impunidad:
— Cuatro ministros votan en contra.— No se ha publicado un solo artículo en defensa clara de la exculpación, y sí, en todo el país, centenares en contra.
— El alcalde de Puebla Enrique Dóger, del PRI, le envió un mensaje extraordinario de apoyo y reconocimiento a Lydia Cacho.
— Los caricaturistas, casi sin excepciones, han abordado con sátira magnífica el veredicto de la Suprema. Ningún caricaturista lo ha defendido.
— Sí existe a momentos la opinión pública, y allí los comentarios se unifican: lo que pasó es moral y legalmente inconcebible y monstruoso.
—El fallo marínico se sustenta en primera instancia en el “purismo” de la legalidad. El tecnicismo (“una conversación telefónica no cuenta ante la ley”) no convence en lo mínimo porque, además, la investigación real aún no comienza.
—La causa de Lydia Cacho fluye en distintos niveles: el jurídico, el político, el moral, el de perspectiva de género.
Por esto último, las dos ministras que respaldaron la impunidad de Marín han recibido críticas aún mayores que las destinadas a los magistrados.
Tómese el caso de la magistrada Olga Sánchez Cordero, que de un momento a otro cambia su voto para favorecer a Mario Marín (al que me prometí no llamar góber precioso).
Doña Olga ha proclamado verbalmente su apoyo a la causa de las mujeres, al grado de que en los círculos feministas algunas sospechan que es pro-choice (favorable a la despenalización del aborto), y ha vivido en el limbo de su progresismo inverificable.
Sin embargo, en el momento de votar y a la hora de explicar su voto, ella desatiende la evidencia de los sentidos, que mientras no se pruebe lo contrario, es también razón jurídica, y se ampara en la bondad de los tecnicismos.
El diálogo telefónico entre el góber precioso (no seré yo quien se lo diga) y el Rey de la Mezclilla Kamel Nacif, “mi héroe, chingaos” según Marín, carece, nos dice, carecen de valor probatorio.
Y esto ni siquiera existe en la opinión del magistrado Mariano Azuela, convencido de que esa conversación no sucedió jamás. Y si él lo dice...
—El tema de la pederastia y el comercio sexual de niños es a tal punto determinante al examinarse el fallo de la Suprema que a momentos transforman a sectores de la ciudadanía en un gran conjunto de padres de familia.
Allí, y muy justamente, Lydia Cacho es una figura de primer orden y sus enemigos, los que minimizan su detención, ese “coscorrón” (Mario Marín) que la lleva muy escoltada de Cancún a Puebla con los maltratos consiguientes, se vuelven para la gran mayoría causante de agravios personales.
—No es aconsejable, para los adictos al gozo de la impunidad, actuar como si los contextos no existieran.
Obviamente, una decisión de este tipo no se habría advertido siquiera en los años álgidos de la era del PRI, ni habría parecido contraria a la costumbre de las “culpabilidades para siempre aplazadas”, por demasiado tiempo sinónimo de la ley; ahora, si la impunidad no ha variado en lo substancial, la respuesta —la indignación moral— se materializa como arma política todavía no cargada de grandes consecuencias, pero ya no el eco de las murmuraciones.
La indignación moral es, ahora, el único gran elemento de equilibrio de la sociedad; sin ella, la impunidad se convertiría para todos en una variante de “la diosa perra del éxito”.
—Los magistrados, y sus impulsores en el Poder Legislativo y en “zonas elevadas” del gobierno, deberían estar al tanto: la indignación moral de la sociedad entera no es un hecho es menospreciable.
No es, como alega Felipe Calderón al plantear la defensa posible de Vicente Fox, el linchamiento de un expolítico por un grupo de oscuros intereses, sino la exigencia de justicia y no por propia mano.
Cuando Calderón rechaza el “meter las manos en el fuego” por Fox lo que hace es rechazar la expresión no la acción descrita. ¿Para qué “meter las manos en el fuego” pudiendo no hacer nada? Pero tratándose de la Suprema, los seis ministros metieron casi literalmente “las manos en el fuego” por Marín.
* * *
El cazador cazado: los que dirigen la exclusión se vuelven de pronto una minoría reconocida, cuyo prestigio (el que tuvieran, siempre local o sectorial) se desvanece y a la que sólo le queda la ostentación de su poder, sin carisma posible o intimidación psicológica que valga.
No disponen ya del “valor inmanente” que protegió a sus antecesores, la superstición que les fue tan útil, sino estrictamente, de su peso burocrático. Esta sí es una reducción considerable: los políticos y los funcionarios intimidaban desde el aspecto, y reclamaban la acumulación de méritos.
Ya no más. Son, estrictamente, lo que su puesto les concede y a veces, algún trabajo especial, casi nunca sobresaliente. La indignación moral les obligó a la modestia, y hasta allí llega su prestigio verdadero.
* * *
El que más pierde con el fallo a su favor de la Suprema es Mario Marín. Ya es, para toda causa y efecto, el góber precioso, y el fallo hace que su fama (la que tiene) se agigante.
Las revelaciones de su amistad con Kamel Nacif destruyeron su credibilidad (que dependía de su casi anonimato), y el fallo de la Suprema a su favor dispersa las cenizas.
9 de diciembre de 2007
El fallo, por mayoría, de la Suprema Corte de Justicia (de aquí en adelante la Suprema) a favor del gobernador de Puebla Mario Marín lleva a recapitular sobre la fabricación y la autodestrucción de prestigios en la República.
¿Qué tan reales son, cuánto dependen de la inercia institucional y cuánto de las maniobras de la mercadotecnia? ¿Surgen del poderío del Estado o vienen de las inercias históricas que le atribuían grandeza a los beneficiarios de los altos puestos? ¿Qué es prestigio: el reconocimiento del valor o el acatamiento del poder? Si se formula la pregunta desde las instituciones la respuesta será ritual; si no, la tendencia es, con el sarcasmo explícito, “desacralizadora” (Lo sagrado entre comillas acentúa lo profano).
El común denominador es la falta de consecuencias de la crítica en el corto plazo. Luego, en el mediano plazo, y si conviene, algo se concede.
Los seis ministros marinizados de seguro hicieron su cálculo de daños.
¿Qué les iba a pasar a los redentores de Marín? En su pronóstico, un alud de dicterios, comentarios, gritos ofensivos en marchas y concentraciones, mesas redondas sin repercusión y, luego, el vacío de la memoria, aquí no pasa nada, ni siquiera el “aquí no pasa nada hasta que pasa”.
A ellos los defienden —en este orden— la red gubernamental (“¡Al cielo con nuestras instituciones!”), el Presidente de la República, el PRI, el PAN, la “amnésica histórica” del pueblo mexicano, y la certidumbre de que el peso de la ley los ampara o, como ahora se dice, “los blinda”.
Dura lex sed lex. La ley es dura pero es nomás nuestra. Más es ya exigir dos imposibles: la lealtad a un punto de vista y, de manera consecuente, la existencia de un punto de vista. Y los de la red de complicidades creen saberlo: en política la protesta, en tanto se concentra en las palabras, se escribe con tinta invisible.
* * *
Sin embargo, una “lectura de la realidad” prueba el inmenso fracaso de la Operación Hay que salvar a Marín. Cito algunos datos, todos con valor probatorio, sobre los deterioros de la impunidad:
— Cuatro ministros votan en contra.— No se ha publicado un solo artículo en defensa clara de la exculpación, y sí, en todo el país, centenares en contra.
— El alcalde de Puebla Enrique Dóger, del PRI, le envió un mensaje extraordinario de apoyo y reconocimiento a Lydia Cacho.
— Los caricaturistas, casi sin excepciones, han abordado con sátira magnífica el veredicto de la Suprema. Ningún caricaturista lo ha defendido.
— Sí existe a momentos la opinión pública, y allí los comentarios se unifican: lo que pasó es moral y legalmente inconcebible y monstruoso.
—El fallo marínico se sustenta en primera instancia en el “purismo” de la legalidad. El tecnicismo (“una conversación telefónica no cuenta ante la ley”) no convence en lo mínimo porque, además, la investigación real aún no comienza.
—La causa de Lydia Cacho fluye en distintos niveles: el jurídico, el político, el moral, el de perspectiva de género.
Por esto último, las dos ministras que respaldaron la impunidad de Marín han recibido críticas aún mayores que las destinadas a los magistrados.
Tómese el caso de la magistrada Olga Sánchez Cordero, que de un momento a otro cambia su voto para favorecer a Mario Marín (al que me prometí no llamar góber precioso).
Doña Olga ha proclamado verbalmente su apoyo a la causa de las mujeres, al grado de que en los círculos feministas algunas sospechan que es pro-choice (favorable a la despenalización del aborto), y ha vivido en el limbo de su progresismo inverificable.
Sin embargo, en el momento de votar y a la hora de explicar su voto, ella desatiende la evidencia de los sentidos, que mientras no se pruebe lo contrario, es también razón jurídica, y se ampara en la bondad de los tecnicismos.
El diálogo telefónico entre el góber precioso (no seré yo quien se lo diga) y el Rey de la Mezclilla Kamel Nacif, “mi héroe, chingaos” según Marín, carece, nos dice, carecen de valor probatorio.
Y esto ni siquiera existe en la opinión del magistrado Mariano Azuela, convencido de que esa conversación no sucedió jamás. Y si él lo dice...
—El tema de la pederastia y el comercio sexual de niños es a tal punto determinante al examinarse el fallo de la Suprema que a momentos transforman a sectores de la ciudadanía en un gran conjunto de padres de familia.
Allí, y muy justamente, Lydia Cacho es una figura de primer orden y sus enemigos, los que minimizan su detención, ese “coscorrón” (Mario Marín) que la lleva muy escoltada de Cancún a Puebla con los maltratos consiguientes, se vuelven para la gran mayoría causante de agravios personales.
—No es aconsejable, para los adictos al gozo de la impunidad, actuar como si los contextos no existieran.
Obviamente, una decisión de este tipo no se habría advertido siquiera en los años álgidos de la era del PRI, ni habría parecido contraria a la costumbre de las “culpabilidades para siempre aplazadas”, por demasiado tiempo sinónimo de la ley; ahora, si la impunidad no ha variado en lo substancial, la respuesta —la indignación moral— se materializa como arma política todavía no cargada de grandes consecuencias, pero ya no el eco de las murmuraciones.
La indignación moral es, ahora, el único gran elemento de equilibrio de la sociedad; sin ella, la impunidad se convertiría para todos en una variante de “la diosa perra del éxito”.
—Los magistrados, y sus impulsores en el Poder Legislativo y en “zonas elevadas” del gobierno, deberían estar al tanto: la indignación moral de la sociedad entera no es un hecho es menospreciable.
No es, como alega Felipe Calderón al plantear la defensa posible de Vicente Fox, el linchamiento de un expolítico por un grupo de oscuros intereses, sino la exigencia de justicia y no por propia mano.
Cuando Calderón rechaza el “meter las manos en el fuego” por Fox lo que hace es rechazar la expresión no la acción descrita. ¿Para qué “meter las manos en el fuego” pudiendo no hacer nada? Pero tratándose de la Suprema, los seis ministros metieron casi literalmente “las manos en el fuego” por Marín.
* * *
El cazador cazado: los que dirigen la exclusión se vuelven de pronto una minoría reconocida, cuyo prestigio (el que tuvieran, siempre local o sectorial) se desvanece y a la que sólo le queda la ostentación de su poder, sin carisma posible o intimidación psicológica que valga.
No disponen ya del “valor inmanente” que protegió a sus antecesores, la superstición que les fue tan útil, sino estrictamente, de su peso burocrático. Esta sí es una reducción considerable: los políticos y los funcionarios intimidaban desde el aspecto, y reclamaban la acumulación de méritos.
Ya no más. Son, estrictamente, lo que su puesto les concede y a veces, algún trabajo especial, casi nunca sobresaliente. La indignación moral les obligó a la modestia, y hasta allí llega su prestigio verdadero.
* * *
El que más pierde con el fallo a su favor de la Suprema es Mario Marín. Ya es, para toda causa y efecto, el góber precioso, y el fallo hace que su fama (la que tiene) se agigante.
Las revelaciones de su amistad con Kamel Nacif destruyeron su credibilidad (que dependía de su casi anonimato), y el fallo de la Suprema a su favor dispersa las cenizas.
martes, 4 de diciembre de 2007
Condena SNAP decisión de la SCJN caso Marín-Cacho
SNAP: Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes Posición ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En el Caso de Lydia Cacho Ribeiro
Cuando finalmente las victimas encontraron en Lydia Cacho una voz que sumada a las suyas clamaba justicia, denunciando las redes de pederastia, explotación sexual comercial y pornógrafa infantil, esperamos junto a ellos que los impartidores de justicia se pusieran a la altura de la sociedad, otorgando protección y garantías a las y los mas vulnerados de México: las niñas, los niños y adolescentes.
Ante la valiente determinación de las victimas del abuso pederasta, que denunciaron, venciendo el temor y la sentencia de silencio, las instituciones del Estado responden validando el descrédito a defensoras y defensores de derechos humanos, avalando la tortura, el secuestro, las amenazas y violando una vez mas sus garantías individuales.
El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, niega la realidad que toda la sociedad atestiguo; vulnera las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro; responde al interés político del que forma parte y atiende solo al poder que la domina. Las y los Ministros han traicionado su mándate constitucional, abriendo la puerta a la impunidad y dejando a la niñez, y las mujeres de nuestro país a merced de criminales investidos de poder, que no rinden cuentas a nadie.
La decisión de la Corte, es omisa y negligente intencionalmente pues evade abordar el fondo del problema: Los terribles casos de abuso sexual, pederastia, explotación sexual Comercial y pornografía infantil documentados en los escritos de Lydia. La justicia ciega de poder y sorda de intolerancia quiere hacer enmudecer a quienes denunciamos a los impunes poderosos evasores del orden jurídico, representados por Mario Mann y el Cardenal Norberto Rivera Carrera, y en lugar de imparcialidad, nos ofrece a las victimas mas aberraciones, abuso y nuevas afrentas.
El fallo de quienes niegan la justicia, es un manotazo de violencia institucional que cruza la cara de la libertad de expresión; es además una patente con licencia expedida por la Suprema Corte para la violación infantil, la explotación sexual y el abuso de poder, que coloca a esta delincuencia por encima de la verdad y la justicia.
Llamamos a los medios de comunicación a sumar su voz a la de la sociedad, para denunciar estos actos de complicidad y connivencia entre delincuencia y poder judicial. Exigimos al legislativo que asuma su tarea histórica e investigue a fondo las redes de pederastia y corrupción para castigar, al menos políticamente, a estos forajidos institucionales.
En SNAP hablamos con conocimiento de causa: quienes denuncian abuses, lo hacen venciendo el dolor, el estigma social, y deben transitar una Odisea personal, familiar y social para llegar a la justicia, haciendo frente a traumas físicos y psicológicos severos que los marcan de por vida.
Por ello, agradecemos a las victimas y las y los reporteros valientes que han permitido con la denuncia, que estos hechos, en muchos casos, se detengan.Para nosotros ha llegado el momento de decir jjya basta!!, de exigir rendición de cuentas a abusadores y sus protectores judiciales.
Exhortamos a las victimas a denunciar para liberarse del tormento del silencio; les recordamos que no están solos o solas y que no son "culpables" de nada. Derrotemos el silencio que mata, hablando de la injusticia y el dolor, con todas y con todos, o al menos con quien, como nosotros, hemos padecido el mismo dolor.
Solo así podremos comenzar a construir un camino de verdad, justicia y un México mejor, con un poco de esperanza para las victimas.
Mayor información con:Eric Barragán Burgueno, Director de SNAP en México/América LatinaTel: (55) 1993-3678 / snapmexico@aol.comJosé Bonilla Sada, Padre y Abogado de Victimas de Abuso SexualTel: (55) 5563-0691 / io.bonilla@yahoo.com
Cuando finalmente las victimas encontraron en Lydia Cacho una voz que sumada a las suyas clamaba justicia, denunciando las redes de pederastia, explotación sexual comercial y pornógrafa infantil, esperamos junto a ellos que los impartidores de justicia se pusieran a la altura de la sociedad, otorgando protección y garantías a las y los mas vulnerados de México: las niñas, los niños y adolescentes.
Ante la valiente determinación de las victimas del abuso pederasta, que denunciaron, venciendo el temor y la sentencia de silencio, las instituciones del Estado responden validando el descrédito a defensoras y defensores de derechos humanos, avalando la tortura, el secuestro, las amenazas y violando una vez mas sus garantías individuales.
El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, niega la realidad que toda la sociedad atestiguo; vulnera las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro; responde al interés político del que forma parte y atiende solo al poder que la domina. Las y los Ministros han traicionado su mándate constitucional, abriendo la puerta a la impunidad y dejando a la niñez, y las mujeres de nuestro país a merced de criminales investidos de poder, que no rinden cuentas a nadie.
La decisión de la Corte, es omisa y negligente intencionalmente pues evade abordar el fondo del problema: Los terribles casos de abuso sexual, pederastia, explotación sexual Comercial y pornografía infantil documentados en los escritos de Lydia. La justicia ciega de poder y sorda de intolerancia quiere hacer enmudecer a quienes denunciamos a los impunes poderosos evasores del orden jurídico, representados por Mario Mann y el Cardenal Norberto Rivera Carrera, y en lugar de imparcialidad, nos ofrece a las victimas mas aberraciones, abuso y nuevas afrentas.
El fallo de quienes niegan la justicia, es un manotazo de violencia institucional que cruza la cara de la libertad de expresión; es además una patente con licencia expedida por la Suprema Corte para la violación infantil, la explotación sexual y el abuso de poder, que coloca a esta delincuencia por encima de la verdad y la justicia.
Llamamos a los medios de comunicación a sumar su voz a la de la sociedad, para denunciar estos actos de complicidad y connivencia entre delincuencia y poder judicial. Exigimos al legislativo que asuma su tarea histórica e investigue a fondo las redes de pederastia y corrupción para castigar, al menos políticamente, a estos forajidos institucionales.
En SNAP hablamos con conocimiento de causa: quienes denuncian abuses, lo hacen venciendo el dolor, el estigma social, y deben transitar una Odisea personal, familiar y social para llegar a la justicia, haciendo frente a traumas físicos y psicológicos severos que los marcan de por vida.
Por ello, agradecemos a las victimas y las y los reporteros valientes que han permitido con la denuncia, que estos hechos, en muchos casos, se detengan.Para nosotros ha llegado el momento de decir jjya basta!!, de exigir rendición de cuentas a abusadores y sus protectores judiciales.
Exhortamos a las victimas a denunciar para liberarse del tormento del silencio; les recordamos que no están solos o solas y que no son "culpables" de nada. Derrotemos el silencio que mata, hablando de la injusticia y el dolor, con todas y con todos, o al menos con quien, como nosotros, hemos padecido el mismo dolor.
Solo así podremos comenzar a construir un camino de verdad, justicia y un México mejor, con un poco de esperanza para las victimas.
Mayor información con:Eric Barragán Burgueno, Director de SNAP en México/América LatinaTel: (55) 1993-3678 / snapmexico@aol.comJosé Bonilla Sada, Padre y Abogado de Victimas de Abuso SexualTel: (55) 5563-0691 / io.bonilla@yahoo.com
lunes, 3 de diciembre de 2007
Desplegado caso Marín-Cacho
Si te sumas a esta declaración sólo envía un mensaje a esta dirección
(declaracion.periodistas@gmail.com)y agrega tu nombre completo, el medio y el estado en que trabajas. Reenvíalo a la mayor cantidad de colegas que puedas
Declaración nacional de periodistas en el defensa de su profesión y en contra de la pederastia y pornografía infantil
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al Procurador General de la República
Al Presidente de México
A la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
A la LX Legislatura del Senado de la República
Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A las instancias internacionales que defienden la labor periodística
A las instancias internacionales que defienden los derechos humanos
Con su resolución en el caso de la Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como Cacho-Marín), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un aciago precedente: ha convertido a los periodistas en carne de cañón y, de facto, a la pederastia en una "irregularidad menor".
Los abajo firmantes consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan. N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y el político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los códigos penales federal y de los estados del país.
Desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan acallarnos.
Asimismo, se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil. Nuestros hijos están ahora indefensos.
Condenamos en particular los argumentos expresados por el ministro Segio Salvador Aguirre Anguiano, durante las siete sesiones que llevó a cabo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso.
Como quedó registrado, para Segio Salvador Aguirre Anguiano "la tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad".
Esta declaración no enarbola la defensa de Lydia María Cacho Ribeiro, sino de la libertad de los comunicadores y la condena a la pederastia y a la pornografía infantil.
Quienes abajo firmamos lo hacemos como personas que nos dedicamos al periodismo, no en representación de los medios de comunicación en que laboramos.
Exigimos que en los votos particulares que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el engrose del expediente de la Facultad de Investigación 2/2006, se señale al menos a los funcionarios que participaron en las "violaciones leves" y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra; no está demás decir que en este caso el llamado no se hace a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, pues en esa instancia no confiamos.
Asimismo, demandamos que la Cámara de Diputados, sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Plutarco Marín Torres, gobernador del estado de Puebla.
Es además urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el Artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció este caso.
Puebla
1. Martín Hernández Alcántara (Jornada de Oriente, Puebla)
2. Selene Ríos Andraca (CAMBIO, Puebla)
3. Zeus Munive Rivera (CAMBIO, Puebla)
4. Edmundo Velázquez Vargas (CAMBIO, Puebla)
5. Efraín Núñez Calderón (CAMBIO, Puebla)
6. Yonadab Cabrera Cruz (CAMBIO, Puebla)
7. Brahim Zamora Salazar (CAMBIO, Puebla)
8. Paulina Cataño Ramírez (CAMBIO, Puebla)
9. César de la Cruz Hernández (CAMBIO, Puebla)
10. Ruth Fernández Hernández (Quintacolumna, Puebla)
11. Héctor Hugo Cruz Salazar (CAMBIO, Puebla)
12. Javier Puga Martínez (Jornada de Oriente, Puebla)
13. Ernesto Aroche Aguilar (Jornada de Oriente, Puebla)
14. José de León Castañares (Jornada de Oriente, Puebla)
15. Aldo Gabriel Bonanni Torreblanca (Jornada de Oriente, Puebla)
16. Josué Mota Corro (Jornada de Oriente, Puebla)
17. Enrique Hernández Sánchez (Quintacolumna, Puebla)
18. Zulma Irineo Fuentes (CAMBIO, Puebla)
19. Óscar Cote Pérez (CAMBIO, Puebla)
20. Azzull Mendoza Sosa (Milenio, Puebla)
21. Leticia Ánimas Vargas (El Guardián de la Sierra, Puebla)
22. Heriberto Hernández Castillo (El Guardián de la Sierra, Puebla)
23. Osvaldo Cortés Ojeda (El Guardián de la Sierra, Puebla)
24. Jorge Armando Hernández Cabrera (El Guardián de la Sierra, Puebla)
25. Xúchitl Vázquez Ordaz (Radio Oro, Puebla). (no autorizó publicar su medio)
26. Pablo de Jesús Cano Espinoza (diariocambio, Puebla)
27. Adolfo López Ortega (diariocambio, Puebla)
28. Ignacio Olmos Sainz (diariocambio, Puebla)
29. Michel Luis Zúñiga Orea (diariocambio, Puebla)
30. José Antonio Machado Sánchez (Intolerancia, Puebla)
31. Jaime Torreblanca Flores (Intolerancia, Puebla)
32. José Álvaro Hernández Flores (Intolerancia, Puebla)
33. Adriana Vázquez Castro (Intolerancia, Puebla)
34. Hebert Arturo Milán Acosta (El Guardián de la Sierra, Puebla)
35. Aarón Martínez Jiménez (Milenio, Puebla)
36. Juan Pablo Ramon Monzón. (Revista Catapulta)
37. Lía Alejandra de la Vega Trujillo. (Quintacolumna, Puebla)
38. Celina Peña Guzmán. (Intolerancia, Puebla)
39. Mario Martell Contreras. (Intolerancia, Puebla)
40. Mauricio Ernesto Delgadillo de la Vega
41. José Armando López Portillo (Poblanerías)
42 Óscar González López (Revista Catapulta, Puebla)
43. Álvaro Ramírez Velasco (e-consulta y USN)
44. Rodolfo Ruiz (e-consulta)
45. Arturo Cravioto Zendejas (USN)
Distrito Federal
1. Roberto Cortez Zárate (Diario Monitor)
2. Juan Martínez Juárez (Diario Monitor)
3. Ramiro Gómez Luengo (Diario Monitor)
4. Armando Vera Tovar (Diario Monitor)
Estado de México
1. Alfredo Plascencia Sánchez (El Portal)
(declaracion.periodistas@gmail.com)y agrega tu nombre completo, el medio y el estado en que trabajas. Reenvíalo a la mayor cantidad de colegas que puedas
Declaración nacional de periodistas en el defensa de su profesión y en contra de la pederastia y pornografía infantil
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al Procurador General de la República
Al Presidente de México
A la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
A la LX Legislatura del Senado de la República
Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A las instancias internacionales que defienden la labor periodística
A las instancias internacionales que defienden los derechos humanos
Con su resolución en el caso de la Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como Cacho-Marín), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un aciago precedente: ha convertido a los periodistas en carne de cañón y, de facto, a la pederastia en una "irregularidad menor".
Los abajo firmantes consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan. N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y el político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los códigos penales federal y de los estados del país.
Desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan acallarnos.
Asimismo, se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil. Nuestros hijos están ahora indefensos.
Condenamos en particular los argumentos expresados por el ministro Segio Salvador Aguirre Anguiano, durante las siete sesiones que llevó a cabo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso.
Como quedó registrado, para Segio Salvador Aguirre Anguiano "la tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad".
Esta declaración no enarbola la defensa de Lydia María Cacho Ribeiro, sino de la libertad de los comunicadores y la condena a la pederastia y a la pornografía infantil.
Quienes abajo firmamos lo hacemos como personas que nos dedicamos al periodismo, no en representación de los medios de comunicación en que laboramos.
Exigimos que en los votos particulares que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el engrose del expediente de la Facultad de Investigación 2/2006, se señale al menos a los funcionarios que participaron en las "violaciones leves" y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra; no está demás decir que en este caso el llamado no se hace a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, pues en esa instancia no confiamos.
Asimismo, demandamos que la Cámara de Diputados, sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Plutarco Marín Torres, gobernador del estado de Puebla.
Es además urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el Artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció este caso.
Puebla
1. Martín Hernández Alcántara (Jornada de Oriente, Puebla)
2. Selene Ríos Andraca (CAMBIO, Puebla)
3. Zeus Munive Rivera (CAMBIO, Puebla)
4. Edmundo Velázquez Vargas (CAMBIO, Puebla)
5. Efraín Núñez Calderón (CAMBIO, Puebla)
6. Yonadab Cabrera Cruz (CAMBIO, Puebla)
7. Brahim Zamora Salazar (CAMBIO, Puebla)
8. Paulina Cataño Ramírez (CAMBIO, Puebla)
9. César de la Cruz Hernández (CAMBIO, Puebla)
10. Ruth Fernández Hernández (Quintacolumna, Puebla)
11. Héctor Hugo Cruz Salazar (CAMBIO, Puebla)
12. Javier Puga Martínez (Jornada de Oriente, Puebla)
13. Ernesto Aroche Aguilar (Jornada de Oriente, Puebla)
14. José de León Castañares (Jornada de Oriente, Puebla)
15. Aldo Gabriel Bonanni Torreblanca (Jornada de Oriente, Puebla)
16. Josué Mota Corro (Jornada de Oriente, Puebla)
17. Enrique Hernández Sánchez (Quintacolumna, Puebla)
18. Zulma Irineo Fuentes (CAMBIO, Puebla)
19. Óscar Cote Pérez (CAMBIO, Puebla)
20. Azzull Mendoza Sosa (Milenio, Puebla)
21. Leticia Ánimas Vargas (El Guardián de la Sierra, Puebla)
22. Heriberto Hernández Castillo (El Guardián de la Sierra, Puebla)
23. Osvaldo Cortés Ojeda (El Guardián de la Sierra, Puebla)
24. Jorge Armando Hernández Cabrera (El Guardián de la Sierra, Puebla)
25. Xúchitl Vázquez Ordaz (Radio Oro, Puebla). (no autorizó publicar su medio)
26. Pablo de Jesús Cano Espinoza (diariocambio, Puebla)
27. Adolfo López Ortega (diariocambio, Puebla)
28. Ignacio Olmos Sainz (diariocambio, Puebla)
29. Michel Luis Zúñiga Orea (diariocambio, Puebla)
30. José Antonio Machado Sánchez (Intolerancia, Puebla)
31. Jaime Torreblanca Flores (Intolerancia, Puebla)
32. José Álvaro Hernández Flores (Intolerancia, Puebla)
33. Adriana Vázquez Castro (Intolerancia, Puebla)
34. Hebert Arturo Milán Acosta (El Guardián de la Sierra, Puebla)
35. Aarón Martínez Jiménez (Milenio, Puebla)
36. Juan Pablo Ramon Monzón. (Revista Catapulta)
37. Lía Alejandra de la Vega Trujillo. (Quintacolumna, Puebla)
38. Celina Peña Guzmán. (Intolerancia, Puebla)
39. Mario Martell Contreras. (Intolerancia, Puebla)
40. Mauricio Ernesto Delgadillo de la Vega
41. José Armando López Portillo (Poblanerías)
42 Óscar González López (Revista Catapulta, Puebla)
43. Álvaro Ramírez Velasco (e-consulta y USN)
44. Rodolfo Ruiz (e-consulta)
45. Arturo Cravioto Zendejas (USN)
Distrito Federal
1. Roberto Cortez Zárate (Diario Monitor)
2. Juan Martínez Juárez (Diario Monitor)
3. Ramiro Gómez Luengo (Diario Monitor)
4. Armando Vera Tovar (Diario Monitor)
Estado de México
1. Alfredo Plascencia Sánchez (El Portal)
domingo, 2 de diciembre de 2007
¡Todos a la Corte !
LLegado del e-Group Periodismo de Esperanza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho son menores, y que no ameritan un pronunciamiento contra el gobernador poblano Mario Marín.
Los periodistas no estamos de acuerdo.
Con este fallo, la Corte permite que cualquier persona con poder que se sienta incomodada con una investigación periodística, tenda el derecho a secuestrar al autor, trasladarlo ilegalmente de un estado a otro, someterlo a torturas, acusarlo de difamación, meterlo a la cárcel y someterlo a un proceso penal ilegal.
Todos los periodistas fuimos enjuiciados junto a Cacho. Todos vamos a la Corte , a protestar, en silencio, por esta patente a la impunidad.
La cita es el lunes 3 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, en Pino Suárez No. 2 (junto a Palacio Nacional y el Gobierno del DF). Protestaremos, en silencio, durante la sesión de los magistrados. Adentro y afuera.
Circulen esta invitación en todas las redacciones, clubes de periodistas y redes del gremio. Lleven libreta y pluma, para dejarlas en el pasillo, y cintas negras para taparnos la boca.
¡Todos a la Corte !
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho son menores, y que no ameritan un pronunciamiento contra el gobernador poblano Mario Marín.
Los periodistas no estamos de acuerdo.
Con este fallo, la Corte permite que cualquier persona con poder que se sienta incomodada con una investigación periodística, tenda el derecho a secuestrar al autor, trasladarlo ilegalmente de un estado a otro, someterlo a torturas, acusarlo de difamación, meterlo a la cárcel y someterlo a un proceso penal ilegal.
Todos los periodistas fuimos enjuiciados junto a Cacho. Todos vamos a la Corte , a protestar, en silencio, por esta patente a la impunidad.
La cita es el lunes 3 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, en Pino Suárez No. 2 (junto a Palacio Nacional y el Gobierno del DF). Protestaremos, en silencio, durante la sesión de los magistrados. Adentro y afuera.
Circulen esta invitación en todas las redacciones, clubes de periodistas y redes del gremio. Lleven libreta y pluma, para dejarlas en el pasillo, y cintas negras para taparnos la boca.
¡Todos a la Corte !
Reporteros sin Fronteras repudia decisión de la Corte caso Marín-Cacho
MÉXICO
REHABILITADO EL GOBERNADOR DE PUEBLA EN EL CASO LYDIA CACHO : UN LAMENTABLE EPÍLOGO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Reporteros sin Fronteras manifiesta su profunda decepción por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 29 de noviembre de 2007 por escasa mayoría, ha considerado "que no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho" cuando la detuvieron, en diciembre de 2005, por petición del gobernador del Estado de Puebla (Sur), Mario Marín. La alta jurisdicción ha invalidado así todos los cargos que pesaban sobre el gobernador."
Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad.
El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México", ha declarado la organización.Por seis votos contra cuatro, los magistrados de la SCJN estimaron, el 29 de noviembre, que "no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución", y que la periodista fue víctima de "irregularidades menores" durante su detención y traslado del Estado de Quintana Roo (Este), donde reside, al Estado de Puebla, del que es gobernador Mario Marín. Esa breve detención se produjo cuando, en 2004, la periodista publicó un libro -"Los Demonios del Edén"- en el que acusaba a algunos políticos y empresarios en la explotación de una red pedófila. Al dictar sentencia, la SCJN ha anulado todos los cargos que pesaban sobre Mario Marín.Algunas grabaciones de conversaciones telefónicas, reveladas por el diario La Jornada y emitidas por las ondas de la emisora W Radio el 14 de febrero de 2006 - y de las que Reporteros sin Fronteras tiene una trascripción -, entre el gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, citado en el caso de pedofilia, tienden a probar la implicación de ambos en la detención de Lydia Cacho. El gobernador y el empresario habrían sugerido "bromeando" que se violara a la periodista durante el traslado. La SCJN ha considerado que esas grabaciones no tienen "valor probatorio".La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre.
El magistrado considera que existía "un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho". En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales."la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución", ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia.
REHABILITADO EL GOBERNADOR DE PUEBLA EN EL CASO LYDIA CACHO : UN LAMENTABLE EPÍLOGO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Reporteros sin Fronteras manifiesta su profunda decepción por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 29 de noviembre de 2007 por escasa mayoría, ha considerado "que no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho" cuando la detuvieron, en diciembre de 2005, por petición del gobernador del Estado de Puebla (Sur), Mario Marín. La alta jurisdicción ha invalidado así todos los cargos que pesaban sobre el gobernador."
Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad.
El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México", ha declarado la organización.Por seis votos contra cuatro, los magistrados de la SCJN estimaron, el 29 de noviembre, que "no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución", y que la periodista fue víctima de "irregularidades menores" durante su detención y traslado del Estado de Quintana Roo (Este), donde reside, al Estado de Puebla, del que es gobernador Mario Marín. Esa breve detención se produjo cuando, en 2004, la periodista publicó un libro -"Los Demonios del Edén"- en el que acusaba a algunos políticos y empresarios en la explotación de una red pedófila. Al dictar sentencia, la SCJN ha anulado todos los cargos que pesaban sobre Mario Marín.Algunas grabaciones de conversaciones telefónicas, reveladas por el diario La Jornada y emitidas por las ondas de la emisora W Radio el 14 de febrero de 2006 - y de las que Reporteros sin Fronteras tiene una trascripción -, entre el gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, citado en el caso de pedofilia, tienden a probar la implicación de ambos en la detención de Lydia Cacho. El gobernador y el empresario habrían sugerido "bromeando" que se violara a la periodista durante el traslado. La SCJN ha considerado que esas grabaciones no tienen "valor probatorio".La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre.
El magistrado considera que existía "un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho". En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales."la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución", ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia.
viernes, 30 de noviembre de 2007
Pronunciamiento Caso Lidia Cacho
Difusión-Cencos México D.F. a 29 de noviembre de 2007
Pronunciamiento Nacional e Internacional
Caso Lidya Cacho.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concluido que no se demostró la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, en el que denuncia la existencia de redes de pederastia internacional y en la que aparecen involucrados gobernantes, funcionarios públicos y empresarios.
La máxima instancia del poder judicial rechazó señalar la responsabilidad que en las violaciones graves a los derechos humanos de la periodista, tuvieron el gobernador de Puebla, Mario Marín y otras autoridades de esa entidad, así como del estado de Quintana Roo, tal como había quedado establecido en el dictamen del Ministro Silva Meza.
Esta decisión es preocupante porque es una muestra de las condiciones de vulnerabilidad, que para el ejercicio de la libertad de expresión, existen hoy en México. En el marco del Seminario Internacional Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, frente a las conclusiones de la SCJN, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos:
•Que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones amplias para la libertad de expresión, que en el caso de Lydia Cacho han quedado vulneradas.
•Objetamos esta decisión ya que es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país. Existen suficientes elementos que demuestran el nivel de involucramiento que tuvieron funcionarios públicos de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo en las violaciones de los derechos de la periodista.
•Manifestamos nuestro rechazo por la decisión de la SCJN, que obstaculiza la procuración de justicia y crea un ámbito propicio para garantizar la impunidad.
Organizaciones firmantes:
Aleida Calleja, Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC),Brisa Maya Solis, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)Carlos Cortés, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)Darío Ramírez, Article XIXCarlos Lauría, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ),Jacinto Rodríguez Mungía, Fundación Prensa y Democracia (PRENDE)Lucía Lagunes, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)Francisco Ezequiel, Libertad de Información – México (LIMAC),José Buendía, Fundación Manuel BuendíaJosé Luis Garay, Bloque Nacional de Periodistas AAJulián Vázquez, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de PeriodismoErendira Cruzvillegas, Relatoría de Libertad de Expresión del DFDaniel Rosas, El Mañana, Nuevo LaredoMartín Serrano, Diario Tribuna, Veracruz
Pronunciamiento Nacional e Internacional
Caso Lidya Cacho.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concluido que no se demostró la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, en el que denuncia la existencia de redes de pederastia internacional y en la que aparecen involucrados gobernantes, funcionarios públicos y empresarios.
La máxima instancia del poder judicial rechazó señalar la responsabilidad que en las violaciones graves a los derechos humanos de la periodista, tuvieron el gobernador de Puebla, Mario Marín y otras autoridades de esa entidad, así como del estado de Quintana Roo, tal como había quedado establecido en el dictamen del Ministro Silva Meza.
Esta decisión es preocupante porque es una muestra de las condiciones de vulnerabilidad, que para el ejercicio de la libertad de expresión, existen hoy en México. En el marco del Seminario Internacional Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, frente a las conclusiones de la SCJN, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos:
•Que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones amplias para la libertad de expresión, que en el caso de Lydia Cacho han quedado vulneradas.
•Objetamos esta decisión ya que es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país. Existen suficientes elementos que demuestran el nivel de involucramiento que tuvieron funcionarios públicos de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo en las violaciones de los derechos de la periodista.
•Manifestamos nuestro rechazo por la decisión de la SCJN, que obstaculiza la procuración de justicia y crea un ámbito propicio para garantizar la impunidad.
Organizaciones firmantes:
Aleida Calleja, Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC),Brisa Maya Solis, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)Carlos Cortés, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)Darío Ramírez, Article XIXCarlos Lauría, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ),Jacinto Rodríguez Mungía, Fundación Prensa y Democracia (PRENDE)Lucía Lagunes, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)Francisco Ezequiel, Libertad de Información – México (LIMAC),José Buendía, Fundación Manuel BuendíaJosé Luis Garay, Bloque Nacional de Periodistas AAJulián Vázquez, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de PeriodismoErendira Cruzvillegas, Relatoría de Libertad de Expresión del DFDaniel Rosas, El Mañana, Nuevo LaredoMartín Serrano, Diario Tribuna, Veracruz
martes, 3 de julio de 2007
Rechaza Marín que PRI negocie su perdón
Rechaza Marín que PRI negocie su perdón
El Mandatario poblano dijo esperar que la resolución de la Corte sobre el caso Lydia Cacho sea apegada a derechoMargarita Vega / Reforma.com
El Gobernador de Puebla, Mario Marín, negó este martes que su partido, el PRI, esté negociando su perdón en el caso Lydia Cacho a cambio de la reforma fiscal.
"No, son temas distintos", respondió el Mandatario estatal al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Entrevistado al finalizar la entrega de reconocimientos de la Olimpiada Nacional en Los Pinos, Marín dijo que él, como Gobernador de un Estado, sólo debe impulsar una reforma fiscal que beneficie a los mexicanos.
Ante la insistencia de los reporteros, el priista terminó por reconocer que desconoce los términos en que su partido negocia la reforma fiscal con el Gobierno federal, pero insistió ese tema y el caso de la autora del libro "Los Demonios del Edén" son cosas distintas.
Sobre la postergación de la investigación del caso Cacho por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador dijo esperar una resolución apegada a derecho.
El Mandatario poblano dijo esperar que la resolución de la Corte sobre el caso Lydia Cacho sea apegada a derechoMargarita Vega / Reforma.com
El Gobernador de Puebla, Mario Marín, negó este martes que su partido, el PRI, esté negociando su perdón en el caso Lydia Cacho a cambio de la reforma fiscal.
"No, son temas distintos", respondió el Mandatario estatal al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Entrevistado al finalizar la entrega de reconocimientos de la Olimpiada Nacional en Los Pinos, Marín dijo que él, como Gobernador de un Estado, sólo debe impulsar una reforma fiscal que beneficie a los mexicanos.
Ante la insistencia de los reporteros, el priista terminó por reconocer que desconoce los términos en que su partido negocia la reforma fiscal con el Gobierno federal, pero insistió ese tema y el caso de la autora del libro "Los Demonios del Edén" son cosas distintas.
Sobre la postergación de la investigación del caso Cacho por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador dijo esperar una resolución apegada a derecho.
lunes, 2 de julio de 2007
184 mdp gastó el Precioso en su imagen
Por Ernesto ArocheDesprestigiado como pocos ante la difusión de sus conversaciones telefónicas con el empresario Kamel Nacif, el gobernador de Puebla, Mario Marín, puso en marcha en abril de 2006 una costosa campaña mediática para tratar de paliar el escándalo, que incluyó la difusión en televisión de más de 5 mil 600 cápsulas del informativo oficial Avances y el pago de al menos mil 700 spots en las estaciones repetidoras de Televisa y Televisión Azteca.
Eso sin contar, por supuesto, con las 15 mil cápsulas transmitidas en al menos 10 radios locales y los 21 millones de pesos erogados para que la entrega de los Premios Oye! se realizara en esta entidad. Todo un esfuerzo por tratar de contrarrestar los efectos del escándalo, en el que el gobernador de Puebla ha ganado tiempo, después de que la Suprema Corte de Justicia decidió posponer hace unos días la votación sobre el informe que recomendaba hacer juicio político a Marín Marín por haber participado en las acciones para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho
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